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De proletarios a propietarios, o los origines de la lógica espacial del urbanismo neoliberal.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A principios de los ’70 el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona encargó al fotógrafo santanderino Julio Ubiña la realización de un video que promocionara los entonces vanguardistas “polígonos de absorción”, esto es, conjuntos residenciales alejados del centro y destinados a reabsorber la población chabolista asentada en los cada vez más rentables intersticios de la Ciudad Condal. A pesar de su absoluta –pero comprensible- falta de criticismo, no hay duda de que el vídeo representa una clara evidencia de aquella retórica perversa que caracterizó las lógicas urbanísticas de la época franquista y que, sin embargo, sigue hoy día perpetrando su legado en el actual urbanismo de corte neoliberal.

El hecho es que, a partir de los ’60, la economía española empezó a desarrollar una gran dependencia del sector bancario-inmobiliario, el cual jugó un papel clave en la configuración del espacio económico y, por ende, social del Estado. De ese modo, el crecimiento de las principales metrópolis durante el franquismo implicó una potente expansión del mercado inmobiliario en general, especialmente en el sector constructor y promotor de la vivienda social. Sería precisamente este aspecto el que supuso enormes repercusiones en la reposición del patrimonio inmobiliario del Régimen gracias a una política de vivienda que se basaba en incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía.

En 1959, año que marcaría un verdadero punto de inflexión para la política autárquica del franquismo, el entonces ministro de Vivienda José Luis Arrese ensalzaba el trabajo de los “agentes de la propiedad inmobiliaria” afirmando que “[…] la misión que de una manera concreta está encomendada a vuestro quehacer diario, es la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para ello, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad; y mirad por dónde, repito, os vamos a necesitar cada vez más, porque cada vez más claramente y sin torceduras vamos a fomentar la propiedad privada. […] No queremos, y lo consideramos un mal, aunque a veces sea un mal necesario, que la construcción derive de un modo colectivo hacia el arrendamiento, […] la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad […]. Queremos un país de propietarios, no de proletarios”.

Las palabras del ministro Arrese, renombrado arquitecto falangista, respondían claramente a la necesidad política y económica del Régimen de redistribuir territorialmente los sectores más desfavorecidos de la población en nombre de la hegemonía absoluta de lo que algunos autores definen como la “cultura de la propiedad”. En esta dirección, el objetivo político de las fuerzas dominantes era estimular la propiedad de la vivienda como elemento básico de pertenencia, sobre todo entre las clases proletarias, reforzando así las políticas extremadamente conservadoras y de control social del Régimen. En otras palabras, tal y como señalan investigaciones más recientes, “el desarrollo del capitalismo inmobiliario se ‘incrusta’ profundamente, desde sus inicios, en unas formas de reproducción social muy singulares, caracterizadas entre otras cosas por la elevación de la vivienda en propiedad a elemento cúspide en la organización de la unidad doméstica obrera”.

Es en este contexto social y político, caracterizado por una verdadera lucha institucional contra la renta limitada, donde se enmarcan el Plan de Urgencia Social para Barcelona, presentado en 1958, y el Plan de Supresión del Barraquismo de 1961. Ni tiene que decir que las medidas estratégicamente concebidas y planificadas dentro del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, como los Planes de Desarrollo o los Planes de la Vivienda, fueron ejecutadas a partir precisamente de la década de los ’60, es decir, en un momento crucial para el proceso de estabilización social y política del Segundo Franquismo. En este sentido, la finalidad del Plan de Supresión del Barraquismo no era tanto “dignificar” a los chabolistas mediante la provisión desinteresada de vivienda social, sino más bien acabar rápida y definitivamente con todos los asentamientos de autoconstrucción, sobre todo con los que surgían en espacios particularmente rentables en términos urbanísticos.

Para ello, las instituciones empezaron a planificar el desplazamiento sistemático de numerosos chabolistas hacia las periferias urbanas de las grandes ciudades, ahí donde serían realojados en grandes bloques de viviendas verticales. A finales de los ‘60, el entonces alcalde de Barcelona, Josep María de Porcioles, proclamó que los restos del chabolismo en la capital serían definitivamente erradicados con la construcción de nuevos “polígonos de absorción”, edificados en pos de una vivienda “adecuada”, “digna” y “en propiedad”. En esta dirección, los polígonos de Canyelles, en Nou Barris, y de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, representarían, dentro del marco del Plan de Supresión del Barraquismo, las dos operaciones más emblemáticas efectuadas por el Patronato Municipal de la Vivienda para realojar a numerosas “familias chabolistas” del área metropolitana de Barcelona.

Relegados a la periferia o a áreas rurales cercanas a las ciudades y ubicados en terrenos de escaso valor ambiental, los polígonos de la era porciolista no eran sino una pantalla tras la cual ocultar las causas reales del progresivo aumento de la desigualdad socio-espacial que venía perfilándose sobre todo el territorio nacional. Efectivamente, la alta densidad habitacional que llegaron a registrar esos polígonos, sin buenos transportes y comunicaciones, con escasos o nulos equipamientos, con una mala calidad de construcción y un reducido tamaño de las viviendas, respondían a la absoluta falta de interés del Régimen por comprometerse de verdad con los problemas sociales y económicos de la época.

En definitiva, especialmente durante las “décadas doradas” del desarrollismo, los tecnócratas de Franco no se habrían preocupado por solucionar las condiciones sociales, laborales o de vivienda de la población más desfavorecida, sino por encontrar la manera más rentable de “mejorar” y explotar la capacidad productiva del proletariado. Una estrategia económica, que no una política social, que en cierta medida marcaría los orígenes de la lógica espacial que tan íntimamente caracteriza el actual urbanismo neoliberal, aquel que ya no aspira simplemente a planificar la ciudad y, por ende, la vida y las conductas de sus habitantes, sino que se obstina en convertir los vecinos en clientes.

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A 25 años de la “intifada del Besòs” o la apropiación simbólica del conflicto urbano en el margen derecho del Besòs.

El solar de la palmera en octubre de 1990 | Fuente: http://www.ccma.cat/

por Giuseppe Aricó (OACU)

Desde la semana pasada, diversos medios de comunicación se están preocupado por recordar que estos días se cumplen exactamente 25 años de la “intifada del Besòs”. Todo empezó la última semana de octubre de 1990, cuando la administración decidió levantar, en un amplio solar del barrio, alrededor de 200 VPO para realojar a algunos vecinos del cercano barrio de La Mina y otras “zonas calientes” del área metropolitana. Tal y como ha enfatizado Javier Torres en La Vanguardia, ese acontecimiento seguiría representando hoy día “una gesta de la que los habitantes del distrito están orgullosos y que han evocado esta semana, como si de un espíritu guerrero se tratara, para alzarse contra el aumento de la venta de drogas y de la ocupación ilegal de pisos. Ambas han aumentado mucho en los últimos meses como efecto contagio por la creciente degradación del colindante barrio de la Mina”.

Como si de un maleficio se tratara, parece que la historia vuelva a repetirse evocando, un cuarto de siglo más tarde, las mismas motivaciones que supuestamente estaban entonces en la base del conflicto. Efectivamente, en 1990 el problema de fondo parecía ser la cierta ansiedad que generaba La Mina en el imaginario colectivo como símbolo de “delincuencia”, “drogadicción” e “incivismo”. Así, para la clase social obrera del Besòs, ya empobrecida y afectada por el desempleo, la noticia de una posible “cohabitación” con residentes de La Mina habría implicado el declive definitivo del barrio. Pero ¿fueron real y únicamente éstas las razones que fundamentaron lo que ha pasado a conocerse como la más grande revuelta vecinal de Barcelona desde el restablecimiento de la “democracia”? ¿Podría haber algo más tras las reivindicaciones de aquellos vecinos que, con tanto orgullo y tanta rabia, lucharon en contra de unos proyectos urbanísticos que no tenían en cuenta sus necesidades reales?

El hecho es que el 1990 fue, además, un año clave para entender la forma en que los barrios del margen derecho del Besòs, que empezaban a ocupar una posición estratégica en el territorio metropolitano, fueron sistemáticamente privados de toda posibilidad participativa en los proyectos urbanísticos perfilados desde la élite política y económica que dominaba la ciudad condal. Ya a mediados de los ’80, el simple anuncio del proyecto olímpico implicó un cambio de escala significativo en las prioridades urbanísticas de una Barcelona cada día más proyectada a nivel global que ansiaba afirmarse como la millor botiga del mon. El recién nacido “urbanismo democrático” ya no aspiraba a la simple transformación física de la ciudad, sino a promover la resolución o edulcoración de los conflictos socio-económicos mediante la intervención directa o indirecta en su espacio urbano.

De ese modo, todas aquellas actuaciones dirigidas a generar un “espacio público de calidad”, no sólo se convirtieron en el rasgo definitorio e ideológico de lo que pasaría a conocerse como model Barcelona, sino que vendrían a caracterizar la manera de hacer ciudad desde que Narcís Serra tomara posesión del alcaldía en 1979. Esa nueva forma de intervenir en las políticas sociales y urbanas de Barcelona acabó configurando un nuevo imaginario colectivo donde las condiciones de opresión social, política, económica y cultural, a las que había estado sometida gran parte de la ciudadanía durante el Régimen franquista, parecían quedar estrechamente e únicamente vinculadas a la época predemocrática. Como señalara acertadamente Santiago López Petit, “el modelo Barcelona fue construido mediante la expropiación y capitalización de la fuerza colectiva de las luchas antifranquistas, mediante la canalización de un derecho a la ciudad reivindicado en la calle. El modelo Barcelona, en fin, es hijo de la transición política postfranquista, y por eso encierra todas sus contradicciones”.

Desde esta óptica, el período que más se correspondería con el desarrollo, máximo éxito y estancamiento de dicho modelo, es sin duda el encarnado por la alcaldía de Pascual Maragall (1982-97), quien, con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, sostenía que “la mejora del espacio público es relevante para la resolución de los problemas económicos y sociales”. Una afirmación que pondría explícitamente de manifiesto la importancia del intervencionismo urbano para la regeneración -y consecuente privatización- del espacio dentro y fuera de los límites urbanos de Barcelona. Muy pronto estos procesos llegaron hasta el margen derecho del Besòs, donde la metamorfosis urbanística impulsada por los JJ.OO. había experimentado su máximo momento de inflexión con la realización del tramo de la Ronda Litoral que va desde el barrio de La Mina hasta el municipio de Montcada i Reixac.

Con la apertura de esta vía rápida, se registró un incremento muy considerable de la accesibilidad metropolitana, lo cual beneficiaba en particular modo las inversiones privadas relacionadas con el sector terciario, el turismo y los grandes eventos de ocio. Este aspecto no tardó en despertar los intereses y la codicia de promotores y empresarios inmobiliarios cuya ambición primordial era imprimir un cambio radical al conjunto del margen derecho del río a nivel no sólo territorial y urbanístico, sino sobre todo social. Barrios sistemáticamente olvidados y marginados, como El Besòs, La Verneda, La Catalana y sobre todo La Mina, se encontraron de repente en el centro de mira de todos los intereses que incumbían en el conjunto del territorio fronterizo de Barcelona. Se trataba, de hecho, de revalorizar el territorio y, de ser posible, su población transformando la zona en una área de “nueva centralidad” metropolitana a merced de atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales.

Pero el Ayuntamiento de Sant Adrià consideraba que la revaloración del margen derecho del Besòs representaba una tarea muy difícil de conseguir mientras que el barrio de La Mina, considerado deliberadamente como un “estorbo”, quedara ahí enclavado en un territorio que se hacía cada vez más rentable. Este factor explicaría, en cierta medida, porqué entre las opciones barajadas por el consistorio adrianense durante la década de los ’80 para “regenerar” este barrio hubiera incluso una que proponía demoler, parcial o totalmente, el mismo. Así lo planteaba la Proposta Bàsica de Gestió de “La Mina”, un informe elaborado en 1987 por la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) y que contaba con el visto bueno del entonces alcalde de Sant Adrià, el socialista Antoni Meseguer, así como de Pascual Maragall por el Ayuntamiento de Barcelona y el de, aun entonces intachable, Jordi Pujol por la Generalitat.

De esa forma tan mezquina, REGESA y el consistorio adrianense justificaban, con la complicidad de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, la extirpación parcial o total de un barrio que, en aquel entonces, ni siquiera tenía 15 años de vida. Una intervención tan radical como la propuesta por REGESA era, por supuesto, difícilmente viable en un barrio de la magnitud de La Mina, pero ese tipo de planteamientos, donde la vida de los vecinos venía sistemáticamente subordinada al valor del suelo, volvería a cobrar fuerza en los años sucesivos mediante nuevos proyectos de transformación. En efecto, ya mediados de los ’80, los vecinos de La Mina habían logrado que la Generalitat se comprometiera a edificar unas 200 viviendas de protección oficial para atender a la que se presumía una de las necesidades más urgentes del barrio: esponjar su densidad.

Este compromiso preveía que el Ayuntamiento de Sant Adrià cediera a la Generalitat el terreno donde construir las nuevas viviendas. Inicialmente todo apuntaba a que la operación sería simple, ya que la administración local disponía de suelo en el barrio de La Catalana. Sin embargo, se trataba de suelo adquirido ya a mediados de los ‘80 por la propia REGESA, la cual preveía remodelar la zona en vista de los JJ.OO. El consistorio adrianense propuso entonces utilizar un terreno de propiedad del Consell Comarcal, que se hallaba justo en la frontera, más simbólica que física, entre los barrios de La Mina y El Besòs. En realidad, se trataba de un terreno que los vecinos de El Besòs reclamaban, ya desde hacía casi una década, como espacio para equipamientos y que pasó a ser popularmente conocido como el “solar de la palmera”, plantada por uno de los vecinos para reclamar su conversión en zona verde.

A finales de octubre de 1990, cuando El Besòs era todavía un barrio malamente urbanizado y con un índice de desocupación laboral muy elevado, la noticia de que en aquel solar se construirían viviendas destinadas, mayoritariamente, a los “problemáticos” habitantes de La Mina, abocó rápidamente en lo que Carlos Nadal bautizara como “intifada del Besòs”. Las razones iniciales que estaban a la base del conflicto eran que en el solar en disputa no se construyeran más viviendas, sino los equipamientos reclamados por los vecinos. Sin embargo, el clima de fuerte exaltación popular, las duras cargas policiales y el descontento político que seguían creciendo día tras día en el barrio, acabaron agravando el malestar social y económico acumulado en las décadas anteriores. Precisamente a causa de dicho malestar, algunos vecinos del Besòs empezaron a reelaborar una problemática de carácter eminentemente social mediante unos tópicos fuertemente raciales.

Factores como la violencia, la drogadicción y la criminalidad, que estigmatizaban al conjunto de los habitantes La Mina, serían elevados a causas principales del conflicto. Todo ello desembocó en la formación de un movimiento vecinal desvinculado de la A.VV del Besòs y que empezó a reivindicar “el barrio sólo para los del barrio”. Tanto la compleja realidad socio-espacial del Besòs, como la de La Mina, parecían haber quedado definitivamente ocultas tras el conflicto surgido alrededor de los hechos del solar de la palmera, esto es, reducidas simplemente a ello. Pero la realidad, que ninguna institución o medio de comunicación quería ver, era bastante diferente. En el caso del solar de la palmera, lo que realmente se reivindicaba por parte de la gente del Besòs era la utilización exclusiva de un espacio. La motivación, absolutamente legitima, que sustentaba esa acción de protesta se fundaba, de hecho, en antiguos conflictos políticos con el Ayuntamiento de Sant Adrià. En definitiva, las exigencias vecinales por el espacio chocaban con el interés político por el suelo.

Si bien la misma A.VV. del Besòs reclamaba los equipamientos pendientes, nunca había dejado de pedir una solución concreta también para los habitantes de La Mina. Por otra parte, los sectores más activos del movimiento vecinal de La Mina, que conocían de cerca el barrio del Besòs y las razones que estaban en la base del conflicto en curso, ya habían advertido a las administraciones locales respecto del posible problema que implicaría construir allí las viviendas que la Generalitat les había prometido. Desde hacía años, dichos sectores eran partidarios de la construcción de las nuevas viviendas en los terrenos de La Catalana, pero ni ellos ni la población de La Mina en general sabían que dichos terrenos ya habían sido vendidos en 1989 por REGESA a otras promotoras inmobiliarias, dirigidas por Gerard Gómez, un empresario francés atraído por la posibilidad de hacer negocios en el margen derecho del Besòs y que llevaba años en tratos con el alcalde Meseguer.

Los JJ.OO. estaban a punto de celebrarse y los conflictos que persistían en la zona desde finales de los ‘80 se hacían cada vez más ingobernables, lo cual aumentaba la preocupación y, por ende, el descontrol político de las administraciones. En respuesta a tal preocupación, a finales de 1990 el Ayuntamiento de Sant Adrià contractó con toda urgencia a un equipo de arquitectos, al cual encargó la redacción de una propuesta de modificación parcial del PGM de 1976, denominada Pla del Marge Dret del Besòs a Sant Adrià (PMD). Elaborado por los arquitectos Lluís Cantallops, Manuel Ribas y Estanislau Roca, el PMD pretendía reconducir las intervenciones previstas en el margen derecho del Besòs estableciendo que el área alrededor de La Mina se convirtiera en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte”, con el fin de acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

En este sentido, lo más significativo del PMD era su radical cambio de escala en relación a las actuaciones previstas para La Catalana y cuya “nueva centralidad” obligaba “a replantear las hipótesis anteriores y a proponer otras que potenciaran esta calidad en beneficio del propio barrio y de los barrios que lo rodean”. Este aspecto implicaba que también La Mina se considerara como parte de un “contexto territorial más amplio” en fase de transformación. En esta dirección, el PMD preveía el derribo da gran parte de los bloques de la Mina Nova con el objetivo de “acabar con su conflictividad”, pero mantenía totalmente inalteradas las prioridades del consistorio adrianense en La Catalana, así como las de Barcelona, que anhelaba a realizar un puerto deportivo justo al lado de la desembocadura del Besòs. Para garantizar el éxito de esos proyectos, el PMD optaba claramente por una estrecha colaboración entre agentes públicos y privados, algo que respondía a un modelo urbanístico cada vez más en boga en la agenda municipal de la Barcelona olímpica.

Pero las expectativas de negocio de los promotores privados disminuían a medida que se hacía cada vez más claro que el cercano centro comercial de Diagonal Mar, concebido como el verdadero núcleo de la “nueva área de centralidad” emergente, produciría una competencia muy importante si no insostenible. Y había más. La operación de venta de los terrenos de propiedad de REGESA estaba supeditada a la existencia de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 1984, que preveía nuevas viviendas sociales y definía el trazado de la Ronda Litoral y la redistribución de La Catalana. Según el alcalde Meseguer, ese PERI debía ser posteriormente modificado para permitir la construcción de la superficie comercial y residencial que el promotor Gerard Gómez pretendía realizar en La Catalana. Pero, a principios de los ’90, Gómez descubrió que, en realidad, el PERI había sido anulado por el Tribunal Supremo ya en 1987, razón por la cual denunció a Meseguer por falsedad y estafa.

En definitiva, la gran urgencia con la cual se pretendía “revalorar” la zona, en pos del más amplio proceso de transformación urbana del litoral barcelonés, pecaba de una seria y sistemática falta de atención hacia la evaluación no sólo de los costos sociales que este proceso implicaba, sino también de la real viabilidad económica de toda la operación. En efecto, la obstinación del consistorio adrianense en buscar la complicidad del sector privado había provocado que la gestión política y territorial del margen derecho del Besòs quedara a merced de los diferentes intereses en juego en el área. Éstos oscilaban entre los del Ayuntamiento de Sant Adrià, atravesado por una crisis económica y política sin precedentes, y los del Ayuntamiento de Barcelona, que perseguía su gran “sueño olímpico” limitándose a actuar en segundo plano pero manteniendo su papel de deus ex machina. Al mismo tiempo, el Govern de Catalunya intentaba eludir todo tipo de responsabilidad y compromiso, mientras la Administración General del Estado se permitía el lujo de mirarlo todo desde la distancia lavándose las manos.

Finalmente las viviendas del solar de la palmera no se construyeron, los grandes proyectos pensados para La Catalana no llegaron a cumplirse y las problemáticas sociales de La Mina empezaron irremediablemente a enquistarse. Definitivamente, la gran “ocasión olímpica” para promover la supuesta transformación del margen derecho del Besòs, tanto deseada por Meseguer, Maragall y Pujol, había fracasado por completo. Sin embargo, esa frustración urbanística debería considerarse más bien como un fracaso relativo, puesto que tras la tentativa olímpica para “regenerar” ese espacio no se escondía sino la afirmación de la supremacía urbanística de Barcelona y de sus intereses frente a la debilidad de los municipios de su entorno. Un reto, éste, indudablemente alcanzado. Tal vez, las nuevas retoricas político-económicas que acompañaron el nacimiento de un supuesto “urbanismo democrático” consiguieran apropiarse, simbólica y realmente, de las reales motivaciones que estaban en la base de la intifada del Besòs.

Si bien es cierto que los vecinos obtuvieron los equipamientos por los cuales habían luchado, aunque en otro terreno cercano, también es cierto que de aquel legendario solar hoy día sólo quedan unos pocos metros cuadrados convertidos en “área verde” y la palmera sigue aun en pie como tótem de unos hechos casi míticos, que pertenecen únicamente a una memoria colectiva. A parte de una residencia por ancianos, el resto del solar ha sido ocupado por una gran plataforma comercial alemana y, en la parte más contigua a La Mina, una serie de bloques escalonados de viviendas de precio libre, pensados por una clase social más pudiente, marcan la frontera entre ambos barrios.

Al mismo tiempo, las problemáticas estructurales de las viviendas del Besòs siguen agravándose sin ser intervenidas, la tan internacionalmente aclamada “transformación” de La Mina ha fracasado clamorosamente y el barrio de La Catalana ha, literalmente, desaparecido del mapa. Como si ello no bastara, la desocupación, los desalojos, la densidad, la precariedad habitacional y la segregación socioeconómica sufrida por esos barrios, han seguido creciendo de forma directamente proporcional a la especulación urbanística practicada a lo largo y ancho del margen derecho del Besòs. En el fondo, nada o muy poco ha cambiado desde aquel octubre de 1990. Lo único que lo ha hecho, y de forma sensible, es sin duda alguna el valor del suelo.

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15 años en Venus. Claves para entender un conflicto “irresoluble”.

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Particular del bloque Venus | Fuente: Sergi Pujolar (La Directa)

Por Giuseppe Aricó | OACU

El próximo diciembre de 2015, tras 15 años de severas intervenciones urbanísticas y escasas “mejoras sociales”, el controvertido Pla de Transformació del Barri de La Mina (PTBM) llegará a su fin. Durante los últimos meses, la documentalista Mariona Giner y su equipo han estado realizando un trabajo que merece ser conocido y reconocido. Se trata de 15 anys a Venus, un documental que persigue tratar de forma seria el caso del derribo y posterior realojo de los vecinos del bloque Venus, una cuestión aun en suspenso que sigue provocando conflictos entre plataformas vecinales y administraciones. El pasado martes 28 de abril, tuve la oportunidad de participar en dicho documental al ser entrevistado sobre el impacto social del PTBM y las problemáticas relacionadas con éste. He decidido publicar aquí parte de la entrevista, realizada en el histórico Casal Cívic de La Mina, equipamiento fruto de una larga acampada reivindicativa que los vecinos llevaron a cabo a finales del marzo de 1985 en el lugar donde hoy se ubica el propio Casal.

¿De dónde y cuándo surgen las áreas urbanas como la Mina?

Las áreas como La Mina se conciben a partir del Plan Comarcal de 1953, pero se edifican sólo durante el auge del desarrollismo franquista, a caballo entre los ‘60 y ‘70. Se trata de áreas que el lenguaje urbanístico de aquella época definía como “polígonos de absorción”, es decir, su prerrogativa era precisamente la de “absorber” a los habitantes de los denominados núcleos chabolistas de Barcelona. En realidad, la creación de dichas áreas, colocadas sistemáticamente en los márgenes de las metrópolis, no respondía a una necesidad de carácter social, sino exclusivamente a específicas exigencias políticas y económicas del tardofranquismo. La finalidad del régimen no era sino ampliar su reserva de suelo urbano a costa de la clase trabajadora, que desplazaba dónde y cómo mejor le convenía.

¿Qué problemas sociales tiene La Mina en la actualidad?

Si nos ceñimos a las cifras oficiales, todo parece ir de maravilla: el PTBM habría conseguido con éxito y alabanzas internacionales la “transformación” por la cual apostaba. Sin embargo, tras la pantalla de una gran regeneración urbanística se esconde una cruda realidad social donde se reproducen severas problemáticas estructurales. En este sentido, los problemas sociales de La Mina en la actualidad son prácticamente los mismos que se dieron en su origen, y que podemos resumir en una sola y gran cuestión: la falta de una política de vivienda seria, estructurada, coordinada y comprometida desde el principio. Apostaría a que el resto de cuestiones, como el paro, el absentismo y el fracaso escolar, cierto analfabetismo, la desestructuración familiar, el supuesto “incivismo”, las “actividades delictivas”, etc., no son sino el producto directo de esa gran falta o están íntimamente ligadas a ella.

¿Está estigmatizado el barrio de la Mina?

La Mina es un barrio híper-estigmatizado, es decir, sufre una estigmatización transversal que afecta al conjunto de sus habitantes en varios niveles: social, laboral, económico, cultural, territorial, etc. Tanto en los ’70 como hoy, hablar de La Mina provoca irremediablemente una especie de “efecto dominó”, donde toda una serie de estereotipos descontextualizados y despolitizados caen unos tras otros como fichas.

¿Qué ha contribuido a ello?

Las causas que han contribuido a ello son muchas y pertenecen a épocas diferentes, pero por lo general la prensa y las instituciones han jugado, sobre todo en los años 80 y 90, un papel estratégico en la difusión de una verdadera “mitología del miedo”. Fenómenos relacionados tanto con el uso como con la venta de drogas, por ejemplo, que se encontraban repartidos por todo el territorio metropolitano, encontraron en La Mina el chivo expiatorio por excelencia, justamente para permitir toda una serie de actuaciones de carácter urbanístico que generaron jugosos beneficios para la élite política de la supuesta Transición. El proceso de estigmatización de La Mina no puede entenderse sin tomar en consideración, por ejemplo, el denominado caso REGESA de 1988, que preveía, entre otras cosas, el derribo total de La Mina y, por ende, de sus “problemáticas”. Sólo tres años más tarde, con la modificación introducida en 1991 al PGM del 1976, el área alrededor de La Mina tenía que convertirse en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte” para acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

Desde la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina denuncian que en las barracas no había tanto conflicto por el modelo de las viviendas: más precarias pero más abiertas, con mucha vida en la calle. Denuncian que la base del conflicto social es el tamaño de los bloques, con demasiadas familias por bloque. A la vez, el estudio técnico previo al PTBM determinó que la densidad en sí no resulta conflictiva, y se centró más en la diversidad socio-cultural. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Yo diría que el problema no está ni en la densidad ni mucho menos en la diversidad socio-cultural, o cuanto menos no constituyen las causas del conflicto en sí, sino justamente todo lo contrario. Si pensamos en los primeros años de vida del barrio (1975-80), no cabe duda de que precisamente la densidad y la diversidad funcionaran como verdaderos elementos de cohesión y aglutinación vecinal. La gran huelga general del mayo del 77, que paralizó el barrio durante 4 días, es la evidencia más representativa de ello. Ahora bien, en mi opinión el verdadero problema que está y siempre ha estado a la base del “conflicto” en La Mina es, como denuncian los propios vecinos, el modelo de las viviendas. Pero no hablo tanto de su estructura arquitectónica, que de por sí acarrea ya bastantes problemas que inciden profundamente en gravar las causas del conflicto. Me refiero más bien a su organización socio-espacial, es decir, a lo que ha sido definido como el paso de un “barraquismo horizontal” a un “barraquismo vertical”, que ha determinado –cuando no provocado- la asunción casi obligatoria de una nueva forma de reproducción de las relaciones sociales. En este sentido, el hecho de haber elevado la “vivienda en propiedad” a elemento cúspide de la organización vecinal, es decir, doméstica y, por ende, socio-espacial, ha sido el principal factor determinante para que las relaciones entre vecinos se hicieran cada vez más racionalizadas, distanciadas e impersonales.

Nos comentaron que durante los primeros años de existencia del barrio, el Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) movía la gente que podía pagar un poco más a otros barrios, y que aquí traían a la gente más conflictiva. ¿Tienes constancia de esto?

El PMV ha sido no sólo el responsable de la construcción de La Mina en 1969, sino también  de su gestión administrativa por lo menos hasta 1989. Durante estos 20 años, las maniobras del PMV han permitido que La Mina fuera constantemente sujeta a una alta “rotación” vecinal. Cuando se habla del denominado “traslado chabolista” (léase deportación), por ejemplo, se suele pensar que éste se realizó de forma rápida y con todo el seguimiento social que merecía. Pues nada más lejos de la realidad. El traslado del Camp de la Bota tenía que durar 15 días y acabó durando 18 años, desde el 1974 hasta el 1992, cuando se tiró la última barraca justo unos meses antes de la celebración de los JJ.OO. Además, a partir del 82, Xavier Valls y Antoni Messeguer (entonces respectivamente presidente del PMV y alcalde de Sant Adrià) consiguieron que diferentes bloques de La Mina -en particular Venus y Saturno- se configuraran como el lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del entorno metropolitano. En este sentido, no es que se trajera a La Mina la gente “más conflictiva”, sino aquella que se encontraba en una peor posición de desventaja social y económica, y que poseía historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

Según los informes sobre las estructuras arquitectónicas de la Mina, el edificio Venus no tiene problemas estructurales. El motivo para ser derruido era por tener problemas sociales “insolucionables”. ¿Derruir un edificio puede aplacar un problema social, o éste seguiría en otros edificios?

En mi opinión la intervención de derribo prevista para Venus –que nunca sabremos si un día se realizará o no- no resolverá sus problemas por varias razones. Los problemas sociales, siempre y cuando se trate realmente de “problemas”, no pueden solucionarse con intervenciones urbanísticas, ya que su supuesta eficacia social no está ni justificada ni mucho menos demostrada. Lo que sí está demostrado, en cambio, es justamente su contrario: baste con pensar en las dinámicas de pacificación de muchas favelas en Río de Janeiro o en el caso de “le Vele” en el barrio de Scampia, en Nápoles. Para solucionar problemas sociales son necesarias actuaciones de carácter social estructuradas y coordenadas, esto sí, llevadas a cabo con mucha sensibilidad y atención hacia las causas que crean el supuesto problema y no hacia sus efectos. Esto es exactamente lo que ha pasado en el caso de Venus: trabajar en los efectos y no en las causas. Aunque se derribara Venus, los problemas actuales persistirían, pero en otro bloque o quizá en otro barrio.

Se considera, también, que la biblioteca no consigue atraer suficientes jóvenes y usuarios en general. Sin embargo está en el centro del barrio, sus instalaciones son de primera y es atractiva. ¿Qué más se puede hacer?

Nada, ya se ha intervenido demasiado y de una forma amnésica. Casos como el de la biblioteca son paradigmáticos de como las intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en el barrio han producido espacios “de fachada”, es decir, muy bonitos y atractivos, pero en el fondo no consiguen cumplir con el propósito social por el cual habían sido pensados. La razón de ello es que la biblioteca, en realidad, desempeñaría un papel de “contenedor cultural”, socialmente vacío e infrautilizado pero urbanísticamente indispensable para justificar determinadas actuaciones previstas para “adornar” la polémica Rambla de La Mina. Si la gente no viene a la biblioteca, quizás sea porque no se siente identificada en un espacio tan vanguardista concebido por dos “arquitectos estrella” y que ha constado 4,5 millones de euros. Muchos de los vecinos no le dan el mismo valor, sentimental si queremos, que le daban a la vieja Sala Pinòs, la “de toda la vida”, antes que ésta fuera demolida para crear el solar donde surge ahora la nueva biblioteca. Pero hay más. En realidad, la nueva biblioteca no está en “el centro” del barrio, porque su verdadero centro es la Rambla del Camarón, precisamente enfrente del Casal, un espacio del cual todo se puede decir salvo que esté vacío.

Para el PTBM vinieron muchos técnicos expertos para trabajar sobre el terreno, en persona, desde la cercanía. No han conseguido aportar soluciones importantes a nivel social, en las unidades familiares. Entonces ¿tampoco funciona la investigación desde la cercanía?

La investigación desde la cercanía en realidad tendría en éxito potencial, pero su mayor riesgo es caer en el moralismo, el sensacionalismo o el glamour. Esto pasa cuando ese tipo de investigación no viene integrada por un conocimiento histórico y social del barrio en su intimidad. Podemos ser técnicos muy expertos y capaces, pero si no tenemos un mínimo de atención y respecto hacia una realidad social que, al fin y al cabo, desconocemos y que, en cierta medida, no nos pertenece, entonces no servimos para nada. Es más, simplemente estorbamos. A manera de ejemplo sería interesante recordar cuando, a finales de los 90, Josep Antoni Acebillo (entonces director de Barcelona Regional, la agencia que jugó un papel fundamental en determinar los contenidos del PTBM) se obstinaba en convencer a los vecinos de la gran oportunidad que presuponía para La Mina la celebración del Fòrum 2004. La propuesta de Acebillo era, básicamente, que el barrio se pusiera en manos de los promotores y de “los ricos”, que con sus inversiones habrían hecho posible el “verdadero cambio social” del barrio.

Los sistemas que se han utilizado para “transformar” al barrio a nivel social no han sido efectivos. Entendemos, además, que hacen falta varias generaciones para poder percibir grandes avances. Sin embargo, ¿piensas que hay métodos que puedan ser más efectivos en la transformación social de un barrio? ¿Cuáles?

A veces bastaría simplemente que las administraciones escucharan a los vecinos, sin dejarse seducir por los intereses privados del mercado inmobiliario. Si de verdad es cuestión de establecer un método, pues que éste se base en la escucha, el dialogo y la participación real de los vecinos. En La Mina, la participación vecinal que tanto abanderan las instituciones ha quedado reflejada únicamente en los informes necesarios para cumplir con la Ley de Barrios de 2004 o mantener la financiación proveniente de la Comunidad Europea.

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La vida en Venus: Efectos colaterales de una fantasmagórica regeneración urbana

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: http://desdelamina.net/drupal/

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: desdelamina.net

Articulo publicado originariamente en catalán en el dossier  “A voltes amb el conflicte urbà”, La Veu del Carrer, nº 133 (octubre 2014), Barcelona: FAVB, pp. 15-25.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A finales de mayo de 2013, en la edición electrónica de un influyente diario nacional, se abrió una encuesta con el objetivo de recaudar la opinión popular sobre el posible derribo del imponente bloque de la calle Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sobre un total de 121 participantes, los resultados mostraron de forma tajante que el 75% de estos se decantaba por el “sí”, mientras únicamente el 14% apostaba por su mantenimiento y un 11% no tenía una opinión formada. Pero la importancia de esta encuesta no radicaría tanto en los resultados obtenidos -más o menos fieles a la realidad-, sino más bien en su significado en cuanto al modus operandi adoptado por las administraciones respecto a una operación socialmente tan compleja y delicada. Inicialmente programado para el año 2010, el derribo de Venus constituía la operación clave del Plan Especial de Reordenación y Mejora del 2002, es decir, el punto final del proceso de “regeneración urbana” enmarcado en el más amplio Plan de Transformación del Barrio de La Mina (PTBM 2000-2010).

Con un presupuesto inicial de más de 170 millones de euros, el PTBM preveía realizar toda una serie de actuaciones urbanísticas, acompañadas por un potente programa social, dirigidas a poner definitivamente fin a la “histórica conflictividad” del barrio. Hoy en día, el presupuesto general del PTBM ha superado ya los 200 millones, pero sus ambiciones fundamentales –“esponjar el barrio”, “mezclar población”, “erradicar la delincuencia” y “diluir territorialmente los focos de conflictividad”- no han llegado nunca a cumplirse sino, más bien, a encarnar el fracaso clamoroso del proceso de transformación al cual se pretendía someter La Mina. El hecho es que el PTBM había sido estratégicamente enfocado, desde el principio, hacia los intereses privados del mercado inmobiliario, subordinando la esfera social al mero beneficio urbanístico, con la consecuencia de pensar más en las piedras que en las personas. El caso más emblemático de tal subordinación estaría representado por el bloque Venus cuyo hipotético derribo implicaría un impacto social de proporciones considerables, puesto que exige el desalojo de unas 240 familias y su posterior realojo en nuevas viviendas de protección oficial repartidas por el barrio.

Sin embargo, tal operación no estaría explícitamente incluida dentro de las actuaciones de esponjamiento previstas por el PTBM, ni existiría ningún documento oficial que determinara sus reales motivaciones. Pero poco importa todo esto, puesto que Venus representaría la parte degenerada por excelencia del barrio, esto es, el punto cero desde donde abordar la gestión de la conflictividad en toda su complejidad. Su derribo tendría entonces la fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el pasado nefasto del barrio para construir “nuevos modelos de convivencia” y un futuro mejor para todos. En ningún momento se ha puesto en cuestión la relación de la vida social del barrio con su morfología urbanística, los orígenes de la cual se encuentran en plena época de desarrollismo franquista. Nadie ha recordado que la falta originaria de equipamientos y servicios básicos, junto con la concentración espacialmente impuesta desde el principio, podría ser el detonante de la competencia entre vecinos por recursos escasos. Nunca se ha tenido en cuenta que las políticas de vivienda, efectuadas sobre el entorno urbano por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, consiguieron configurar La Mina, y especialmente Venus, como lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del contexto metropolitano. Nadie ha pensado que la generación de conflictos permanentes entre los diferentes sectores de residentes podría tener su origen en el alta rotación del vecindario, con historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

A pesar de que las administraciones hayan recientemente barajado diferentes alternativas al derribo de Venus, no tenemos igualmente que dejar de preguntarnos cuáles serían las responsabilidades de la administración local y autonómica en el lento – y quizás funcional – proceso de degradación del edificio al no intervenir en su posible rehabilitación e impedir a los vecinos hacer reformas o vender sus pisos en el momento oportuno. En noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Sant Adrià volvió a hacer marcha atrás respecto al derribo de Venus, insinuando la probabilidad –no confirmada- de que finalmente la operación podría no llevarse a cabo. Sin embargo, en ese mismo año, el plazo de ejecución del PTBM fue finalmente pospuesto a finales del 2015 y, con ello, el destino incierto de Venus y de sus vecinos. Posiblemente, a lo largo de las últimas cuatro décadas la percepción y utilización de la Mina en clave preferentemente económica habría funcionado como productor de importantes expectativas de capitalización de rentas mediante su reiterada “regeneración”, con el efecto colateral –digamos- de aislar sus problemáticas y consolidar severos patrones de segregación socio-espacial. Todo esto tendría que obligarnos a repensar la manera en que solemos concebir este barrio y su “conflictividad”, que, en lugar de ser criminalizada y corregida, quizás debería de verse como parte de la estrategia del cómo personas sistemáticamente excluidas de la “ciudadanía” y la “normalidad” siguen insistiendo sobre su inclusión desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir, habitar e, incluso, reivindicar su espacio.

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A 10 años del Forum de las Culturas. El Parc del Fòrum: una plaza sin gente para gente sin plaza

Articulo publicado en Diagonal Periódico el 23/07/14
 
El Edifici Blau en el Parc del Fòrum // Foto de Giuseppe Aricó

El Edifici Blau en el Parc del Fòrum // Foto:  Giuseppe Aricó

por Jose Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)

¿Quién crea una plaza?, ¿los arquitectos y diseñadores en sus gabinetes y despachos?, o ¿la gente, transitándola y habitándola, en definitiva, viviéndola?Para encontrar una respuesta a tal pregunta, decidimos hacer un pequeño experimento y pasar una calorosa tarde de julio deambulando por la plaza más grande de Catalunya, del Estado español y de Europa, y la segunda en dimensiones a nivel mundial justo detrás de la de Tiananmen, en Pekín. ¿Cuál es esa plaza?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que una con 16 hectáreas de extensión, la del Parc del Fòrum, en Barcelona. Sin embargo, para entender el por qué de las dimensiones y la situación actual de esta plaza hay que remontarse, no solo a su más inmediato origen, sino también a la forma de entender la ciudad que tuvieron sus creadores.

Aunque se suele señalar a los Juegos Olímpicos, celebrados en Barcelona en 1992, como el punto de inflexión más importante en la transformación urbana que ha venido sufriendo Barcelona, la verdad es que habría que remontarse a años antes, incluso décadas, si quisiéramos poner fecha y hora al inicio real de dicho proceso. Ya durante el controvertido periodo de gobierno de Josep Maria de Porcioles, alcalde franquista que rigió el destino de la ciudad de 1957 a 1973, fue patente la obstinación por recuperar la idea de la “Gran Barcelona”, traducida ésta en un desarrollo urbanístico sin precedentes caracterizado, básicamente, por la proyección de la ciudad como sede de congresos y ferias internacionales. Para llevar a cabo esta idea, el régimen necesitaba espacio, es decir, suelo urbano. En este sentido, el auge que la economía franquista experimentó durante los años 60 y 70 del pasado siglo, creó las condiciones necesarias para la obtención de cuantiosas plusvalías gracias a la recalificación descontrolada de suelo. Unas recalificaciones producidas al margen de los planes generales, sistemáticamente modificados para convertir zonas industriales en residenciales y áreas rurales en edificables. A todo este proceso no fueron ajenas las clases dominantes de la capital catalana que, al calor de las recalificaciones de terrenos y con el apoyo de la dictadura, logró grandes beneficios.

Fue a partir de aquella época que grandes empresas constructoras e inmobiliarias, propias de la oligarquía franquista, consolidaron su poder político y económico. De hecho, muchas de ellas permanecen hoy en pie, como la promotora inmobiliaria Juban, de la familia Banús, el grupo DRAGADOS, la constructora ACS de Florentino Pérez y, en parte, de la familia March, o el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la familia Koplowitz. Los orígenes del éxito económico del Estado español de los últimos años del siglo XX y principios del XXI, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, podemos encontrarlos ya durante el frenesí desarrollista ocurrido hace más de cinco décadas. En la Ciudad Condal destaca de sobremanera el Plan Barcelona 2000, presentado por el mismo alcalde Porcioles en 1967 con el objetivo de “regenerar y dignificar la ciudad”, “embellecer la vía pública” y acabar de una vez por toda con “el desorden de los barrios populares”. De esta forma, podríamos decir que la era porciolista es el origen de eso que conocemos como “el urbanismo de las grandes obras públicas”, un eufemismo tras el cual se esconde la colaboración pionera entre los sectores público y privado en la promoción de grandes obras que facilitaban enormes beneficios económicos. El ambicioso Plan de la Ribera, de finales de los 60, por ejemplo, es otro de los proyectos que manifestaron esta línea de actuación. A pesar de la destitución de Porcioles en el año 1973, el legado ideológico de estos planes fue recogido finalmente por el Plan General Metropolitano de 1976, origen de la planificación actual, y prueba más que evidente de que el periodo democrático ha supuesto, únicamente, la consolidación de un modelo urbanístico ya prefigurado durante la Dictadura.

Con la construcción del complejo comercial y urbanístico de Diagonal Mar en el año 2001, enfocado hacía las clases medias y altas y ciertamente aislado de los barrios circundantes, estas dinámicas alcanzaron el margen derecho del río Besòs, generando una fuerte desarticulación del tejido urbano. Barrios fuertemente estigmatizados, como la Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales de la zona recuperada. Es en este punto cuando llegamos al origen del actual Parc del Fòrum.

Con la puesta en marcha del Projecte Fòrum 2004, la urbanización del terreno comprendido entre la Rambla de Prim, la Gran Via, el río Besòs y el mar, se convirtió de repente en un propósito internacionalmente promocionado y reconocido. Para hacernos una idea de sus dimensiones, basta echar un ojo a la superficie objeto de intervención, ya que, conjuntamente con el área del Distrito 22@ y Diagonal Mar, el espacio transformado llegaría a sumar más de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida durante los Juegos Olímpicos. Con un presupuesto, generado mediante la consabida colaboración público/privada del Modelo Barcelona, de más de 3.200 millones de euros, la recalificación de la zona preveía un campus universitario, hoteles, una zona de negocios, pisos para niveles altos de renta, en venta libre y alquiler, un puerto turístico y, cosa digna de subrayar, un gran área de equipamientos para toda la ciudad. Es dicha gran área de equipamientos lo que hoy conocemos como Parc del Fòrum, una obra que funcionó como inmejorable justificación para llevar a término la conversión de un área históricamente muy significativa, pero hasta entonces mantenida en precario y olvidada, en una nueva centralidad consagrada al ocio y al consumo, así como a encuentros y congresos de calado internacional. Sin embargo, a día de hoy, las mismas administraciones que lo pusieron en marcha reconocen que la transformación de la zona no ha producido todavía un “tejido social dinámico”.

Quizás el motivo de la inexistencia de este tejido tiene que ver más con el hecho de que los espacios no son producidos por urbanistas y políticos, sino por la gente que lo ocupa y lo usa. A no ser, claro está, y como se ha intentado demostrar con los párrafos precedentes, que lo que haya detrás no sea más que una operación inmobiliaria de grandes dimensiones que únicamente persiga el enriquecimiento de las empresas del sector en base a la recalificación y venta del suelo urbano. Operaciones que, como ha señalado estos días la Sindicatura de Cuentas de Catalunya evidencian, además, numerosas irregularidades a través de incumplimientos de la normativa en la contratación pública, en la elección de patrocinadores, en la planificación real de necesidades, etc.

Durante el experimento, en esa tarde calorosa de julio, fuimos testigos de cómo esos espacios, señalados como emblemáticos, comprometidos, icónicos, encantadores, íntimos y placenteros por la propaganda oficial, se encontraban ocupados por skaters que aprovechan el inmenso vacío para hacer piruetas y carreras, personas sin techo ni hogar, o nómadas urbanos según el discurso oficial, que bostezaban en las pocas sombras de la plaza, y esporádicos grupos de vecinos de los populares barrios cercanos que celebraban picnics, algo que, para poder realizarse, no hubiera necesitado de una inversión tan millonaria. En definitiva, el Parc del Fòrum se convierte, estos días, en una plaza sin gente tomada por gente sin plaza.

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