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La conquista de los equipamientos y la memoria en el barrio del Carmel, Barcelona.

Las placas colocadas por el barrio del Carmel | Fuente: http://www.btv.cat/

Las placas colocadas por el barrio del Carmel | Fuente: http://www.btv.cat/

por Hector Gonzalez Salvadó (Soci de Comunitària Sccl)

El espacio físico y social del Carmel.

Los límites físicos del barrio del Carmel, enmarcado dentro del distrito norte de Horta-Guinardó en Barcelona, nunca estuvieron claros, como no lo están nunca en aquellos barrios y ciudades que han ido absorbiendo cada vez más territorio de forma difusa y poco planificada. A lo largo de los años, los límites administrativos de la Ciudad Condal fueron cambiando interna y externamente, de forma que algunas de sus calles y plazas pertenecen hoy a barrios o municipios diferentes a los que los vieron nacer. De ese modo, el imaginario de cada persona situaría los límites de éstos a partir de su propia experiencia y percepción del espacio que habita, más que a partir de límites administrativos preestablecidos.

En esta dirección, es posible afirmar que el Carmel no es una periferia prefabricada y diseñada a golpe de demanda constructora como los núcleos de Montbau, Vall d’Hebron o Sant Genís, que se extienden a su alrededor, sino más bien una suerte de amalgama de autoconstrucción, donde edificios de protección oficial correlativos forman islas de casas que, por lo general, logran aún conservar su yugo y sus flechas. Principalmente en las décadas de los ‘60 y ‘70, y en el contexto de la especulación inmobiliaria favorecida por las políticas desarrollistas localmente implementadas por el alcalde Josep María de Porcioles, se dio luz verde a la construcción de grandes bloques de viviendas, los cuales fueron sustituyendo gradualmente las antiguas casas unifamiliares surgidas en la zona a principios del siglo XX.

Este proceso imprimió un cambio significativo al territorio del Carmel incidiendo notablemente en la propia fisonomía física y social del barrio, que aún crecía sin ningún proyecto urbanístico coherente y sin las necesarias infraestructuras elementales, como alcantarillado, pavimentación de calles, iluminación, transportes, recogida de basuras, etc. Hoy día, el barrio está compuesto fundamentalmente por una parte plana planificada y embutida en un modelo más o menos reticular, y una parte montañosa con calles sinuosas. El espacio común es escaso o directamente inexistente y, de hecho, sus plazas han sido consecuencia de derrumbes en la mayor parte de los casos. La montaña haría, por lo tanto, de espacio público para la mayoría de sus habitantes. Así, la zona que en otro momento ocuparon las barracas es hoy una mezcla de yermo y bosque, muy descuidado en unos puntos, sobreexplotado en otros.

En su parte sur-oeste, el barrio limita con el Parc Güell, uno de los lugares más paradigmáticos de los procesos de exclusivización y turistificación a los que habría sido sometida Barcelona en los últimos años. La movilidad, debido a sus carencias estructurales, esto es, calles estrechas, empinadas y mal planificadas, es difícil y, de hecho, muchas personas del barrio tienen únicamente relación con aquellas otras que están en su misma cota de altura. Las escaleras mecánicas y los ascensores inclinados, instalados por el Ayuntamiento a partir del 2012, habrían traído cambios significativos a este comportamiento, aunque trasladarse en una silla de ruedas por el barrio sigue siendo una empresa prácticamente imposible en muchas de sus calles.

Por otro lado, cabe señalar que el Carmel representa uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad dónde el suelo es más barato y el índice de analfabetismo es más elevado, aunque su población no destaca por el uso de los servicios sociales. Generalmente, las familias mantienen mucha importancia como forma de cohesión social, sin embargo, también es de las zonas de Barcelona que más población ha perdido en los últimos años. Como tantos otros barrios de la ciudad, también el Carmel es un barrio de emigración andaluza y castellana que se construyó mayormente en los años anteriores a 1976. Aun mantiene parte de su estructura social original, a la que hay que sumar las modificaciones ocasionadas en los últimos años debido a la gran cantidad de población proveniente de Europa del Este y, sobre todo, de la migración sudamericana. Estas recientes incorporaciones se hacen patente en el espacio público del barrio, principalmente en los alrededores del centro cívico Boca Nord, los espacios escolares y la plaza Pastrana.

Para ser un barrio periférico, el número de equipamientos no es escaso, disponiendo de gran cantidad de servicios básicos, pero el transporte público seguiría representado un problema persistente. Vivir en el Carmel, aunque no sea una zona muy alejada del centro, sí que supone (o al menos suponía hasta la llegada del metro en 2005) invertir gran cantidad de tiempo en los desplazamientos por la ciudad, sobre todo si lo comparamos con otros barrios que incluso se encuentran más alejados del centro. Este aspecto, sumado a las fronteras urbanas que suponen la Ronda, por un lado, y los tres turons (de la Rovira, del Carmel y de la Creueta del Coll), por otro, han conformado un barrio relativamente aislado y muy centrado en sí mismo, algo que, paradójicamente, habría generado una oferta comercial amplia y con enclaves bastante concurridos.

La percepción simbólica del Carmel.

Especialmente para la gente que no reside en el Carmel, los 3 principales ítems sobre el barrio parecerían ser únicamente los refugios antiaéreos y su palimpsesto de barracas posteriores, el socavón del metro y la novela Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé, una de las pocas obras conocidas en las que aparece el Carmel. Se trata de un retrato social en el que los dos jóvenes protagonistas carmelís representan el arquetipo de habitantes de la periferia, aquellos que aceptan su suerte y viven oprimidos aspirando únicamente a vivir pedazos de cielo en la tierra. Ejemplo de ello es su protagonista, Manolo (el pijoaparte), que lucha por salir de su situación y a quien los textos de revolución le atraviesan como algo ajeno, mientras su vida se convierte en algo oscuro y quimérico.

Los antiaéreos, en cambio, construidos durante de la Guerra Civil y ubicados en la cima del Turó de la Rovira, forman indudablemente parte de la memoria antifranquista, aunque se trate de una memoria frustrada por unas baterías que no derribaron un solo avión en la Guerra Civil y que, posteriormente, se convirtieron en los cimientos desde donde nació un barrio de barracas (Díaz, 2011). Más tarde, en el mes de mayo de 2010, el Ayuntamiento de Barcelona inició la recuperación de la batería con el apoyo del Memorial Democràtic, una institución pública cuyo objetivo es la recuperación, conmemoración y el fomento de la memoria democrática en Catalunya. Debido especialmente a esa actuación, hoy día la zona logra traspasar fronteras por ser una de las fotos obligadas para todo turista que se precie de cumplir con su canon fotográfico.

Los antiaéreos, en definitiva, se habrían convertido en uno de los más importantes espacios de memoria histórica de la ciudad, y no sólo como símbolo de la resistencia antifranquista, sino sobre todo del pasado barraquista del barrio, que los vecinos reivindican con gran orgullo. Pero, en el caso del Carmel, el barraquismo no constituye una memoria exclusiva del pasado. Aún hoy existen algunas viviendas de autoconstrucción que siguen afectadas urbanísticamente sin tener propuesta de solución por parte de las diferentes administraciones que se han sucedido hasta la fecha. La afectación urbanística del barrio representaría, de hecho, un aspecto más amplio calado y sería clave para poder entender el peculiar carácter social del Carmel.

En esa dirección, es suficiente con retroceder a la mañana del 27 de enero de 2005, cuando el edificio ubicado al número 10 de la calle Calafell se hundió literalmente bajo tierra. El socavón aparecido, de unos 35 metros de profundidad y 30 de diámetro, fue provocado por un túnel realizado para la ampliación de la línea 5 del metro de Barcelona y afectó también a muchos otros edificios y a algún colegio del Carmel. El hundimiento no causó víctimas, pero debido al inminente peligro de hundimiento más de 1.200 vecinos tuvieron que ser desalojados de sus viviendas y realojados provisionalmente en hoteles, casas de familiares y, más tarde, en pisos puente.

Las consecuencias de ese acontecimiento no tardaron en desatar una verdadera tormenta política que afectó no sólo el gobierno de la ciudad, guiado por el socialista Joan Clos, sino también a el de la Generalitat de Catalunya, entonces bajo la presidencia del también socialista Pasqual Maragall. A pesar de que algunos responsables políticos de las obras dimitieran y que las demás ampliaciones de la línea 5 se paralizaran, la indignación vecinal seguí creciendo día tras día mientras, en el parlamento catalán, socialistas y convergentes no dejaban de lazarse mutuas acusaciones por las responsabilidades del incidente.

Por otro lado, es importante recordar que los máximos responsables de la mala ejecución de las obras del Metro, Felip Puig y Joaquim Nadal, a pesar de cometer diversas negligencias, presuntos cobros de comisiones y toda una serie de corruptelas alrededor de la obra, siguen siendo personal de confianza y asumiendo cargos de responsabilidad en el Parlament de Catalunya y no han asumido responsabilidad alguna por las consecuencias de sus actos (el Director General de Ports i Transports, Jordi Julià y el presidente de GISA, Ramón Serra, fueron también exculpados). En este sentido, el socavón representaría la alegría truncada, esto es, la aspiración frustrada de ser ciudad y el menosprecio de las instituciones hacía unos barrios periféricos a los que condena a llegar tarde y de la peor manera, diseñando desde los despachos su vida y sus desgracias. La cicatriz que deja no es únicamente geográfica, sino que también es evidente en unas relaciones sociales marcadas por una nula vinculación entre sus gentes, así como por su poca capacidad de cohesión.

La lucha por los servicios y la conquista de la memoria.

Durante mucho tiempo, un elemento constante en los barrios periféricos fue la lucha por los servicios básicos. En los bloques planificados, aunque no exentos de problemas, el alcantarillado venía de serie; en el Carmel, a caballo entre los campos, el barraquismo medio tolerado y los bloques que se abrían paso, esto no fue así. Las aceras las construyeron los vecinos y sus calles empinadas eran, a menudo, lodazales. La inexistencia de agua corriente incrementaba el problema de unos vecinos y vecinas que tenían que llegar aseados sus puestos en las fábricas o en aquellas casas donde atendían como servicio doméstico.

Así que la lucha por los servicios básicos era también una lucha por la dignidad de sus vidas. De alguna manera era tanto aspiración como obligación. El Carmel también cuenta con otras luchas, entidades y situaciones que valía la pena recordar y que podían responder al objetivo de dotar de significación a los lugares. Seguramente muchas conquistas urbanísticas, como la apertura de la calle Fastenrath o las famosas escaleras mecánicas, merecerían una atención especial, pero por lo difícil de su conexión con el imaginario de lucha y lo controvertidas que son siempre las actuaciones urbanísticas, no se consideraron como reseñables.

El 15 de mayo de 2011 es reconocida, sin duda, como una fecha que marcó el cambio generacional en la cultura política del Estado español, así como en las relaciones asociativas del barrio. Efectivamente, y a pesar de ciertas peculiaridades relacionadas con lo insalvable de su orografía y la desconexión entre sus habitantes, el 15M tuvo sus consecuencias también en un barrio como el Carmel, donde aparecieron dos asambleas, una en la cota superior y otra en la cota inferior. Horta, el barrio vecino, también tuvo su asamblea y en la Teixonera, otro barrio colindante, empezó a crearse otra, aunque no llegó a eclosionar por falta de gente y de interrelación con las demás. Un total de cuatro en un radio de unos 600 metros respecto a un hipotético centro localizado en la Pastrana, Carmel inferior. Es reseñable mencionar que más del 90% de la gente que aun permanecía en la Asamblea del Carmel cinco semanas después de su constitución, era no nacida ni crecida en el barrio. Este es un dato significativo que podría explicarse a través de la propia idiosincrasia del espacio y lo limitante que resulta en relación con ciertos códigos y prácticas cotidianas.

La multitud de acciones, reuniones, encuentros y manifestaciones celebradas evidenciaron que la Asamblea del Carmel fue seguramente de las más dinámicas de Barcelona, algo que adquiere aun más valor si se tiene en cuenta lo aislado de su realidad, tanto con el resto de la ciudad como dentro del propio barrio. Una gran actividad que contrastó con la tradicional poca interactuación. A la hora de buscar referentes sociales con los que construir su imaginario en un barrio con un tejido asociativo escaso y un carácter bastante endogámico, la Asamblea se dirigió al movimiento vecinal más tradicional, llegando a participar, junto a la A.VV. del Carmel, en la confección de una revista especial con motivo de su 40 aniversario. Como dato curioso, cabe señalar que, en el número 100 de la Revista Carrer de la FAVB y en la que se mostraban 100 luchas de la ciudad de Barcelona –que recordemos tiene 73 barrios- no había una sola proveniente del Carmel.

Fue a partir de la realización de entrevistas y la redacción de artículos para su publicación que la Asamblea fue levantando su propio mapa socioestructural del barrio. Una información que parecía flotar en el ambiente sin nunca concretarse, escondida y sepultada bajo las visitas e inauguraciones del alcalde de turno. El trabajo realizado se mostró cuantioso y “desconocido”, de forma que se pensó que podría llegar a convertirse en un poderoso elemento de conexión entre la A.VV. del Carmel, los propios vecinos y vecinas del barrio y el resto de Barcelona. Esta falta de conexión e interrelación del tejido social del barrio con el del resto de la ciudad se constataba en gran cantidad de temas, como el de los desahucios. Existiendo miles de ellos por toda la ciudad y haciéndose éstos visibles con concentraciones multitudinarias, en el Carmel no hubo ni una sola acción de paralización de desalojo. Eso no quiere decir que no haya habido otras luchas o reivindicaciones en el barrio, aunque éstas se circunscribían más a reivindicaciones parciales como veremos más adelante.

Es así como surge la idea del proyecto de placas conmemorativas como una forma de dotar de significación la calle y, además, servir de ejemplo de empoderamiento cotidiano. Las placas se hicieron con voluntad de replicabilidad y universalidad, como tantas otras acciones que se llevaron a cabo desde la Asamblea. Se trata de placas de una superficie de 600x300mm, hechas en plástico bicapa, resistentes a los rayos UV y grabadas con láser mediante cortadora. El precio unitario, con el alquiler de la maquinaria incluido, fue inferior a 10 € por placa. Además, se quiso aprovechar la capacidad de las redes sociales para ampliar la información, su difusión y viralización a través de códigos QR o similares, sin embargo, esto se demostró finalmente imposible debido a la dificultad de acceso debido a la localización y tamaño de las placas.

Finalmente se decidió instalar 14 de las mismas, las cuales podrían dividirse entre aquellas relacionadas con las luchas por la consecución de distintos servicios para el barrio, y aquellas otras que tienen un carácter simplemente conmemorativo. Sin embargo, a la hora de escribir el presente texto, las placas aún no habían sido colocadas. Este hecho depende de la buena voluntad del gobierno actual, Barcelona en Comú, con el que aparte de palabras no se ha mantenido ninguna otra consideración. Así, la decisión de no colocar las placas, de forma autónoma, durante la ruta efectuada por el barrio en julio de 2015,  se debió a la conciencia de la poca fuerza con la que contaba la propia A.VV.

Mitos y ritos activistas en realidades nebulosas.

En el Carmel existe un Plan Comunitario, un entramado creado entre las organizaciones no lucrativas y financiado con dinero municipal que, teóricamente, recoge las problemáticas del barrio y ayuda a los colectivos a conectar entre ellos. Sin embargo, debido a la inexistencia de un reglamento sobre este tipo de redes, el Plan acaba funcionando, salvo en contadas excepciones, como forma de penetrar en el laberinto burocrático, dando soporte a los proyectos de las asociaciones que lo conforman de forma un tanto opaca. También existe una asociación de comerciantes, la cual organiza diversos eventos de promoción del comercio y de la artesanía local.

Otras actuaciones de carácter minoritario son: 1) El cambio de trazado del autobús 87 para que pase por otra zona que supuestamente beneficia al mercado municipal; 2) Prohibición de una antena de telefonía móvil (las teorías sobre el supuso carácter canceroso de las antenas –no sobre los receptores, curiosamente- se hicieron eco en el barrio y movilizaron más personas que cualquier reivindicación sobre recortes en salud o educación); 3) Protesta encabezada por comerciantes de la zona para impedir el cierre de una sucursal bancaria de La Caixa debido a la relativa lejanía de la siguiente más próxima; 3) Pérdida de un pediatra en el CAP.

A lo largo del proceso descrito, el 15M del Carmel, su Asamblea, mutó absorbiendo, o siendo absorbido por, la A.VV. Tras más de tres años de reuniones, la Asamblea no había conseguido romper su aislamiento sobre el barrio. Sin local y sin interlocutores, ésta no contó con mucho margen a la acción. La entrada, pues, en la A.VV. del Carmel fue el único paso que permitía romper el ostracismo (auto)impuesto. Este cambio ha generado la asunción de un papel institucional en el barrio y cierta apertura en las relaciones con otras instituciones, aunque presumiblemente el cambio de gobierno municipal tenga también su parte de responsabilidad. En esta dirección, las luchas pasadas serían de interés si se produjera una continuidad con las presentes. Sin embargo, esa continuidad parece rota y la arqueología algo innecesaria.

Por tanto, los párrafos anteriores no tienen interés en tanto que enumeración de las luchas del barrio, como en el de intentar mostrar la interrelación de unos códigos activistas en una realidad barrial concreta. Es decir, mostrar cómo interactúan, cuáles son sus aspiraciones y los caminos (normalmente ya marcados) y cómo éstos se escogen. De cómo mientras la televisión mostraba imágenes de plazas llenas durante el 15M, las asambleas locales no tuvieron el magnetismo suficiente para atraer e identificar a sus posibles militantes. De cómo varios mundos coinciden simultáneamente en el mismo espacio, pero solo son mostrados a través de ideas preconcebidas y prefabricadas por la cultura de masas de los grandes agentes mediáticos.

Pasear cerca de algunas de estas acciones, y escuchar qué dice la gente sobre lo que está pasando, podría mostrarnos que no estamos más que ante un sainete postmoderno. Los códigos activistas no son reconocidos por el posible receptor y, por tanto, la comunicación no existe. Existen unos códigos del Carmelo (en castellano) que son compartidos por algunos grupos de personas. Seguramente esos códigos se distribuyen mejor en las estructuras familiares y en las escolares (familiares esperando a recoger a sus hijos) que en la calle. La calle no admite la confrontación momentánea de códigos; para cambiar la calle, para ser un actor reconocible en ella, hay que permanecer (ser) en ella y no sólo estar.

Otro espacio donde se construyen estos códigos es en el ámbito laboral. Históricamente el Carmel ha sido el hogar de los paletas de Barcelona. Un pelotón de gente usada y devorada por las exigencias de la burbuja del momento que tienen entrada al mercado laboral, más allá de las “ñapas” (pequeñas reparaciones a particulares), únicamente a partir de sus redes relacionales. Y estas redes relacionales se forjaron, sobre todo, en los años precedentes a las Olimpiadas y con el gobierno socialista como correa de transmisión de las contratas, algo que, de ser cierto, seguramente genera una mayor permeabilidad al discurso sobre las bondades del Ayuntamiento que al de las consecuciones de los movimientos.

Otra de las explicaciones que nos han sugerido muchas personas que ya no viven en el barrio, es la de que los jóvenes se van a otros barrios donde creen que pueden vivir mejor. Aquellos que se quedan, se quedan bajo los compromisos familiares, y aquellos que marchan, lo hacen para mejorar. Hay un cierto paralelismo con los personajes de Marsé. De hecho, esto se puede comparar con otro fenómeno que se produce en el barrio, en este caso en relación a las escuelas. La mayor parte de adolescentes van al instituto en otros barrios (Guinardó o Vall d’Hebron), donde comparten sus vidas con otras personas y donde la orografía, la comunicación y el transporte es bastante más fácil y asequible.

El Carmel, por tanto, combina cierto carácter de ciudad dormitorio con otro que comparte una idea de cómo se ha construido la calle y que tiene una visión social viene muy marcada por su pertenencia al grupo. Aparte de eso, conviven una suerte de agentes sociales que trabajan en determinados equipamientos y servicios y que no forman parte de la calle, sólo la transitan. Por último señalar que un proyecto como el de las placas se ha acabado convirtiendo, dentro el imaginario del barrio, en una acción municipal. En vez de potenciar el empoderamiento y la conciencia local, ha desembocado en cierto reconocimiento institucional y en la idea de que el actual poder municipal (Barcelona en Comú) está relacionada con la Asamblea del 15M y con la A.VV. del Carmel.

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Publicación del libro “Barrios corsarios. Memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los márgenes de la ciudad neoliberal”.

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Detalle de la destrucción del barrio de Vallcarca | Fuente: Jordi Moreno, fotógrafo y vecino de Vallcarca expulsado de su casa por la codicia de Núñez y Navarro

por OACU

Una de las principales características que definen la actual coyuntura político-económica a nivel global, especialmente en los denominados “barrios conflictivos”, es el extremo sometimiento del espacio vecinal a la disciplina del valor de cambio. De ese modo, la elaboración de planos y planes de reordenación urbanística, la creación de grandes eventos y la difusión de retóricas legitimadoras o deslegitimadoras, suelen presentarse como actuaciones necesarias para acabar con la supuesta “conflictividad” de dichos barrios. En realidad, se trataría de estrategias destinadas a garantizar que distintos sectores del capital inmobiliario, hotelero, turístico, financiero, etc., puedan reorganizar a su antojo el espacio físico y simbólico de esos emplazamientos en orden a extraer de ellos potenciales plusvalías.

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Es precisamente en base a esta interpretación que, desde el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), nos permitimos parafrasear a Pier Paolo Pasolini y tildar a estos espacios como “barrios corsarios”, esto es, populares, periféricos y relativamente marginales, objetos de políticas de “centralización” y “redención” basadas en la obstinada mercantilización de su espacio, su tiempo y sus rasgos. La extrema deslegitimación de todo cuanto en ellos no encaja con la lógica del paisaje nos invita cuanto menos a sospechar que sus habitantes –sistemáticamente excluidos de la condición de “ciudadanos”, de la “centralidad” y la “normalización”- siguen negociando cada día unos límites físicos y simbólicos trazados por una verdadera utopía moderna: aquella que aspira a una ciudad homogeneizada, pacificada y socialmente rescatada de toda conflictividad.

Sin embargo, como lugares de lo popular, estos “barrios corsarios” seguirían constituyéndose como auténticos baluartes desde donde sabotear la imposición sistemática y burguesa de una ciudad exclusiva y, por ende, excluyente. Por este propósito, y gracias al precioso apoyo del Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), hemos buscado inventariar diferentes aproximaciones metodológicas dirigidas a escudriñar los mecanismos y los significados sociales que gobiernan las periferias urbanas, fundamentan las prácticas sociales y culturales de sus habitantes y explican sus estrategias de lucha, resistencia y reproducción socio-espacial.

La puesta en relación de las diferencias, así como de las similitudes, entre las amplias dinámicas de transformación urbanística y social a las que esos barrios corsarios están siendo sometidos hoy día, determinaría el especial valor que asumen, para las ciencias sociales en general, las prácticas socio-espaciales que se producen en las periferias físicas y simbólicas de las principales ciudades globales. El resultado de dicha comparación ha confluido en un libro que acaba de ser publicado por Pol·len Edicions y coordenado por los compañeros del OACU Giuseppe Aricó, José A. Mansilla y Marco Luca Stanchieri.

En esta dirección, el objetivo principal de esta nueva publicación del OACU será describir y analizar las formas específicas de (des)organización de la vida social, formas diferentes y contrapuestas a un orden político, económico, social, etc. Para rescatar su “valor patrimonial” y significado social respecto a la ciudad, la apuesta final será cuestionar estos mismos modelos de organización socio-espacial elaborados por las “culturas periféricas” en contraste con una supuesta “cultura central”, así como su “historia” y función económica y política respecto a un “centro” que, al fin y al cabo, siempre ha sido y será relativo.

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De proletarios a propietarios, o los origines de la lógica espacial del urbanismo neoliberal.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A principios de los ’70 el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona encargó al fotógrafo santanderino Julio Ubiña la realización de un video que promocionara los entonces vanguardistas “polígonos de absorción”, esto es, conjuntos residenciales alejados del centro y destinados a reabsorber la población chabolista asentada en los cada vez más rentables intersticios de la Ciudad Condal. A pesar de su absoluta –pero comprensible- falta de criticismo, no hay duda de que el vídeo representa una clara evidencia de aquella retórica perversa que caracterizó las lógicas urbanísticas de la época franquista y que, sin embargo, sigue hoy día perpetrando su legado en el actual urbanismo de corte neoliberal.

El hecho es que, a partir de los ’60, la economía española empezó a desarrollar una gran dependencia del sector bancario-inmobiliario, el cual jugó un papel clave en la configuración del espacio económico y, por ende, social del Estado. De ese modo, el crecimiento de las principales metrópolis durante el franquismo implicó una potente expansión del mercado inmobiliario en general, especialmente en el sector constructor y promotor de la vivienda social. Sería precisamente este aspecto el que supuso enormes repercusiones en la reposición del patrimonio inmobiliario del Régimen gracias a una política de vivienda que se basaba en incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía.

En 1959, año que marcaría un verdadero punto de inflexión para la política autárquica del franquismo, el entonces ministro de Vivienda José Luis Arrese ensalzaba el trabajo de los “agentes de la propiedad inmobiliaria” afirmando que “[…] la misión que de una manera concreta está encomendada a vuestro quehacer diario, es la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para ello, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad; y mirad por dónde, repito, os vamos a necesitar cada vez más, porque cada vez más claramente y sin torceduras vamos a fomentar la propiedad privada. […] No queremos, y lo consideramos un mal, aunque a veces sea un mal necesario, que la construcción derive de un modo colectivo hacia el arrendamiento, […] la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad […]. Queremos un país de propietarios, no de proletarios”.

Las palabras del ministro Arrese, renombrado arquitecto falangista, respondían claramente a la necesidad política y económica del Régimen de redistribuir territorialmente los sectores más desfavorecidos de la población en nombre de la hegemonía absoluta de lo que algunos autores definen como la “cultura de la propiedad”. En esta dirección, el objetivo político de las fuerzas dominantes era estimular la propiedad de la vivienda como elemento básico de pertenencia, sobre todo entre las clases proletarias, reforzando así las políticas extremadamente conservadoras y de control social del Régimen. En otras palabras, tal y como señalan investigaciones más recientes, “el desarrollo del capitalismo inmobiliario se ‘incrusta’ profundamente, desde sus inicios, en unas formas de reproducción social muy singulares, caracterizadas entre otras cosas por la elevación de la vivienda en propiedad a elemento cúspide en la organización de la unidad doméstica obrera”.

Es en este contexto social y político, caracterizado por una verdadera lucha institucional contra la renta limitada, donde se enmarcan el Plan de Urgencia Social para Barcelona, presentado en 1958, y el Plan de Supresión del Barraquismo de 1961. Ni tiene que decir que las medidas estratégicamente concebidas y planificadas dentro del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, como los Planes de Desarrollo o los Planes de la Vivienda, fueron ejecutadas a partir precisamente de la década de los ’60, es decir, en un momento crucial para el proceso de estabilización social y política del Segundo Franquismo. En este sentido, la finalidad del Plan de Supresión del Barraquismo no era tanto “dignificar” a los chabolistas mediante la provisión desinteresada de vivienda social, sino más bien acabar rápida y definitivamente con todos los asentamientos de autoconstrucción, sobre todo con los que surgían en espacios particularmente rentables en términos urbanísticos.

Para ello, las instituciones empezaron a planificar el desplazamiento sistemático de numerosos chabolistas hacia las periferias urbanas de las grandes ciudades, ahí donde serían realojados en grandes bloques de viviendas verticales. A finales de los ‘60, el entonces alcalde de Barcelona, Josep María de Porcioles, proclamó que los restos del chabolismo en la capital serían definitivamente erradicados con la construcción de nuevos “polígonos de absorción”, edificados en pos de una vivienda “adecuada”, “digna” y “en propiedad”. En esta dirección, los polígonos de Canyelles, en Nou Barris, y de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, representarían, dentro del marco del Plan de Supresión del Barraquismo, las dos operaciones más emblemáticas efectuadas por el Patronato Municipal de la Vivienda para realojar a numerosas “familias chabolistas” del área metropolitana de Barcelona.

Relegados a la periferia o a áreas rurales cercanas a las ciudades y ubicados en terrenos de escaso valor ambiental, los polígonos de la era porciolista no eran sino una pantalla tras la cual ocultar las causas reales del progresivo aumento de la desigualdad socio-espacial que venía perfilándose sobre todo el territorio nacional. Efectivamente, la alta densidad habitacional que llegaron a registrar esos polígonos, sin buenos transportes y comunicaciones, con escasos o nulos equipamientos, con una mala calidad de construcción y un reducido tamaño de las viviendas, respondían a la absoluta falta de interés del Régimen por comprometerse de verdad con los problemas sociales y económicos de la época.

En definitiva, especialmente durante las “décadas doradas” del desarrollismo, los tecnócratas de Franco no se habrían preocupado por solucionar las condiciones sociales, laborales o de vivienda de la población más desfavorecida, sino por encontrar la manera más rentable de “mejorar” y explotar la capacidad productiva del proletariado. Una estrategia económica, que no una política social, que en cierta medida marcaría los orígenes de la lógica espacial que tan íntimamente caracteriza el actual urbanismo neoliberal, aquel que ya no aspira simplemente a planificar la ciudad y, por ende, la vida y las conductas de sus habitantes, sino que se obstina en convertir los vecinos en clientes.

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Las manos sobre Barcelona

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Joan Clos, contemplando la zona Fòrum desde un hotel de la Diagonal en 2004 | Fuente: Carles Riba

Texto originariamente publicado en Ciutat Morta: crònica del cas 4F, coordinado por Mariana Huidobro, Katu Huidobro y Helen Torres

por José Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)

En 2006 Barcelona vivía todavía la resaca del Fòrum de les Cultures 2004, uno de los fracasos más sonados de su historia. La ciudad se había quedado años antes sin poder ser Capital Europea de la Cultura y buscó, de forma casi desesperada, una excusa para llevar a cabo un nuevo e inmenso proceso de transformación en los límites de su última y codiciada frontera urbana: la desembocadura del Besòs. A pesar de las ingentes cantidades de dinero y recursos invertidos por el Ajuntament, la Generalitat, el Gobierno del Estado y el sector privado –más de 3.200 millones de euros y una recalificación de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida para los JJOO de 1992- el megaevento no cumplió ni de cerca con las expectativas generadas en cuanto a público o visibilidad.

Como si ello no bastara, barrios fuertemente estigmatizados, como La Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de unas imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales surgidas como setas en la zona recuperada. Pero como todos los fracasos, este también fue relativo. Efectivamente, las inmensas plusvalías generadas mediante esa colosal reforma urbanística,  trasferidas al capital financiero e inmobiliario de la ciudad, supusieron el verdadero “éxito” del Fórum. La ciudad vivía así los últimos años de la impostura del Model Barcelona, una forma de hacer ciudad que vivió su máximo esplendor durante las olimpiadas y que reveló su verdadera cara en ese primer lustro del nuevo siglo.

Del supuesto urbanismo ciudadano y participativo, de la continuidad de la trama urbana, de la apuesta por los espacios públicos y los equipamientos no quedaba nada. Barcelona, entregada al neoliberalismo, proseguía su configuración como “escenario de consumo” y adjudicaba grandes extensiones de terreno a empresas inmobiliarias internacionales como Hines, responsable de Diagonal Mar, para que hiciese de su capa un sayo. Se abandonaba toda veleidad aparentemente socialdemócrata –como las ideas de Oriol Bohigas y su pretensión de “monumentalizar la periferia” y “dignificar el centro”- y la ciudad, más que como “modelo”, comenzaba a venderse cada vez más como Marca.

Unos años antes, el Ajuntament había puesto en marcha el Distrito 22@ en 116 hectáreas del barrio del Poblenou. La intervención, la mayor llevada a cabo sobre la ciudad hasta ese momento, perseguía la creación de un polo empresarial vinculado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sobre parte del “obsoleto” tejido industrial del antiguo Manchester català. Los pequeños talleres y empresas auxiliares que ya existían en el área, vestigios de su pasado fabril, fueron despreciados como generadores de crecimiento y empleo y en su lugar se esperó, como maná caído del cielo, la llegada de grandes firmas tecnológicas. Ni que decir tiene que esto nunca ocurrió.

Los que sí llegaron fueron muchos hoteles que, aprovechando la disponibilidad de espacios baratos y la apuesta municipal por el turismo en la zona, lograron grandes plusvalías vendiendo el suelo que abandonaban en otras áreas de la ciudad, como el Eixample. La crisis (léase estafa) económica de unos años después hizo el resto y el Poblenou, como muchos otros barrios de la ciudad, mantiene aún hoy día grandes solares vacíos. Pero la voracidad, como la estupidez, no tiene límites y grandes zonas de la ciudad consolidada fueron igualmente objeto de violentas intervenciones urbanísticas que se presumieron urbanas.

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Acción reivindicativa contra la Marca Barcelona y sus eslogans | Fuente: Míren Sánchez (http://mirarescucharcallar.blogspot.com.es/)

El año 2006 también es el año de la vergüenza para un Ajuntament que llegó a enviar la Guardia Urbana a arrancar las tomateras plantadas por los vecinos y vecinas del barrio de la Ribera. Estamos hablando del, desde entonces denominado, Forat de la Vergonya, un solar ubicado a escasos metros del renovado Mercat de Santa Caterina y que inicialmente estaba destinado a ser un aparcamiento para el turismo que llegaba al barrio. La idea de las instancias municipales era convertir la zona –parte de la cual se popularizaría con el mucho más eufónico nombre de El Born– en una tesela más de la Barcelona escaparate.

Se trataba, en definitiva, de conformar una ciudad proyectada a escala global, que compitiera internacionalmente por la atracción de un “turismo cultural” –lo que viene a querer decir, de elevado nivel de ingresos- mediante la instalación en sus fronteras de elitistas contenedores como el Museu Picasso, de la mercantilización de Santa Maria del Mar o de la fútil reforma del Mercat con su cubierta de tejas coloreadas. El vecindario, necesitado de zonas de socialización, y si eran verdes, mejor, tuvo la osadía de hacer suyo el espacio creando su propio jardín, huerto, mobiliario urbano y zona deportiva, lejos del glamour intrínseco al pensamiento municipal institucional, algo que no podía ser permitido en un barrio destinado a la aparición de lofts y apartamentos para las denominadas “clases creativas”.

Tuvo que ser la prensa, al recoger los conatos de violencia contra el desalojo, la que situara el punto de atención sobre un tema que, de otra manera, hubiera pasado desapercibido. Más allá de la cierta simpatía que pudiera despertar la apropiación vecinal de un espacio para crear una plaza, lo que no llegaron a entender –léase aterrorizar- las manos que se posaban sobre la ciudad, es el hecho de que la gente normal pudiera crear un espacio normal, de gestionarlo y aprovecharlo lejos del tutelaje oficial y la acción del mercado. Por supuesto, algo así no podía ser permitido porque correría el peligro de convertirse en un ejemplo, una alternativa posible o, cuanto menos, propiciable. Es ahí donde debemos insertar parte de los factores que desencadenaron los hechos de aquella noche del 4 de febrero.

Si las grandes empresas multinacionales cuentan con departamentos enteros que velan por la buena reputación de su marca, en Barcelona esta responsabilidad recaía y recae directamente sobre el Ajuntament. La millor botiga del món no podía permitir que parte de sus calles y sus plazas estuvieran pobladas de vecinos, punkis, anarkas o antisistemas, sea eso lo que sea, y menos que éstos pretendieran generar espacios propios, liberados de las ataduras de la mercantilización extrema que vive la vida cotidiana de las ciudades depreciando, de paso, el valor de la propiedad inmobiliaria. Por este propósito, el teatro okupado del número 55 de la calle Sant Pere més Baix tenía que ser literalmente eliminado, como eliminadas tienen que ser todas aquellas imperfecciones que empañan cualquier producto. Rodrigo, Juan y Alex, al igual que Patricia, simplemente se toparon con parte del departamento de limpieza, en el sentido amplio de la palabra, de la Marca Barcelona.

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Mariana y Katu Huidobro, durante una manifestación en apoyo a los detenidos del caso 4F | Fuente: Jordi Secall (http://jordisecall.blogspot.com.es/)

Ironías de la vida, el alcalde de la ciudad de aquellos años, Joan Clos, al frente también del desastre del Fòrum y del 22@, después de un breve paso por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Estado español, así como de las Embajadas de Turquía y Azerbaiyán, ha llegado a ser el máximo dirigente del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), cuya misión es la promoción de pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenible con el objetivo de proporcionar “vivienda adecuada para todos y todas”.

Hoy día, Barcelona sigue imparable su viaje hacia la total esterilización de su espacio urbano. Con solo dar una vuelta por el entorno del antiguo Mercat del Born, hoy Born Centre Cultural, o la calle Montcada y su nuevo Museu de les Cultures del Món es posible observar la descontrolada aparición de nuevos bares y restaurantes poblados de cientos de terrazas, comercios chic, establecimientos de productos ecológicos a precios imposibles, así como tiendas y más tiendas de souvenirs turísticos exactamente iguales a las que podrías encontrar en cualquier otra parte del mundo.

La soberbia expansión del Born no se detiene en sus fronteras físicas y simbólicas, acabando con cualquier viso de originalidad y despreciando lo que otrora fue su verdadera esencia popular: el barrio de La Ribera. Finalmente una triste –pero aún no imperante- victoria de las manos sobre Barcelona, convertida en una ciudad que no contempla las inquietudes ni las necesidades de sus habitantes. Una ciudad concebida y diseñada sólo para una ciudadanía obediente, pasiva y adinerada, que consagra sus calles únicamente al ocio y al consumo masivo. En definitiva, una ciutat morta.

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Gentrificación es lucha de clases! Diferenciación socioespacial y conflicto en la ciudad contemporánea

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El próximo día 9 de julio, algunos miembros del OACU coordinamos y participamos en un Panel sobre Antropología Urbana en el 1er. Congreso de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR). En el mismo evento, se realizará una nueva presentación del libro “Mierda de ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales“.

El texto que aparece a continuación es el marco en el que se engloban distintas comunicaciones. En concreto, desde el OACU, además, llevamos las siguientes:

– Jaque al peón. Extracción de rentas, dinastías de poder y desplazamiento de clases populares en la Barcelona contemporánea, por Giuseppe Aricó, José A. Mansilla y Marco Luca Stanchieri, (OACU).

– “A quien dices tu secreto, das tu libertad y estás sujeto”. Una reflexión desde la antropología social acerca de la idoneidad del concepto ‘lucha de clases’ en la etnografía de la gentrificación, por Marc Morell, (UIB y OACU).

 

Gentrificación es lucha de clases! Diferenciación socioespacial y conflicto en la ciudad contemporánea

Han pasado ya más de cuatro décadas desde que Henri Lefebvre (1972) señaló cómo la urbanización, que hasta aquel entonces parecía que únicamente acompañaba a la dinámica industrializadora, empezaba a sustituirla como determinante de los procesos sociales. Éstos, a su vez, pronto se postularían fundamentales para entender las formas de apropiación espacial existentes (Harvey 1992) y el fraccionamiento espacial propio de las clases sociales (Castells 1974).

A esto hay que sumar la progresiva marginación que ha sufrido el concepto de la lucha de clase en la búsqueda de un sujeto de transformación social. A excepción de algunos casos dignos de mención (Oyón 2008) las cuestiones de clase han quedado enclavadas en lo exclusivamente económico, en un intento de eliminar todo matiz conflictivo como si de una supervivencia se tratara. Se ha abandonado, en definitiva, cualquier intento de comprender el cambio social inherente a la relación entre clases sociales, por no hablar de su importancia en la transformación urbana (Leeds 1994).

Sin embargo, en los últimos tiempos nuestros barrios se encuentran en la periferia de la atención social por mucho que la propia teoría los haya ideado como proyectos convivencia (Gravano 2005). Éstos han devenido elementos centrales para los agentes gentrificadores, principalmente la administración pública aliada al capital inmobiliario (Díaz 2010). Los barrios, y por ende las ciudades, se han convertido en terrenos idóneos donde llevar a cabo políticas de desplazamiento socioespacial como forma de superar modelos de relaciones interesadamente “degeneradas”, causadas por supuestos conflictos culturales, religiosos, étnicos, etc. Una clara expresión de ello es el abuso de términos como “espacio público” o “civismo” en aquellos discursos políticos que amagan la redención de la ciudad mediante intervenciones urbanas que se proponen acabar de una vez por todas con la naturaleza conflictiva que conjeturan.

Conscientes de la escasa literatura de cuño antropológico-etnográfico que existe sobre el tema de la gentrificación, y a sabiendas del creciente interés que ésta suscita en las nuevas hornadas de antropólogos que trabajan lo urbano, este panel pretende abordar estas cuestiones mediante la mirada cercana que aporta siempre la etnografía.

Bibliografía

Castells, M. (1974 ([1972]) La cuestión urbana. Madrid: Siglo XXI

Franquesa, J. (2010) Sa Calatrava Mon Amour. Etnografia d’un barri atrapat en la geografía del capital. Palma: Documenta Balear

Gravano, A. (2005) El barrio en la teoría social. Buenos Aires: Espacio

Harvey, D. (992 [1973]) Urbanismo y desigualdad social. Madrid. Siglo XXI

Lees, L. et al. (2008) Gentrification. Nueva York: Routledge

Lefebvre, H. (1972 [1970]) El derecho a la ciudad. Barcelona: Península

Oyón, J. L. (2008) La quiebra de la ciudad popular: espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914–1936. Barcelona: Serbal

Savage, M. et al. (2013) «A new model of social class: Findings from the BBC’s Great British class survey experiment», Sociology, pp. 67-91

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Publicación del libro “Mierda de Ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales” (Pol·len Edicions, 2015)

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por OACU

Durante las últimas décadas, la lógica de mercado ha ido penetrando cada vez más en el campo de la planificación urbanística y los discursos político-económicos que regulan los procesos de gobernanza urbana de nuestras ciudades. El propósito último de dichos procesos es tan claro como alarmante: revelar los supuestos beneficios de una ciudad ideal e idealizada, donde sólo tiene cabida la paz y la tranquilidad de unas relaciones socialmente estériles; una ciudad abstraída de cualquier tipo de control institucional, detrás de la cual no se esconde más que una mayor capacidad de compra y donde todo el mundo lograría una mejor calidad de vida. En definitiva, una ciudad exenta de su elemento constitutivo, el conflicto.

Sin embargo, desde el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) seguimos insistiendo en la necesidad de repensar la conflictividad social, esto es, el “conflicto urbano”, desde una perspectiva que considera el uso del espacio no sólo como una estrategia de control, sino también como una manera de ocultar unas relaciones sociales siempre desiguales. Por este propósito, y gracias al precioso apoyo del Institut Catalá d’Antropología (ICA) y del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona (UB), hemos buscado inventariar diferentes aproximaciones metodológicas a la “conflictividad” que caracterizaría algunas de las principales urbes europeas y latinoamericanas.

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Pincha en la portada para ver o descargar el índice completo del libro

La puesta en relación de las diferencias, así como de las similitudes, entre las amplias dinámicas de transformación urbanística y social a las que estas metrópolis están siendo sometidas hoy día, dejaría entrever el “resurgimiento” de una serie de reivindicaciones que, aunque parezca lo contrario, nunca nos han abandonado. El resultado de dicha comparación ha confluido en un libro que acaba de ser publicado por Pol·len Edicions y coordenado por los compañeros del OACU Giuseppe Aricó, José A. Mansilla y Marco Luca Stanchieri.

Adoptando un enfoque empírico que analiza, y a la vez cuestiona, aquellas políticas urbanísticas que se pretenden urbanas, los textos recogidos en la publicación proponen una rearticulación crítica de un determinado tipo de urbanismo de corte neoliberal y del marco conceptual que lo apoya. Efectivamente, hoy más que nunca los investigadores sociales que nos dedicamos a estudiar la ciudad tenemos la obligación, dentro y fuera de la academia, de cuestionar ciertos conceptos considerados claves para el pensamiento urbano, señalar su inaplicabilidad empírica o bien revertir las lógicas dentro las cuales los mismos se reproducen.

En definitiva, tenemos el deber de cuestionar aquellas políticas urbanísticas que se pretenden urbanas contrastando esa quimera social de una ciudad armónica y pacificada, constituida por un espacio ilusorio que encubre la realidad y no contempla las inquietudes y las contradicciones entre clases, ni mucho menos la lucha entre ellas y sus necesidades. De lo contrario, y evocando un clásico tema de los Kortatu, estaremos condenados a vivir y habitar una “mierda de ciudad”.

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15 años en Venus. Claves para entender un conflicto “irresoluble”.

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Particular del bloque Venus | Fuente: Sergi Pujolar (La Directa)

Por Giuseppe Aricó | OACU

El próximo diciembre de 2015, tras 15 años de severas intervenciones urbanísticas y escasas “mejoras sociales”, el controvertido Pla de Transformació del Barri de La Mina (PTBM) llegará a su fin. Durante los últimos meses, la documentalista Mariona Giner y su equipo han estado realizando un trabajo que merece ser conocido y reconocido. Se trata de 15 anys a Venus, un documental que persigue tratar de forma seria el caso del derribo y posterior realojo de los vecinos del bloque Venus, una cuestión aun en suspenso que sigue provocando conflictos entre plataformas vecinales y administraciones. El pasado martes 28 de abril, tuve la oportunidad de participar en dicho documental al ser entrevistado sobre el impacto social del PTBM y las problemáticas relacionadas con éste. He decidido publicar aquí parte de la entrevista, realizada en el histórico Casal Cívic de La Mina, equipamiento fruto de una larga acampada reivindicativa que los vecinos llevaron a cabo a finales del marzo de 1985 en el lugar donde hoy se ubica el propio Casal.

¿De dónde y cuándo surgen las áreas urbanas como la Mina?

Las áreas como La Mina se conciben a partir del Plan Comarcal de 1953, pero se edifican sólo durante el auge del desarrollismo franquista, a caballo entre los ‘60 y ‘70. Se trata de áreas que el lenguaje urbanístico de aquella época definía como “polígonos de absorción”, es decir, su prerrogativa era precisamente la de “absorber” a los habitantes de los denominados núcleos chabolistas de Barcelona. En realidad, la creación de dichas áreas, colocadas sistemáticamente en los márgenes de las metrópolis, no respondía a una necesidad de carácter social, sino exclusivamente a específicas exigencias políticas y económicas del tardofranquismo. La finalidad del régimen no era sino ampliar su reserva de suelo urbano a costa de la clase trabajadora, que desplazaba dónde y cómo mejor le convenía.

¿Qué problemas sociales tiene La Mina en la actualidad?

Si nos ceñimos a las cifras oficiales, todo parece ir de maravilla: el PTBM habría conseguido con éxito y alabanzas internacionales la “transformación” por la cual apostaba. Sin embargo, tras la pantalla de una gran regeneración urbanística se esconde una cruda realidad social donde se reproducen severas problemáticas estructurales. En este sentido, los problemas sociales de La Mina en la actualidad son prácticamente los mismos que se dieron en su origen, y que podemos resumir en una sola y gran cuestión: la falta de una política de vivienda seria, estructurada, coordinada y comprometida desde el principio. Apostaría a que el resto de cuestiones, como el paro, el absentismo y el fracaso escolar, cierto analfabetismo, la desestructuración familiar, el supuesto “incivismo”, las “actividades delictivas”, etc., no son sino el producto directo de esa gran falta o están íntimamente ligadas a ella.

¿Está estigmatizado el barrio de la Mina?

La Mina es un barrio híper-estigmatizado, es decir, sufre una estigmatización transversal que afecta al conjunto de sus habitantes en varios niveles: social, laboral, económico, cultural, territorial, etc. Tanto en los ’70 como hoy, hablar de La Mina provoca irremediablemente una especie de “efecto dominó”, donde toda una serie de estereotipos descontextualizados y despolitizados caen unos tras otros como fichas.

¿Qué ha contribuido a ello?

Las causas que han contribuido a ello son muchas y pertenecen a épocas diferentes, pero por lo general la prensa y las instituciones han jugado, sobre todo en los años 80 y 90, un papel estratégico en la difusión de una verdadera “mitología del miedo”. Fenómenos relacionados tanto con el uso como con la venta de drogas, por ejemplo, que se encontraban repartidos por todo el territorio metropolitano, encontraron en La Mina el chivo expiatorio por excelencia, justamente para permitir toda una serie de actuaciones de carácter urbanístico que generaron jugosos beneficios para la élite política de la supuesta Transición. El proceso de estigmatización de La Mina no puede entenderse sin tomar en consideración, por ejemplo, el denominado caso REGESA de 1988, que preveía, entre otras cosas, el derribo total de La Mina y, por ende, de sus “problemáticas”. Sólo tres años más tarde, con la modificación introducida en 1991 al PGM del 1976, el área alrededor de La Mina tenía que convertirse en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte” para acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

Desde la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina denuncian que en las barracas no había tanto conflicto por el modelo de las viviendas: más precarias pero más abiertas, con mucha vida en la calle. Denuncian que la base del conflicto social es el tamaño de los bloques, con demasiadas familias por bloque. A la vez, el estudio técnico previo al PTBM determinó que la densidad en sí no resulta conflictiva, y se centró más en la diversidad socio-cultural. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Yo diría que el problema no está ni en la densidad ni mucho menos en la diversidad socio-cultural, o cuanto menos no constituyen las causas del conflicto en sí, sino justamente todo lo contrario. Si pensamos en los primeros años de vida del barrio (1975-80), no cabe duda de que precisamente la densidad y la diversidad funcionaran como verdaderos elementos de cohesión y aglutinación vecinal. La gran huelga general del mayo del 77, que paralizó el barrio durante 4 días, es la evidencia más representativa de ello. Ahora bien, en mi opinión el verdadero problema que está y siempre ha estado a la base del “conflicto” en La Mina es, como denuncian los propios vecinos, el modelo de las viviendas. Pero no hablo tanto de su estructura arquitectónica, que de por sí acarrea ya bastantes problemas que inciden profundamente en gravar las causas del conflicto. Me refiero más bien a su organización socio-espacial, es decir, a lo que ha sido definido como el paso de un “barraquismo horizontal” a un “barraquismo vertical”, que ha determinado –cuando no provocado- la asunción casi obligatoria de una nueva forma de reproducción de las relaciones sociales. En este sentido, el hecho de haber elevado la “vivienda en propiedad” a elemento cúspide de la organización vecinal, es decir, doméstica y, por ende, socio-espacial, ha sido el principal factor determinante para que las relaciones entre vecinos se hicieran cada vez más racionalizadas, distanciadas e impersonales.

Nos comentaron que durante los primeros años de existencia del barrio, el Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) movía la gente que podía pagar un poco más a otros barrios, y que aquí traían a la gente más conflictiva. ¿Tienes constancia de esto?

El PMV ha sido no sólo el responsable de la construcción de La Mina en 1969, sino también  de su gestión administrativa por lo menos hasta 1989. Durante estos 20 años, las maniobras del PMV han permitido que La Mina fuera constantemente sujeta a una alta “rotación” vecinal. Cuando se habla del denominado “traslado chabolista” (léase deportación), por ejemplo, se suele pensar que éste se realizó de forma rápida y con todo el seguimiento social que merecía. Pues nada más lejos de la realidad. El traslado del Camp de la Bota tenía que durar 15 días y acabó durando 18 años, desde el 1974 hasta el 1992, cuando se tiró la última barraca justo unos meses antes de la celebración de los JJ.OO. Además, a partir del 82, Xavier Valls y Antoni Messeguer (entonces respectivamente presidente del PMV y alcalde de Sant Adrià) consiguieron que diferentes bloques de La Mina -en particular Venus y Saturno- se configuraran como el lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del entorno metropolitano. En este sentido, no es que se trajera a La Mina la gente “más conflictiva”, sino aquella que se encontraba en una peor posición de desventaja social y económica, y que poseía historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

Según los informes sobre las estructuras arquitectónicas de la Mina, el edificio Venus no tiene problemas estructurales. El motivo para ser derruido era por tener problemas sociales “insolucionables”. ¿Derruir un edificio puede aplacar un problema social, o éste seguiría en otros edificios?

En mi opinión la intervención de derribo prevista para Venus –que nunca sabremos si un día se realizará o no- no resolverá sus problemas por varias razones. Los problemas sociales, siempre y cuando se trate realmente de “problemas”, no pueden solucionarse con intervenciones urbanísticas, ya que su supuesta eficacia social no está ni justificada ni mucho menos demostrada. Lo que sí está demostrado, en cambio, es justamente su contrario: baste con pensar en las dinámicas de pacificación de muchas favelas en Río de Janeiro o en el caso de “le Vele” en el barrio de Scampia, en Nápoles. Para solucionar problemas sociales son necesarias actuaciones de carácter social estructuradas y coordenadas, esto sí, llevadas a cabo con mucha sensibilidad y atención hacia las causas que crean el supuesto problema y no hacia sus efectos. Esto es exactamente lo que ha pasado en el caso de Venus: trabajar en los efectos y no en las causas. Aunque se derribara Venus, los problemas actuales persistirían, pero en otro bloque o quizá en otro barrio.

Se considera, también, que la biblioteca no consigue atraer suficientes jóvenes y usuarios en general. Sin embargo está en el centro del barrio, sus instalaciones son de primera y es atractiva. ¿Qué más se puede hacer?

Nada, ya se ha intervenido demasiado y de una forma amnésica. Casos como el de la biblioteca son paradigmáticos de como las intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en el barrio han producido espacios “de fachada”, es decir, muy bonitos y atractivos, pero en el fondo no consiguen cumplir con el propósito social por el cual habían sido pensados. La razón de ello es que la biblioteca, en realidad, desempeñaría un papel de “contenedor cultural”, socialmente vacío e infrautilizado pero urbanísticamente indispensable para justificar determinadas actuaciones previstas para “adornar” la polémica Rambla de La Mina. Si la gente no viene a la biblioteca, quizás sea porque no se siente identificada en un espacio tan vanguardista concebido por dos “arquitectos estrella” y que ha constado 4,5 millones de euros. Muchos de los vecinos no le dan el mismo valor, sentimental si queremos, que le daban a la vieja Sala Pinòs, la “de toda la vida”, antes que ésta fuera demolida para crear el solar donde surge ahora la nueva biblioteca. Pero hay más. En realidad, la nueva biblioteca no está en “el centro” del barrio, porque su verdadero centro es la Rambla del Camarón, precisamente enfrente del Casal, un espacio del cual todo se puede decir salvo que esté vacío.

Para el PTBM vinieron muchos técnicos expertos para trabajar sobre el terreno, en persona, desde la cercanía. No han conseguido aportar soluciones importantes a nivel social, en las unidades familiares. Entonces ¿tampoco funciona la investigación desde la cercanía?

La investigación desde la cercanía en realidad tendría en éxito potencial, pero su mayor riesgo es caer en el moralismo, el sensacionalismo o el glamour. Esto pasa cuando ese tipo de investigación no viene integrada por un conocimiento histórico y social del barrio en su intimidad. Podemos ser técnicos muy expertos y capaces, pero si no tenemos un mínimo de atención y respecto hacia una realidad social que, al fin y al cabo, desconocemos y que, en cierta medida, no nos pertenece, entonces no servimos para nada. Es más, simplemente estorbamos. A manera de ejemplo sería interesante recordar cuando, a finales de los 90, Josep Antoni Acebillo (entonces director de Barcelona Regional, la agencia que jugó un papel fundamental en determinar los contenidos del PTBM) se obstinaba en convencer a los vecinos de la gran oportunidad que presuponía para La Mina la celebración del Fòrum 2004. La propuesta de Acebillo era, básicamente, que el barrio se pusiera en manos de los promotores y de “los ricos”, que con sus inversiones habrían hecho posible el “verdadero cambio social” del barrio.

Los sistemas que se han utilizado para “transformar” al barrio a nivel social no han sido efectivos. Entendemos, además, que hacen falta varias generaciones para poder percibir grandes avances. Sin embargo, ¿piensas que hay métodos que puedan ser más efectivos en la transformación social de un barrio? ¿Cuáles?

A veces bastaría simplemente que las administraciones escucharan a los vecinos, sin dejarse seducir por los intereses privados del mercado inmobiliario. Si de verdad es cuestión de establecer un método, pues que éste se base en la escucha, el dialogo y la participación real de los vecinos. En La Mina, la participación vecinal que tanto abanderan las instituciones ha quedado reflejada únicamente en los informes necesarios para cumplir con la Ley de Barrios de 2004 o mantener la financiación proveniente de la Comunidad Europea.

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