De proletarios a propietarios, o los origines de la lógica espacial del urbanismo neoliberal.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A principios de los ’70 el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona encargó al fotógrafo santanderino Julio Ubiña la realización de un video que promocionara los entonces vanguardistas “polígonos de absorción”, esto es, conjuntos residenciales alejados del centro y destinados a reabsorber la población chabolista asentada en los cada vez más rentables intersticios de la Ciudad Condal. A pesar de su absoluta –pero comprensible- falta de criticismo, no hay duda de que el vídeo representa una clara evidencia de aquella retórica perversa que caracterizó las lógicas urbanísticas de la época franquista y que, sin embargo, sigue hoy día perpetrando su legado en el actual urbanismo de corte neoliberal.

El hecho es que, a partir de los ’60, la economía española empezó a desarrollar una gran dependencia del sector bancario-inmobiliario, el cual jugó un papel clave en la configuración del espacio económico y, por ende, social del Estado. De ese modo, el crecimiento de las principales metrópolis durante el franquismo implicó una potente expansión del mercado inmobiliario en general, especialmente en el sector constructor y promotor de la vivienda social. Sería precisamente este aspecto el que supuso enormes repercusiones en la reposición del patrimonio inmobiliario del Régimen gracias a una política de vivienda que se basaba en incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía.

En 1959, año que marcaría un verdadero punto de inflexión para la política autárquica del franquismo, el entonces ministro de Vivienda José Luis Arrese ensalzaba el trabajo de los “agentes de la propiedad inmobiliaria” afirmando que “[…] la misión que de una manera concreta está encomendada a vuestro quehacer diario, es la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para ello, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad; y mirad por dónde, repito, os vamos a necesitar cada vez más, porque cada vez más claramente y sin torceduras vamos a fomentar la propiedad privada. […] No queremos, y lo consideramos un mal, aunque a veces sea un mal necesario, que la construcción derive de un modo colectivo hacia el arrendamiento, […] la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad […]. Queremos un país de propietarios, no de proletarios”.

Las palabras del ministro Arrese, renombrado arquitecto falangista, respondían claramente a la necesidad política y económica del Régimen de redistribuir territorialmente los sectores más desfavorecidos de la población en nombre de la hegemonía absoluta de lo que algunos autores definen como la “cultura de la propiedad”. En esta dirección, el objetivo político de las fuerzas dominantes era estimular la propiedad de la vivienda como elemento básico de pertenencia, sobre todo entre las clases proletarias, reforzando así las políticas extremadamente conservadoras y de control social del Régimen. En otras palabras, tal y como señalan investigaciones más recientes, «el desarrollo del capitalismo inmobiliario se ‘incrusta’ profundamente, desde sus inicios, en unas formas de reproducción social muy singulares, caracterizadas entre otras cosas por la elevación de la vivienda en propiedad a elemento cúspide en la organización de la unidad doméstica obrera».

Es en este contexto social y político, caracterizado por una verdadera lucha institucional contra la renta limitada, donde se enmarcan el Plan de Urgencia Social para Barcelona, presentado en 1958, y el Plan de Supresión del Barraquismo de 1961. Ni tiene que decir que las medidas estratégicamente concebidas y planificadas dentro del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, como los Planes de Desarrollo o los Planes de la Vivienda, fueron ejecutadas a partir precisamente de la década de los ’60, es decir, en un momento crucial para el proceso de estabilización social y política del Segundo Franquismo. En este sentido, la finalidad del Plan de Supresión del Barraquismo no era tanto “dignificar” a los chabolistas mediante la provisión desinteresada de vivienda social, sino más bien acabar rápida y definitivamente con todos los asentamientos de autoconstrucción, sobre todo con los que surgían en espacios particularmente rentables en términos urbanísticos.

Para ello, las instituciones empezaron a planificar el desplazamiento sistemático de numerosos chabolistas hacia las periferias urbanas de las grandes ciudades, ahí donde serían realojados en grandes bloques de viviendas verticales. A finales de los ‘60, el entonces alcalde de Barcelona, Josep María de Porcioles, proclamó que los restos del chabolismo en la capital serían definitivamente erradicados con la construcción de nuevos “polígonos de absorción”, edificados en pos de una vivienda “adecuada”, “digna” y “en propiedad”. En esta dirección, los polígonos de Canyelles, en Nou Barris, y de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, representarían, dentro del marco del Plan de Supresión del Barraquismo, las dos operaciones más emblemáticas efectuadas por el Patronato Municipal de la Vivienda para realojar a numerosas “familias chabolistas” del área metropolitana de Barcelona.

Relegados a la periferia o a áreas rurales cercanas a las ciudades y ubicados en terrenos de escaso valor ambiental, los polígonos de la era porciolista no eran sino una pantalla tras la cual ocultar las causas reales del progresivo aumento de la desigualdad socio-espacial que venía perfilándose sobre todo el territorio nacional. Efectivamente, la alta densidad habitacional que llegaron a registrar esos polígonos, sin buenos transportes y comunicaciones, con escasos o nulos equipamientos, con una mala calidad de construcción y un reducido tamaño de las viviendas, respondían a la absoluta falta de interés del Régimen por comprometerse de verdad con los problemas sociales y económicos de la época.

En definitiva, especialmente durante las “décadas doradas” del desarrollismo, los tecnócratas de Franco no se habrían preocupado por solucionar las condiciones sociales, laborales o de vivienda de la población más desfavorecida, sino por encontrar la manera más rentable de “mejorar” y explotar la capacidad productiva del proletariado. Una estrategia económica, que no una política social, que en cierta medida marcaría los orígenes de la lógica espacial que tan íntimamente caracteriza el actual urbanismo neoliberal, aquel que ya no aspira simplemente a planificar la ciudad y, por ende, la vida y las conductas de sus habitantes, sino que se obstina en convertir los vecinos en clientes.