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Lo urbano como fogón de brujas

Vaga general de Barcelona en 2012 | Fuente: http://fotomovimiento.org/

Vaga general en Barcelona, 2012 | Fuente: http://fotomovimiento.org/

Texto originariamente publicado como prólogo al libro Mierda de Ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales (Pol·len, Edicions, 2015).

por Manuel Delgado (OACU)

 

“Lo urbano se alza así como horizonte, forma y luz (virtualidad que ilumina) al mismo tiempo que como práctica en marcha, como fuente y fundamento de otra naturaleza, de una naturaleza diferente de la inicial […]. La problemática urbana se anuncia. ¿Qué saldrá de ese hogar, de este fogón de brujas, de esta intensificación dramática de las potencias creadoras, de las violencias, de ese cambio generalizado en el que no se ve qué es lo que cambia, excepto cuando se ve excesivamente bien: dinero, pasiones enormes y vulgares, sutilidad desesperada? La ciudad se afirma, después estalla”.
Henri Lefebvre (1976a: 114)

Este libro que ahora arranca reúne diversas evidencias de cómo las grandes dinámicas de mutación urbana son gestadas y gestionadas desde la lógica neoliberal, es decir, a partir de los principios de un capitalismo que le exige al Estado la reducción al máximo a su papel de arbitraje económico y atención pública, pero que le asigna un papel clave como su cooperador institucional, tanto por lo que hace a la represión de sus enemigos –reales o imaginados- y la contención asistencial de la miseria, como a la producción simbólica y de efectos especiales al servicio del buen funcionamiento de los mercados.

De tal alianza entre penetración capitalista y políticas públicas resulta una transformación de la fisonomía tanto humana como morfológica de muchas ciudades, consistente en favorecer la revitalización como espacios-negocio de barrios céntricos o periféricos que fueron populares, o de antiguas zonas industriales o portuarias ahora abandonadas, que se recalifican como residenciales “de categoría” o se colocan al servicio de las nuevas industrias tecnológicas y cognitivas. Esos macro-procesos de transformación urbana suponen consecuencias sociales que se resumen en una ley que raras veces no se cumple: rehabilitar un barrio es inhabilitar a quienes fueron sus vecinos para continuar viviendo en él. O, dicho de otro modo: reformar es expulsar.

También los casos que se nos exponen a continuación son pruebas del papel no solo de intereses económicos catastróficos y de administraciones públicas lacayas a su servicio, sino de cómo arquitectos, diseñadores y urbanistas convierten en planes y proyectos esas intenciones y cómo no faltan teóricos en condiciones de aportar altas razones para las dinámicas de destrucción y entristecimiento de la ciudades. Con ello se demuestra que Henri Lefebvre continúa teniendo razón en que lo propio de la tecnocracia urbanística es la voluntad de controlar la vida urbana real, que va pareja a su incompetencia crónica a la hora de entenderla.

Considerándose a sí mismos gestores de un sistema, los expertos en materia urbana pretenden abarcar una totalidad a la que llaman la ciudad y ordenarla de acuerdo con una filosofía –el humanismo liberal- y una utopía, que es en esencia, como corresponde, una utopía tecnocrática. Su meta continúa siendo la de imponer la sagrada trinidad del urbanismo moderno: legibilidad, visibilidad, inteligibilidad (Lefebvre 2013: 151). En pos de ese objetivo, creen los expertos que pueden escapar de las constricciones que someten el espacio a las relaciones de producción capitalista.

Henri Lefebvre durante el rodaje del programa Urbanose en 1972 | Fuente: http://ppesydney.net/

Henri Lefebvre durante una entrevista televisiva en 1970 | Fuente: http://ppesydney.net/

Buena fe no les falta, ya hacía notar Lefebvre, pero esa buena conciencia de los urbanistas, arquitectos y diseñadores agrava aún más su responsabilidad a la hora de suplantar esa vida urbana real, una vida que para ellos es un auténtico punto ciego, puesto que viven en ella, pretenden intervenirla e incluso vivir de ella, pero no la ven en tanto que tal. Esos tecnócratas –tecnócratas de la ciudad- hablan de espacio, pero en realidad están pensando en suelo, puesto que ese espacio que creen que ordenan acaba tarde o temprano convertido en espacio en venta. Es un espacio vacío y primordial, neutro, en condiciones de recibir contenidos fragmentarios y disjuntos. Es, por definición, el espacio de las clases medias, precisamente porque ellas también son o quisieran ser neutras y encuentran o creen encontrar en ese espacio “un espejo de su ‘realidad’, de representaciones tranquilizantes, de un mundo social en el que han encontrado su lugar, etiquetado, asegurado” (Lefebvre 2013: 356), aunque es verdad que ese es solo un efecto óptico, la consecuencia ilusoria de que esas clases medias han sido objeto al brindársele un falso alivio para unas aspiraciones que la realidad nunca satisfará.

Para Lefebvre, tanto el urbanismo como la arquitectura de ciudades se han constituido en ciencia, técnica e ideología de la desactivación del espacio urbano, entendido como espacio de y para lo urbano. Recuérdese la distinción que Lefebvre (1976b: 68-69) plantea entre la ciudad y lo urbano. La ciudad es una base práctico-sensible, una morfología, un dato presente e inmediato, algo que está ahí: una entidad espacial inicialmente discreta –es decir un punto o mancha en el mapa-, a la que corresponde una infraestructura de mantenimiento, unas instituciones formales, una gestión funcionarial y técnica, unos datos demográficos, una sociedad definible…

Lo urbano, en cambio, es otra cosa: no requiere por fuerza constituirse como elemento tangible, puesto que podría existir y existe como mera potencialidad, como conjunto de posibilidades. La ciudad es palabra, habla, sistema denotativo. Lo urbano va más allá: no es un tema, sino una sucesión infinita de actos y encuentros realizados o virtuales, una sensibilidad hacia las metamorfosis de lo cotidiano, que le debe no poco a la sensibilidad de Charles Baudelaire a la hora de descubrir lo abstracto y lo eterno en los elementos más en apariencia banales de la vida ordinaria, la proliferación en ella de todo tipo de proyecciones e imágenes flotantes.

La vida urbana –lo urbano como forma de vida- “intenta volver los mensajes, órdenes, presiones venidas de lo alto contra sí mismas. Intenta apropiarse el tiempo y el espacio imponiendo su juego a las dominaciones de éstos, apartándoles de su meta, trampeando… Lo urbano es así obra de ciudadanos, en vez de imposición como sistema a este ciudadano” (Lefebvre 1978: 85). Lo urbano es esencia de ciudad, pero puede darse fuera de ella, porque cualquier lugar es bueno para que en él se desarrolle una sustancia social que acaso nació en las ciudades, pero que ahora expande por doquier su “fermento, cargado de actividades sospechosas, de delincuencias; es hogar de agitación. El poder estatal y los grandes intereses económicos difícilmente pueden concebir estrategia mejor que la de desvalorizar, degradar, destruir la sociedad urbana…” (Ibíd.: 99).

Lo urbano es lo que se escapa a la fiscalización de poderes, saberes y tecnologías que no entienden ni saben qué es lo urbano, puesto que “constituye un campo de visión ciego para aquellos que se limitan a una racionalidad ya trasnochada, y así es como corren el riesgo de consolidar lo que se opone a la sociedad urbana, lo que la niega y la destruye en el transcurso del proceso mismo que la crea, a saber, la segregación generalizada, la separación sobre el terreno de todos los elementos y aspectos de la práctica social, disociados los unos de los otros y reagrupados por decisión política en el seno de un espacio homogéneo” (Lefebvre 1976b: 71).

No obstante los ataques que constantemente recibe lo urbano, y que procuran desmoronarlo o al menos neutralizarlo, éste –sostiene Lefebvre- persiste e incluso se intensifica: “Las relaciones sociales continúan ganando en complejidad, multiplicándose, intensificándose, a través de las contradicciones más dolorosas. La forma de lo urbano, su razón suprema, a saber, la simultaneidad y la confluencia no pueden desaparecer. La realidad urbana, en el seno mismo de su dislocación, persiste” (Ibíd.: 121). Es más, se antoja que la racionalización paradójicamente absurda que pretende destruir la ciudad ha traído consigo una intensificación de lo urbano y sus problemáticas.

De ello el mérito le corresponde a habitantes y usuarios que, a pesar de los envites que padece un estilo de vida que no deja nunca de enredarse sobre sí mismo, o quizás como reacción ante ellos, “reconstituyen centros, utilizan lugares para restituir los encuentros, aun irrisorios” (Lefebvre 1978: 100). Para Lefebvre, lo urbano no es substancia ni ideal: es más bien un espacio-tiempo diferencial. Lo urbano es el lugar “en que las diferencias se conocen y al reconocerse se aprueban; por lo tanto se confirman o se invalidan. Los ataques contra la urbano prevén fría o alegremente la desaparición de las diferencias” (Lefebvre, 1976a: 100). Lo urbano no es ya sino la radicalidad misma de lo social, su exacerbación y, a veces, su exasperación. Lo urbano, al mismo tiempo que lugar de encuentro, convergencia de comunicaciones e informaciones, se convierte en lo que siempre fue: lugar de deseo, desequilibrio permanente, sede de la disolución de normalidades y presiones, momento de lo lúdico y lo imprevisible (Lefebvre 1978: 106). Lo urbano es lo que aporta “movimiento, improvisación, posibilidad y encuentros. Es un “teatro espontáneo” o no es nada” (Ibíd.: 157).

Los tecnócratas urbanos creen que su sabiduría es filosófica y su competencia técnica, pero saben o no quieren dar la impresión de saber de dónde proceden las representaciones a las que sirven, a qué lógicas y a qué estrategias obedecen desde su aparentemente inocente y aséptica caja de herramientas. Están disuadidos de que el espacio sobre el que reciben instrucciones para actuar técnicamente está vacío, y se equivocan, porque en el espacio urbano la nulidad de la acción sólo puede ser aparente: en él siempre ocurre algo. De manera al tiempo ingenua y arrogante, piensan que el espacio urbano es algo que está ahí, esperándoles, disponible por completo para sus hazañas creativas. No reconocen o hacen como si no reconociesen que ellos mismos forman parte de las relaciones de producción, que acatan órdenes.

Henri Lefebvre con su hija pequeña Armelle y su entonces compañera, Nicole Beaurain, en 1973 | Fuente: MArio Gaviria

Henri Lefebvre con su hija pequeña Armelle y su entonces compañera, Nicole Beaurain, en 1973 | Fuente: Mario Gaviria

Frente a un control sobre la ciudad por parte de sus poseedores políticos y económicos, que quisieran convertirla en valor de cambio y que no dudan en emplear todo tipo de violencias para ello, lo urbano escapa de tales exigencias, puesto que se conforma en apoteosis viviente del valor de uso. Lo urbano es el reino del uso, es decir del cambio y el encuentro liberados del valor de cambio. Es posible que la ciudad esté o llegue a estar muerta, pero lo urbano persistirá, aunque sea en “estado de actualidad dispersa y alienada, de germen, de virtualidad. Lo que la vista y el análisis perciben sobre el terreno puede pasar, en el mejor de los casos, por la sombra de un objeto futuro en la claridad de un sol de levante…” (Ibíd.: 125). Un porvenir que el ser humano no “descubre ni en el cosmos, ni en el pueblo, ni en la producción, sino en la sociedad urbana”. De hecho, “la vida urbana todavía no ha comenzado” (Ibíd.: 127).

La colección de textos que sigue es una contribución a la defensa de lo urbano contra sus enemigos, tanto materiales –los planes y los planos- como ideológicos –los ensalmos para apaciguar las ciudades-. Son la consecuencia de experiencias implicadas no sólo en el conocimiento de la vida urbana sino también a su servicio. Todos los materiales aquí reunidos son homenaje al pensamiento lúcido de Henri Lefebvre, como explícita o implícitamente lo es todo lo que se está diciendo y escribiendo para denunciar los intentos de apagar ese fogón de brujas del que nos hiciera la exaltación.

Acredita el trabajo de la gente del Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) y de amigos/as con quienes comparte teorías e impaciencias. Sabiéndolo o no, han asumido el mandato de reeditar la misma confluencia que fundó el concepto de modernidad que Lefebvre hizo suyo, una modernidad forjada en la segunda mitad del siglo XIX como una síntesis o sobreposición entre dos horizontes: el de transformar el mundo –Marx, Bakunin- y el de transfigurarlo –Baudelaire-, es decir, modificar la realidad y, al tiempo, burlarse de ella y desafiarla (Lefebvre 1971: 155-171).

En ello consistió la llamada de Lefebvre a devenir de nuevo modernos y hacerlo en una nueva clave revolucionaria, consistente en avanzar hacia lo que él llamó lo posible-imposible (Lefebvre 1972: 50-52), es decir, en huir de lo que se le opone, que es lo posible-posible –acomodarse, tomar distancias con el presente, disponer de puertas de salida o vías de escape- y hacer lo que se nos propone en este libro: proclamar una actitud, no una doctrina; convertir la desesperanza en rabia y frenesí; vivir desgarradamente la plenitud de la belleza y la urgencia de las luchas.

Bibliografía

LEFEBVRE, H. (1971 [1962]) Introducción a la modernidad, Madrid: Tecnos.

LEFEBVRE, H. (1972 [1957]) “El romanticismo revolucionario”, en Más allá del estructuralismo, Buenos Aires: La Pléyade, pp. 27-52.

LEFEBVRE, H. (1976a [1970]) La revolución urbana, Madrid: Alianza.

LEFEBVRE, H. (1976b [1972]) Espacio y política, Barcelona: Península.

LEFEBVRE, H. (1978 [1968]) El derecho a la ciudad, Barcelona: Península.

LEFEBVRE, H. (2013 [1974]) La producción del espacio, Madrid: Capitán Swing.

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Movimientos sociales y soberanía alimentaria en Barcelona

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Pancarta en el Hortet del Forat |Giuseppe Aricó

por Ana Karina Raña, investigadora visitante en el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà

Una reconocida característica del capitalismo en su expresión neoliberal es la extensión de sus esquemas especulativos inherentes a cada uno de los ámbitos que constituyen la vida social. Así, y desde hace algunas décadas, aquellas cosas que eran entendidas como parte del interés colectivo de las sociedades están ahora gestionadas y resignificadas por la lógica del libre mercado que ocupa más y más espacios. lo que comemos no escapa a esta construcción. Nuestra restringida capacidad de decisión respecto a lo que consumimos se exacerba en las ciudades que dependen, en gran parte, de las cadenas de distribución de alimentos desde los círculos productivos hacía su interior.

Sin embargo este proceso de frenética mercantilización encuentra resistencias desde diferentes flancos. Uno de ellos se da a través de los movimientos sociales, organizaciones y el activismo que se han ido extendiendo y que cuestionan justamente el carácter exterminador del sistema combatiendo desde lo colectivo al individualismo precarizante que el neoliberalismo ha instalado. Estas resistencias generan actitudes, acciones e interacciones que construyen una lógica diferenciada y que encuentran en su práctica cotidiana la reafirmación de sí mismos intentando paralelamente recuperar aquello que la generación de beneficios tiene tan cómodamente secuestrada. Así temas como el acceso a la vivienda o a la educación se propagan globalmente como puntos de oposición a lo que se constituye como un modelo dirigido a la rentabilidad, dentro de esto el ámbito alimentario no es una excepción encontrando también un nicho de acción en Barcelona.

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Ronda de reciclaje alimentario en el Ateneu L’Entrebanc | Ana Karina Raña

De este modo, diversas iniciativas incluyen la alimentación dentro de una interpretación amplia de la sociedad y que vinculan acciones consistentes con esta visión tanto más holística. Estas incorporan el tema alimentario de dos maneras, no mutuamente excluyentes pero que son analíticamente diferenciables. La primera, como parte de una crítica generalizada al capitalismo y al avance de las políticas neoliberales dentro de la producción alimenticia, está vinculada al movimiento por la soberanía alimentaria, concepto que incluye de no sólo una alimentación sana o accesible sino que también toma en cuenta factores medio ambientales, culturales y de justicia social. Esta posición se encuentra enraizada sobre la crítica a la mercantilización de los sistema productivos alimentarios adquiriendo relevancia así el incremento en los procesos de descampesinización en diferentes partes del mundo y las consecuencias que esto tiene en términos demográficos y de desdemocratización incluso en contextos no rurales. La soberanía alimentaria hoy en día se entiende como una postura con gran potencial transformador que instala una alternativa a la economía de mercado y las relaciones desiguales en las que ésta se basa.

Este razonamiento se expresa hoy en día en Barcelona a través de, por ejemplo, la proliferación de huertos urbanos. Sin embargo, la soberanía alimentaria traspasa estos espacios y se establece como una visión crítica entre los activistas que vincula el orden social a lo que comemos. Al mismo tiempo, estas experiencias no se limitan a la crítica a la cadena alimentaria productivista y a su posible sustitución. El caso de los huertos urbanos tiene también otra dimensión que se enlaza con la segunda forma de leer las acciones colectivas que relacionan movimiento social y alimentación.

La incorporación de la comida dentro de la actividad de organizaciones y activistas, no es en absoluto nueva, ha sido una parte importante de la evaluación que el activismo ha hecho históricamente. Los ya mencionados huertos urbanos o también las redes de reciclaje de alimentos, parecen integrar esta idea de la soberanía alimentaria en una representación aún más amplia de soberanía, donde se interpreta este elemento como una parte de la recuperación de espacios de desarrollo colectivo dentro de normas y fronteras establecidas por sus propios miembros. Esta visión antagoniza con el modelo neoliberal y por lo tanto propone una forma alternativa de hacer que la oficialmente estipulada.

Hort de Vallcarca | font pròpia

Pancarta en el Hort de Vallcarca | Giuseppe Aricó

En este sentido los huertos urbanos y las redes de reciclaje tienden a autoconvocarse en un ánimo de recuperación de espacios físicos y simbólicos, enfocándose en la construcción colectiva de los barrios en los que operan, e incluso superándolos creando redes de apoyo que sobreentiende el territorio como un espacio de realización política que no es posible de construir en el aislamiento. La instalación de jardines productivos, no cumple con el rol exclusivo de la provisión de alimentos, es más bien un punto de partida y de ruptura dentro del contexto urbano. Este fin, por cierto, reconoce la importancia de la alimentación pero ya no como una cuestión adosada al ámbito de lo privado si no que encuentra su máxima potencialidad en el integrarlo como un aspecto de la vida colectiva del barrio y de la ciudad. Así mismo, las redes que reciclan alimentos sitúan la recuperación de la comida como un asunto de sobrevivencia en condiciones particulares, pero también apunta a la consolidación de un modelo que fortalece el tejido social principalmente a través del ejercicio de la ayuda mutua, por mencionar algún factor, que viene a revertir el individualismo incitado por la economía de mercado.

Esta distinción que envuelve lo alimentario dentro del movimiento social no implica una homogeneidad de estrategias. Al contrario, la expresión de esto dentro del ejercicio de una soberanía ampliada implica la escenificación de tácticas que sobrevienen desde las particularidades del espacio que ocupan y se construyen, básicamente, en torno a ejercicios de ensayo y error que pulen y adaptan lo que primero es quizás más una intuición pero que su uso va enraizando hasta hacerlas rutinas. Estas dos formas de entender las prácticas enfocadas en la alimentación, la de relevancia de la soberanía alimentaria y la que reconstruye los lazos sociales dentro de los barrios como parte de la práctica política de los mismos, se encuentran entrelazados uno con otro de tal forma que constituyen un discurso unificado y que está permanentemente justificando uno la existencia del otro. Los espacios ganados y defendidos son espacios de lo social en donde pareciera que los elementos que lo componen vuelven a restituir un todo que había estado atomizado. La alimentación tiene un papel dentro de esto así como también lo tiene lo habitacional y el intercambio de bienes, aunque también la entretención y lo educativo.

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Entrada de Can Batlló | Ana Karina Raña

La experiencia que las organizaciones y activistas llevan a cabo hoy en día en Barcelona nos hablan de una construcción paralela que hace evidente y palpable las contradicciones entre lo que sale hacía afuera y lo que sucede de verdad en la ciudad. Ponen de manifiesto como la ciudad está siendo organizada para ciertos usos y actores, y para poner en juego ciertos recursos. La imagen de la ciudad juega en las ligas de las grandes ciudades globales y su realidad es que en la escala nuclear ese mismo modelo que se proyecta es el que se crítica a través de las prácticas de una buena porción de sus habitantes. Es tentador el preguntarse y pronosticar donde estas acciones van y cuáles son los posibles resultados de estas, sin embargo el crédito de esta forma de organizarse no está en su meta, sino más bien es el camino lo que las hace interesantes, profundas y muchas veces conmovedoras.

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La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (y 2)

Fuente: http://www.casapoundpiemonte.org/

La estructura de social housing de Corso Vigevano, con una pancarta puesta por militantes del movimiento de extrema derecha Casapound. Fuente: http://www.casapoundpiemonte.org/

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la segunda de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. Para ver la primera, pinchar aquí.

Las nuevas viviendas, a las cuales las familias seleccionadas están destinadas, no son de protección oficial, con alquileres a precios accesibles. Una de las cláusulas del proyecto es que éstas tienen que provenir del mercado de vivienda libre. Y es aquí donde aparece esa palabra mágica que se presenta como la moderna solución a todos los problemas de vivienda de la ciudad: la expresión inglesa (que suena más guay) social housing. Como las viviendas de protección oficial son tabú (ya nadie habla de ellas como solución al problema) la novedad es la vivienda social (atención, se pronuncia con acento inglés): pisos de renta libre, gestionados por asociaciones y organizaciones privadas, en los cuales acoger a las familias más “frágiles” que, por otro lado, han de hacer una contribución económica por su parte: el resto lo paga la organización privada, evidentemente no de su bolsillo, sino con el dinero público del cual dispone para la realización del proyecto. Una vez acabado el mismo, la familia, ahora en teoría “incluida” y dotada de medios de sostenimiento autónomos, tiene que abandonar la casa, de la que la organización puede disponer, por otro lado, en caso de renovación del proyecto o para nuevas “emergencias humanitarias”.

La inserción de las familias de Lungo Stura en viviendas fuera del campo se realiza conforme a este modelo. Los edificios y las estructuras a los cuales son transferidos no son evidentemente de lo más acogedor. Hay familias numerosas transferidas a viviendas de una sola habitación, o varias familias obligadas a convivir en el mismo piso. En corso Vigevano hay un edificio que “acoge” a varias familias. Se encuentra situado encima de una discoteca no aislada acústicamente que pone música desde el martes hasta el domingo, vigilado con videocámaras en los pasillos y donde el uso del espacio está sujeto a un reglamento estricto: prohibición de acoger invitados por la noche, prohibición de detenerse en grupo en los pasillos, 2 euros por hacer una lavadora (con tu propio detergente). El “housing” de corso Vigevano está gestionado por una asociación cuya presidenta, en una conversación privada, ha declarado que “Este lugar está bastante cerca del centro, pero es un barrio de miserables, marroquiés, tuinisíes… está bien para los rom.”

El mecanismo que subyace a estas relocalizaciones, y que permite a las asociaciones y al Ayuntamiento hablar de “democraticidad” del proceso y “participación” de las familias, es el así llamado “pacto de emersión”. De hecho, todavía no se ha acabado la larga lista de perversiones institucionales a las cuales las familias del campo han sido sometidas, puesto que todavía no se ha hablado de este dispositivo fundamental, el “pacto de emersión”, que permite justificar todas las perversiones precedentes.

Entre los antropólogos e investigadores interesados en la observación y análisis del proyecto de “La Cittá Possibile”, que yo sepa, nadie ha tenido la ocasión de leer o visionar uno de estos “pactos de emersión”. Sólo se sabe, como dogmas, que existen: su existencia es publicitada por sus promotores (las asociaciones), y confirmada por las familias que han tenido que firmarlos. Se trata de una forma de contrato, cuya validez jurídica y legal habría que demostrar, que vincula las familias y los operadores sociales que las toman a cargo. En dicho contrato, cada una de las partes se compromete a asumir algunas responsabilidades: por ejemplo a las familias se les pide derribar su propia barraca y separar el material de la que está construida para la recogida diferenciada; comprometerse a participar a los gastos para la gestión del proyecto y a los cursos de formación laboral; a aceptar los trabajos eventualmente encontrados por los operadores (a través del mecanismo de la bolsa de trabajo); a aprender italiano y a mandar cada día a los niños a la escuela. En más de una ocasión, de cara al público con poder electoral, se subraya que el proceso de “inserción”, “integración” o “emersión” es un proceso duro y pesado que requiere fuerza de voluntad y determinación por parte de las familias, y que no todas están a la altura de cumplir este esfuerzo o “tienen ganas” de hacerlo. Se intenta lo más posible, en los discursos públicos, disuadir a los electores de pensar que “aquí lo que se está haciendo es dar casas a los rom”. Los rom siguen siendo sujetos estigmatizados que siempre, de alguna manera, tienen que vivir con una espada de Dámocles lista para cortar cabezas al mínimo error, la mayoría de las veces por comportamientos que no serían sancionados y señalados con tanta fuerza si se tratara de otros grupos sociales. Los rom se merecen siempre un castigo o, por lo menos, se tienen que ganar con duros esfuerzos, demostrando que se lo merecen, lo que para otros es simplemente un derecho.

Sin embargo, la firma del pacto es presentada como un mecanismo de participación democrático, subrayando que se trata de un acto totalmente voluntario – y de hecho “hay familias que no lo han firmado, y está bien así, nadie las puede obligar si ellas no quieren” (sic). Como cualquier pacto o contrato entre partes situadas en una estructura de poder y oportunidades fuertemente asimétrica (una de las partes tiene el poder de dispensar prestaciones y servicios, de una manera como se ha visto totalmente arbitraria, la otra solamente de elegir entre la alternativa de adherir al pacto o quedarse en la calle), no se puede hablar de libertad ni, mucho menos, de democraticidad.

Aún admitiendo que el alojamiento en esos pisos sea un alojamiento mejor para las familias respecto a la vida en las barracas a la orilla del río; aún admitiendo que el alojamiento en estas especie de estructuras / instituciones totales, para familias que no tienen ningún problema particular sino el de ser pobres, implique unas pérdidas de libertad respecto a la vida en el campo pero en cambio un aumento de seguridad; aún admitiendo todo esto, queda por averiguar qué pasará con estas familias una vez se haya acabado el proyecto, es decir, una vez que tengan que pagarse ellas mismas los alquileres y los gastos a precio de mercado (considerando que se han ido de Rumanía, donde en muchos casos ya tenían unas casas, justamente porque no podían sostener los gastos para mantenerlas y en Italia no han encontrado fuentes de ingreso que les permitan un estilo de vida muy superior al de las barracas). “En este momento sólo veo una nube oscura”, son las palabras de un operador involucrado en el proyecto, “estoy preocupado por lo que va a pasar de 2016 en adelante. Qué pasará con los núcleos familiares ‘emergidos’ que han ido a vivir a pisos… ¿Podrán pagarse el alquiler?”.

Fuente: googlemaps.com

Fuente: googlemaps.com

En la convocatoria del Concejo del VI Distrito me encuentro con otra operadora. “Sí sí”, me confiesa ella con la máxima sinceridad, “las casas las estamos consiguiendo, con mucho esfuerzo… pero trabajo no.” Queda entonces por descubrir qué tipo de sostenibilidad puede tener un proyecto semejante, donde las familias son mantenidas con dinero público durante un par de años, con la intermediación de las asociaciones, y luego dejadas en las mismas condiciones en las que se encontraban antes.

Gianni, el mismo operador crítico antes mencionado, reflexionó conmigo un día: “Con 5 millones de euros, para gastar en dos años, se podía dar un alojamiento a cuatro veces los rom, no sólo de los campos ilegales, sino también de los autorizados [de toda la ciudad]. Son 2.500.000 al año. En Lungo Stura habrá 200 familias. Entre Lungo Stura y Germagnano [otro asentamiento ilegal], 250 si las cuentas. Pero quedémonos sólo con los campos ilegales, 250 familias. 1.200 / 1.500 personas. Grosso modo, ¿ok? 250 familias, a las cuales das una contribución mensual para el alquiler, 200 euros, el resto lo ponen ellos. Alquileres que están entre los 300, 350 euros… Con 200 euros de contribución, una familia cuesta 2.500 euros al año. 5.000 euros por dos años. Son 1.250.000 euros. Duplica la contribución, ¡le das 400 euros! Llegas a 2.500.000. Porque hay que ser mínimamente científicos con estas cosas. ¿Ok? Con aquel dinero podían arreglar la situación de cuatro veces todos.”

En cambio, en el proyecto elaborado conjuntamente con la Prefectura, los 5.000.000 son empleados de otra manera: no solamente para vaciar el campo de Lungo Stura, sino también para recoger la basura próxima a los campos, o vallar los terrenos desalojados para evitar su reocupación.

En la reunión abierta del VI Distrito, el Asesor a los Servicios Sociales intenta brevemente hacer una síntesis de los trabajos realizados. Falta un año para el término del proyecto, ha pasado un mes desde el término previsto para el vaciamiento completo del campo, pero medio campo queda todavía por desalojar. El Asesor explica que 26 familias han sido alojadas en pisos y 52 en soluciones temporáneas de social housing. Son números muy reducidos respecto a todo el dinero empleado, pero nadie entre los presentes parece preocupado por esto. Las preocupaciones son otras, por ejemplo, el aumento de presencia en otros campos cercanos y el peligro de contaminación por los humos que en los campos se producen. Las autoridades no descartan un desalojo: “no todas las familias están destinadas a ser beneficiarias de este proyecto y yo encuentro que ésta es justamente la fuerza de este proyecto” comenta el Asesor al Orden Público.

La característica más evidente del proyecto, en estricta continuidad con la anterior política de construcción de los campos, es el fuerte conflicto de interés por parte de las organizaciones que gestionan la emergencia; entre los intentos declarados de incluir y el interés material en que se mantengan situaciones de exclusión para la renovación de los proyectos. Es una de las consecuencias del proceso de externalización que sufren, desde hace mucho tiempo, las políticas públicas. Y es por eso que la palabra “futuro” aparece entre mis pensamientos. A lo que estoy asistiendo, a lo que estamos asistiendo, es a un ensayo general sobre la solución de una emergencia habitacional que no está destinada a reducirse. Que sean pobres italianos, que sean pobres comunitarios, que sean pobres extracomunitarios, la vivienda pública ya no parece representar más una solución para los gestores de las emergencias. El recurso a la vivienda libre, gestionada por organizaciones privadas de lo social, parece ser un modelo especialmente compatible con el orden de la modernidad tardía. ¿Quién sabe si nos tocará a nosotros también algún día? ¿Quién sabe si nosotros seremos capaces de defender nuestra libertad y nuestros intereses, con más poder de contratación, respecto a los rom de Lungo Stura? ¿Cómo podemos estar seguros de que toda su experiencia a nosotros no nos afecta?

En un artículo sobre el futuro de las periferias, el ex alcalde de Turín Valentino Castellani, se proclama abiertamente a favor de la solución del social housing. Él no habla de rom, habla de soluciones generales a los problemas de la periferia. Esto nos debería dar que pensar. Si un proyecto como “La Cittá Possibile” es posible, es justamente porque los rom rumanos, en cuanto ciudadanos europeos de segunda categoría -en pocos casos provistos de trabajo regular y fuentes de ingresos legales- son desprovistos del título legal para permanecer en territorio italiano con todos los derechos de plena ciudadanía. Habría que preguntarse qué pasaría a todos los “pobres”, en general, en el contexto actual de progresivo recorte del sistema de derechos y seguridad social.

Quién sabe si la città possibile no sea, en realidad, una horrenda distopia o, mejor dicho, la utopía de unas autoridades paternalistas, que infantilizan a una ciudadanía que después temen, y de unas asociaciones para la defensa de los derechos de los últimos, cooptadas por esas mismas autoridades; unas asociaciones cuya obra se puede definir, como mínimo, como poco valiente. Que el modelo del social housing como forma de gestión de la emergencia para generar consenso, como forma de solucionar los problemas de muchos en provecho de pocos, con gastos públicos irracionales, no se vuelva la normalidad en la política de la vivienda social, depende de nuestras capacidades de solidarizarnos con los últimos y oponernos.

Desafortunadamente, en la sala conciliar del VI Distrito, no somos demasiados los que compartimos esta visión.

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La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (1)

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la primera de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. La siguiente será publicada la semana próxima.

Sentada en la sala conciliar del VI Distrito de Turín, entre el público de una concurrida asamblea abierta del Concejo de Distrito, hay una palabra que me viene a la mente, como una especie de siniestro eureka o distópica premonición: “futuro”. El tema a tratar es una cuestión “candente”: la asamblea ha sido convocada para poner al día a los ciudadanos del barrio sobre el proyecto de “vaciamiento” (ese es el término soft que en la jerga institucional sustituye a la palabra “desalojo”) del más grande asentamiento ilegal de la ciudad, el campo de Lungo Stura Lazio, poblado en su mayoría por rom rumanos. No es la primera vez que el Consejo se reúne para hablar de este tema tras la solicitud de los ciudadanos, ni será la última. La presencia del asentamiento ilegal de Lungo Stura Lazio es fuente de malestar desde hace mucho entre los habitantes del barrio, por temas de higiene, seguridad y orden público.

A los espacios urbanos específicos para la población rom, existentes en todas las ciudades italianas grandes y medias, se les llama campi nomadi o campi rom. Campos rom los hay tanto legales (campi autorizzati, aree soste attrezzate… la fantasía de los administradores es infinita) como ilegales (campi abusivi). Tanto unos como otros suelen estar ubicados en las periferias urbanas, justamente en aquellos lugares donde nadie querría vivir. No es raro encontrar campi nomadi cerca de las carreteras de circulación rápida, vías férreas, aeropuertos o vertederos, según una especie de “aparheid furtivo”, de “urbanismo del desprecio” que caracteriza las relaciones -materiales y simbólicas- entre los poderes hegemónicos y los grupos sociales estigmatizados.

Mientras que los campos legales representan la solución político-administrativa a la presencia de grupos de sinti (italianos) y rom (italianos y extranjeros, sobre todo procedentes de los países de la ex Yugoslavia), la llegada más reciente de grupos rom desde Rumanía no ha sido objeto de ninguna intervención dirigida a su acogida, dando origen al surgimiento de asentamientos ilegales de barracas, algunos de los cuales ha llegado a alcanzar grandes dimensiones. El campo de Lungo Stura Lazio es uno de éstos: situado a la orilla del río Stura, en una zona de elevado riesgo de aluvión, contiene una población que en el 2013 ha alcanzado aproximadamente las 800-1.000 personas.

“Futuro”, decía. Pues sí, el proyecto de “desalojo asistido” de Lungo Stura me hace pensar en el futuro. De repente me encuentro a mi misma reflexionando sobre el hecho de que, después de tantos años de investigación sobre soluciones habitacionales diferenciales para la población rom en Italia, quizás la cuestión no sea tanto la “especificidad” de estas soluciones. Con 4.000 desahucios al año, 1.000 de los cuales efectivamente ejecutados, Turín se ha convertido en una más de las capitales italianas de los desahucios: la “emergenza casa” es una cuestión que está empezando a afectar sectores cada vez más amplios de la población.

El espinosísimo asunto político, en el VI Distrito, es por lo tanto dar una casa a las centenares de familias que viven en barracas de Lungo Stura Lazio, sin hacer enfurecer a los electores, después de años de una praxis político-administrativa que ha sedimentado y reforzado, con la creación misma de los campos legales, la percepción de una profunda y sustancial incompatibilidad entre los grupos rom y la sociedad mayoritaria. El conflicto que divide a los habitantes legales del barrio de los habitantes ilegales se presenta por lo tanto estructurado alrededor de unas categorías de tipo étnico (“italiani” y “rom”) frente a otras representaciones que podrían hacer énfasis sobre características de tipo socioeconómico compartidas por todos los grupos en situación de emergencia habitacional, tanto “nativos” como inmigrantes. En cambio, en el contexto actual de declive de la ciudad industrial, los procesos de estigmatización a los cuales la población de los barrios de la periferia han sido sometidos durante décadas, desembocan en conflictos entre habitantes “legales” e “ilegales”, “formales” e “informales”, “italianos pobres” y “europeos pobres”, en una obstinada e incansable defensa de los privilegios residuales de los “penúltimos” frente a los “últimos”.

El proyecto de desalojo de Lungo Stura se enmarca en el contexto de unas directrices políticas nuevas – tras los numerosos llamamientos de las instituciones europeas – sobre la necesidad de “superación” de los campi nomadi.

Hay que decir que cuando se empezó a hablar de necesidad de “superación” me quedé algo perpleja por el carácter evidentemente ambiguo de la palabra. ¿Qué quiere decir “superación”?

Cuando se lo pregunté a la Presidenta del Distrito, en enero de 2013, ésta me contestó que antes de hacer cualquier cosa, había que separar, en el seno del campo mismo, a los “honestos” de los “delincuentes”, y esto era competencia de las Fuerzas del Orden. Solamente después sería posible realizar alguna intervención para la relocalización de las familias. Recuerdo que en aquel momento me quedé sorprendida. Pensaba, “con tantas familias en lista de espera para la asignación de un piso de protección oficial, ¿dónde van a encontrar casas para estas nuevas familias? Estamos hablando de casi mil personas. Aunque los “delincuentes” sean cien, de todas maneras quedan muchas familias por realojar…”. La Presidenta me hablaba en términos vagos de casas en ruinas que los rom podrían restaurar según la fórmula en boga de la “autorecuperación”. Mientras tanto yo seguía rumiando: “Y además, ¿acaso los delincuentes no tienen una familia, hijos, mujeres que se merecen una casa también? ¿O tienen que pagar estos las culpas de sus padres o sus maridos?”

En realidad estaba cometiendo un error muy básico: olvidaba que la ilegalidad no es una condición dada, sino una construcción social. El umbral de la legalidad o la ilegalidad puede ser desplazado a través de procesos políticos de construcción de la criminalidad. En febrero 2013, por ejemplo, la Provincia de Turín endureció súbitamente las normas para la compra-venta de chatarra: esto quería decir, entre otras cosas, ilegalizar de un día para el otro la actividad de la gran mayoría de los habitantes del campo de Lungo Stura Lazio. Además, las intervenciones policiales en el interior del campo se multiplicaron. Solamente en los cinco meses que van desde enero a mayo de 2013, se efectuaron 298 controles por parte de la autoridad policial (datos de la Prefectura de Turín, la institución equivalente a la Delegación de Gobierno). Estos controles, casi dos al día, supusieron un total de 17 detenciones, 52 denuncias y 29 “alejamientos” (cifras de todas formas muy exiguas respeto a la totalidad de la población del campo). Los controles fueron realizados, en muchos casos, de madrugada, bloqueando las entradas y salidas del campo como si se tratara de operaciones de máxima seguridad, creando un clima de pánico moral (Cohen 2002), recogido y amplificado por unos medios de comunicación que fomentaban implícitamente el alejamiento voluntario de las familias. Frente a cualquier demanda de explicación sobre las razones de los controles, la respuesta era que se trataba de operaciones de censo de la población del campo. Mientras tanto, los periódicos locales publicaban enormes titulares sobre los blitz de la policía, las cantidades de quilos de cobre secuestrados, el cierre de los bares clandestinos en su interior… Es en este contexto que se realizaría el proyecto definitivo de superación del campo: El Ayuntamiento, la Prefectura y las pequeñas organizaciones no gubernamentales turineses del tercer sector (el sector privado de la intervención social) elaborarían el plan de la “superación” para la realización del cual sería contratada, según procedimiento de contratación pública, la misma agrupación de entidades y asociaciones involucradas en la elaboración del proyecto. La cuantía de la asignación para el mismo era de 5.000.000 euros, de los cuales más de dos millones solamente para el “vaciamiento” de Lungo Stura.

El proyecto de vaciamiento toma el nombre de “La Città Possibile”. “Lo hemos decidido todos juntos, en una tarde de verano”, me confiesa candorosamente una de las trabajadoras sociales involucradas. “Nos hemos mirado entre todos, casi todos habíamos estado en Génova en el 2001,  en las protestas contra el G8. El  eslogan en aquel momento era ‘otro mundo es posible’, y así nos ha salido el nombre ‘la ciudad posible’, porque es esto en lo que creemos: otra ciudad posible.”

El proyecto de “inclusión” de las familias de Lungo Stura está basado en una serie de procesos previos de exclusión: en primer lugar, creando un clima de miedo en el campo con controles policiales continuos y fomentando, por lo tanto, la “autoexpulsión” de las familias que, en este clima, se han alejado voluntariamente del campo. Una vez acabada esta fase, intervienen en segundo lugar las asociaciones para realizar la relocalización de las familias. Para dicho proceso, obviamente, sólo son seleccionadas algunas de ellas, las que constan en el censo a disposición del Ufficio Nomadi e Stranieri del Ayuntamiento. Si por alguna razón la familia no estaba presente el día de la realización del censo, queda afuera del proyecto. Me explica Gianni, trabajador de una de las asociaciones que no participan en el proyecto – que consideran vergonzoso –, una de las pocas asociaciones cuya presidenta es una mujer romní:

«Han hecho como cuarenta y cinco censos, con fotoseñalaciones, ¿te acuerdas, no? Huellas, fotografías, ¿cuántas veces? En Lungo Stura, el año pasado, sólo en el primer semestre, casi 300 controles, 300 operaciones policiales. Quiere decir dos operaciones al día. Y cada operación, diez, veinte, treinta personas. Carabinieri, guardias urbanos o policía. Datos publicados en la página web de la Prefectura. Han publicado los del primer semestre y luego no han publicado nada más. Datos oficiales que están ahí. De hecho, han censado y recensado centenares de veces. Han visto – esta es la lectura que se puede dar desde afuera –los datos de los censos, han localizado aquel donde había menos gente, y han dicho “este es el bueno”.»

Los datos del censo a disposición del Ufficio Nomadi hablan de una población de alrededor de 600 personas. De éstas, aproximadamente 100 quedan excluidas de la participación en el proyecto de relocalización por no cumplir con determinados criterios “jurídicos” (como explica el Asesor de los Servicios Sociales: es decir, por tener antecedentes). Las fases de la selección de la población “beneficiaria” del proyecto han sido las siguientes: 1) selección por autoexpulsión, 2) selección por azar (ausencia en el censo finalmente escogido, entre los varios realizados), y 3) selección sobre criterios “jurídicos”. Como se puede observar, la selección de las familias se ha llevado a cabo sobre criterios absolutamente arbitrarios, no trasparentes y no impugnables por parte de los excluidos. La lista de las familias beneficiarias tiene carácter de absoluta arbitrariedad: ¿quien las ha elegido?, ¿en base a qué criterios?, ¿los interesados podían presentar recurso?, ¿quien ha sido excluido podía decir “disculpen, os habéis equivocado?”

Es necesario ilustrar todas esas fases previas del proyecto para entender adecuadamente las lógicas que subyacen al mismo. De esta forma, parece que el principal motor de arranque del proyecto es el miedo de las instituciones: miedo a las reacciones de los ciudadanos que soportan, después de tantos años, la presencia de una pequeña favela ilegal en su barrio y miedo a las reacciones de los mismos ciudadanos frente a la hipótesis de que “les den una casa a los rom, cuando hay tantos italianos que no tienen casa”. Y cuando se actúa movidos por el miedo, fácilmente se adoptan medidas “a medias” e irracionales. De hecho, el eslogan de la “superación” de los campos, “virtuoso” en la teoría, se llena en la práctica de las viejas lógicas que subyacían a la construcción misma de los campos. En primer lugar, la lógica de la ininterpelabilidad de los destinatarios de los proyectos: familias rom totalmente sin poder  y cuya posibilidad de negociación y contratación es, por lo tanto, sistemáticamente negada, como inconcebible a priori. En segundo lugar, la lógica de la emergencia: la asignación de los 5 millones tiene una duración de dos años, en dos años el proyecto tiene que estar acabado. Aquí aparece, una vez más, el dictat de la emergencia que ha caracterizado en muchos casos la construcción de los campos: los operadores sociales de las asociaciones se hallan de repente obligados a buscar, a toda prisa, alojamientos disponibles en el mercado inmobiliario para la cantidad más grande posible de familias, a coste reducidos, preocupados de satisfacer al mismo tiempo a la Prefectura (que suelta el dinero para todo el proyecto) y a las familias del campo (para no perder entre ellas aquel mínimo de credibilidad necesario para llevar adelante el trabajo). Un trabajo de malabarismo impresionante que, evidentemente, deja a todos descontentos: las familias, realojadas en inmuebles y estructuras cuyas características les hacen añorar la vida en el campo, la Prefectura (puesto que la ejecución del proyecto ya se está alargando más de lo previsto), los operadores mismos (“no hay nadie entre nosotros que se sienta a gusto en el proyecto”, me confiesa la misma trabajadora social antes citada). Y una tercera característica del proyecto, consecuencia de la lógica emergencial, es su insostenibilidad: el vaciado del campo en dos años, ¿qué pasará con las familias realojadas? Pero quizás me estoy adelantando demasiado. Procedamos con orden.

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La vida en Venus: Efectos colaterales de una fantasmagórica regeneración urbana

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: http://desdelamina.net/drupal/

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: desdelamina.net

Articulo publicado originariamente en catalán en el dossier  “A voltes amb el conflicte urbà”, La Veu del Carrer, nº 133 (octubre 2014), Barcelona: FAVB, pp. 15-25.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A finales de mayo de 2013, en la edición electrónica de un influyente diario nacional, se abrió una encuesta con el objetivo de recaudar la opinión popular sobre el posible derribo del imponente bloque de la calle Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sobre un total de 121 participantes, los resultados mostraron de forma tajante que el 75% de estos se decantaba por el “sí”, mientras únicamente el 14% apostaba por su mantenimiento y un 11% no tenía una opinión formada. Pero la importancia de esta encuesta no radicaría tanto en los resultados obtenidos -más o menos fieles a la realidad-, sino más bien en su significado en cuanto al modus operandi adoptado por las administraciones respecto a una operación socialmente tan compleja y delicada. Inicialmente programado para el año 2010, el derribo de Venus constituía la operación clave del Plan Especial de Reordenación y Mejora del 2002, es decir, el punto final del proceso de “regeneración urbana” enmarcado en el más amplio Plan de Transformación del Barrio de La Mina (PTBM 2000-2010).

Con un presupuesto inicial de más de 170 millones de euros, el PTBM preveía realizar toda una serie de actuaciones urbanísticas, acompañadas por un potente programa social, dirigidas a poner definitivamente fin a la “histórica conflictividad” del barrio. Hoy en día, el presupuesto general del PTBM ha superado ya los 200 millones, pero sus ambiciones fundamentales –“esponjar el barrio”, “mezclar población”, “erradicar la delincuencia” y “diluir territorialmente los focos de conflictividad”- no han llegado nunca a cumplirse sino, más bien, a encarnar el fracaso clamoroso del proceso de transformación al cual se pretendía someter La Mina. El hecho es que el PTBM había sido estratégicamente enfocado, desde el principio, hacia los intereses privados del mercado inmobiliario, subordinando la esfera social al mero beneficio urbanístico, con la consecuencia de pensar más en las piedras que en las personas. El caso más emblemático de tal subordinación estaría representado por el bloque Venus cuyo hipotético derribo implicaría un impacto social de proporciones considerables, puesto que exige el desalojo de unas 240 familias y su posterior realojo en nuevas viviendas de protección oficial repartidas por el barrio.

Sin embargo, tal operación no estaría explícitamente incluida dentro de las actuaciones de esponjamiento previstas por el PTBM, ni existiría ningún documento oficial que determinara sus reales motivaciones. Pero poco importa todo esto, puesto que Venus representaría la parte degenerada por excelencia del barrio, esto es, el punto cero desde donde abordar la gestión de la conflictividad en toda su complejidad. Su derribo tendría entonces la fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el pasado nefasto del barrio para construir “nuevos modelos de convivencia” y un futuro mejor para todos. En ningún momento se ha puesto en cuestión la relación de la vida social del barrio con su morfología urbanística, los orígenes de la cual se encuentran en plena época de desarrollismo franquista. Nadie ha recordado que la falta originaria de equipamientos y servicios básicos, junto con la concentración espacialmente impuesta desde el principio, podría ser el detonante de la competencia entre vecinos por recursos escasos. Nunca se ha tenido en cuenta que las políticas de vivienda, efectuadas sobre el entorno urbano por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, consiguieron configurar La Mina, y especialmente Venus, como lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del contexto metropolitano. Nadie ha pensado que la generación de conflictos permanentes entre los diferentes sectores de residentes podría tener su origen en el alta rotación del vecindario, con historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

A pesar de que las administraciones hayan recientemente barajado diferentes alternativas al derribo de Venus, no tenemos igualmente que dejar de preguntarnos cuáles serían las responsabilidades de la administración local y autonómica en el lento – y quizás funcional – proceso de degradación del edificio al no intervenir en su posible rehabilitación e impedir a los vecinos hacer reformas o vender sus pisos en el momento oportuno. En noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Sant Adrià volvió a hacer marcha atrás respecto al derribo de Venus, insinuando la probabilidad –no confirmada- de que finalmente la operación podría no llevarse a cabo. Sin embargo, en ese mismo año, el plazo de ejecución del PTBM fue finalmente pospuesto a finales del 2015 y, con ello, el destino incierto de Venus y de sus vecinos. Posiblemente, a lo largo de las últimas cuatro décadas la percepción y utilización de la Mina en clave preferentemente económica habría funcionado como productor de importantes expectativas de capitalización de rentas mediante su reiterada “regeneración”, con el efecto colateral –digamos- de aislar sus problemáticas y consolidar severos patrones de segregación socio-espacial. Todo esto tendría que obligarnos a repensar la manera en que solemos concebir este barrio y su “conflictividad”, que, en lugar de ser criminalizada y corregida, quizás debería de verse como parte de la estrategia del cómo personas sistemáticamente excluidas de la “ciudadanía” y la “normalidad” siguen insistiendo sobre su inclusión desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir, habitar e, incluso, reivindicar su espacio.

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¿Venecia muerta? Un llamado para una investigación urgente desde las ciencias sociales (y 2)

Por Caterina Borelli (OACU)

El presente texto es la segunda de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. Para ver la primera, pinchar aquí.

Estorbos.

El grado de desproporción entre residencia y tránsito que caracteriza la vida de este territorio se ha convertido en un desequilibrio estructural. Venecia ha perdido casi completamente su función urbana. Tanto es así que desde varios lugares se vaticina que, si las tendencias demográficas se mantienen (no se ven razones por las que deberían no hacerlo), en 2030 el proceso estará concluido y ya no quedarán habitantes. Venecia como ciudad habrá muerto oficialmente: quedará sólo su esqueleto decadente para exclusivo uso y deleite del visitante pasajero. Tal vez esta previsión sea exageradamente pesimista y, sin embargo, el riesgo no deja de ser real e inminente. Lo que llama la atención es que, entre la población local, la alarma se haya disparado sólo en tiempos muy recientes, cuando el profundo impacto de los flujos turísticos no controlados en un tejido urbano y social extremadamente frágil, así como su insostenibilidad, son tan evidentes que ya nadie puede negarlos. Si aquel conjunto de características que ofrece un lugar, y que se suele llamar “calidad de vida”, hace ya mucho tiempo que es percebido a la baja, hasta ahora nada había logrado aglutinar alrededor de una causa común una sociedad civil altamente fragmentada por intereses de categoría y diferencias de clase. El descontento popular ha ido aumentando en los años hasta llegar a la aparente paradoja de que los turistas siguen siendo necesarios pero ya no son bienvenidos; sin embargo, se ha tratado siempre más de una disconformidad latente que, en lugar de expresarse colectivamente de manera organizada, se solía reducir a pequeños actos cotidianos, difusos pero aislados, de descortesía e impaciencia hacia el turista.

Algo que nos sugiere que se ha alcanzando el punto de ruptura es que, por primera vez, asistimos a la aparición de una verdadera masa crítica, por muy exigua que sea en términos numéricos, que contesta el modelo económico vigente, la gestión negligente (o su falta absoluta) de los flujos y la poca clarividencia de una administración local que lo único que ha sabido hacer es vender la ciudad al mejor postor, reclamando la salvaguardia de un ecosistema urbano y natural y un estilo de vida únicos. El primer movimiento de protesta en quebrantar la lánguida pasividad de los venecianos, y en conseguir el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía, es el que ha centrado su atención en el tránsito de los grandes cruceros en la laguna. El Comité No Grandes Naves – Laguna Bien Común (#NoGrandiNavi) ha promovido una serie de iniciativas y manifestaciones en los últimos dos años, que no sólo han recibido el apoyo y la implicación directa de capas de población mucho más amplias y más diversas en términos de extracción social y afiliación política, sino que además han logrado una resonancia en los medios, incluso internacionales, sin antecedentes en la ciudad. Se trata además de un movimiento en continua evolución, que crece y se ramifica a medida que se modifica el contexto en que su protesta se inscribe. Uno de sus logros ha sido abrir un debate político a nivel nacional acerca de la cuestión del impacto de las grandes naves sobre el ecosistema lagunar, empujado también por el revuelo causado por el naufragio del Costa Concordia delante de la isla del Giglio en 2013. De las diferentes alternativas propuestas, una en particular, la que ha avanzado la Autoridad Portuaria veneciana y que prevé la ampliación del Canal Contorta en la Laguna Sur para permitir la entrada de los cruceros en el puerto de Venecia, es la que está despertando las mayores polémicas, insuflando nuevo vigor a las protestas.

El movimiento en contra de los cruceros, primera respuesta radical a la insostenibilidad del actual modelo turístico, ha inaugurado una nueva temporada de participación crítica ciudadana. Desde entonces diferentes iniciativas populares han ido sacudiendo la amodorrada geografía lagunar. Grupos más o menos numerosos, y más o menos heterogéneos, de ciudadanos se han activado para contrarrestar el avance del monocultivo turístico.

Desde iniciativas de gestión cultural participativa y talleres de ciudadanía en espacios liberados (el renacido Laboratorio Occupato MorionSale Docks y sobre todo el Teatro Marinoni, un antiguo teatro dentro de un hospital en desuso, centro de una gran operación especulativa y sobre cuyos terrenos se prevé la construcción de un conjunto hotelero y una marina de lujo) hasta la tan sonada campaña de compra colectiva de la isla de Poveglia para evitar que una multinacional hotelera se apodere de este trozo de laguna sacado a subasta por el Estado italiano. Todos ellos, incluido obviamente el movimiento No Grandes Naves y ahora la movilización para salvar Villa Heriot, suponen acciones surgidas alrededor de espacios contestados, comparten una concepción de la ciudad como inseparable del frágil microcosmos lagunar que la contiene y la protege, apelan a la sostenibilidad ambiental contra la sobre-explotación del territorio, reivindican políticas basadas en la comunidad y ponen en el centro de sus discursos y reclamaciones el concepto de “bien común”.

A todo esto, ¿dónde están los antropólogos?

Lo que no se explica es que Venecia, que se presenta como el caso más potente de espacio urbano turistificado, haya recibido hasta ahora tan poca atención por parte de las ciencias sociales. Con la excepción de Venice, the tourist maze. A cultural critique of the world’s most touristed city  de R. C. Davis y G. R. Marvin, no encontramos bibliografía actual sobre la ciudad lagunar. Desde el mundo académico, la mirada que recibe es casi siempre histórica, mientras que su presente parece carecer de interés. Avanzo dos hipótesis al respecto: o las ciencias sociales la consideran implícitamente una civilización del pasado, material para la arqueología y la historiografía, o bien se les presenta como un escenario excesivamente complejo. En ambos casos el desafío es importante y urgente: demostrar, en primer lugar, que Venecia puede estar agonizando pero aún no está muerta y, en segundo lugar, penetrar su maraña y poner luz sobre los procesos sociales en curso, en este caso los referentes a la producción del espacio en el sentido lefebvriano del término. Porque incluso su forma exterior, su estructura física – a la que a menudo se considera como mera escenografía, entidad fija e inmutable si no fuera por la acción corrosiva del tiempo – sigue evolucionando. Por lo menos una línea de investigación se abre a una mirada antropológica que quiera dar cuenta de la perspectiva habitante: El análisis de los confictos urbanos en curso, que sin embargo no dejan de ser sólo una parte, la más evidente quizás, de un fenómeno mucho más articulado. Se hace necesario, por lo tanto, extender el análisis a muchas otras prácticas de resistencia que se despliegan a diario en la ciudad de Venecia, y que han recibido hasta la fecha poca o nula consideración debido a su escasa visibilidad. Por un lado, la búsqueda voluntaria de marginalidad espacial: las estrategias específicas de ubicación dentro del perímetro del centro histórico, puestas de manifiesto por los habitantes que, huyendo de las áreas centrales invadidas por los turistas y económicamente plasmadas por los valores de ese particular mercado, buscan refugio  en zonas más periféricas consideradas la “Venecia verdadera” donde practicar sus “rituales ocultos” (Boissevain, 2005) de sociabilidad. Por otro, el concepto mismo de residencia como acto de resistencia silenciosa: la elección consciente, y con frecuencia problemática, de enfrentarse a una serie de dificultades prácticas (logísticas, pero sobre todo económicas, empezando por la dramática cuestión de la vivienda), antes que mudarse a la parte continental, contribuyendo a engordar así las filas del éxodo.

La relevancia del caso veneciano como objeto de estudio para las ciencias sociales, en particular la antropología urbana, trasciende sus límites físicos y se abre naturalmente a la comparación con otras realidades altamente turistizadas, la primera de todas, Barcelona. Sobre las protestas contra el modelo turístico que tuvieron lugar este verano en el barrio de la Barceloneta, y el debate que les siguió, flotaba irremediablemente el espectro de Venecia; pero la Venecia invocada ya no era una ciudad, sino un paradigma, un memento mori. Venecia como síndrome, enfermedad terminal caracterizada por el colapso de la vida urbana. Venecia elevada a teorema que ya no necesita de demostración empírica para sustentarse[1]. Esta imagen de la ciudad muerta se nos antoja, no solamente igual de estéril que la postal romántica vendida por las agencias de viaje de todo el mundo, sino además peligrosa, ya que lleva, implícitamente, a pasar por alto, y por lo tanto a desactivar, las voces críticas, las reclamaciones ciudadanas. Los muertos no se quejan, no estorban; los vivos sí. “¡Malditos venecianos! ¿Cuándo se decidirán a marcharse todos, o a morirse ya de una vez, así dejan de romper las pelotas?”. Juro que escuché estas mismas palabras, un día por la calle. Me dejaron tan atónita que no pude reaccionar a tiempo. Pero más allá de la consternación, del momentáneo golpe emotivo, su dureza despiadada nos demuestra mejor que cualquier ensayo o panfleto la necesidad, la urgencia de mostrar Venecia como un espacio urbano contestado y, por lo tanto, vivo bajo la influencia de relaciones de poder asimétricas.

[1]              A finales de 2012 se presentó el documental que el periodista sudtirolés Andreas Pickler rodó en Venecia. Su título original es Das Venedig Prinzip, traducido al inglés como The Venice Syndrome y al italiano como Teorema Venezia.

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