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La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (y 2)

Fuente: http://www.casapoundpiemonte.org/

La estructura de social housing de Corso Vigevano, con una pancarta puesta por militantes del movimiento de extrema derecha Casapound. Fuente: http://www.casapoundpiemonte.org/

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la segunda de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. Para ver la primera, pinchar aquí.

Las nuevas viviendas, a las cuales las familias seleccionadas están destinadas, no son de protección oficial, con alquileres a precios accesibles. Una de las cláusulas del proyecto es que éstas tienen que provenir del mercado de vivienda libre. Y es aquí donde aparece esa palabra mágica que se presenta como la moderna solución a todos los problemas de vivienda de la ciudad: la expresión inglesa (que suena más guay) social housing. Como las viviendas de protección oficial son tabú (ya nadie habla de ellas como solución al problema) la novedad es la vivienda social (atención, se pronuncia con acento inglés): pisos de renta libre, gestionados por asociaciones y organizaciones privadas, en los cuales acoger a las familias más “frágiles” que, por otro lado, han de hacer una contribución económica por su parte: el resto lo paga la organización privada, evidentemente no de su bolsillo, sino con el dinero público del cual dispone para la realización del proyecto. Una vez acabado el mismo, la familia, ahora en teoría “incluida” y dotada de medios de sostenimiento autónomos, tiene que abandonar la casa, de la que la organización puede disponer, por otro lado, en caso de renovación del proyecto o para nuevas “emergencias humanitarias”.

La inserción de las familias de Lungo Stura en viviendas fuera del campo se realiza conforme a este modelo. Los edificios y las estructuras a los cuales son transferidos no son evidentemente de lo más acogedor. Hay familias numerosas transferidas a viviendas de una sola habitación, o varias familias obligadas a convivir en el mismo piso. En corso Vigevano hay un edificio que “acoge” a varias familias. Se encuentra situado encima de una discoteca no aislada acústicamente que pone música desde el martes hasta el domingo, vigilado con videocámaras en los pasillos y donde el uso del espacio está sujeto a un reglamento estricto: prohibición de acoger invitados por la noche, prohibición de detenerse en grupo en los pasillos, 2 euros por hacer una lavadora (con tu propio detergente). El “housing” de corso Vigevano está gestionado por una asociación cuya presidenta, en una conversación privada, ha declarado que “Este lugar está bastante cerca del centro, pero es un barrio de miserables, marroquiés, tuinisíes… está bien para los rom.”

El mecanismo que subyace a estas relocalizaciones, y que permite a las asociaciones y al Ayuntamiento hablar de “democraticidad” del proceso y “participación” de las familias, es el así llamado “pacto de emersión”. De hecho, todavía no se ha acabado la larga lista de perversiones institucionales a las cuales las familias del campo han sido sometidas, puesto que todavía no se ha hablado de este dispositivo fundamental, el “pacto de emersión”, que permite justificar todas las perversiones precedentes.

Entre los antropólogos e investigadores interesados en la observación y análisis del proyecto de “La Cittá Possibile”, que yo sepa, nadie ha tenido la ocasión de leer o visionar uno de estos “pactos de emersión”. Sólo se sabe, como dogmas, que existen: su existencia es publicitada por sus promotores (las asociaciones), y confirmada por las familias que han tenido que firmarlos. Se trata de una forma de contrato, cuya validez jurídica y legal habría que demostrar, que vincula las familias y los operadores sociales que las toman a cargo. En dicho contrato, cada una de las partes se compromete a asumir algunas responsabilidades: por ejemplo a las familias se les pide derribar su propia barraca y separar el material de la que está construida para la recogida diferenciada; comprometerse a participar a los gastos para la gestión del proyecto y a los cursos de formación laboral; a aceptar los trabajos eventualmente encontrados por los operadores (a través del mecanismo de la bolsa de trabajo); a aprender italiano y a mandar cada día a los niños a la escuela. En más de una ocasión, de cara al público con poder electoral, se subraya que el proceso de “inserción”, “integración” o “emersión” es un proceso duro y pesado que requiere fuerza de voluntad y determinación por parte de las familias, y que no todas están a la altura de cumplir este esfuerzo o “tienen ganas” de hacerlo. Se intenta lo más posible, en los discursos públicos, disuadir a los electores de pensar que “aquí lo que se está haciendo es dar casas a los rom”. Los rom siguen siendo sujetos estigmatizados que siempre, de alguna manera, tienen que vivir con una espada de Dámocles lista para cortar cabezas al mínimo error, la mayoría de las veces por comportamientos que no serían sancionados y señalados con tanta fuerza si se tratara de otros grupos sociales. Los rom se merecen siempre un castigo o, por lo menos, se tienen que ganar con duros esfuerzos, demostrando que se lo merecen, lo que para otros es simplemente un derecho.

Sin embargo, la firma del pacto es presentada como un mecanismo de participación democrático, subrayando que se trata de un acto totalmente voluntario – y de hecho “hay familias que no lo han firmado, y está bien así, nadie las puede obligar si ellas no quieren” (sic). Como cualquier pacto o contrato entre partes situadas en una estructura de poder y oportunidades fuertemente asimétrica (una de las partes tiene el poder de dispensar prestaciones y servicios, de una manera como se ha visto totalmente arbitraria, la otra solamente de elegir entre la alternativa de adherir al pacto o quedarse en la calle), no se puede hablar de libertad ni, mucho menos, de democraticidad.

Aún admitiendo que el alojamiento en esos pisos sea un alojamiento mejor para las familias respecto a la vida en las barracas a la orilla del río; aún admitiendo que el alojamiento en estas especie de estructuras / instituciones totales, para familias que no tienen ningún problema particular sino el de ser pobres, implique unas pérdidas de libertad respecto a la vida en el campo pero en cambio un aumento de seguridad; aún admitiendo todo esto, queda por averiguar qué pasará con estas familias una vez se haya acabado el proyecto, es decir, una vez que tengan que pagarse ellas mismas los alquileres y los gastos a precio de mercado (considerando que se han ido de Rumanía, donde en muchos casos ya tenían unas casas, justamente porque no podían sostener los gastos para mantenerlas y en Italia no han encontrado fuentes de ingreso que les permitan un estilo de vida muy superior al de las barracas). “En este momento sólo veo una nube oscura”, son las palabras de un operador involucrado en el proyecto, “estoy preocupado por lo que va a pasar de 2016 en adelante. Qué pasará con los núcleos familiares ‘emergidos’ que han ido a vivir a pisos… ¿Podrán pagarse el alquiler?”.

Fuente: googlemaps.com

Fuente: googlemaps.com

En la convocatoria del Concejo del VI Distrito me encuentro con otra operadora. “Sí sí”, me confiesa ella con la máxima sinceridad, “las casas las estamos consiguiendo, con mucho esfuerzo… pero trabajo no.” Queda entonces por descubrir qué tipo de sostenibilidad puede tener un proyecto semejante, donde las familias son mantenidas con dinero público durante un par de años, con la intermediación de las asociaciones, y luego dejadas en las mismas condiciones en las que se encontraban antes.

Gianni, el mismo operador crítico antes mencionado, reflexionó conmigo un día: “Con 5 millones de euros, para gastar en dos años, se podía dar un alojamiento a cuatro veces los rom, no sólo de los campos ilegales, sino también de los autorizados [de toda la ciudad]. Son 2.500.000 al año. En Lungo Stura habrá 200 familias. Entre Lungo Stura y Germagnano [otro asentamiento ilegal], 250 si las cuentas. Pero quedémonos sólo con los campos ilegales, 250 familias. 1.200 / 1.500 personas. Grosso modo, ¿ok? 250 familias, a las cuales das una contribución mensual para el alquiler, 200 euros, el resto lo ponen ellos. Alquileres que están entre los 300, 350 euros… Con 200 euros de contribución, una familia cuesta 2.500 euros al año. 5.000 euros por dos años. Son 1.250.000 euros. Duplica la contribución, ¡le das 400 euros! Llegas a 2.500.000. Porque hay que ser mínimamente científicos con estas cosas. ¿Ok? Con aquel dinero podían arreglar la situación de cuatro veces todos.”

En cambio, en el proyecto elaborado conjuntamente con la Prefectura, los 5.000.000 son empleados de otra manera: no solamente para vaciar el campo de Lungo Stura, sino también para recoger la basura próxima a los campos, o vallar los terrenos desalojados para evitar su reocupación.

En la reunión abierta del VI Distrito, el Asesor a los Servicios Sociales intenta brevemente hacer una síntesis de los trabajos realizados. Falta un año para el término del proyecto, ha pasado un mes desde el término previsto para el vaciamiento completo del campo, pero medio campo queda todavía por desalojar. El Asesor explica que 26 familias han sido alojadas en pisos y 52 en soluciones temporáneas de social housing. Son números muy reducidos respecto a todo el dinero empleado, pero nadie entre los presentes parece preocupado por esto. Las preocupaciones son otras, por ejemplo, el aumento de presencia en otros campos cercanos y el peligro de contaminación por los humos que en los campos se producen. Las autoridades no descartan un desalojo: “no todas las familias están destinadas a ser beneficiarias de este proyecto y yo encuentro que ésta es justamente la fuerza de este proyecto” comenta el Asesor al Orden Público.

La característica más evidente del proyecto, en estricta continuidad con la anterior política de construcción de los campos, es el fuerte conflicto de interés por parte de las organizaciones que gestionan la emergencia; entre los intentos declarados de incluir y el interés material en que se mantengan situaciones de exclusión para la renovación de los proyectos. Es una de las consecuencias del proceso de externalización que sufren, desde hace mucho tiempo, las políticas públicas. Y es por eso que la palabra “futuro” aparece entre mis pensamientos. A lo que estoy asistiendo, a lo que estamos asistiendo, es a un ensayo general sobre la solución de una emergencia habitacional que no está destinada a reducirse. Que sean pobres italianos, que sean pobres comunitarios, que sean pobres extracomunitarios, la vivienda pública ya no parece representar más una solución para los gestores de las emergencias. El recurso a la vivienda libre, gestionada por organizaciones privadas de lo social, parece ser un modelo especialmente compatible con el orden de la modernidad tardía. ¿Quién sabe si nos tocará a nosotros también algún día? ¿Quién sabe si nosotros seremos capaces de defender nuestra libertad y nuestros intereses, con más poder de contratación, respecto a los rom de Lungo Stura? ¿Cómo podemos estar seguros de que toda su experiencia a nosotros no nos afecta?

En un artículo sobre el futuro de las periferias, el ex alcalde de Turín Valentino Castellani, se proclama abiertamente a favor de la solución del social housing. Él no habla de rom, habla de soluciones generales a los problemas de la periferia. Esto nos debería dar que pensar. Si un proyecto como “La Cittá Possibile” es posible, es justamente porque los rom rumanos, en cuanto ciudadanos europeos de segunda categoría -en pocos casos provistos de trabajo regular y fuentes de ingresos legales- son desprovistos del título legal para permanecer en territorio italiano con todos los derechos de plena ciudadanía. Habría que preguntarse qué pasaría a todos los “pobres”, en general, en el contexto actual de progresivo recorte del sistema de derechos y seguridad social.

Quién sabe si la città possibile no sea, en realidad, una horrenda distopia o, mejor dicho, la utopía de unas autoridades paternalistas, que infantilizan a una ciudadanía que después temen, y de unas asociaciones para la defensa de los derechos de los últimos, cooptadas por esas mismas autoridades; unas asociaciones cuya obra se puede definir, como mínimo, como poco valiente. Que el modelo del social housing como forma de gestión de la emergencia para generar consenso, como forma de solucionar los problemas de muchos en provecho de pocos, con gastos públicos irracionales, no se vuelva la normalidad en la política de la vivienda social, depende de nuestras capacidades de solidarizarnos con los últimos y oponernos.

Desafortunadamente, en la sala conciliar del VI Distrito, no somos demasiados los que compartimos esta visión.

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La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (1)

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la primera de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. La siguiente será publicada la semana próxima.

Sentada en la sala conciliar del VI Distrito de Turín, entre el público de una concurrida asamblea abierta del Concejo de Distrito, hay una palabra que me viene a la mente, como una especie de siniestro eureka o distópica premonición: “futuro”. El tema a tratar es una cuestión “candente”: la asamblea ha sido convocada para poner al día a los ciudadanos del barrio sobre el proyecto de “vaciamiento” (ese es el término soft que en la jerga institucional sustituye a la palabra “desalojo”) del más grande asentamiento ilegal de la ciudad, el campo de Lungo Stura Lazio, poblado en su mayoría por rom rumanos. No es la primera vez que el Consejo se reúne para hablar de este tema tras la solicitud de los ciudadanos, ni será la última. La presencia del asentamiento ilegal de Lungo Stura Lazio es fuente de malestar desde hace mucho entre los habitantes del barrio, por temas de higiene, seguridad y orden público.

A los espacios urbanos específicos para la población rom, existentes en todas las ciudades italianas grandes y medias, se les llama campi nomadi o campi rom. Campos rom los hay tanto legales (campi autorizzati, aree soste attrezzate… la fantasía de los administradores es infinita) como ilegales (campi abusivi). Tanto unos como otros suelen estar ubicados en las periferias urbanas, justamente en aquellos lugares donde nadie querría vivir. No es raro encontrar campi nomadi cerca de las carreteras de circulación rápida, vías férreas, aeropuertos o vertederos, según una especie de “aparheid furtivo”, de “urbanismo del desprecio” que caracteriza las relaciones -materiales y simbólicas- entre los poderes hegemónicos y los grupos sociales estigmatizados.

Mientras que los campos legales representan la solución político-administrativa a la presencia de grupos de sinti (italianos) y rom (italianos y extranjeros, sobre todo procedentes de los países de la ex Yugoslavia), la llegada más reciente de grupos rom desde Rumanía no ha sido objeto de ninguna intervención dirigida a su acogida, dando origen al surgimiento de asentamientos ilegales de barracas, algunos de los cuales ha llegado a alcanzar grandes dimensiones. El campo de Lungo Stura Lazio es uno de éstos: situado a la orilla del río Stura, en una zona de elevado riesgo de aluvión, contiene una población que en el 2013 ha alcanzado aproximadamente las 800-1.000 personas.

“Futuro”, decía. Pues sí, el proyecto de “desalojo asistido” de Lungo Stura me hace pensar en el futuro. De repente me encuentro a mi misma reflexionando sobre el hecho de que, después de tantos años de investigación sobre soluciones habitacionales diferenciales para la población rom en Italia, quizás la cuestión no sea tanto la “especificidad” de estas soluciones. Con 4.000 desahucios al año, 1.000 de los cuales efectivamente ejecutados, Turín se ha convertido en una más de las capitales italianas de los desahucios: la “emergenza casa” es una cuestión que está empezando a afectar sectores cada vez más amplios de la población.

El espinosísimo asunto político, en el VI Distrito, es por lo tanto dar una casa a las centenares de familias que viven en barracas de Lungo Stura Lazio, sin hacer enfurecer a los electores, después de años de una praxis político-administrativa que ha sedimentado y reforzado, con la creación misma de los campos legales, la percepción de una profunda y sustancial incompatibilidad entre los grupos rom y la sociedad mayoritaria. El conflicto que divide a los habitantes legales del barrio de los habitantes ilegales se presenta por lo tanto estructurado alrededor de unas categorías de tipo étnico (“italiani” y “rom”) frente a otras representaciones que podrían hacer énfasis sobre características de tipo socioeconómico compartidas por todos los grupos en situación de emergencia habitacional, tanto “nativos” como inmigrantes. En cambio, en el contexto actual de declive de la ciudad industrial, los procesos de estigmatización a los cuales la población de los barrios de la periferia han sido sometidos durante décadas, desembocan en conflictos entre habitantes “legales” e “ilegales”, “formales” e “informales”, “italianos pobres” y “europeos pobres”, en una obstinada e incansable defensa de los privilegios residuales de los “penúltimos” frente a los “últimos”.

El proyecto de desalojo de Lungo Stura se enmarca en el contexto de unas directrices políticas nuevas – tras los numerosos llamamientos de las instituciones europeas – sobre la necesidad de “superación” de los campi nomadi.

Hay que decir que cuando se empezó a hablar de necesidad de “superación” me quedé algo perpleja por el carácter evidentemente ambiguo de la palabra. ¿Qué quiere decir “superación”?

Cuando se lo pregunté a la Presidenta del Distrito, en enero de 2013, ésta me contestó que antes de hacer cualquier cosa, había que separar, en el seno del campo mismo, a los “honestos” de los “delincuentes”, y esto era competencia de las Fuerzas del Orden. Solamente después sería posible realizar alguna intervención para la relocalización de las familias. Recuerdo que en aquel momento me quedé sorprendida. Pensaba, “con tantas familias en lista de espera para la asignación de un piso de protección oficial, ¿dónde van a encontrar casas para estas nuevas familias? Estamos hablando de casi mil personas. Aunque los “delincuentes” sean cien, de todas maneras quedan muchas familias por realojar…”. La Presidenta me hablaba en términos vagos de casas en ruinas que los rom podrían restaurar según la fórmula en boga de la “autorecuperación”. Mientras tanto yo seguía rumiando: “Y además, ¿acaso los delincuentes no tienen una familia, hijos, mujeres que se merecen una casa también? ¿O tienen que pagar estos las culpas de sus padres o sus maridos?”

En realidad estaba cometiendo un error muy básico: olvidaba que la ilegalidad no es una condición dada, sino una construcción social. El umbral de la legalidad o la ilegalidad puede ser desplazado a través de procesos políticos de construcción de la criminalidad. En febrero 2013, por ejemplo, la Provincia de Turín endureció súbitamente las normas para la compra-venta de chatarra: esto quería decir, entre otras cosas, ilegalizar de un día para el otro la actividad de la gran mayoría de los habitantes del campo de Lungo Stura Lazio. Además, las intervenciones policiales en el interior del campo se multiplicaron. Solamente en los cinco meses que van desde enero a mayo de 2013, se efectuaron 298 controles por parte de la autoridad policial (datos de la Prefectura de Turín, la institución equivalente a la Delegación de Gobierno). Estos controles, casi dos al día, supusieron un total de 17 detenciones, 52 denuncias y 29 “alejamientos” (cifras de todas formas muy exiguas respeto a la totalidad de la población del campo). Los controles fueron realizados, en muchos casos, de madrugada, bloqueando las entradas y salidas del campo como si se tratara de operaciones de máxima seguridad, creando un clima de pánico moral (Cohen 2002), recogido y amplificado por unos medios de comunicación que fomentaban implícitamente el alejamiento voluntario de las familias. Frente a cualquier demanda de explicación sobre las razones de los controles, la respuesta era que se trataba de operaciones de censo de la población del campo. Mientras tanto, los periódicos locales publicaban enormes titulares sobre los blitz de la policía, las cantidades de quilos de cobre secuestrados, el cierre de los bares clandestinos en su interior… Es en este contexto que se realizaría el proyecto definitivo de superación del campo: El Ayuntamiento, la Prefectura y las pequeñas organizaciones no gubernamentales turineses del tercer sector (el sector privado de la intervención social) elaborarían el plan de la “superación” para la realización del cual sería contratada, según procedimiento de contratación pública, la misma agrupación de entidades y asociaciones involucradas en la elaboración del proyecto. La cuantía de la asignación para el mismo era de 5.000.000 euros, de los cuales más de dos millones solamente para el “vaciamiento” de Lungo Stura.

El proyecto de vaciamiento toma el nombre de “La Città Possibile”. “Lo hemos decidido todos juntos, en una tarde de verano”, me confiesa candorosamente una de las trabajadoras sociales involucradas. “Nos hemos mirado entre todos, casi todos habíamos estado en Génova en el 2001,  en las protestas contra el G8. El  eslogan en aquel momento era ‘otro mundo es posible’, y así nos ha salido el nombre ‘la ciudad posible’, porque es esto en lo que creemos: otra ciudad posible.”

El proyecto de “inclusión” de las familias de Lungo Stura está basado en una serie de procesos previos de exclusión: en primer lugar, creando un clima de miedo en el campo con controles policiales continuos y fomentando, por lo tanto, la “autoexpulsión” de las familias que, en este clima, se han alejado voluntariamente del campo. Una vez acabada esta fase, intervienen en segundo lugar las asociaciones para realizar la relocalización de las familias. Para dicho proceso, obviamente, sólo son seleccionadas algunas de ellas, las que constan en el censo a disposición del Ufficio Nomadi e Stranieri del Ayuntamiento. Si por alguna razón la familia no estaba presente el día de la realización del censo, queda afuera del proyecto. Me explica Gianni, trabajador de una de las asociaciones que no participan en el proyecto – que consideran vergonzoso –, una de las pocas asociaciones cuya presidenta es una mujer romní:

«Han hecho como cuarenta y cinco censos, con fotoseñalaciones, ¿te acuerdas, no? Huellas, fotografías, ¿cuántas veces? En Lungo Stura, el año pasado, sólo en el primer semestre, casi 300 controles, 300 operaciones policiales. Quiere decir dos operaciones al día. Y cada operación, diez, veinte, treinta personas. Carabinieri, guardias urbanos o policía. Datos publicados en la página web de la Prefectura. Han publicado los del primer semestre y luego no han publicado nada más. Datos oficiales que están ahí. De hecho, han censado y recensado centenares de veces. Han visto – esta es la lectura que se puede dar desde afuera –los datos de los censos, han localizado aquel donde había menos gente, y han dicho “este es el bueno”.»

Los datos del censo a disposición del Ufficio Nomadi hablan de una población de alrededor de 600 personas. De éstas, aproximadamente 100 quedan excluidas de la participación en el proyecto de relocalización por no cumplir con determinados criterios “jurídicos” (como explica el Asesor de los Servicios Sociales: es decir, por tener antecedentes). Las fases de la selección de la población “beneficiaria” del proyecto han sido las siguientes: 1) selección por autoexpulsión, 2) selección por azar (ausencia en el censo finalmente escogido, entre los varios realizados), y 3) selección sobre criterios “jurídicos”. Como se puede observar, la selección de las familias se ha llevado a cabo sobre criterios absolutamente arbitrarios, no trasparentes y no impugnables por parte de los excluidos. La lista de las familias beneficiarias tiene carácter de absoluta arbitrariedad: ¿quien las ha elegido?, ¿en base a qué criterios?, ¿los interesados podían presentar recurso?, ¿quien ha sido excluido podía decir “disculpen, os habéis equivocado?”

Es necesario ilustrar todas esas fases previas del proyecto para entender adecuadamente las lógicas que subyacen al mismo. De esta forma, parece que el principal motor de arranque del proyecto es el miedo de las instituciones: miedo a las reacciones de los ciudadanos que soportan, después de tantos años, la presencia de una pequeña favela ilegal en su barrio y miedo a las reacciones de los mismos ciudadanos frente a la hipótesis de que “les den una casa a los rom, cuando hay tantos italianos que no tienen casa”. Y cuando se actúa movidos por el miedo, fácilmente se adoptan medidas “a medias” e irracionales. De hecho, el eslogan de la “superación” de los campos, “virtuoso” en la teoría, se llena en la práctica de las viejas lógicas que subyacían a la construcción misma de los campos. En primer lugar, la lógica de la ininterpelabilidad de los destinatarios de los proyectos: familias rom totalmente sin poder  y cuya posibilidad de negociación y contratación es, por lo tanto, sistemáticamente negada, como inconcebible a priori. En segundo lugar, la lógica de la emergencia: la asignación de los 5 millones tiene una duración de dos años, en dos años el proyecto tiene que estar acabado. Aquí aparece, una vez más, el dictat de la emergencia que ha caracterizado en muchos casos la construcción de los campos: los operadores sociales de las asociaciones se hallan de repente obligados a buscar, a toda prisa, alojamientos disponibles en el mercado inmobiliario para la cantidad más grande posible de familias, a coste reducidos, preocupados de satisfacer al mismo tiempo a la Prefectura (que suelta el dinero para todo el proyecto) y a las familias del campo (para no perder entre ellas aquel mínimo de credibilidad necesario para llevar adelante el trabajo). Un trabajo de malabarismo impresionante que, evidentemente, deja a todos descontentos: las familias, realojadas en inmuebles y estructuras cuyas características les hacen añorar la vida en el campo, la Prefectura (puesto que la ejecución del proyecto ya se está alargando más de lo previsto), los operadores mismos (“no hay nadie entre nosotros que se sienta a gusto en el proyecto”, me confiesa la misma trabajadora social antes citada). Y una tercera característica del proyecto, consecuencia de la lógica emergencial, es su insostenibilidad: el vaciado del campo en dos años, ¿qué pasará con las familias realojadas? Pero quizás me estoy adelantando demasiado. Procedamos con orden.

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Los centros del triángulo: Migración y neocolonialismo en Sicilia.

Fuente: Decontaminazione Sicilia

Fuente: Decontaminazione Sicilia

Por Stefano Portelli (OACU y Perifèries Urbanes)

Cuando los migrantes desembarcan del enorme buque de la marina militar italiana que los ha rescatado en alta mar, los acoge un dispositivo móvil que ya se va convirtiendo en habitual. Los médicos seleccionan quién necesita curas especiales; la policía registra nombres y asigna a cada uno un número; después entran bajo la gran carpa de la protección civil, y se sientan o estiran en las camillas. El puerto de Augusta es el puerto comercial más grande de Sicilia oriental, y a su alrededor, desde los cuarenta, se ha desarrollado uno de los más grandes establecimientos industriales del Mediterráneo: el petroquímico de Siracusa. Durante décadas, sus industrias han a la vez salvado la economía y destruido la salud de los habitantes: hoy, cuando muchas fábricas han cerrado, la franja de costa entre los tres pueblos de Augusta, Melilli y Priolo Gargallo se ha convertido en el ‘triángulo de la muerte’, en el que al paro se añade una contaminación que parece irreversible: un niño de cada veinte nace con una malformación, y un adulto de cada tres muere de tumor. El aire quema al respirar, y en el horizonte brillan oscuras las llamas sobre las chimeneas; el volcán Etna está a 50 km. pero casi nunca se ve, envuelto en la espesa bruma blanca. Precisamente en estos tres pueblos las autoridades de la provincia de Siracusa han decidido emplazar los centros de acogida para menores migrantes.

Durante tres meses estuve trabajando con una ONG en los centros del ‘triángulo’. Ya desde los primeros días, una de mis primeras preguntas fue: ¿Por qué llamarlos ‘centros’, si lo único que se puede afirmar de ellos es que son periféricos? Así como es periférica la historia de la contaminación de estas tierras – en los periódicos nacionales se habla del Ilva de Taranto, de la ‘tierra de los fuegos’ en Campania, ahora del amianto en el aire en Avellino, pero nunca del desastre humano y ambiental de esta punta de Sicilia. La proximidad con África, que hoy significa inmigración, en otros tiempos significó hidrocarburos; y en el mismo trozo de mar que cruzan los migrantes se están implantando nuevas plataformas petrolíferas, justo en frente del otro gran puerto de la zona, el de Pozzallo. Pero sólo lo sabe quién vive aquí; porque al sur de Sicilia se va de vacaciones, no para descubrir planes neodesarrollistas.

Lo mismo pasa con los ‘centros’. Lo que sucede a su interior, generalmente, no se filtra fuera; si filtra, su representación no corresponde con lo que se ve adentro. Para entender qué acontece aquí, antes hay que acostumbrarse a la lengua franca que se ha desarrollado en ellos. Los niños hospedados aquí – todos varones, y de varios orígenes – hablan un idioma como el de los puertos, hecho de trozos de inglés, árabe e italiano mezclados con algo del dialecto siciliano que hablan los trabajadores del centro. Una palabra me impactó al principio: a la comida la llaman mangerìa. Es una palabra que no existe en italiano, y tampoco en siciliano. Descubrí pronto que la palabra venía de Libia: los subsaharianos la habían aprendido en su detención en las cárceles o campos libios, y la habían traído aquí, muchos incluso pensando que era árabe. Pero no es árabe: es una palabra italiana antigua, que quedó allí incluso cuando los colonizadores italianos, que entraron en Libia en 1911, fueron expulsados por Gadafi en los años sesenta. Ya desde el principio, estos lugares evocan fragmentos sumergidos del colonialismo.

Esta impresión se hizo aún más fuerte, cuando me dí cuenta que nadie de los migrantes que viven en ellos llama a estos lugares ‘centros’. La palabra que usan es camp. Obviamente, ‘campo’ en Europa es una palabra prohibida: despierta demasiados fantasmas para que se pueda usar libremente (¡menos que para los ‘campos rom’, o ‘campos de gitanos’!). Hablando con ellos me di cuenta que llaman también ‘campos’ a muchos de los lugares por los qué han transitado en Libia, lugares de violencia extrema, de los cuales muchos llevan rastros en su piel. El paralelismo les surge espontáneo, entre los campos o prisiones de refugiados instituidos por Gadafi para retener los migrantes, a cambio de subvenciones italianas, y nuestros ‘centros de primer auxilio’ que nos representamos como puertos seguros después de las violencias sufridas en África. Sin embargo, es evidente que la frontera es mucho menos definida de lo que nos gustaría, y que en Europa estos muchachos vuelven a encontrar otros campos, gobernados por una variante más sutil de la misma violencia estructural que han sufrido durante el resto del viaje. Y del colonialismo pasamos al fascismo… ya que los primeros campos de concentració del siglo XX fueron precisamente los que los fascistas italianos implantaron en Libia, para detener los aldeanos de Cirenaica desplazados durante la revuelta de Omar Mukhtar.

Y se podría seguir. Porque todas las palabras con que se habla de este fenómeno – ‘emergencia’, ‘traficantes’, ‘flujos’, ‘menores’… – esconden un engaño, una mistificación de su estructura perversa y discriminatoria, con raíces antiguas y profundas: un gigantesco y oculto dispositivo de segregación que constantemente se desplaza, se fragmenta, se redefine, para seguir siendo incomprensible. Antes en Lampedusa; ahora en Sicilia Oriental; pronto en otro lado, en alguna otra periferia más difícil de monitorear. Cada aspecto de este fenómeno está en constante transformación, y necesitaría de una vida entera para investigarse. ¿Por qué, por ejemplo, si los muchachos tendrían que estar en los centros de emergencia sólo tres días, la gran mayoría lleva aquí meses, hasta nueve o diez? Algunos dicen que faltan hogares de acogida, otros que no se aclara quién tiene que pagar el hospedaje, otros que son las cooperativas que gestionan los centros los que prefieren mantenerlos por más tiempo, para lucrarse con los fondos del gobierno. De vez en cuando algún centro cierra por ‘infiltraciones mafiosas’, o corre algún rumor sobre la vinculación de una cooperativa con algún político; el Ayuntamiento de Augusta, además, hace un año que se disolvió por decreto ministerial, y es actualmente gestionado por una Comisión Antimafia – lo que hace que cada paso sea aún más difícil. Algunos dicen que estos son estereotipos, y que 45.000 migrantes en un año serían un problema para una gran ciudad, imaginen para un pueblo de 40.000 personas; y que, vista la situación, es admirable que no haya habido violencias, como las hubo últimamente en Roma. Aunque, la semana pasada, alguien tiró un coctel molotov contra un centro no lejos de aquí.

Otro aspecto que impresiona es que estos centros (diferentemente del que está en Pozzallo) no están cerrados. Los muchachos son libres de entrar y salir, y hasta de ‘escaparse’, si la palabra tiene sentido. De hecho los sirios, los etíopes, los eritreos (es decir, la mitad de los migrantes que llegan en Sicilia) nunca pasan por los centros: en seguida que llegan al puerto contactan un taxi, o empiezan a caminar por la autopista, y rápido siguen su viaje hacia el norte. Esto también está destinado a cambiar, en breve, con los nuevos dictámenes de la UE; de momento, sólo llegan a los centros gente de Gambia, Ghana, Mali, Nigeria, las dos Guineas, y los Egipcios. Uno de cada tres, más o menos, se acaba ‘escapando’ para alcanzar a algún familiar en el norte; los otros se quedan, aunque las verjas estén abiertas, y durante meses esperan que llegue el momento del transfer, la derivación a una comunidad de acogida para menores no acompañados, que se encargue de su regularización. Pero pasa tanto tiempo que muchos pierden la esperanza, y al final no quieren irse de los centros. A menudo he pensado en la frase de Galeano sobre el colonialismo invisible, que no necesita verjas o lazos para atarte a una conducta obligada: te enseña a obedecer sin ni siquiera usar la fuerza física, sólo con el miedo, con la convicción de que no hay otra posibilidad, y con la desinformación.  Está claro que estas son instituciones totales: pero a veces no está clara su función. ¿Se trata sólo de separar, segregar, alejar, o quizás no quieran también educarlos a la espera, a la exclusión, acostumbrar a los migrantes a la idea de que no van a ser verdaderos ciudadanos, aunque algún día les llegue un documento? A esto se añade otro importante elemento, vinculado con la menoría de edad, que muy a menudo es una menoría de edad declarada estratégicamente, sólo para obtener un permiso de residencia. Muy a menudo quien trabaja o frecuenta los centros, aunque sepa que está hablando con personas adultas, acaba infantilizándolos: también porque así caben mucho mejor en el estereotipo de víctimas que Europa necesita. En fin, si muchos pensaban haber llegado a algún lado, cuando fueron desembarcados en Augusta, estos lugares les enseñan que el viaje está aún lejos de terminar.

El tiempo sin duda representa un elemento de exclusión: los tiempos se dilatan al infinito, la cotidianeidad es dominada por la espera, la repetición y la falta de confianza en el futuro, hasta el punto de crear malestar y verdaderas enfermedades (una variante de la institutional neurosis descrita por Russell Barton hace medio siglo).

Fuente: Stefano Portelli

El patio de uno de los centros

Pero el espacio es un elemento del cual se habla menos, y que va más allá del emplazamiento de los centros en lugares malsanos. Para empezar, ninguno de estos sitios nació para ser lo que es: uno era un antiguo hotel, otro una residencia para ancianos, otro un depósito de taxis, otro una escuela abandonada. Las administraciones han adaptado los lugares para alojar a los menores, en la ‘emergencia’, y los efectos de esta reorganización son evidentes. La ropa se tiende en la verja del fondo; los dormitorios tienen dibujos de los niños en las paredes; el hall de la residencia es ocupada por la policía; una pérgola para los taxis se ha convertido en mezquita; y los menores usan la pica del bar del hotel para lavarse los pies. Todo contribuye a un extrañamiento generalizado, y transmite un mensaje de provisionalidad, pero que rige sus vidas durante meses.

A la vez, esta reconfiguración del espacio también es una brecha a través de la cual penetra el proceso inverso: el de apropiación. Aunque las entidades que trabajan aquí, con razón, empujan para que los chicos no se enraícen, y que estén preparados a ser transferidos, lo que hace su vida menos miserable es precisamente el continuo proceso de toma de posesión y redefinición – individual y colectiva – de los lugares. Viviendo las 24 horas del día, durante meses, en estos sitios mal definidos, los migrantes construyen unos usos del espacio que los trabajadores de los centros tienen que aceptar, aunque sea a regañadientes: el espacio tiene que ser negociado, por fuerza; si no siempre estas formas de agency son abiertamente subversivas, como los pies en la pica, todas representan unas estrategias de contestación y afirmación de su presencia (¡en línea con lo que escribe Michel Agier de los campos de refugiados!). Estos usos del espacio agrietan estas potenciales instituciones totales, infundiendo en ellas algo de vida, alguna parte de sus vidas. Nuda vida, quizás, pero sin duda vida social.

Esto es evidente en el caso de la escuela de Augusta. Bajo la lógica de la emergencia, durante el verano el Ayuntamiento decidió alojar a más de 150 menores en una escuela abandonada del centro del pueblo, sin ni siquiera preocuparse de entregar su gestión a una cooperativa social. Las pésimas condiciones higiénicas de la estructura, y las quejas constantes de los residentes del pueblo (ya deprimido de por sí) llevaron el caso a la atención mediática; las fotos de los chicos de 14 o 15 años ‘abandonados’ en el patio entre basura y cristales rotos, y la ‘promiscuidad’ de las antiguas aulas en que dormían en grupos de 17, eran perfectos para acompañar los artículos de denuncia, y salieron hasta en el National Geographic y en el Wall Street Journal. Este último tituló In Italy Migrant Children Languish in Squalor, con el mismo verbo que algunas semanas después usó Al-Jazeera para las prisiones de Libia (Libya Migrants Languish in Camps). La presión mediática llegó al punto que, en ocasión de una visita de delegados europeos, el Ayuntamiento cerró la escuela y trasladó todos los residentes a otro centro, siempre en el ‘triángulo de la muerte’. Suspiramos todos de alivio, ya que el nuevo centro tenía mejores condiciones higiénicas, y una cooperativa que se encargaría de ellos: en Augusta los refugiados se quedaban solos toda la noche, y había inaceptables episodios de violencia entre ellos, por los cuales muchos de ellos nunca dormían; además, había gente del pueblo que entraba en la escuela sin ningún control, metiendo a los muchachos en tráficos ilícitos y quién sabe qué más.

Cuando visité el nuevo centro por primera vez, entendí que la higiene era la otra cara de una evidente decisión de ‘restablecer el orden’. Más de veinte policías, armados, se quedaban día y noche al interior del centro, aparcando sus furgonetas en el patio, y circulando por los pasillos; incluso entrando en las habitaciones, porras a la mano, cuando había peleas entre los chicos. La limpieza del lugar ofrecía un descanso a la vista; pero ví también como la escuela de Augusta se idealizaba en el recuerdo de los chicos: por cuanto degradada y descontrolada, ese lugar estaba en el centro del pueblo, y les permitía interactuar con adolescentes italianos, de jugar a fútbol en el parque, hasta de flirtear. Esas relaciones, por cuanto poco adecuadas a una situación de emergencia, y mezcladas con otras mucho menos positivas, habían permitido a muchos muchachos de sentirse en Italia, no sólo en un campo: familiarizarse con su nuevo país, pasear por las calles del pueblo – claro, también mendigar para comprar una tarjeta de teléfono, pero también ir experimentando el nuevo idioma. El nuevo espacio, en cambio, estaba en una urbanización aislada, lejos de todo, al lado de una residencia psiquiátrica; las verjas cerraban por la noche, y los chicos tuvieron que acostumbrarse a controlar su horario de vuelta, o directamente se quedaban adentro. A pesar de la higiene y el control, menos de 15 días después del traslado, un gran número de chicos protagonizaron una revuelta, destruyendo mobiliario y otros enseres. Ya no había nadie del Wall Street Journal para escuchar sus demandas, ni para monitorear las reacciones de los trabajadores del centro, o de los policías.

Podemos hacer suposiciones, pero nos es absolutamente imposible entender qué significan estos sitios para estos refugiados. En los centros sólo circulan personas vinculadas con las entidades o las cooperativas, y ninguna ha expresado una voluntad real de comprender mejor qué perciben los migrantes. Quién está del lado de los subordinados siempre tiene que hacer esfuerzos para entender a los que lo dominan; pero los dominadores  consideran fútil y casi ofensivo esforzarse demasiado para entender qué piensan los subordinados (esto lo explica muy bien David Graeber en la Malinowski lecture de 2006). Algún día, sin embargo, algunos de entre estos chicos escribirán, o explicarán de alguna manera cómo eran estos campos desde su propio punto de vista. Los que son hoy sólo una categoría burocrática, ‘menores migrantes no acompañados’, se revelarán como lo que son para la historia: nuevos exiliados, que, a través del desierto, de la muerte y del engaño, fundaran nuevas ciudades en nuevas tierras. Habrá que ver qué papel jugará Augusta, con su triángulo de la muerte, en esta nueva Odisea. ¿Será la isla de Ogigia, en que el tiempo pasaba tranquilo, aunque vacío? ¿O más bien la de la maga Circe, en qué había que andar con mil ojos,  para no ser convertidos en animales?

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