
Articulo publicado originariamente en catalán en el dossier «A voltes amb el conflicte urbà», La Veu del Carrer, nº 133 (octubre 2014), Barcelona: FAVB, pp. 15-25.
por Giuseppe Aricó (OACU)
A finales de mayo de 2013, en la edición electrónica de un influyente diario nacional, se abrió una encuesta con el objetivo de recaudar la opinión popular sobre el posible derribo del imponente bloque de la calle Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sobre un total de 121 participantes, los resultados mostraron de forma tajante que el 75% de estos se decantaba por el “sí”, mientras únicamente el 14% apostaba por su mantenimiento y un 11% no tenía una opinión formada. Pero la importancia de esta encuesta no radicaría tanto en los resultados obtenidos -más o menos fieles a la realidad-, sino más bien en su significado en cuanto al modus operandi adoptado por las administraciones respecto a una operación socialmente tan compleja y delicada. Inicialmente programado para el año 2010, el derribo de Venus constituía la operación clave del Plan Especial de Reordenación y Mejora del 2002, es decir, el punto final del proceso de “regeneración urbana” enmarcado en el más amplio Plan de Transformación del Barrio de La Mina (PTBM 2000-2010).
Con un presupuesto inicial de más de 170 millones de euros, el PTBM preveía realizar toda una serie de actuaciones urbanísticas, acompañadas por un potente programa social, dirigidas a poner definitivamente fin a la “histórica conflictividad” del barrio. Hoy en día, el presupuesto general del PTBM ha superado ya los 200 millones, pero sus ambiciones fundamentales –“esponjar el barrio”, “mezclar población”, “erradicar la delincuencia” y “diluir territorialmente los focos de conflictividad”- no han llegado nunca a cumplirse sino, más bien, a encarnar el fracaso clamoroso del proceso de transformación al cual se pretendía someter La Mina. El hecho es que el PTBM había sido estratégicamente enfocado, desde el principio, hacia los intereses privados del mercado inmobiliario, subordinando la esfera social al mero beneficio urbanístico, con la consecuencia de pensar más en las piedras que en las personas. El caso más emblemático de tal subordinación estaría representado por el bloque Venus cuyo hipotético derribo implicaría un impacto social de proporciones considerables, puesto que exige el desalojo de unas 240 familias y su posterior realojo en nuevas viviendas de protección oficial repartidas por el barrio.
Sin embargo, tal operación no estaría explícitamente incluida dentro de las actuaciones de esponjamiento previstas por el PTBM, ni existiría ningún documento oficial que determinara sus reales motivaciones. Pero poco importa todo esto, puesto que Venus representaría la parte degenerada por excelencia del barrio, esto es, el punto cero desde donde abordar la gestión de la conflictividad en toda su complejidad. Su derribo tendría entonces la fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el pasado nefasto del barrio para construir “nuevos modelos de convivencia” y un futuro mejor para todos. En ningún momento se ha puesto en cuestión la relación de la vida social del barrio con su morfología urbanística, los orígenes de la cual se encuentran en plena época de desarrollismo franquista. Nadie ha recordado que la falta originaria de equipamientos y servicios básicos, junto con la concentración espacialmente impuesta desde el principio, podría ser el detonante de la competencia entre vecinos por recursos escasos. Nunca se ha tenido en cuenta que las políticas de vivienda, efectuadas sobre el entorno urbano por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, consiguieron configurar La Mina, y especialmente Venus, como lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del contexto metropolitano. Nadie ha pensado que la generación de conflictos permanentes entre los diferentes sectores de residentes podría tener su origen en el alta rotación del vecindario, con historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.
A pesar de que las administraciones hayan recientemente barajado diferentes alternativas al derribo de Venus, no tenemos igualmente que dejar de preguntarnos cuáles serían las responsabilidades de la administración local y autonómica en el lento – y quizás funcional – proceso de degradación del edificio al no intervenir en su posible rehabilitación e impedir a los vecinos hacer reformas o vender sus pisos en el momento oportuno. En noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Sant Adrià volvió a hacer marcha atrás respecto al derribo de Venus, insinuando la probabilidad –no confirmada- de que finalmente la operación podría no llevarse a cabo. Sin embargo, en ese mismo año, el plazo de ejecución del PTBM fue finalmente pospuesto a finales del 2015 y, con ello, el destino incierto de Venus y de sus vecinos. Posiblemente, a lo largo de las últimas cuatro décadas la percepción y utilización de la Mina en clave preferentemente económica habría funcionado como productor de importantes expectativas de capitalización de rentas mediante su reiterada “regeneración”, con el efecto colateral –digamos- de aislar sus problemáticas y consolidar severos patrones de segregación socio-espacial. Todo esto tendría que obligarnos a repensar la manera en que solemos concebir este barrio y su “conflictividad”, que, en lugar de ser criminalizada y corregida, quizás debería de verse como parte de la estrategia del cómo personas sistemáticamente excluidas de la “ciudadanía” y la “normalidad” siguen insistiendo sobre su inclusión desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir, habitar e, incluso, reivindicar su espacio.
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