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Las manos sobre Barcelona

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Joan Clos, contemplando la zona Fòrum desde un hotel de la Diagonal en 2004 | Fuente: Carles Riba

Texto originariamente publicado en Ciutat Morta: crònica del cas 4F, coordinado por Mariana Huidobro, Katu Huidobro y Helen Torres

por José Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)

En 2006 Barcelona vivía todavía la resaca del Fòrum de les Cultures 2004, uno de los fracasos más sonados de su historia. La ciudad se había quedado años antes sin poder ser Capital Europea de la Cultura y buscó, de forma casi desesperada, una excusa para llevar a cabo un nuevo e inmenso proceso de transformación en los límites de su última y codiciada frontera urbana: la desembocadura del Besòs. A pesar de las ingentes cantidades de dinero y recursos invertidos por el Ajuntament, la Generalitat, el Gobierno del Estado y el sector privado –más de 3.200 millones de euros y una recalificación de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida para los JJOO de 1992- el megaevento no cumplió ni de cerca con las expectativas generadas en cuanto a público o visibilidad.

Como si ello no bastara, barrios fuertemente estigmatizados, como La Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de unas imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales surgidas como setas en la zona recuperada. Pero como todos los fracasos, este también fue relativo. Efectivamente, las inmensas plusvalías generadas mediante esa colosal reforma urbanística,  trasferidas al capital financiero e inmobiliario de la ciudad, supusieron el verdadero “éxito” del Fórum. La ciudad vivía así los últimos años de la impostura del Model Barcelona, una forma de hacer ciudad que vivió su máximo esplendor durante las olimpiadas y que reveló su verdadera cara en ese primer lustro del nuevo siglo.

Del supuesto urbanismo ciudadano y participativo, de la continuidad de la trama urbana, de la apuesta por los espacios públicos y los equipamientos no quedaba nada. Barcelona, entregada al neoliberalismo, proseguía su configuración como “escenario de consumo” y adjudicaba grandes extensiones de terreno a empresas inmobiliarias internacionales como Hines, responsable de Diagonal Mar, para que hiciese de su capa un sayo. Se abandonaba toda veleidad aparentemente socialdemócrata –como las ideas de Oriol Bohigas y su pretensión de “monumentalizar la periferia” y “dignificar el centro”- y la ciudad, más que como “modelo”, comenzaba a venderse cada vez más como Marca.

Unos años antes, el Ajuntament había puesto en marcha el Distrito 22@ en 116 hectáreas del barrio del Poblenou. La intervención, la mayor llevada a cabo sobre la ciudad hasta ese momento, perseguía la creación de un polo empresarial vinculado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sobre parte del “obsoleto” tejido industrial del antiguo Manchester català. Los pequeños talleres y empresas auxiliares que ya existían en el área, vestigios de su pasado fabril, fueron despreciados como generadores de crecimiento y empleo y en su lugar se esperó, como maná caído del cielo, la llegada de grandes firmas tecnológicas. Ni que decir tiene que esto nunca ocurrió.

Los que sí llegaron fueron muchos hoteles que, aprovechando la disponibilidad de espacios baratos y la apuesta municipal por el turismo en la zona, lograron grandes plusvalías vendiendo el suelo que abandonaban en otras áreas de la ciudad, como el Eixample. La crisis (léase estafa) económica de unos años después hizo el resto y el Poblenou, como muchos otros barrios de la ciudad, mantiene aún hoy día grandes solares vacíos. Pero la voracidad, como la estupidez, no tiene límites y grandes zonas de la ciudad consolidada fueron igualmente objeto de violentas intervenciones urbanísticas que se presumieron urbanas.

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Acción reivindicativa contra la Marca Barcelona y sus eslogans | Fuente: Míren Sánchez (http://mirarescucharcallar.blogspot.com.es/)

El año 2006 también es el año de la vergüenza para un Ajuntament que llegó a enviar la Guardia Urbana a arrancar las tomateras plantadas por los vecinos y vecinas del barrio de la Ribera. Estamos hablando del, desde entonces denominado, Forat de la Vergonya, un solar ubicado a escasos metros del renovado Mercat de Santa Caterina y que inicialmente estaba destinado a ser un aparcamiento para el turismo que llegaba al barrio. La idea de las instancias municipales era convertir la zona –parte de la cual se popularizaría con el mucho más eufónico nombre de El Born– en una tesela más de la Barcelona escaparate.

Se trataba, en definitiva, de conformar una ciudad proyectada a escala global, que compitiera internacionalmente por la atracción de un “turismo cultural” –lo que viene a querer decir, de elevado nivel de ingresos- mediante la instalación en sus fronteras de elitistas contenedores como el Museu Picasso, de la mercantilización de Santa Maria del Mar o de la fútil reforma del Mercat con su cubierta de tejas coloreadas. El vecindario, necesitado de zonas de socialización, y si eran verdes, mejor, tuvo la osadía de hacer suyo el espacio creando su propio jardín, huerto, mobiliario urbano y zona deportiva, lejos del glamour intrínseco al pensamiento municipal institucional, algo que no podía ser permitido en un barrio destinado a la aparición de lofts y apartamentos para las denominadas “clases creativas”.

Tuvo que ser la prensa, al recoger los conatos de violencia contra el desalojo, la que situara el punto de atención sobre un tema que, de otra manera, hubiera pasado desapercibido. Más allá de la cierta simpatía que pudiera despertar la apropiación vecinal de un espacio para crear una plaza, lo que no llegaron a entender –léase aterrorizar- las manos que se posaban sobre la ciudad, es el hecho de que la gente normal pudiera crear un espacio normal, de gestionarlo y aprovecharlo lejos del tutelaje oficial y la acción del mercado. Por supuesto, algo así no podía ser permitido porque correría el peligro de convertirse en un ejemplo, una alternativa posible o, cuanto menos, propiciable. Es ahí donde debemos insertar parte de los factores que desencadenaron los hechos de aquella noche del 4 de febrero.

Si las grandes empresas multinacionales cuentan con departamentos enteros que velan por la buena reputación de su marca, en Barcelona esta responsabilidad recaía y recae directamente sobre el Ajuntament. La millor botiga del món no podía permitir que parte de sus calles y sus plazas estuvieran pobladas de vecinos, punkis, anarkas o antisistemas, sea eso lo que sea, y menos que éstos pretendieran generar espacios propios, liberados de las ataduras de la mercantilización extrema que vive la vida cotidiana de las ciudades depreciando, de paso, el valor de la propiedad inmobiliaria. Por este propósito, el teatro okupado del número 55 de la calle Sant Pere més Baix tenía que ser literalmente eliminado, como eliminadas tienen que ser todas aquellas imperfecciones que empañan cualquier producto. Rodrigo, Juan y Alex, al igual que Patricia, simplemente se toparon con parte del departamento de limpieza, en el sentido amplio de la palabra, de la Marca Barcelona.

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Mariana y Katu Huidobro, durante una manifestación en apoyo a los detenidos del caso 4F | Fuente: Jordi Secall (http://jordisecall.blogspot.com.es/)

Ironías de la vida, el alcalde de la ciudad de aquellos años, Joan Clos, al frente también del desastre del Fòrum y del 22@, después de un breve paso por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Estado español, así como de las Embajadas de Turquía y Azerbaiyán, ha llegado a ser el máximo dirigente del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), cuya misión es la promoción de pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenible con el objetivo de proporcionar “vivienda adecuada para todos y todas”.

Hoy día, Barcelona sigue imparable su viaje hacia la total esterilización de su espacio urbano. Con solo dar una vuelta por el entorno del antiguo Mercat del Born, hoy Born Centre Cultural, o la calle Montcada y su nuevo Museu de les Cultures del Món es posible observar la descontrolada aparición de nuevos bares y restaurantes poblados de cientos de terrazas, comercios chic, establecimientos de productos ecológicos a precios imposibles, así como tiendas y más tiendas de souvenirs turísticos exactamente iguales a las que podrías encontrar en cualquier otra parte del mundo.

La soberbia expansión del Born no se detiene en sus fronteras físicas y simbólicas, acabando con cualquier viso de originalidad y despreciando lo que otrora fue su verdadera esencia popular: el barrio de La Ribera. Finalmente una triste –pero aún no imperante- victoria de las manos sobre Barcelona, convertida en una ciudad que no contempla las inquietudes ni las necesidades de sus habitantes. Una ciudad concebida y diseñada sólo para una ciudadanía obediente, pasiva y adinerada, que consagra sus calles únicamente al ocio y al consumo masivo. En definitiva, una ciutat morta.

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París, capital del terrorismo capitalista internacional

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Foto de Cecilia Vergnano y Dolors Garcia, gente del OACU, ayer, allí.

por Manuel Delgado (OACU)

Ayer, en París, se volvió a conocer la lógica de la violencia contra quienes protestaban con otra violencia infinitamente más destructiva y atroz: la que hoy está destruyendo nuestro planeta y uno de cuyos efectos son cambios climáticos en que se expresa la depredación masiva de la naturaleza por parte del sistema capitalista mundial. Da que pensar que lo de ayer sucediera en una ciudad que se nos acaba de mostrar hace poco la nueva capital del dolor terrorista. Frente al terrorismo capitalista que acabará liquidando un día la vida en la Tierra, la violencia del DAESH, que al fin al cabo no es más que otra de sus variantes, a la que se muestra como supuestamente fuera de control.

Lo que interesa es cómo la violencia es objeto de discursos que la perfilan como una irrupción del otro absoluto, que la asocian al inframundo de los instintos, que prueban nuestro parentesco inmediato con los animales o que advierten del acecho cercano de potencias maléficas. La violencia ejercida por personas ordinarias no legitimadas es entendida como abominable, monstruosa, en cualquier caso siempre extrasocial. Lo hemos vuelto a ver estos días: la representación mediática, sobrecargada de tintes melodramáticos,  de esa violencia no sólo antisocial, sino asocial, no hace sino incidir constantemente en la degradación que indica el uso no legítimo de la fuerza bruta, que convierte a sus ejecutores en menos que humanos, representantes de instancias subsociales o infrahumanas. La imaginación mediática y los discursos políticos y policiales que hablan constantemente de esa violencia exógena a lo social humano, procuran hacer de ella un auténtico espectáculo aleccionador para las masas.

En los medios de comunicación y en los discursos oficiales que «condenan la violencia» no se habla nunca, por supuesto, de la violencia tecnológica y orgánica, aquella que se subvenciona con los impuestos de pacíficos ciudadanos que proclaman odiar la violencia. No mencionan la muerte aséptica, perfecta y en masa de los misiles inteligentes, las bombas con uranio empobrecido o de los bloqueos contra la población civil. No hacen alusión a las víctimas incalculables de la guerra y la represión política. Vuelven una vez y otra a remarcar lo que Jacques Derrida había llamado la «nueva violencia arcaica», elemental, bruta, la violencia primitiva del asesino real o imaginario, del sádico violador de niñas, del terrorista, del exterminador étnico, del hooligan, del delincuente juvenil, del joven radical vasco, del skin.

Frente a una violencia homogénea, sólo concebible asociada al aparato político y a la lucha por la defensa y la conquista de un Estado que hoy ya es universal, una violencia heterogénea, dispersa, caótica, errática, episódica, primaria, animal, asociada a todas las formas concebibles y hasta inconcebibles de alteridad: violencia terrorista, criminal, demente, enferma, étnica, instintiva, animal; violencia informal, poco o nada organizada: bomba casera, cóctel molotov, arma de contrabando, puñal, piedra, hacha, palo, veneno, puñetazos, mordiscos, patadas… De hecho, esa es la violencia que parece interesar de manera exclusiva a los sistemas mediáticos, ávidos por proveer al gran público de imágenes estremecedoras de las consecuencias de la desviación, la anormalidad, el fanatismo y la locura. Violencia artesanal, pre-moderna, «hecha a mano», paradójicamente «violencia con rostro humano», y por ello escandalosa e inaceptable, puesto que no tiene nada que ver con la violencia constante, con las coordinadas y estructuras fundamentadas en el uso de la fuerza que posibilitan la existencia misma de los órdenes políticos centralizados, sean locales o globales.

Los violentos son siempre los otros, quizá porque uno de los rasgos que permiten identificar a esos «otros» es la manera como éstos contrarían el principio político irrenunciable del monopolio en la generación y distribución del dolor y la destrucción. Una magnífica estrategia, por cierto, en orden a generar ansiedad pública y a fomentar una demanda popular de más protección policial y jurídica.

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A 25 años de la “intifada del Besòs” o la apropiación simbólica del conflicto urbano en el margen derecho del Besòs.

El solar de la palmera en octubre de 1990 | Fuente: http://www.ccma.cat/

por Giuseppe Aricó (OACU)

Desde la semana pasada, diversos medios de comunicación se están preocupado por recordar que estos días se cumplen exactamente 25 años de la “intifada del Besòs”. Todo empezó la última semana de octubre de 1990, cuando la administración decidió levantar, en un amplio solar del barrio, alrededor de 200 VPO para realojar a algunos vecinos del cercano barrio de La Mina y otras “zonas calientes” del área metropolitana. Tal y como ha enfatizado Javier Torres en La Vanguardia, ese acontecimiento seguiría representando hoy día “una gesta de la que los habitantes del distrito están orgullosos y que han evocado esta semana, como si de un espíritu guerrero se tratara, para alzarse contra el aumento de la venta de drogas y de la ocupación ilegal de pisos. Ambas han aumentado mucho en los últimos meses como efecto contagio por la creciente degradación del colindante barrio de la Mina”.

Como si de un maleficio se tratara, parece que la historia vuelva a repetirse evocando, un cuarto de siglo más tarde, las mismas motivaciones que supuestamente estaban entonces en la base del conflicto. Efectivamente, en 1990 el problema de fondo parecía ser la cierta ansiedad que generaba La Mina en el imaginario colectivo como símbolo de “delincuencia”, “drogadicción” e “incivismo”. Así, para la clase social obrera del Besòs, ya empobrecida y afectada por el desempleo, la noticia de una posible “cohabitación” con residentes de La Mina habría implicado el declive definitivo del barrio. Pero ¿fueron real y únicamente éstas las razones que fundamentaron lo que ha pasado a conocerse como la más grande revuelta vecinal de Barcelona desde el restablecimiento de la “democracia”? ¿Podría haber algo más tras las reivindicaciones de aquellos vecinos que, con tanto orgullo y tanta rabia, lucharon en contra de unos proyectos urbanísticos que no tenían en cuenta sus necesidades reales?

El hecho es que el 1990 fue, además, un año clave para entender la forma en que los barrios del margen derecho del Besòs, que empezaban a ocupar una posición estratégica en el territorio metropolitano, fueron sistemáticamente privados de toda posibilidad participativa en los proyectos urbanísticos perfilados desde la élite política y económica que dominaba la ciudad condal. Ya a mediados de los ’80, el simple anuncio del proyecto olímpico implicó un cambio de escala significativo en las prioridades urbanísticas de una Barcelona cada día más proyectada a nivel global que ansiaba afirmarse como la millor botiga del mon. El recién nacido “urbanismo democrático” ya no aspiraba a la simple transformación física de la ciudad, sino a promover la resolución o edulcoración de los conflictos socio-económicos mediante la intervención directa o indirecta en su espacio urbano.

De ese modo, todas aquellas actuaciones dirigidas a generar un “espacio público de calidad”, no sólo se convirtieron en el rasgo definitorio e ideológico de lo que pasaría a conocerse como model Barcelona, sino que vendrían a caracterizar la manera de hacer ciudad desde que Narcís Serra tomara posesión del alcaldía en 1979. Esa nueva forma de intervenir en las políticas sociales y urbanas de Barcelona acabó configurando un nuevo imaginario colectivo donde las condiciones de opresión social, política, económica y cultural, a las que había estado sometida gran parte de la ciudadanía durante el Régimen franquista, parecían quedar estrechamente e únicamente vinculadas a la época predemocrática. Como señalara acertadamente Santiago López Petit, “el modelo Barcelona fue construido mediante la expropiación y capitalización de la fuerza colectiva de las luchas antifranquistas, mediante la canalización de un derecho a la ciudad reivindicado en la calle. El modelo Barcelona, en fin, es hijo de la transición política postfranquista, y por eso encierra todas sus contradicciones”.

Desde esta óptica, el período que más se correspondería con el desarrollo, máximo éxito y estancamiento de dicho modelo, es sin duda el encarnado por la alcaldía de Pascual Maragall (1982-97), quien, con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, sostenía que “la mejora del espacio público es relevante para la resolución de los problemas económicos y sociales”. Una afirmación que pondría explícitamente de manifiesto la importancia del intervencionismo urbano para la regeneración -y consecuente privatización- del espacio dentro y fuera de los límites urbanos de Barcelona. Muy pronto estos procesos llegaron hasta el margen derecho del Besòs, donde la metamorfosis urbanística impulsada por los JJ.OO. había experimentado su máximo momento de inflexión con la realización del tramo de la Ronda Litoral que va desde el barrio de La Mina hasta el municipio de Montcada i Reixac.

Con la apertura de esta vía rápida, se registró un incremento muy considerable de la accesibilidad metropolitana, lo cual beneficiaba en particular modo las inversiones privadas relacionadas con el sector terciario, el turismo y los grandes eventos de ocio. Este aspecto no tardó en despertar los intereses y la codicia de promotores y empresarios inmobiliarios cuya ambición primordial era imprimir un cambio radical al conjunto del margen derecho del río a nivel no sólo territorial y urbanístico, sino sobre todo social. Barrios sistemáticamente olvidados y marginados, como El Besòs, La Verneda, La Catalana y sobre todo La Mina, se encontraron de repente en el centro de mira de todos los intereses que incumbían en el conjunto del territorio fronterizo de Barcelona. Se trataba, de hecho, de revalorizar el territorio y, de ser posible, su población transformando la zona en una área de “nueva centralidad” metropolitana a merced de atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales.

Pero el Ayuntamiento de Sant Adrià consideraba que la revaloración del margen derecho del Besòs representaba una tarea muy difícil de conseguir mientras que el barrio de La Mina, considerado deliberadamente como un “estorbo”, quedara ahí enclavado en un territorio que se hacía cada vez más rentable. Este factor explicaría, en cierta medida, porqué entre las opciones barajadas por el consistorio adrianense durante la década de los ’80 para “regenerar” este barrio hubiera incluso una que proponía demoler, parcial o totalmente, el mismo. Así lo planteaba la Proposta Bàsica de Gestió de “La Mina”, un informe elaborado en 1987 por la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) y que contaba con el visto bueno del entonces alcalde de Sant Adrià, el socialista Antoni Meseguer, así como de Pascual Maragall por el Ayuntamiento de Barcelona y el de, aun entonces intachable, Jordi Pujol por la Generalitat.

De esa forma tan mezquina, REGESA y el consistorio adrianense justificaban, con la complicidad de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, la extirpación parcial o total de un barrio que, en aquel entonces, ni siquiera tenía 15 años de vida. Una intervención tan radical como la propuesta por REGESA era, por supuesto, difícilmente viable en un barrio de la magnitud de La Mina, pero ese tipo de planteamientos, donde la vida de los vecinos venía sistemáticamente subordinada al valor del suelo, volvería a cobrar fuerza en los años sucesivos mediante nuevos proyectos de transformación. En efecto, ya mediados de los ’80, los vecinos de La Mina habían logrado que la Generalitat se comprometiera a edificar unas 200 viviendas de protección oficial para atender a la que se presumía una de las necesidades más urgentes del barrio: esponjar su densidad.

Este compromiso preveía que el Ayuntamiento de Sant Adrià cediera a la Generalitat el terreno donde construir las nuevas viviendas. Inicialmente todo apuntaba a que la operación sería simple, ya que la administración local disponía de suelo en el barrio de La Catalana. Sin embargo, se trataba de suelo adquirido ya a mediados de los ‘80 por la propia REGESA, la cual preveía remodelar la zona en vista de los JJ.OO. El consistorio adrianense propuso entonces utilizar un terreno de propiedad del Consell Comarcal, que se hallaba justo en la frontera, más simbólica que física, entre los barrios de La Mina y El Besòs. En realidad, se trataba de un terreno que los vecinos de El Besòs reclamaban, ya desde hacía casi una década, como espacio para equipamientos y que pasó a ser popularmente conocido como el “solar de la palmera”, plantada por uno de los vecinos para reclamar su conversión en zona verde.

A finales de octubre de 1990, cuando El Besòs era todavía un barrio malamente urbanizado y con un índice de desocupación laboral muy elevado, la noticia de que en aquel solar se construirían viviendas destinadas, mayoritariamente, a los “problemáticos” habitantes de La Mina, abocó rápidamente en lo que Carlos Nadal bautizara como “intifada del Besòs”. Las razones iniciales que estaban a la base del conflicto eran que en el solar en disputa no se construyeran más viviendas, sino los equipamientos reclamados por los vecinos. Sin embargo, el clima de fuerte exaltación popular, las duras cargas policiales y el descontento político que seguían creciendo día tras día en el barrio, acabaron agravando el malestar social y económico acumulado en las décadas anteriores. Precisamente a causa de dicho malestar, algunos vecinos del Besòs empezaron a reelaborar una problemática de carácter eminentemente social mediante unos tópicos fuertemente raciales.

Factores como la violencia, la drogadicción y la criminalidad, que estigmatizaban al conjunto de los habitantes La Mina, serían elevados a causas principales del conflicto. Todo ello desembocó en la formación de un movimiento vecinal desvinculado de la A.VV del Besòs y que empezó a reivindicar “el barrio sólo para los del barrio”. Tanto la compleja realidad socio-espacial del Besòs, como la de La Mina, parecían haber quedado definitivamente ocultas tras el conflicto surgido alrededor de los hechos del solar de la palmera, esto es, reducidas simplemente a ello. Pero la realidad, que ninguna institución o medio de comunicación quería ver, era bastante diferente. En el caso del solar de la palmera, lo que realmente se reivindicaba por parte de la gente del Besòs era la utilización exclusiva de un espacio. La motivación, absolutamente legitima, que sustentaba esa acción de protesta se fundaba, de hecho, en antiguos conflictos políticos con el Ayuntamiento de Sant Adrià. En definitiva, las exigencias vecinales por el espacio chocaban con el interés político por el suelo.

Si bien la misma A.VV. del Besòs reclamaba los equipamientos pendientes, nunca había dejado de pedir una solución concreta también para los habitantes de La Mina. Por otra parte, los sectores más activos del movimiento vecinal de La Mina, que conocían de cerca el barrio del Besòs y las razones que estaban en la base del conflicto en curso, ya habían advertido a las administraciones locales respecto del posible problema que implicaría construir allí las viviendas que la Generalitat les había prometido. Desde hacía años, dichos sectores eran partidarios de la construcción de las nuevas viviendas en los terrenos de La Catalana, pero ni ellos ni la población de La Mina en general sabían que dichos terrenos ya habían sido vendidos en 1989 por REGESA a otras promotoras inmobiliarias, dirigidas por Gerard Gómez, un empresario francés atraído por la posibilidad de hacer negocios en el margen derecho del Besòs y que llevaba años en tratos con el alcalde Meseguer.

Los JJ.OO. estaban a punto de celebrarse y los conflictos que persistían en la zona desde finales de los ‘80 se hacían cada vez más ingobernables, lo cual aumentaba la preocupación y, por ende, el descontrol político de las administraciones. En respuesta a tal preocupación, a finales de 1990 el Ayuntamiento de Sant Adrià contractó con toda urgencia a un equipo de arquitectos, al cual encargó la redacción de una propuesta de modificación parcial del PGM de 1976, denominada Pla del Marge Dret del Besòs a Sant Adrià (PMD). Elaborado por los arquitectos Lluís Cantallops, Manuel Ribas y Estanislau Roca, el PMD pretendía reconducir las intervenciones previstas en el margen derecho del Besòs estableciendo que el área alrededor de La Mina se convirtiera en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte”, con el fin de acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

En este sentido, lo más significativo del PMD era su radical cambio de escala en relación a las actuaciones previstas para La Catalana y cuya “nueva centralidad” obligaba “a replantear las hipótesis anteriores y a proponer otras que potenciaran esta calidad en beneficio del propio barrio y de los barrios que lo rodean”. Este aspecto implicaba que también La Mina se considerara como parte de un “contexto territorial más amplio” en fase de transformación. En esta dirección, el PMD preveía el derribo da gran parte de los bloques de la Mina Nova con el objetivo de “acabar con su conflictividad”, pero mantenía totalmente inalteradas las prioridades del consistorio adrianense en La Catalana, así como las de Barcelona, que anhelaba a realizar un puerto deportivo justo al lado de la desembocadura del Besòs. Para garantizar el éxito de esos proyectos, el PMD optaba claramente por una estrecha colaboración entre agentes públicos y privados, algo que respondía a un modelo urbanístico cada vez más en boga en la agenda municipal de la Barcelona olímpica.

Pero las expectativas de negocio de los promotores privados disminuían a medida que se hacía cada vez más claro que el cercano centro comercial de Diagonal Mar, concebido como el verdadero núcleo de la “nueva área de centralidad” emergente, produciría una competencia muy importante si no insostenible. Y había más. La operación de venta de los terrenos de propiedad de REGESA estaba supeditada a la existencia de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 1984, que preveía nuevas viviendas sociales y definía el trazado de la Ronda Litoral y la redistribución de La Catalana. Según el alcalde Meseguer, ese PERI debía ser posteriormente modificado para permitir la construcción de la superficie comercial y residencial que el promotor Gerard Gómez pretendía realizar en La Catalana. Pero, a principios de los ’90, Gómez descubrió que, en realidad, el PERI había sido anulado por el Tribunal Supremo ya en 1987, razón por la cual denunció a Meseguer por falsedad y estafa.

En definitiva, la gran urgencia con la cual se pretendía “revalorar” la zona, en pos del más amplio proceso de transformación urbana del litoral barcelonés, pecaba de una seria y sistemática falta de atención hacia la evaluación no sólo de los costos sociales que este proceso implicaba, sino también de la real viabilidad económica de toda la operación. En efecto, la obstinación del consistorio adrianense en buscar la complicidad del sector privado había provocado que la gestión política y territorial del margen derecho del Besòs quedara a merced de los diferentes intereses en juego en el área. Éstos oscilaban entre los del Ayuntamiento de Sant Adrià, atravesado por una crisis económica y política sin precedentes, y los del Ayuntamiento de Barcelona, que perseguía su gran “sueño olímpico” limitándose a actuar en segundo plano pero manteniendo su papel de deus ex machina. Al mismo tiempo, el Govern de Catalunya intentaba eludir todo tipo de responsabilidad y compromiso, mientras la Administración General del Estado se permitía el lujo de mirarlo todo desde la distancia lavándose las manos.

Finalmente las viviendas del solar de la palmera no se construyeron, los grandes proyectos pensados para La Catalana no llegaron a cumplirse y las problemáticas sociales de La Mina empezaron irremediablemente a enquistarse. Definitivamente, la gran “ocasión olímpica” para promover la supuesta transformación del margen derecho del Besòs, tanto deseada por Meseguer, Maragall y Pujol, había fracasado por completo. Sin embargo, esa frustración urbanística debería considerarse más bien como un fracaso relativo, puesto que tras la tentativa olímpica para “regenerar” ese espacio no se escondía sino la afirmación de la supremacía urbanística de Barcelona y de sus intereses frente a la debilidad de los municipios de su entorno. Un reto, éste, indudablemente alcanzado. Tal vez, las nuevas retoricas político-económicas que acompañaron el nacimiento de un supuesto “urbanismo democrático” consiguieran apropiarse, simbólica y realmente, de las reales motivaciones que estaban en la base de la intifada del Besòs.

Si bien es cierto que los vecinos obtuvieron los equipamientos por los cuales habían luchado, aunque en otro terreno cercano, también es cierto que de aquel legendario solar hoy día sólo quedan unos pocos metros cuadrados convertidos en “área verde” y la palmera sigue aun en pie como tótem de unos hechos casi míticos, que pertenecen únicamente a una memoria colectiva. A parte de una residencia por ancianos, el resto del solar ha sido ocupado por una gran plataforma comercial alemana y, en la parte más contigua a La Mina, una serie de bloques escalonados de viviendas de precio libre, pensados por una clase social más pudiente, marcan la frontera entre ambos barrios.

Al mismo tiempo, las problemáticas estructurales de las viviendas del Besòs siguen agravándose sin ser intervenidas, la tan internacionalmente aclamada “transformación” de La Mina ha fracasado clamorosamente y el barrio de La Catalana ha, literalmente, desaparecido del mapa. Como si ello no bastara, la desocupación, los desalojos, la densidad, la precariedad habitacional y la segregación socioeconómica sufrida por esos barrios, han seguido creciendo de forma directamente proporcional a la especulación urbanística practicada a lo largo y ancho del margen derecho del Besòs. En el fondo, nada o muy poco ha cambiado desde aquel octubre de 1990. Lo único que lo ha hecho, y de forma sensible, es sin duda alguna el valor del suelo.

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Movimientos sociales y soberanía alimentaria en Barcelona

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Pancarta en el Hortet del Forat |Giuseppe Aricó

por Ana Karina Raña, investigadora visitante en el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà

Una reconocida característica del capitalismo en su expresión neoliberal es la extensión de sus esquemas especulativos inherentes a cada uno de los ámbitos que constituyen la vida social. Así, y desde hace algunas décadas, aquellas cosas que eran entendidas como parte del interés colectivo de las sociedades están ahora gestionadas y resignificadas por la lógica del libre mercado que ocupa más y más espacios. lo que comemos no escapa a esta construcción. Nuestra restringida capacidad de decisión respecto a lo que consumimos se exacerba en las ciudades que dependen, en gran parte, de las cadenas de distribución de alimentos desde los círculos productivos hacía su interior.

Sin embargo este proceso de frenética mercantilización encuentra resistencias desde diferentes flancos. Uno de ellos se da a través de los movimientos sociales, organizaciones y el activismo que se han ido extendiendo y que cuestionan justamente el carácter exterminador del sistema combatiendo desde lo colectivo al individualismo precarizante que el neoliberalismo ha instalado. Estas resistencias generan actitudes, acciones e interacciones que construyen una lógica diferenciada y que encuentran en su práctica cotidiana la reafirmación de sí mismos intentando paralelamente recuperar aquello que la generación de beneficios tiene tan cómodamente secuestrada. Así temas como el acceso a la vivienda o a la educación se propagan globalmente como puntos de oposición a lo que se constituye como un modelo dirigido a la rentabilidad, dentro de esto el ámbito alimentario no es una excepción encontrando también un nicho de acción en Barcelona.

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Ronda de reciclaje alimentario en el Ateneu L’Entrebanc | Ana Karina Raña

De este modo, diversas iniciativas incluyen la alimentación dentro de una interpretación amplia de la sociedad y que vinculan acciones consistentes con esta visión tanto más holística. Estas incorporan el tema alimentario de dos maneras, no mutuamente excluyentes pero que son analíticamente diferenciables. La primera, como parte de una crítica generalizada al capitalismo y al avance de las políticas neoliberales dentro de la producción alimenticia, está vinculada al movimiento por la soberanía alimentaria, concepto que incluye de no sólo una alimentación sana o accesible sino que también toma en cuenta factores medio ambientales, culturales y de justicia social. Esta posición se encuentra enraizada sobre la crítica a la mercantilización de los sistema productivos alimentarios adquiriendo relevancia así el incremento en los procesos de descampesinización en diferentes partes del mundo y las consecuencias que esto tiene en términos demográficos y de desdemocratización incluso en contextos no rurales. La soberanía alimentaria hoy en día se entiende como una postura con gran potencial transformador que instala una alternativa a la economía de mercado y las relaciones desiguales en las que ésta se basa.

Este razonamiento se expresa hoy en día en Barcelona a través de, por ejemplo, la proliferación de huertos urbanos. Sin embargo, la soberanía alimentaria traspasa estos espacios y se establece como una visión crítica entre los activistas que vincula el orden social a lo que comemos. Al mismo tiempo, estas experiencias no se limitan a la crítica a la cadena alimentaria productivista y a su posible sustitución. El caso de los huertos urbanos tiene también otra dimensión que se enlaza con la segunda forma de leer las acciones colectivas que relacionan movimiento social y alimentación.

La incorporación de la comida dentro de la actividad de organizaciones y activistas, no es en absoluto nueva, ha sido una parte importante de la evaluación que el activismo ha hecho históricamente. Los ya mencionados huertos urbanos o también las redes de reciclaje de alimentos, parecen integrar esta idea de la soberanía alimentaria en una representación aún más amplia de soberanía, donde se interpreta este elemento como una parte de la recuperación de espacios de desarrollo colectivo dentro de normas y fronteras establecidas por sus propios miembros. Esta visión antagoniza con el modelo neoliberal y por lo tanto propone una forma alternativa de hacer que la oficialmente estipulada.

Hort de Vallcarca | font pròpia

Pancarta en el Hort de Vallcarca | Giuseppe Aricó

En este sentido los huertos urbanos y las redes de reciclaje tienden a autoconvocarse en un ánimo de recuperación de espacios físicos y simbólicos, enfocándose en la construcción colectiva de los barrios en los que operan, e incluso superándolos creando redes de apoyo que sobreentiende el territorio como un espacio de realización política que no es posible de construir en el aislamiento. La instalación de jardines productivos, no cumple con el rol exclusivo de la provisión de alimentos, es más bien un punto de partida y de ruptura dentro del contexto urbano. Este fin, por cierto, reconoce la importancia de la alimentación pero ya no como una cuestión adosada al ámbito de lo privado si no que encuentra su máxima potencialidad en el integrarlo como un aspecto de la vida colectiva del barrio y de la ciudad. Así mismo, las redes que reciclan alimentos sitúan la recuperación de la comida como un asunto de sobrevivencia en condiciones particulares, pero también apunta a la consolidación de un modelo que fortalece el tejido social principalmente a través del ejercicio de la ayuda mutua, por mencionar algún factor, que viene a revertir el individualismo incitado por la economía de mercado.

Esta distinción que envuelve lo alimentario dentro del movimiento social no implica una homogeneidad de estrategias. Al contrario, la expresión de esto dentro del ejercicio de una soberanía ampliada implica la escenificación de tácticas que sobrevienen desde las particularidades del espacio que ocupan y se construyen, básicamente, en torno a ejercicios de ensayo y error que pulen y adaptan lo que primero es quizás más una intuición pero que su uso va enraizando hasta hacerlas rutinas. Estas dos formas de entender las prácticas enfocadas en la alimentación, la de relevancia de la soberanía alimentaria y la que reconstruye los lazos sociales dentro de los barrios como parte de la práctica política de los mismos, se encuentran entrelazados uno con otro de tal forma que constituyen un discurso unificado y que está permanentemente justificando uno la existencia del otro. Los espacios ganados y defendidos son espacios de lo social en donde pareciera que los elementos que lo componen vuelven a restituir un todo que había estado atomizado. La alimentación tiene un papel dentro de esto así como también lo tiene lo habitacional y el intercambio de bienes, aunque también la entretención y lo educativo.

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Entrada de Can Batlló | Ana Karina Raña

La experiencia que las organizaciones y activistas llevan a cabo hoy en día en Barcelona nos hablan de una construcción paralela que hace evidente y palpable las contradicciones entre lo que sale hacía afuera y lo que sucede de verdad en la ciudad. Ponen de manifiesto como la ciudad está siendo organizada para ciertos usos y actores, y para poner en juego ciertos recursos. La imagen de la ciudad juega en las ligas de las grandes ciudades globales y su realidad es que en la escala nuclear ese mismo modelo que se proyecta es el que se crítica a través de las prácticas de una buena porción de sus habitantes. Es tentador el preguntarse y pronosticar donde estas acciones van y cuáles son los posibles resultados de estas, sin embargo el crédito de esta forma de organizarse no está en su meta, sino más bien es el camino lo que las hace interesantes, profundas y muchas veces conmovedoras.

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La vida en Venus: Efectos colaterales de una fantasmagórica regeneración urbana

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: http://desdelamina.net/drupal/

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: desdelamina.net

Articulo publicado originariamente en catalán en el dossier  “A voltes amb el conflicte urbà”, La Veu del Carrer, nº 133 (octubre 2014), Barcelona: FAVB, pp. 15-25.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A finales de mayo de 2013, en la edición electrónica de un influyente diario nacional, se abrió una encuesta con el objetivo de recaudar la opinión popular sobre el posible derribo del imponente bloque de la calle Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sobre un total de 121 participantes, los resultados mostraron de forma tajante que el 75% de estos se decantaba por el “sí”, mientras únicamente el 14% apostaba por su mantenimiento y un 11% no tenía una opinión formada. Pero la importancia de esta encuesta no radicaría tanto en los resultados obtenidos -más o menos fieles a la realidad-, sino más bien en su significado en cuanto al modus operandi adoptado por las administraciones respecto a una operación socialmente tan compleja y delicada. Inicialmente programado para el año 2010, el derribo de Venus constituía la operación clave del Plan Especial de Reordenación y Mejora del 2002, es decir, el punto final del proceso de “regeneración urbana” enmarcado en el más amplio Plan de Transformación del Barrio de La Mina (PTBM 2000-2010).

Con un presupuesto inicial de más de 170 millones de euros, el PTBM preveía realizar toda una serie de actuaciones urbanísticas, acompañadas por un potente programa social, dirigidas a poner definitivamente fin a la “histórica conflictividad” del barrio. Hoy en día, el presupuesto general del PTBM ha superado ya los 200 millones, pero sus ambiciones fundamentales –“esponjar el barrio”, “mezclar población”, “erradicar la delincuencia” y “diluir territorialmente los focos de conflictividad”- no han llegado nunca a cumplirse sino, más bien, a encarnar el fracaso clamoroso del proceso de transformación al cual se pretendía someter La Mina. El hecho es que el PTBM había sido estratégicamente enfocado, desde el principio, hacia los intereses privados del mercado inmobiliario, subordinando la esfera social al mero beneficio urbanístico, con la consecuencia de pensar más en las piedras que en las personas. El caso más emblemático de tal subordinación estaría representado por el bloque Venus cuyo hipotético derribo implicaría un impacto social de proporciones considerables, puesto que exige el desalojo de unas 240 familias y su posterior realojo en nuevas viviendas de protección oficial repartidas por el barrio.

Sin embargo, tal operación no estaría explícitamente incluida dentro de las actuaciones de esponjamiento previstas por el PTBM, ni existiría ningún documento oficial que determinara sus reales motivaciones. Pero poco importa todo esto, puesto que Venus representaría la parte degenerada por excelencia del barrio, esto es, el punto cero desde donde abordar la gestión de la conflictividad en toda su complejidad. Su derribo tendría entonces la fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el pasado nefasto del barrio para construir “nuevos modelos de convivencia” y un futuro mejor para todos. En ningún momento se ha puesto en cuestión la relación de la vida social del barrio con su morfología urbanística, los orígenes de la cual se encuentran en plena época de desarrollismo franquista. Nadie ha recordado que la falta originaria de equipamientos y servicios básicos, junto con la concentración espacialmente impuesta desde el principio, podría ser el detonante de la competencia entre vecinos por recursos escasos. Nunca se ha tenido en cuenta que las políticas de vivienda, efectuadas sobre el entorno urbano por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, consiguieron configurar La Mina, y especialmente Venus, como lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del contexto metropolitano. Nadie ha pensado que la generación de conflictos permanentes entre los diferentes sectores de residentes podría tener su origen en el alta rotación del vecindario, con historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

A pesar de que las administraciones hayan recientemente barajado diferentes alternativas al derribo de Venus, no tenemos igualmente que dejar de preguntarnos cuáles serían las responsabilidades de la administración local y autonómica en el lento – y quizás funcional – proceso de degradación del edificio al no intervenir en su posible rehabilitación e impedir a los vecinos hacer reformas o vender sus pisos en el momento oportuno. En noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Sant Adrià volvió a hacer marcha atrás respecto al derribo de Venus, insinuando la probabilidad –no confirmada- de que finalmente la operación podría no llevarse a cabo. Sin embargo, en ese mismo año, el plazo de ejecución del PTBM fue finalmente pospuesto a finales del 2015 y, con ello, el destino incierto de Venus y de sus vecinos. Posiblemente, a lo largo de las últimas cuatro décadas la percepción y utilización de la Mina en clave preferentemente económica habría funcionado como productor de importantes expectativas de capitalización de rentas mediante su reiterada “regeneración”, con el efecto colateral –digamos- de aislar sus problemáticas y consolidar severos patrones de segregación socio-espacial. Todo esto tendría que obligarnos a repensar la manera en que solemos concebir este barrio y su “conflictividad”, que, en lugar de ser criminalizada y corregida, quizás debería de verse como parte de la estrategia del cómo personas sistemáticamente excluidas de la “ciudadanía” y la “normalidad” siguen insistiendo sobre su inclusión desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir, habitar e, incluso, reivindicar su espacio.

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Tots els mals de la caixa de Pandora

Font: OACU

Font: Albert Marín-OACU

 

Comunicat de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) sobre els fets de la #OperaciónPandora

El passat 16 de desembre, a un quart de sis del matí, un operatiu format per 700 agents dels Mossos d’Esquadra, complint ordres de l’Audiència Nacional espanyola (hereva del Tribunal d’Ordre Públic del franquisme), en un operatiu ordenat pel jutge Javier Gómez Bermúdez sota el nom de “Operació Pandora”, van realitzar 11 detencions en catorze registres, tretze a Catalunya i un a Madrid. D’aquestes detencions, 7 van ser confirmades en els següents dies, acordant,  a petició de la fiscalia, l’ingrés a presó preventiva a Soto del Real. Els escorcolls es van produir en pisos particulars i entitats: al barri de Sant Andreu de Palomar els Mossos d’Esquadra van entrar a l’Ateneu Llibertari del Palomar, i al Poble Sec a l’Ateneu Anarquista. D’aquests, el que tingué més ressò fou el de la Kasa de la Muntanya, històrica casa okupada de Barcelona que enguany compleix 25 anys d’activitat.

Les irregularitats en la realització de l’operació no han estat excepció: tot l’operatiu va ser legitimat per el secret de sumari, cap dels detinguts va poder conèixer de què se les acusava, cap còpia de l’inventari del material requisat va ser produïda, el tracte de les persones que habitaven als immobles objecte d’escorcoll va ser humiliant i arbitrari. No obstant, sí ha transcendit el contingut de la interlocutòria de presó preventiva on el jutge detalla que les imputacions són per un presumpte “delicte de constitució, promoció, direcció i pertinença a organització terrorista”, així com pel presumpte delicte de “tinença i dipòsit o aparells explosius i inflamables, incendiaris o asfixiants”. També hi suma el “delicte de danys i estralls amb finalitat terrorista”. En declaracions a La Directa, Jaume Asens, un dels advocats que assisteix a un dels detinguts denunciava l’opacitat de tot el cas: “tant els Mossos com la Fiscalia, parlen de terrorisme sense especificar ni tipus delictius concrets, ni fets concrets individualitzats que se’ls imputa a cadascun d’ells”.

Així mateix, en un text publicat també a La Directa, Benet Salelles, també advocat d’una de les detingudes, manifestava la seva perplexitat per la lectura de les interlocutòries de presó provisional: “El jutge parla dels GAC (Grups Anarquistes Coordinats) com a organització terrorista i utilitza per a provar la pertinença dels imputats els fets que assistien a reunions o que participaven en l’elaboració de butlletins i publicacions de caràcter propagandístic llibertari. Altra vegada, la democràcia segrestada. L’associacionisme com a base de la sospita. El vincle comunitari com a eix del mal. La reflexió i la ploma crítica com a indici terrorista. La resolució judicial no concreta cap relació de les persones detingudes amb cap bomba concreta, amb cap explosió, amb cap dany, ni tan sols amb un trist contenidor cremat. Ja tenim doncs la perversió conceptual servida: el terrorisme ja no es genera amb atemptats contra les persones o els béns, la intimidació pròpia de la violència política ara neix de les reunions, els butlletins, les cartes i la solidaritat amb les preses”.

Dels possibles atemptats terroristes res en sabem, ni nosaltres ni bona part de la premsa que ràpidament ha corregut a difondre la informació policial com a verídica. La pregunta és clara, de què s’acusa a les persones detingudes? On ha explotat un artefacte? Qui ha mort, o resultat ferit, per un “atemptat anarquista”? Ens trobem no solament davant d’un indiscutible intent de demostració de força i de poder per part de l’Estat, sinó també d’una clara i evident expressió de com s’articulen els processos de construcció ideològica de l’enemic, que són posats en marxa en el marc del que no poden ser sinó desesperades temptatives per mantenir l’hegemonia de l’ordre social, polític i econòmic imposat, reflex inequívoc de l’estat de debilitat i desestabilització que assetja el govern actual. Aquest enemic que ens han presentat podria resultar no ser més que l’encarnació resultant dels mecanismes o habilitats recursives de l’Estat destinades, entre altres coses, a allunyar el focus d’atenció de la gravetat – i responsabilitat – de l’actual situació política i econòmica, o de reafirmar una pretensiosa i autoadjudicada capacitat per mantenir aquesta seguretat ciutadana a la que s’apel·la amb la nova Llei aprovada pel Congrés en matèria del que no deixen de ser mesures de control i repressió de la protesta i la dissidència.

Aquesta projecció de l’encarnació del mal sobre un col·lectiu concret, així com el tractament mediàtic i policial estigmatitzant, li confereix a aquests col·lectius (anarquistes, okupes, etc.) la qualitat d’enemic identificable, reconeixible, que s’ha fet present entre nosaltres, i que de forma imprevisible podria tornar a aparèixer. D’aquesta manera, pretenenfer-nos creure que aquesta nova tipologia d’enemic, el ”anarquista terrorista” que pretesament habita i actua avui en dia a les nostres ciutats, s’ha estat amagant fins ara, invisible, sense que ningú s’hagués adonat de la naturalesa criminal de les seves activitats. La personalització, així com l’assenyalament topogràfic de “l’enemic”, aconseguida mitjançant els registres i detencions realitzades i la producció del discurs mediàtic sobre aquestes, acaba amb la condició abstracta de la trama genèrica, situant-la en punts concrets del mapa, en llocs com la Kasa de la Muntanya, a els Ateneus Llibertaris, etc., espais de debat polític, associacionisme de barri i difusió de cultura llibertaria que ara són criminalitzats.

No oblidem, com assenyalava immillorablement Gerard Horta a VilaWeb, que “l’etimologia del mot ‘terrorisme’ remet a processos d’aterriment social originats i exercits pels estats sobre les societats. Que l’Audiència Nacional espanyola o un dels seus servents al nostre país – el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya – pretenguin actualitzar periòdicament aquest vell dispositiu social consistent a projectar l’encarnació del mal en un grup de gent – heretges, bruixes, judeo-maçons, boigs, adolescents, comunistes, drogoaddictes, negres, immigrants, pobres, independentistes, okupes, musulmans o anarquistes –  no ens hauria de fer perdre de vista que l’únic immens mal que sofreix la majoria social treballadora és el fruit de la injustícia social i de la desigualtat de la societat de classes”.

Des de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) expressem tota la nostra indignació i ràbia cap a l’ocorregut, veritable caça de bruixes dirigida des de l’autoritat i destinada únicament a sacralitzar, una vegada més, el seu mesquí poder i insolent impunitat enfront del poble i la justícia social. Així mateix, manifestemla nostra solidaritat amb els que han patit i estan patint els efectes de l’Operació Pandora,les nostres companyes i els nostres companys, veïnes i veïns que son criminalitzades per lluitar al costat dels desnonats, els immigrants i els col·lectius discriminats, per canviar aquest sistema injust que ens vol mantenir quietes i emmordassades en la seva democràtica dictadura neoliberal.

Barcelona, 21 desembre de 2014

Per una versió més extensa del comunicat, podeu clicar aquí.

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Livig Barcelona! (Punki version)

OACU Produccions presenta:

Living Barcelona! (Punki version) Real como la vida misma

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ENS PLANTEM! Acte pels drets civils, polítics i reproductius

desob14acteDESOB14 | Acte contra l’Estat i crida a la desobediència

25 març 2014 // 18:30h

Aula Magna

Uiversitat de Barcelona

Campus Raval

La crisi financera i econòmica que està devastant les societats occidentals des de l’any 2008 i que ha portat la imposició de polítiques públiques d’ajustament impulsades pels poder polítics, han donat lloc a regressions greus en matèria de drets socials i econòmics. El dret a la salut, a l’educació pública i de qualitat, a l’habitatge, al mediambient i a l’energia, al treball o a la cultura han estat contínuament retallats i buidats de contingut, convertint-los en mercaderies accessibles només per aquelles persones que s’ho poden permetre. Mentre la riquesa es concentra cada vegada en menys mans, la majoria de la població es veu abocada a una situació de pobresa i precarització cada cop més insostenible.

Davant d’aquesta situació, amplis sectors de la nostra societat van decidir respondre. Sortint de l’aïllament i de la frustració, van obrir una fase de fortes aspiracions de canvi social, mitjançant extensos processos de protesta, desobediència i autoorganització.

Com a reacció envers aquest despertar, el govern espanyol ha posat en marxa un procés de reestructuració del marc dels drets i llibertats que té com a fita la construcció d’un règim de trets autoritaris que preservi l’etiqueta “democràcia”. L’aprovació de les projectades reformes del Codi Penal, de la Llei d’Enjudiciament Criminal, de la Llei de l’avortament, de la Llei de Seguretat Ciutadana i de la Llei de Seguretat Privada representarien un salt enrere de més de 40 anys en els drets civils i polítics fruit de dècades de mobilització i lluita. Aquestes reformes:

  • Restringeixen de forma absolutament innecessària, injustificada i desproporcionada el dret de reunió i manifestació, així com la llibertat d’expressió, d’opinió i d’informació.
  • Consoliden el procés d’expansió del dret penal, criminalitzant encara més la dissidència i la pobresa.
  • Suposen una profunda vulneració del dret al propi cos i a la llibertat de decisió de les dones.
  • Doten els poders públics d’amplis marges d’arbitrarietat davant la ciutadania que protesta i que fa ús de l’espai públic.

Aquestes reformes suposen un atac tan greu, que el rebuig social ha de ser igualment contundent. Des de la Campanya Desobediència 2014, integrada per persones i col·lectius socials, sindicals, veïnals, i de defensa dels drets humans fem una crida a que la societat civil es posicioni de manera ferma i massiva contra aquesta intolerable ofensiva, deixant clar que no acceptarem cap retrocés en els drets i llibertats conquerides gràcies a l’esforç de generacions de persones lluitadores. De fet, aquest retrocés ja el venim patint. No podem oblidar que 20 persones seran jutjades a partir del 31 de març per intentar aturar uns pressupostos antisocials amb una acció davant del Parlament. És per tot això que, en el cas que no s’aturin aquestes reformes, anunciem des d’ara que generarem mecanismes de desobediència col·lectiva per què aquestes lleis no es puguin aplicar.

Davant la [Re]tallada de llibertats, ENS PLANTEM!

#desob14

#STOPleyABORTO

#STOPleyMORDAZA

#STOPcodigoPENAL

Descàrrega el programa

Per a més info:  http://desobediencia2014.wordpress.com/

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“Hi ha un urbanisme proletari?” Conversa amb Pere López Sánchez

seminari_perelopezSeminari OACU

 

Miércoles 5 marzo 2014
18:00 h.

Aula 305 (3er pis)

Facultat de Geografia i Historia
Universitat de Barcelona
Campus Raval
c/Montalegre, 6-8
08023 – Barcelona

“Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)” (2013), último libro de Pere López Sánchez sobre la historia social de las casas baratas de Can Tunis en la revolución social de los años treinta, congrega los resultados de una mayúscula indagación sobre los hechos, las personas, los lugares y las prácticas que protagonizaron la primera y quizás única revolución libertaria en Europa. Para ello, el autor concentra su campo de observación en un barrio, eso sí, periférico en toda la amplitud del término, Can Tunis. La obra quiere recuperar un hilo roto de la historia, un hilo que no sólo se rompió por la derrota, también porque estos derrotados y derrotadas nacieron, crecieron y murieron en el margen aun siendo mayoría. Es ante todo un relato sobre lo incógnito, una especie de micro-memoria del dolor, del sufrimiento de los pobres, de los eternos perdedores, de sus esperanzas y de las prácticas para colmarlas. Ahora sí, ¿por qué es tan difícil conocer la memoria de los desposeídos, de los derrotados? Los efectos de la derrota no son solo barridos, sino también ilegalizados, maltratados hasta tal punto que algunos de sus protagonistas vivos -o sus familiares- no quieran recordar lo oscuro y doloroso de aquel acaecer.

Pere López Sánchez es autor de diferentes trabajos empírica y teóricamente muy sólidos, referentes imprescindibles para cualquiera que quiera estudiar críticamente los procesos sociales urbanos. Entre ellos destacan “El centro histórico. Un lugar para el conflicto” (1986), donde se anticipa la descripción de aquel proceso que hoy día conocemos como gentrificación, o “Un verano con mil julios y otras estaciones” (1993), una obra irrepetible sobre las resistencias que generó la apertura de la Via Laietana como expresión urbana del conflicto social.

Puedes seguir el seminario por streaming aquí

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27-28F: Judici contra quinze persones per una protesta contra l’alta velocitat

absolució-noTavDijous 27 febrer 10h; “Ciutat Justícia”, L’Hospitalet-BCN

Quinze persones s’enfronten a una petició fiscal de 6 mesos de presó per un delicte de desordres públics i a una possible indemnització de 40.000 euros.

Han passat set anys de l’estiu del 2007 en què van quedar en evidència les contradiccions i els riscos del model ferroviari basat en l’alta velocitat. Aquell estiu va estar marcat per les successives mobilitzacions que denunciaven, des de diferents àmbits, les seqüeles presents i futures de la flamant alta velocitat: l’empitjorament de la xarxa de rodalies fruit del desviament de recursos cap al projecte faraònic del TAV, les molèsties i la degradació de les condicions de vida de les persones que vivien a les zones colindants a les obres, i les conseqüències ecològiques, ambientals i socials d’un model construït per a les necessitats d’una elit i el benefici d’un reduït grup de multinacionals.

Fruit d’aquestes protestes els propers 27 i 28 de febrer se celebra un judici en l’anomenada Ciutat de la Justícia que no senta a la banqueta directius d’ADIF i RENFE, sinó als que van reflectir el profund malestar social que es vivia en aquells moments entre el veïnat de diferents barris i entre els usuaris del servei de rodalies. Durant dos dies, quinze persones que van accedir a un punt de les obres situat a l’altura de l’estació de metro de Santa Eulàlia per denunciar, seran jutjades per desordres públics. La protesta, desenvolupada a primera hora del matí, va consistir en la col·locació de diferents pancartes en les grues de les obres que en aquells moments es trobaven inactives, cridant a la participació del veïnat dels voltants, i es va allargar durant algunes hores fins que els Mossos d’Esquadra van accedir a la zona de la protesta per desallotjar els qui participaven. VÍDEO de l’ACCIÓ

Set anys després quinze persones s’enfronten a una petició fiscal de 6 mesos de presó per un delicte de desordres públics i a una possible indemnització de 40.000 euros (que l’empresa inicialment va taxar en 220.000 euros).

Era una més de les nombroses respostes que es van donar en aquest context per posar de manifest les conseqüències socials de l’alta velocitat. Un sentiment que contrastava amb el discurs de desenvolupament triomfalista especialment palpable entre la classe política catalana, per a la qual la paraula «infraestructures» sol servir per generar ferris consensos, impermeables a les protestes i a les crítiques. Motins de passatgers farts dels retards en rodalies, mobilitzacions dels grups veïnals de Sants que portaven anys reclamant soterrar les vies que travessen el barri o cassolades de veïnat afectat per les obres van posar en dubte a nivell social una obra inqüestionada per a tot l’arc polític i empresarial.

Aquest judici se celebra, paradoxalment, mesos després de la mort de setanta-nou persones a l’Alvia Madrid-Santiago, el sumari judicial del qual mostra indicis de nombroses irregularitats per part d’ADIF. Uns fets on, més enllà del seu desenvolupament judicial, s’ha fet palesa la irracionalitat i els riscos d’una aposta per l’alta velocitat, els principals beneficiaris són un grapat de grups empresarials especialitzats en la concessió de la construcció i la gestió de grans infraestructures.

No podem oblidar que el judici també coincideix de ple amb la campanya ‘Stop Pujades‘, una de les últimes expressions de rebuig popular a la política de transport públic que augmenta i augmenta les tarifes sense tocar un cèntim del sou d’alts directius.

El 27 i 28 de febrer quinze persones seuran a la banqueta dels acusats de tot aquest desgavell públic

A les 10h a la “Ciutat de la Justícia” de L’Hospitalet-Barcelona!!!

#absolucio15noTAV 

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