La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (1)

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la primera de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. La siguiente será publicada la semana próxima.

Sentada en la sala conciliar del VI Distrito de Turín, entre el público de una concurrida asamblea abierta del Concejo de Distrito, hay una palabra que me viene a la mente, como una especie de siniestro eureka o distópica premonición: “futuro”. El tema a tratar es una cuestión “candente”: la asamblea ha sido convocada para poner al día a los ciudadanos del barrio sobre el proyecto de “vaciamiento” (ese es el término soft que en la jerga institucional sustituye a la palabra “desalojo”) del más grande asentamiento ilegal de la ciudad, el campo de Lungo Stura Lazio, poblado en su mayoría por rom rumanos. No es la primera vez que el Consejo se reúne para hablar de este tema tras la solicitud de los ciudadanos, ni será la última. La presencia del asentamiento ilegal de Lungo Stura Lazio es fuente de malestar desde hace mucho entre los habitantes del barrio, por temas de higiene, seguridad y orden público.

A los espacios urbanos específicos para la población rom, existentes en todas las ciudades italianas grandes y medias, se les llama campi nomadi o campi rom. Campos rom los hay tanto legales (campi autorizzati, aree soste attrezzate… la fantasía de los administradores es infinita) como ilegales (campi abusivi). Tanto unos como otros suelen estar ubicados en las periferias urbanas, justamente en aquellos lugares donde nadie querría vivir. No es raro encontrar campi nomadi cerca de las carreteras de circulación rápida, vías férreas, aeropuertos o vertederos, según una especie de “aparheid furtivo”, de “urbanismo del desprecio” que caracteriza las relaciones -materiales y simbólicas- entre los poderes hegemónicos y los grupos sociales estigmatizados.

Mientras que los campos legales representan la solución político-administrativa a la presencia de grupos de sinti (italianos) y rom (italianos y extranjeros, sobre todo procedentes de los países de la ex Yugoslavia), la llegada más reciente de grupos rom desde Rumanía no ha sido objeto de ninguna intervención dirigida a su acogida, dando origen al surgimiento de asentamientos ilegales de barracas, algunos de los cuales ha llegado a alcanzar grandes dimensiones. El campo de Lungo Stura Lazio es uno de éstos: situado a la orilla del río Stura, en una zona de elevado riesgo de aluvión, contiene una población que en el 2013 ha alcanzado aproximadamente las 800-1.000 personas.

“Futuro”, decía. Pues sí, el proyecto de “desalojo asistido” de Lungo Stura me hace pensar en el futuro. De repente me encuentro a mi misma reflexionando sobre el hecho de que, después de tantos años de investigación sobre soluciones habitacionales diferenciales para la población rom en Italia, quizás la cuestión no sea tanto la “especificidad” de estas soluciones. Con 4.000 desahucios al año, 1.000 de los cuales efectivamente ejecutados, Turín se ha convertido en una más de las capitales italianas de los desahucios: la “emergenza casa” es una cuestión que está empezando a afectar sectores cada vez más amplios de la población.

El espinosísimo asunto político, en el VI Distrito, es por lo tanto dar una casa a las centenares de familias que viven en barracas de Lungo Stura Lazio, sin hacer enfurecer a los electores, después de años de una praxis político-administrativa que ha sedimentado y reforzado, con la creación misma de los campos legales, la percepción de una profunda y sustancial incompatibilidad entre los grupos rom y la sociedad mayoritaria. El conflicto que divide a los habitantes legales del barrio de los habitantes ilegales se presenta por lo tanto estructurado alrededor de unas categorías de tipo étnico (“italiani” y “rom”) frente a otras representaciones que podrían hacer énfasis sobre características de tipo socioeconómico compartidas por todos los grupos en situación de emergencia habitacional, tanto “nativos” como inmigrantes. En cambio, en el contexto actual de declive de la ciudad industrial, los procesos de estigmatización a los cuales la población de los barrios de la periferia han sido sometidos durante décadas, desembocan en conflictos entre habitantes “legales” e “ilegales”, “formales” e “informales”, “italianos pobres” y “europeos pobres”, en una obstinada e incansable defensa de los privilegios residuales de los “penúltimos” frente a los “últimos”.

El proyecto de desalojo de Lungo Stura se enmarca en el contexto de unas directrices políticas nuevas – tras los numerosos llamamientos de las instituciones europeas – sobre la necesidad de “superación” de los campi nomadi.

Hay que decir que cuando se empezó a hablar de necesidad de “superación” me quedé algo perpleja por el carácter evidentemente ambiguo de la palabra. ¿Qué quiere decir “superación”?

Cuando se lo pregunté a la Presidenta del Distrito, en enero de 2013, ésta me contestó que antes de hacer cualquier cosa, había que separar, en el seno del campo mismo, a los “honestos” de los “delincuentes”, y esto era competencia de las Fuerzas del Orden. Solamente después sería posible realizar alguna intervención para la relocalización de las familias. Recuerdo que en aquel momento me quedé sorprendida. Pensaba, “con tantas familias en lista de espera para la asignación de un piso de protección oficial, ¿dónde van a encontrar casas para estas nuevas familias? Estamos hablando de casi mil personas. Aunque los “delincuentes” sean cien, de todas maneras quedan muchas familias por realojar…”. La Presidenta me hablaba en términos vagos de casas en ruinas que los rom podrían restaurar según la fórmula en boga de la “autorecuperación”. Mientras tanto yo seguía rumiando: “Y además, ¿acaso los delincuentes no tienen una familia, hijos, mujeres que se merecen una casa también? ¿O tienen que pagar estos las culpas de sus padres o sus maridos?”

En realidad estaba cometiendo un error muy básico: olvidaba que la ilegalidad no es una condición dada, sino una construcción social. El umbral de la legalidad o la ilegalidad puede ser desplazado a través de procesos políticos de construcción de la criminalidad. En febrero 2013, por ejemplo, la Provincia de Turín endureció súbitamente las normas para la compra-venta de chatarra: esto quería decir, entre otras cosas, ilegalizar de un día para el otro la actividad de la gran mayoría de los habitantes del campo de Lungo Stura Lazio. Además, las intervenciones policiales en el interior del campo se multiplicaron. Solamente en los cinco meses que van desde enero a mayo de 2013, se efectuaron 298 controles por parte de la autoridad policial (datos de la Prefectura de Turín, la institución equivalente a la Delegación de Gobierno). Estos controles, casi dos al día, supusieron un total de 17 detenciones, 52 denuncias y 29 “alejamientos” (cifras de todas formas muy exiguas respeto a la totalidad de la población del campo). Los controles fueron realizados, en muchos casos, de madrugada, bloqueando las entradas y salidas del campo como si se tratara de operaciones de máxima seguridad, creando un clima de pánico moral (Cohen 2002), recogido y amplificado por unos medios de comunicación que fomentaban implícitamente el alejamiento voluntario de las familias. Frente a cualquier demanda de explicación sobre las razones de los controles, la respuesta era que se trataba de operaciones de censo de la población del campo. Mientras tanto, los periódicos locales publicaban enormes titulares sobre los blitz de la policía, las cantidades de quilos de cobre secuestrados, el cierre de los bares clandestinos en su interior… Es en este contexto que se realizaría el proyecto definitivo de superación del campo: El Ayuntamiento, la Prefectura y las pequeñas organizaciones no gubernamentales turineses del tercer sector (el sector privado de la intervención social) elaborarían el plan de la “superación” para la realización del cual sería contratada, según procedimiento de contratación pública, la misma agrupación de entidades y asociaciones involucradas en la elaboración del proyecto. La cuantía de la asignación para el mismo era de 5.000.000 euros, de los cuales más de dos millones solamente para el “vaciamiento” de Lungo Stura.

El proyecto de vaciamiento toma el nombre de “La Città Possibile”. “Lo hemos decidido todos juntos, en una tarde de verano”, me confiesa candorosamente una de las trabajadoras sociales involucradas. “Nos hemos mirado entre todos, casi todos habíamos estado en Génova en el 2001,  en las protestas contra el G8. El  eslogan en aquel momento era ‘otro mundo es posible’, y así nos ha salido el nombre ‘la ciudad posible’, porque es esto en lo que creemos: otra ciudad posible.”

El proyecto de “inclusión” de las familias de Lungo Stura está basado en una serie de procesos previos de exclusión: en primer lugar, creando un clima de miedo en el campo con controles policiales continuos y fomentando, por lo tanto, la “autoexpulsión” de las familias que, en este clima, se han alejado voluntariamente del campo. Una vez acabada esta fase, intervienen en segundo lugar las asociaciones para realizar la relocalización de las familias. Para dicho proceso, obviamente, sólo son seleccionadas algunas de ellas, las que constan en el censo a disposición del Ufficio Nomadi e Stranieri del Ayuntamiento. Si por alguna razón la familia no estaba presente el día de la realización del censo, queda afuera del proyecto. Me explica Gianni, trabajador de una de las asociaciones que no participan en el proyecto – que consideran vergonzoso –, una de las pocas asociaciones cuya presidenta es una mujer romní:

«Han hecho como cuarenta y cinco censos, con fotoseñalaciones, ¿te acuerdas, no? Huellas, fotografías, ¿cuántas veces? En Lungo Stura, el año pasado, sólo en el primer semestre, casi 300 controles, 300 operaciones policiales. Quiere decir dos operaciones al día. Y cada operación, diez, veinte, treinta personas. Carabinieri, guardias urbanos o policía. Datos publicados en la página web de la Prefectura. Han publicado los del primer semestre y luego no han publicado nada más. Datos oficiales que están ahí. De hecho, han censado y recensado centenares de veces. Han visto – esta es la lectura que se puede dar desde afuera –los datos de los censos, han localizado aquel donde había menos gente, y han dicho “este es el bueno”.»

Los datos del censo a disposición del Ufficio Nomadi hablan de una población de alrededor de 600 personas. De éstas, aproximadamente 100 quedan excluidas de la participación en el proyecto de relocalización por no cumplir con determinados criterios “jurídicos” (como explica el Asesor de los Servicios Sociales: es decir, por tener antecedentes). Las fases de la selección de la población “beneficiaria” del proyecto han sido las siguientes: 1) selección por autoexpulsión, 2) selección por azar (ausencia en el censo finalmente escogido, entre los varios realizados), y 3) selección sobre criterios “jurídicos”. Como se puede observar, la selección de las familias se ha llevado a cabo sobre criterios absolutamente arbitrarios, no trasparentes y no impugnables por parte de los excluidos. La lista de las familias beneficiarias tiene carácter de absoluta arbitrariedad: ¿quien las ha elegido?, ¿en base a qué criterios?, ¿los interesados podían presentar recurso?, ¿quien ha sido excluido podía decir “disculpen, os habéis equivocado?»

Es necesario ilustrar todas esas fases previas del proyecto para entender adecuadamente las lógicas que subyacen al mismo. De esta forma, parece que el principal motor de arranque del proyecto es el miedo de las instituciones: miedo a las reacciones de los ciudadanos que soportan, después de tantos años, la presencia de una pequeña favela ilegal en su barrio y miedo a las reacciones de los mismos ciudadanos frente a la hipótesis de que “les den una casa a los rom, cuando hay tantos italianos que no tienen casa”. Y cuando se actúa movidos por el miedo, fácilmente se adoptan medidas “a medias” e irracionales. De hecho, el eslogan de la “superación” de los campos, “virtuoso” en la teoría, se llena en la práctica de las viejas lógicas que subyacían a la construcción misma de los campos. En primer lugar, la lógica de la ininterpelabilidad de los destinatarios de los proyectos: familias rom totalmente sin poder  y cuya posibilidad de negociación y contratación es, por lo tanto, sistemáticamente negada, como inconcebible a priori. En segundo lugar, la lógica de la emergencia: la asignación de los 5 millones tiene una duración de dos años, en dos años el proyecto tiene que estar acabado. Aquí aparece, una vez más, el dictat de la emergencia que ha caracterizado en muchos casos la construcción de los campos: los operadores sociales de las asociaciones se hallan de repente obligados a buscar, a toda prisa, alojamientos disponibles en el mercado inmobiliario para la cantidad más grande posible de familias, a coste reducidos, preocupados de satisfacer al mismo tiempo a la Prefectura (que suelta el dinero para todo el proyecto) y a las familias del campo (para no perder entre ellas aquel mínimo de credibilidad necesario para llevar adelante el trabajo). Un trabajo de malabarismo impresionante que, evidentemente, deja a todos descontentos: las familias, realojadas en inmuebles y estructuras cuyas características les hacen añorar la vida en el campo, la Prefectura (puesto que la ejecución del proyecto ya se está alargando más de lo previsto), los operadores mismos (“no hay nadie entre nosotros que se sienta a gusto en el proyecto”, me confiesa la misma trabajadora social antes citada). Y una tercera característica del proyecto, consecuencia de la lógica emergencial, es su insostenibilidad: el vaciado del campo en dos años, ¿qué pasará con las familias realojadas? Pero quizás me estoy adelantando demasiado. Procedamos con orden.