Archivo mensual: octubre 2015

A 25 años de la “intifada del Besòs” o la apropiación simbólica del conflicto urbano en el margen derecho del Besòs.

El solar de la palmera en octubre de 1990 | Fuente: http://www.ccma.cat/

por Giuseppe Aricó (OACU)

Desde la semana pasada, diversos medios de comunicación se están preocupado por recordar que estos días se cumplen exactamente 25 años de la “intifada del Besòs”. Todo empezó la última semana de octubre de 1990, cuando la administración decidió levantar, en un amplio solar del barrio, alrededor de 200 VPO para realojar a algunos vecinos del cercano barrio de La Mina y otras “zonas calientes” del área metropolitana. Tal y como ha enfatizado Javier Torres en La Vanguardia, ese acontecimiento seguiría representando hoy día “una gesta de la que los habitantes del distrito están orgullosos y que han evocado esta semana, como si de un espíritu guerrero se tratara, para alzarse contra el aumento de la venta de drogas y de la ocupación ilegal de pisos. Ambas han aumentado mucho en los últimos meses como efecto contagio por la creciente degradación del colindante barrio de la Mina”.

Como si de un maleficio se tratara, parece que la historia vuelva a repetirse evocando, un cuarto de siglo más tarde, las mismas motivaciones que supuestamente estaban entonces en la base del conflicto. Efectivamente, en 1990 el problema de fondo parecía ser la cierta ansiedad que generaba La Mina en el imaginario colectivo como símbolo de “delincuencia”, “drogadicción” e “incivismo”. Así, para la clase social obrera del Besòs, ya empobrecida y afectada por el desempleo, la noticia de una posible “cohabitación” con residentes de La Mina habría implicado el declive definitivo del barrio. Pero ¿fueron real y únicamente éstas las razones que fundamentaron lo que ha pasado a conocerse como la más grande revuelta vecinal de Barcelona desde el restablecimiento de la “democracia”? ¿Podría haber algo más tras las reivindicaciones de aquellos vecinos que, con tanto orgullo y tanta rabia, lucharon en contra de unos proyectos urbanísticos que no tenían en cuenta sus necesidades reales?

El hecho es que el 1990 fue, además, un año clave para entender la forma en que los barrios del margen derecho del Besòs, que empezaban a ocupar una posición estratégica en el territorio metropolitano, fueron sistemáticamente privados de toda posibilidad participativa en los proyectos urbanísticos perfilados desde la élite política y económica que dominaba la ciudad condal. Ya a mediados de los ’80, el simple anuncio del proyecto olímpico implicó un cambio de escala significativo en las prioridades urbanísticas de una Barcelona cada día más proyectada a nivel global que ansiaba afirmarse como la millor botiga del mon. El recién nacido “urbanismo democrático” ya no aspiraba a la simple transformación física de la ciudad, sino a promover la resolución o edulcoración de los conflictos socio-económicos mediante la intervención directa o indirecta en su espacio urbano.

De ese modo, todas aquellas actuaciones dirigidas a generar un “espacio público de calidad”, no sólo se convirtieron en el rasgo definitorio e ideológico de lo que pasaría a conocerse como model Barcelona, sino que vendrían a caracterizar la manera de hacer ciudad desde que Narcís Serra tomara posesión del alcaldía en 1979. Esa nueva forma de intervenir en las políticas sociales y urbanas de Barcelona acabó configurando un nuevo imaginario colectivo donde las condiciones de opresión social, política, económica y cultural, a las que había estado sometida gran parte de la ciudadanía durante el Régimen franquista, parecían quedar estrechamente e únicamente vinculadas a la época predemocrática. Como señalara acertadamente Santiago López Petit, “el modelo Barcelona fue construido mediante la expropiación y capitalización de la fuerza colectiva de las luchas antifranquistas, mediante la canalización de un derecho a la ciudad reivindicado en la calle. El modelo Barcelona, en fin, es hijo de la transición política postfranquista, y por eso encierra todas sus contradicciones”.

Desde esta óptica, el período que más se correspondería con el desarrollo, máximo éxito y estancamiento de dicho modelo, es sin duda el encarnado por la alcaldía de Pascual Maragall (1982-97), quien, con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, sostenía que “la mejora del espacio público es relevante para la resolución de los problemas económicos y sociales”. Una afirmación que pondría explícitamente de manifiesto la importancia del intervencionismo urbano para la regeneración -y consecuente privatización- del espacio dentro y fuera de los límites urbanos de Barcelona. Muy pronto estos procesos llegaron hasta el margen derecho del Besòs, donde la metamorfosis urbanística impulsada por los JJ.OO. había experimentado su máximo momento de inflexión con la realización del tramo de la Ronda Litoral que va desde el barrio de La Mina hasta el municipio de Montcada i Reixac.

Con la apertura de esta vía rápida, se registró un incremento muy considerable de la accesibilidad metropolitana, lo cual beneficiaba en particular modo las inversiones privadas relacionadas con el sector terciario, el turismo y los grandes eventos de ocio. Este aspecto no tardó en despertar los intereses y la codicia de promotores y empresarios inmobiliarios cuya ambición primordial era imprimir un cambio radical al conjunto del margen derecho del río a nivel no sólo territorial y urbanístico, sino sobre todo social. Barrios sistemáticamente olvidados y marginados, como El Besòs, La Verneda, La Catalana y sobre todo La Mina, se encontraron de repente en el centro de mira de todos los intereses que incumbían en el conjunto del territorio fronterizo de Barcelona. Se trataba, de hecho, de revalorizar el territorio y, de ser posible, su población transformando la zona en una área de “nueva centralidad” metropolitana a merced de atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales.

Pero el Ayuntamiento de Sant Adrià consideraba que la revaloración del margen derecho del Besòs representaba una tarea muy difícil de conseguir mientras que el barrio de La Mina, considerado deliberadamente como un “estorbo”, quedara ahí enclavado en un territorio que se hacía cada vez más rentable. Este factor explicaría, en cierta medida, porqué entre las opciones barajadas por el consistorio adrianense durante la década de los ’80 para “regenerar” este barrio hubiera incluso una que proponía demoler, parcial o totalmente, el mismo. Así lo planteaba la Proposta Bàsica de Gestió de “La Mina”, un informe elaborado en 1987 por la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) y que contaba con el visto bueno del entonces alcalde de Sant Adrià, el socialista Antoni Meseguer, así como de Pascual Maragall por el Ayuntamiento de Barcelona y el de, aun entonces intachable, Jordi Pujol por la Generalitat.

De esa forma tan mezquina, REGESA y el consistorio adrianense justificaban, con la complicidad de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, la extirpación parcial o total de un barrio que, en aquel entonces, ni siquiera tenía 15 años de vida. Una intervención tan radical como la propuesta por REGESA era, por supuesto, difícilmente viable en un barrio de la magnitud de La Mina, pero ese tipo de planteamientos, donde la vida de los vecinos venía sistemáticamente subordinada al valor del suelo, volvería a cobrar fuerza en los años sucesivos mediante nuevos proyectos de transformación. En efecto, ya mediados de los ’80, los vecinos de La Mina habían logrado que la Generalitat se comprometiera a edificar unas 200 viviendas de protección oficial para atender a la que se presumía una de las necesidades más urgentes del barrio: esponjar su densidad.

Este compromiso preveía que el Ayuntamiento de Sant Adrià cediera a la Generalitat el terreno donde construir las nuevas viviendas. Inicialmente todo apuntaba a que la operación sería simple, ya que la administración local disponía de suelo en el barrio de La Catalana. Sin embargo, se trataba de suelo adquirido ya a mediados de los ‘80 por la propia REGESA, la cual preveía remodelar la zona en vista de los JJ.OO. El consistorio adrianense propuso entonces utilizar un terreno de propiedad del Consell Comarcal, que se hallaba justo en la frontera, más simbólica que física, entre los barrios de La Mina y El Besòs. En realidad, se trataba de un terreno que los vecinos de El Besòs reclamaban, ya desde hacía casi una década, como espacio para equipamientos y que pasó a ser popularmente conocido como el “solar de la palmera”, plantada por uno de los vecinos para reclamar su conversión en zona verde.

A finales de octubre de 1990, cuando El Besòs era todavía un barrio malamente urbanizado y con un índice de desocupación laboral muy elevado, la noticia de que en aquel solar se construirían viviendas destinadas, mayoritariamente, a los “problemáticos” habitantes de La Mina, abocó rápidamente en lo que Carlos Nadal bautizara como “intifada del Besòs”. Las razones iniciales que estaban a la base del conflicto eran que en el solar en disputa no se construyeran más viviendas, sino los equipamientos reclamados por los vecinos. Sin embargo, el clima de fuerte exaltación popular, las duras cargas policiales y el descontento político que seguían creciendo día tras día en el barrio, acabaron agravando el malestar social y económico acumulado en las décadas anteriores. Precisamente a causa de dicho malestar, algunos vecinos del Besòs empezaron a reelaborar una problemática de carácter eminentemente social mediante unos tópicos fuertemente raciales.

Factores como la violencia, la drogadicción y la criminalidad, que estigmatizaban al conjunto de los habitantes La Mina, serían elevados a causas principales del conflicto. Todo ello desembocó en la formación de un movimiento vecinal desvinculado de la A.VV del Besòs y que empezó a reivindicar “el barrio sólo para los del barrio”. Tanto la compleja realidad socio-espacial del Besòs, como la de La Mina, parecían haber quedado definitivamente ocultas tras el conflicto surgido alrededor de los hechos del solar de la palmera, esto es, reducidas simplemente a ello. Pero la realidad, que ninguna institución o medio de comunicación quería ver, era bastante diferente. En el caso del solar de la palmera, lo que realmente se reivindicaba por parte de la gente del Besòs era la utilización exclusiva de un espacio. La motivación, absolutamente legitima, que sustentaba esa acción de protesta se fundaba, de hecho, en antiguos conflictos políticos con el Ayuntamiento de Sant Adrià. En definitiva, las exigencias vecinales por el espacio chocaban con el interés político por el suelo.

Si bien la misma A.VV. del Besòs reclamaba los equipamientos pendientes, nunca había dejado de pedir una solución concreta también para los habitantes de La Mina. Por otra parte, los sectores más activos del movimiento vecinal de La Mina, que conocían de cerca el barrio del Besòs y las razones que estaban en la base del conflicto en curso, ya habían advertido a las administraciones locales respecto del posible problema que implicaría construir allí las viviendas que la Generalitat les había prometido. Desde hacía años, dichos sectores eran partidarios de la construcción de las nuevas viviendas en los terrenos de La Catalana, pero ni ellos ni la población de La Mina en general sabían que dichos terrenos ya habían sido vendidos en 1989 por REGESA a otras promotoras inmobiliarias, dirigidas por Gerard Gómez, un empresario francés atraído por la posibilidad de hacer negocios en el margen derecho del Besòs y que llevaba años en tratos con el alcalde Meseguer.

Los JJ.OO. estaban a punto de celebrarse y los conflictos que persistían en la zona desde finales de los ‘80 se hacían cada vez más ingobernables, lo cual aumentaba la preocupación y, por ende, el descontrol político de las administraciones. En respuesta a tal preocupación, a finales de 1990 el Ayuntamiento de Sant Adrià contractó con toda urgencia a un equipo de arquitectos, al cual encargó la redacción de una propuesta de modificación parcial del PGM de 1976, denominada Pla del Marge Dret del Besòs a Sant Adrià (PMD). Elaborado por los arquitectos Lluís Cantallops, Manuel Ribas y Estanislau Roca, el PMD pretendía reconducir las intervenciones previstas en el margen derecho del Besòs estableciendo que el área alrededor de La Mina se convirtiera en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte”, con el fin de acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

En este sentido, lo más significativo del PMD era su radical cambio de escala en relación a las actuaciones previstas para La Catalana y cuya “nueva centralidad” obligaba “a replantear las hipótesis anteriores y a proponer otras que potenciaran esta calidad en beneficio del propio barrio y de los barrios que lo rodean”. Este aspecto implicaba que también La Mina se considerara como parte de un “contexto territorial más amplio” en fase de transformación. En esta dirección, el PMD preveía el derribo da gran parte de los bloques de la Mina Nova con el objetivo de “acabar con su conflictividad”, pero mantenía totalmente inalteradas las prioridades del consistorio adrianense en La Catalana, así como las de Barcelona, que anhelaba a realizar un puerto deportivo justo al lado de la desembocadura del Besòs. Para garantizar el éxito de esos proyectos, el PMD optaba claramente por una estrecha colaboración entre agentes públicos y privados, algo que respondía a un modelo urbanístico cada vez más en boga en la agenda municipal de la Barcelona olímpica.

Pero las expectativas de negocio de los promotores privados disminuían a medida que se hacía cada vez más claro que el cercano centro comercial de Diagonal Mar, concebido como el verdadero núcleo de la “nueva área de centralidad” emergente, produciría una competencia muy importante si no insostenible. Y había más. La operación de venta de los terrenos de propiedad de REGESA estaba supeditada a la existencia de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 1984, que preveía nuevas viviendas sociales y definía el trazado de la Ronda Litoral y la redistribución de La Catalana. Según el alcalde Meseguer, ese PERI debía ser posteriormente modificado para permitir la construcción de la superficie comercial y residencial que el promotor Gerard Gómez pretendía realizar en La Catalana. Pero, a principios de los ’90, Gómez descubrió que, en realidad, el PERI había sido anulado por el Tribunal Supremo ya en 1987, razón por la cual denunció a Meseguer por falsedad y estafa.

En definitiva, la gran urgencia con la cual se pretendía “revalorar” la zona, en pos del más amplio proceso de transformación urbana del litoral barcelonés, pecaba de una seria y sistemática falta de atención hacia la evaluación no sólo de los costos sociales que este proceso implicaba, sino también de la real viabilidad económica de toda la operación. En efecto, la obstinación del consistorio adrianense en buscar la complicidad del sector privado había provocado que la gestión política y territorial del margen derecho del Besòs quedara a merced de los diferentes intereses en juego en el área. Éstos oscilaban entre los del Ayuntamiento de Sant Adrià, atravesado por una crisis económica y política sin precedentes, y los del Ayuntamiento de Barcelona, que perseguía su gran “sueño olímpico” limitándose a actuar en segundo plano pero manteniendo su papel de deus ex machina. Al mismo tiempo, el Govern de Catalunya intentaba eludir todo tipo de responsabilidad y compromiso, mientras la Administración General del Estado se permitía el lujo de mirarlo todo desde la distancia lavándose las manos.

Finalmente las viviendas del solar de la palmera no se construyeron, los grandes proyectos pensados para La Catalana no llegaron a cumplirse y las problemáticas sociales de La Mina empezaron irremediablemente a enquistarse. Definitivamente, la gran “ocasión olímpica” para promover la supuesta transformación del margen derecho del Besòs, tanto deseada por Meseguer, Maragall y Pujol, había fracasado por completo. Sin embargo, esa frustración urbanística debería considerarse más bien como un fracaso relativo, puesto que tras la tentativa olímpica para “regenerar” ese espacio no se escondía sino la afirmación de la supremacía urbanística de Barcelona y de sus intereses frente a la debilidad de los municipios de su entorno. Un reto, éste, indudablemente alcanzado. Tal vez, las nuevas retoricas político-económicas que acompañaron el nacimiento de un supuesto “urbanismo democrático” consiguieran apropiarse, simbólica y realmente, de las reales motivaciones que estaban en la base de la intifada del Besòs.

Si bien es cierto que los vecinos obtuvieron los equipamientos por los cuales habían luchado, aunque en otro terreno cercano, también es cierto que de aquel legendario solar hoy día sólo quedan unos pocos metros cuadrados convertidos en “área verde” y la palmera sigue aun en pie como tótem de unos hechos casi míticos, que pertenecen únicamente a una memoria colectiva. A parte de una residencia por ancianos, el resto del solar ha sido ocupado por una gran plataforma comercial alemana y, en la parte más contigua a La Mina, una serie de bloques escalonados de viviendas de precio libre, pensados por una clase social más pudiente, marcan la frontera entre ambos barrios.

Al mismo tiempo, las problemáticas estructurales de las viviendas del Besòs siguen agravándose sin ser intervenidas, la tan internacionalmente aclamada “transformación” de La Mina ha fracasado clamorosamente y el barrio de La Catalana ha, literalmente, desaparecido del mapa. Como si ello no bastara, la desocupación, los desalojos, la densidad, la precariedad habitacional y la segregación socioeconómica sufrida por esos barrios, han seguido creciendo de forma directamente proporcional a la especulación urbanística practicada a lo largo y ancho del margen derecho del Besòs. En el fondo, nada o muy poco ha cambiado desde aquel octubre de 1990. Lo único que lo ha hecho, y de forma sensible, es sin duda alguna el valor del suelo.

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A la caza de un mito. La invención del Barrio Chino como estrategia urbanística de violación territorial y vivencial

Fuente: Marc Javierre–Kohan.

Fuente: Marc Javierre–Kohan.

Por Livia Motterle (OACU)

Reseña del libro Matar al Chino. Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval, de Miquel Fernández González (Virus, 2014). La reseña ha sido originariamente publicada en la Revista de Antropología Iberoamericana (Vol. 10, Núm. 2, mayo – sept., 2015, pp. 298-303)

El padre de la moderna antropología estructuralista nos advierte de la fuerza — muchas veces peligrosa— de los mitos:

“El pensamiento mítico es por esencia transformador. Cada mito, apenas nacido, se modifica al cambiar de narrador […] se pierden algunos elementos, otros lo sustituyen, se invierten secuencias, la estructura torcida pasa por una serie de estados cuyas alteraciones sucesivas guardan con todo el carácter del grupo” (Levi-Strauss, 1997: 610).

El mito es el resultado de una fabricación que mezcla de forma indisoluble la realidad con la imaginación. Desmantelar un mito, comprender las razones, las modalidades y los fines de su fabricación llega a ser por lo tanto tarea muy noble y al mismo tiempo muy compleja. Se trata no solamente de desvelar los procesos de deshistorización de la dominación de una sociedad sobre otras para reconstruir aquella historia fragmentada, ocultada o distorsionada en los discursos hegemónicos, sino que el cazador de mitos asume la intrépida “misión” de restituir a los colectivos mitificados su propia humanidad robada.

Matar al Chino. Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval constituye un excelente ejemplo de cómo lograr esta tarea. En las mismas palabras del autor ésta guardada la intención que vertebra toda la obra:

Las ciencias sociales han colaborado, y mucho, no solo en naturalizar cierto orden establecido, en este caso, sobre el Raval, sino también en producirlo. Personalmente, he optado por la dirección contraria. He intentado cazar el mito del Barrio Chino. He querido aprovechar las herramientas que ofrecen la antropología y la sociología para hacer justo lo contrario de lo que se acostumbra a hacer: desnaturalizar el orden institucional y las lecturas estigmatizadoras establecidas sobre aquella calle[1] (p. 319).

¿Qué se esconde detrás del mito del Barrio Chino? ¿Qué intereses había en aquel barrio, el Raval, que de repente, en los años veinte, amaneció rebautizado como Barrio Chino? La cuidadosa investigación llevada a cabo por Miquel Fernández nos ayuda a comprender como el mito “cazado” sirvió a las elites para justificar políticas de disciplinamiento urbanístico (y moral) de los habitantes del Raval. La acertada decisión de dividir el trabajo en dos grandes bloques, uno historiográfico y otro etnográfico, es una demostración más de la voluntad del autor de dignificar una calle estigmatizada y literalmente destrozada. Miquel Fernández nos conduce entre las grietas de calle d’ En Robador solo después de haber pacientemente recorrido la historia de su destrucción física y moral. De esta forma el lector se adentra en una brillante etnografía después de haber entendido que las prácticas violentas de las cuales se habla no son las de los que viven en y de la calle, sino aquellas de quienes quieren expulsarlos.

La memoria se construye sobre escombros

Si tuviéramos que dibujarla, .que apariencia tendría la Historia? Según Walter Benjamin llevaría cara y cuerpo del Angelus Novus de Klee y representaría

un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira atónito. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas extendidas. El Ángel de la Historia debe de ser parecido. Ha vuelto su rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de acaecimientos el ve una única catástrofe que acumula sin cesar ruinas y más ruinas y se las vuelca a los pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y componer el destrozo. Pero del Paraíso sopla un vendaval que se le ha enredado en las alas y es tan fuerte que el Ángel no puede ya cerrarlas. El vendaval le empuja imparable hacia el futuro al que el vuelve la espalda, mientras el cumulo de ruinas ante el crece hacia el cielo. Ese vendaval es lo que nosotros llamamos progreso (Benjamin, 2008 [1959]: 24).

Los higienistas liberales, los moralistas conservadores y los burgueses progresistas fueron aquellos que, en Barcelona, alimentaron con sus intereses el vendaval del progreso, provocando catástrofes que acumularon sin cesar escombros bajo ruinas. Es esta misma violencia invisible e invisibilizada la que observa, analiza y denuncia Fernández en sus páginas. Se trata, en las palabras del mismo autor, de “la violencia del orden”, es decir, “la violencia que se encuentra dentro de lo normal” (p. 17). Una violencia naturalizada, entonces, que el autor intenta desnaturalizar desvelando los dispositivos a través de los cuales se pone en acción. Recorrer los momentos más incisivos de la historia de esta violencia sobre un barrio y sobre sus habitantes es el objetivo de la primera parte del libro. Retomando la distinción que aporta Žižek (2009) entre violencia simbólica y sistémica, el lector encuentra delante de sus ojos el continuum de una catástrofe que lleva la marca PROGRESO.

Pero si la Historia tendría para Benjamin cara de ángel asustado, ¿cómo se encarnaría esta doble violencia según el autor del libro? Para Fernández, queda materializada en el urbanismo que pone en marcha los mecanismos de violencia simbólica y sistémica a través de los urbanistas —en tanto que devotos servidores del Estado— que personifican los deseos de esta violencia incorporada. En las palabras del autor: “la violencia aquí es el instrumento de un orden que se aplica justo cuando las retóricas de cada momento no alcanzan a convencer a las poblaciones asediadas de que deben mantenerse disciplinadas y adoptar una posición de sumisión” (p. 320).

La aproximación historiográfica a las culturas de control ejercidas en el barrio del Raval tiene un valor ejemplar, porque va a socavar los mecanismos de violencia que operan detrás de aquellas excavadoras y de aquellas piquetas que destruyeron un barrio y, con ello, la vida de sus habitantes. Lo que se deseaba controlar, dice el autor, era la revolución y “llevar a cabo una revolución desde arriba” (p. 30) era la forma más eficaz de hacerlo.

Desde el Higienismo hasta la actual época del civismo, las instituciones han sido protagonistas de acciones de reclusión, expulsión y criminalización de todos aquellos seres “contaminados”, “improductivos” e “indisciplinados” para enriquecer los intereses de las elites gobernantes. Trayendo a colación algunas notas de la obra, no es casual ni fortuito que en la época en la cual Idelfons Cerda encargaba sus planes para la reforma urbanística de Barcelona, las así llamadas casas de misericordia del Barrio Chino —entre las cuales destacaba la Casa de Mujeres Arrepentidas de la calle Egipciaques— “hospedaban” cada “tipología” de pobres (huérfanos, trabajadoras sexuales, sin-techos, mujeres solteras…) recluyéndolos y forzándolos a trabajar como forma de expiación de sus tremendos pecados. Muchos de estos conventos se transformaron en cárceles o fábricas: el control de la miseria venia naturalizado en nombre del bien. La producción de capital y la explotación laboral eran justificadas bajo una palabra: Misericordia.

En nombre del bien

“Los enemigos a batir no eran sólo la pobreza y la indisciplina: era el mismo Diablo”, escribe justamente Manuel Delgado en el epilogo que cierra brillantemente el libro. Los habitantes del Raval, viviendo en el barrio infernal de Barcelona, no podían ser otra cosa que maléficos. Por eso había que sanarlos y redimirlos. Había que operar quirúrgicamente en las arterias de la ciudad, donde late la vida, para identificar y extirpar sus elementos infectos.

La invención del barrio Chino como territorialización del mal[2] sirvió para poder operar más libremente en las calles enfermas y malsanas del Raval. “Se justificaba” —comenta Fernández— “nuevamente para el bien del barrio, identificar, separar, detener, expulsar o encarcelar aquellos miembros que ‘contaminaban’ el orden público republicano con su actitud de insumisión” (p. 100).

Desde los planes urbanísticos de Idelfons Cerda hasta la ordenanza del civismo, Barcelona ha sido el humus ideal para expandir el imperio del control en nombre de “una propuesta epistemológica del bien”. “Esta utilización del bien” —afirma el autor— “servirá a las sucesivas estrategias de control social e iría dirigida a justificar su propia existencia, así como las formas que adopte, por muy ásperas que puedan resultar por los habitantes afectados” (p. 21).

¿Qué escondería entonces este urbanismo que ama definirse como “rehabilitación”, “remodelación”, “saneamiento”? Las agudas reflexiones que se despliegan en Matar el Chino, evidencian página tras página que en cada adjetivo que acompaña a la palabra urbanismo, se ocultan las motivaciones que verdaderamente lo sustentan. Gracias a las descripciones cuidadosamente recogidas en el diario de campo y a los testimonios de quienes viven en la calle d’ En Robador, las motivaciones urbanísticas de rehabilitar un barrio, se cargan de su verdadero significado: inhabilitarlo, destruirlo, descomponerlo, sanearlo y bombardearlo[3].

Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros

Valery (1988 [1932]) recitaba que “lo más profundo es la piel”. Es en la piel, en la  carne, que se manifiesta el verbo, la acción. Y es en las entrañas de calle d’ En Robador donde se incorpora la hegemonía del civismo donde la legalidad violenta se pone en acción. La estupenda etnografía desarrollada por el autor a través de una mirada atenta y nunca invasiva, nos da cuenta de todo esto. Lo que él escribe sobre aquella calle y sus habitantes es autentico por ser fruto de dos anos de observación, pero sobre todo de participación: participación en los problemas —y en las diversiones también— de aquella fauna urbana.

Las detalladas descripciones contenidas en el diario de campo del etnógrafo despliegan en nuestra imaginación vivencias de una calle que se resiste a ser dominada a pesar del fuerte control institucional al que está sometida. A través de apuntes sobre “los cuerpos, las miradas, las voces, los desplazamientos, los asentamientos, las conversaciones, los gritos, los bailes, la música o el canturreo” (p. 167), el autor se acerca y se mezcla —hasta confundirse— con aquella amalgama urbana que se niega a ser urbanizada.

Entra en bares, pisos, talleres, asociaciones y todo tipo de antros. Esta en la calle d’En Robador durante horas, parado, escribiendo o conversando con aquellos y aquellas que en las aceras y de las aceras viven y trabajan. La etnografía de Fernández nos ensena que detrás de los descalificativos: putas, maricones, yonkis, pakis, camellos, hay personas que necesitan su calle para sobrevivir y que cuentan con el apoyo de una red de vecinos y vecinas del barrio, en una lucha constante contra el colonialismo urbano.

En las mismas palabras del autor: “El vigor con que aquella calle se organiza —de manera ciertamente peculiar— resiste, sobrevive y disfruta debería ser un ejemplo para cualquier lucha por el derecho a la ciudad” (p. 328).

 

Referencias bibliográficas

Benjamin, W. (2008) [1959]. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Mexico: UACM.

Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Levi-Strauss, C. (1997). Mitológicas IV. El hombre desnudo. México: Siglo XXI editores.

López Sánchez, P. (1986). El Centro histórico: un lugar para el conflicto: estrategias del capital para la expulsión del proletario del centro de Barcelona: el caso de Santa Caterina y el Portal Nou. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.

Valery, P. (1988) [1932]. La idea fija. Madrid: Antonio Machado Editores.

Žižek, S. (2009). Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidos Ibérica.

Notas

[1] Se trata de la calle d’En Robador, en el barrio del Raval, Barcelona. En esta calle el autor desarrollo su trabajo de campo entre la primavera del 2010 y el verano del 2012.

[2] Así se titula el párrafo que habla del origen del mito del Barrio Chino y de su estratégica utilización por parte de las elites

[3] Interesantes las palabras que aparecen en la página web del Ayuntamiento de Barcelona: “El Pla Macià donava solucions racionalistes i integrades als problemes del barri. Però van ser les bombes de la Guerra Civil les que van fer els primers sanejaments urbanístics al sud del Raval” (2014).

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Arquitectura, Urbanisme i Poder Popular. Jornades per Vallcarca 10 i 17 d’octubre 2015

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El discreto encanto del “espacio público”. Privatización, turistificación y expulsiones en la era de Trias

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Fuente | OACU

por Giuseppe Aricó y Marco Luca Stanchieri (OACU)

Versión reducida de un articulo originariamente publicado en 2014 en el numero 38 de la Revista Diagonal; para leer el articulo original pincha aquí

Hoy día se hace cada vez más difícil hablar de “espacio público” sin adoptar una perspectiva que considere el uso del espacio, no solo como una estrategia y/o técnica de poder y control social, sino también como una manera de ocultar estas mismas relaciones. Gracias a las más recientes aportaciones de las ciencias sociales, hemos empezado a entender el espacio como una estructura, o mejor dicho, como un marco estructural donde tiene literalmente lugar la producción, reproducción y apropiación del propio espacio por parte de los individuos que lo practican, lo experimentan física y sensorialmente. En tanto que fenómeno social producido y reproducido por las prácticas diarias de cada persona, el espacio requiere ser entendido como un proceso social constantemente en curso y repleto de significados. Un espacio invariablemente dinámico que siempre será, por encima y más allá de las estandarizaciones de muchos urbanistas, arquitectos y planificadores, objeto de su propia configuración y uso por parte de los sujetos que se mueven en él. En definitiva, si la ciudad es un objeto, lo urbano es pura vida. Si la ciudad es sustancia y esencia, lo urbano es espontaneidad y relación donde la existencia recíproca de diferentes formas de concebir y usar el espacio lleva a la generación inevitable de los conflictos.

A raíz de esta perspectiva, el espacio no puede ser entendido como un objeto estático atrapado en su forma arquitectónica, sino como un proceso intrínsecamente dinámico y, por lo tanto, sujeto a todo tipo de contradicción, recorrido por un sin fin de conflictos y repleto de ideologías y relaciones de poder. Esto implica el reconocimiento de la existencia de las experiencias tanto individuales como colectivas del espacio y la elaboración de modelos de apropiación espacial antagónicos. Sin embargo, parece que el discurso político actual se empeñe en confirmar la conceptualización sublimada de un “espacio público de calidad”, gratuitamente privado de toda estructuración jerárquica, abstraído de cualquier tipo de práctica de dominación, y que no contempla el conflicto ni el consumo, ni mucho menos el control social. Un espacio ilusorio donde sólo cabe la paz, la tranquilidad, la ausencia del conflicto, y que pretende encarnar y materializar cualquier ideal de democracia, civismo o ciudadanía. Ligado a ello, el urbanismo funcionaría como un conjunto de conocimientos, saberes, prácticas y discursos organizados desde instancias de poder que organizan la ciudad confiriendo al espacio la movilidad económica necesaria para asegurar y mantener su condición de mercancía.

Bajo una apariencia positiva, humanista y tecnológica, el urbanismo oculta y disimula tras esta gigantesca operación, sus ambiciones fundamentales de dominio del espacio, esto es, oprime al “usuario” reduciéndolo a mero consumidor del espacio urbano y generador por excelencia de plusvalías. He aquí la neta oposición lefebvriana entre el espacio vivido y el espacio concebido, es decir, entre el espacio de los usuarios y el de los planificadores. Si el espacio vivido se configura mediante las prácticas y usos del espacio que los individuos hacen en la vida cotidiana, el espacio concebido es, en cambio, la representación de este espacio que está vinculado a las relaciones de poder y de producción establecidas por el orden capitalista. Dicho en otra forma, tenemos, por un lado, el espacio mercancía, concebido y movilizado por instancias político-económicas en tanto que valor para obtener plusvalía, y, por el otro, el espacio vivido, el espacio de la experiencia producido a través de las prácticas, los usos, las relaciones sociales de cada día.

Se trataría de un conflicto entre el uso y el consumo del espacio que no implica necesariamente una negación, puesto que el urbanismo procurará a toda costa ajustar el espacio vivido al espacio mercancía, es decir, los valores de uso del espacio tendrán que subordinarse a las exigencias del valor de cambio del mismo. De ese modo, la lógica de acumulación que busca plusvalías en el espacio, no solo intentará regular el funcionamiento del valor de cambio, sino que pretenderá también definir los deseos y necesidades subjetivas socialmente significativas, así como las prácticas que conforman el espacio vivido. De ese modo, se genera y legitima un espacio concebido al servicio de una ideología dominante y con la ambición de imponerse sobre el espacio vivido, hegemonizándolo mediante discursos que configuran un lenguaje que se presume técnicamente inopinable y moralmente cierto. El espacio concebido se configura, en otras palabras, nada más que como una ideología disfrazada de conocimientos científicos incuestionables que se oculta tras el lenguaje técnico y pericial del urbanismo neoliberal.

Sin embargo, esta retórica obstinada que pretende revelar los supuestos beneficios del espacio público, representa en realidad un instrumento indispensable para desplegar la acción administrativa y el control racionalizador sobre las intervenciones de planeamiento urbano —y no urbanístico—del espacio. Se trata de una herramienta indisolublemente asociada a los procesos de higienización y normativización de los individuos dentro de un campo semántico hecho de discursos y representaciones propias de aquellos saberes técnicos y científicos que materializan un “urbanismo contaminador”. A través de tales discursos, se construye un consenso mayoritario sobre quiénes son los ciudadanos “legítimos” y “normales”, y se llevan a cabo estrategias de segregación espacial, evitaciones simbólicas así como la construcción de la invisibilidad social. Lejos de representar fenómenos exclusivos de aquellas zonas de la ciudad que se conciben como “centrales”, dichas estrategias han llegado hoy a ser aplicadas en las propias periferias urbanas. La supuesta regeneración del barrio del Bon Pastor, en San Andreu, o la del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, son solo algunos de los numerosos casos emblemáticos de cómo los procesos de exclusión y segregación de determinados grupos del uso del espacio serían parte esencial de las dinámicas de pacificación y homogeneización del mismo, necesarias para su desvalorización y/o revalorización en el mercado. Detrás de las retóricas del espacio concebido subyacen, de hecho, representaciones de higiene y moralidad aplicadas aparentemente al individuo, pero que en realidad tienen la función de legitimar o deslegitimar formas de vida urbana sistemáticamente consideradas inconcebibles o, más simplemente, improductivas frente al sistema capitalista.

Asimismo, en manos de determinados urbanistas, proyectistas, arquitectos y tecnócratas, estas retóricas se convierten en un instrumento discursivo clave a la hora de que el capitalismo intervenga y administre aquello que siendo presentado como espacio y que no deja de ser simplemente suelo, es decir, espacio inmobiliario, espacio para comprar o vender. La supuesta igualdad de relaciones que implicaría el fantasmagórico concepto de espacio público se ve desacreditada hoy día por una especulación inmobiliaria sin precedentes históricos, un masivo proceso de gentrificación que roza peligrosamente la utopía social, y un control normativo extendido sobre cada tipo de práctica relacional. Pero también por la represión de cada alternativa no solo posible sino propiciable, un dominio institucionalizado de la subjetividad personal y una más amplia explotación capitalista sin escrúpulos de la vida en general. La práctica y la representación idealizada de un espacio público como algo armonioso, neutral, idílico y libre de inquietud y agitación social llega a ser una mera falacia en una sociedad capitalista donde la lucha de clases representa todavía una realidad cotidiana innegable a pesar de toda tentativa de invisibilizarla.

La violencia urbanística que ha caracterizado las más recientes políticas urbanas desplegadas por el gobierno de Xavier Trias en Barcelona, pone en evidencia esa utopía social de un espacio pacificado y libre de conflictividad social. En este sentido, se hace imprescindible cuestionar las implicaciones reales que dichas políticas tienen con lo urbano a la hora de dar forma a un espacio supuestamente “público”, esto es, a la hora de ser políticas urbanísticas que se pretenden urbanas. La privatización parcial o total de parques públicos como el Park Güell, la fragmentación territorial de Collserola o la implementación de un urbanismo social de fachada como en el caso del Pla Buits, representan procesos cada vez más frecuentes de turistificación y normativización del espacio que apuestan por un uso instrumental y no intensivo del mismo.

Asimismo, el desmantelamiento de Mount Zion o la cierta domesticación de la Flor de Maig en el Poblenou, el desalojo inminente de La Carbonería en Sant Antoni, la vacua y estéril solarización de Vallcarca o la más reciente tentativa de destrucción de Can Vies en Sants, son solo algunos ejemplos, todos ellos en Barcelona, que evidencian la obstinada imposición de un discreto encanto del “espacio público” como elemento represor y fetiche de las retóricas de regeneración en que el mismo se arropa. Sin embargo, no se trata únicamente de una cuestión catalana, ni exclusiva del Estado español. Tenemos ahí diferentes ejemplos de represión por parte de la autoridad en varias ciudades de Brasil, en el marco de la celebración del Mundial de Futbol de 2014 y las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, o, algo más cerca, los hechos acontecidos en junio de 2013 en el Parque Taksim Gezidede Estambul, en Turquía; la criminalización de la lucha No-TAV en Val di Susa, en Italia; la subasta de la isla de Poveglia en Venecia, etc. Todo ello encubiertamente perpetuado al culto de un “espacio público de calidad”, que, en realidad, no deja de ser sino un mero espacio contra el público.

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