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A 25 años de la “intifada del Besòs” o la apropiación simbólica del conflicto urbano en el margen derecho del Besòs.

El solar de la palmera en octubre de 1990 | Fuente: http://www.ccma.cat/

por Giuseppe Aricó (OACU)

Desde la semana pasada, diversos medios de comunicación se están preocupado por recordar que estos días se cumplen exactamente 25 años de la “intifada del Besòs”. Todo empezó la última semana de octubre de 1990, cuando la administración decidió levantar, en un amplio solar del barrio, alrededor de 200 VPO para realojar a algunos vecinos del cercano barrio de La Mina y otras “zonas calientes” del área metropolitana. Tal y como ha enfatizado Javier Torres en La Vanguardia, ese acontecimiento seguiría representando hoy día “una gesta de la que los habitantes del distrito están orgullosos y que han evocado esta semana, como si de un espíritu guerrero se tratara, para alzarse contra el aumento de la venta de drogas y de la ocupación ilegal de pisos. Ambas han aumentado mucho en los últimos meses como efecto contagio por la creciente degradación del colindante barrio de la Mina”.

Como si de un maleficio se tratara, parece que la historia vuelva a repetirse evocando, un cuarto de siglo más tarde, las mismas motivaciones que supuestamente estaban entonces en la base del conflicto. Efectivamente, en 1990 el problema de fondo parecía ser la cierta ansiedad que generaba La Mina en el imaginario colectivo como símbolo de “delincuencia”, “drogadicción” e “incivismo”. Así, para la clase social obrera del Besòs, ya empobrecida y afectada por el desempleo, la noticia de una posible “cohabitación” con residentes de La Mina habría implicado el declive definitivo del barrio. Pero ¿fueron real y únicamente éstas las razones que fundamentaron lo que ha pasado a conocerse como la más grande revuelta vecinal de Barcelona desde el restablecimiento de la “democracia”? ¿Podría haber algo más tras las reivindicaciones de aquellos vecinos que, con tanto orgullo y tanta rabia, lucharon en contra de unos proyectos urbanísticos que no tenían en cuenta sus necesidades reales?

El hecho es que el 1990 fue, además, un año clave para entender la forma en que los barrios del margen derecho del Besòs, que empezaban a ocupar una posición estratégica en el territorio metropolitano, fueron sistemáticamente privados de toda posibilidad participativa en los proyectos urbanísticos perfilados desde la élite política y económica que dominaba la ciudad condal. Ya a mediados de los ’80, el simple anuncio del proyecto olímpico implicó un cambio de escala significativo en las prioridades urbanísticas de una Barcelona cada día más proyectada a nivel global que ansiaba afirmarse como la millor botiga del mon. El recién nacido “urbanismo democrático” ya no aspiraba a la simple transformación física de la ciudad, sino a promover la resolución o edulcoración de los conflictos socio-económicos mediante la intervención directa o indirecta en su espacio urbano.

De ese modo, todas aquellas actuaciones dirigidas a generar un “espacio público de calidad”, no sólo se convirtieron en el rasgo definitorio e ideológico de lo que pasaría a conocerse como model Barcelona, sino que vendrían a caracterizar la manera de hacer ciudad desde que Narcís Serra tomara posesión del alcaldía en 1979. Esa nueva forma de intervenir en las políticas sociales y urbanas de Barcelona acabó configurando un nuevo imaginario colectivo donde las condiciones de opresión social, política, económica y cultural, a las que había estado sometida gran parte de la ciudadanía durante el Régimen franquista, parecían quedar estrechamente e únicamente vinculadas a la época predemocrática. Como señalara acertadamente Santiago López Petit, “el modelo Barcelona fue construido mediante la expropiación y capitalización de la fuerza colectiva de las luchas antifranquistas, mediante la canalización de un derecho a la ciudad reivindicado en la calle. El modelo Barcelona, en fin, es hijo de la transición política postfranquista, y por eso encierra todas sus contradicciones”.

Desde esta óptica, el período que más se correspondería con el desarrollo, máximo éxito y estancamiento de dicho modelo, es sin duda el encarnado por la alcaldía de Pascual Maragall (1982-97), quien, con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, sostenía que “la mejora del espacio público es relevante para la resolución de los problemas económicos y sociales”. Una afirmación que pondría explícitamente de manifiesto la importancia del intervencionismo urbano para la regeneración -y consecuente privatización- del espacio dentro y fuera de los límites urbanos de Barcelona. Muy pronto estos procesos llegaron hasta el margen derecho del Besòs, donde la metamorfosis urbanística impulsada por los JJ.OO. había experimentado su máximo momento de inflexión con la realización del tramo de la Ronda Litoral que va desde el barrio de La Mina hasta el municipio de Montcada i Reixac.

Con la apertura de esta vía rápida, se registró un incremento muy considerable de la accesibilidad metropolitana, lo cual beneficiaba en particular modo las inversiones privadas relacionadas con el sector terciario, el turismo y los grandes eventos de ocio. Este aspecto no tardó en despertar los intereses y la codicia de promotores y empresarios inmobiliarios cuya ambición primordial era imprimir un cambio radical al conjunto del margen derecho del río a nivel no sólo territorial y urbanístico, sino sobre todo social. Barrios sistemáticamente olvidados y marginados, como El Besòs, La Verneda, La Catalana y sobre todo La Mina, se encontraron de repente en el centro de mira de todos los intereses que incumbían en el conjunto del territorio fronterizo de Barcelona. Se trataba, de hecho, de revalorizar el territorio y, de ser posible, su población transformando la zona en una área de “nueva centralidad” metropolitana a merced de atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales.

Pero el Ayuntamiento de Sant Adrià consideraba que la revaloración del margen derecho del Besòs representaba una tarea muy difícil de conseguir mientras que el barrio de La Mina, considerado deliberadamente como un “estorbo”, quedara ahí enclavado en un territorio que se hacía cada vez más rentable. Este factor explicaría, en cierta medida, porqué entre las opciones barajadas por el consistorio adrianense durante la década de los ’80 para “regenerar” este barrio hubiera incluso una que proponía demoler, parcial o totalmente, el mismo. Así lo planteaba la Proposta Bàsica de Gestió de “La Mina”, un informe elaborado en 1987 por la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) y que contaba con el visto bueno del entonces alcalde de Sant Adrià, el socialista Antoni Meseguer, así como de Pascual Maragall por el Ayuntamiento de Barcelona y el de, aun entonces intachable, Jordi Pujol por la Generalitat.

De esa forma tan mezquina, REGESA y el consistorio adrianense justificaban, con la complicidad de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, la extirpación parcial o total de un barrio que, en aquel entonces, ni siquiera tenía 15 años de vida. Una intervención tan radical como la propuesta por REGESA era, por supuesto, difícilmente viable en un barrio de la magnitud de La Mina, pero ese tipo de planteamientos, donde la vida de los vecinos venía sistemáticamente subordinada al valor del suelo, volvería a cobrar fuerza en los años sucesivos mediante nuevos proyectos de transformación. En efecto, ya mediados de los ’80, los vecinos de La Mina habían logrado que la Generalitat se comprometiera a edificar unas 200 viviendas de protección oficial para atender a la que se presumía una de las necesidades más urgentes del barrio: esponjar su densidad.

Este compromiso preveía que el Ayuntamiento de Sant Adrià cediera a la Generalitat el terreno donde construir las nuevas viviendas. Inicialmente todo apuntaba a que la operación sería simple, ya que la administración local disponía de suelo en el barrio de La Catalana. Sin embargo, se trataba de suelo adquirido ya a mediados de los ‘80 por la propia REGESA, la cual preveía remodelar la zona en vista de los JJ.OO. El consistorio adrianense propuso entonces utilizar un terreno de propiedad del Consell Comarcal, que se hallaba justo en la frontera, más simbólica que física, entre los barrios de La Mina y El Besòs. En realidad, se trataba de un terreno que los vecinos de El Besòs reclamaban, ya desde hacía casi una década, como espacio para equipamientos y que pasó a ser popularmente conocido como el “solar de la palmera”, plantada por uno de los vecinos para reclamar su conversión en zona verde.

A finales de octubre de 1990, cuando El Besòs era todavía un barrio malamente urbanizado y con un índice de desocupación laboral muy elevado, la noticia de que en aquel solar se construirían viviendas destinadas, mayoritariamente, a los “problemáticos” habitantes de La Mina, abocó rápidamente en lo que Carlos Nadal bautizara como “intifada del Besòs”. Las razones iniciales que estaban a la base del conflicto eran que en el solar en disputa no se construyeran más viviendas, sino los equipamientos reclamados por los vecinos. Sin embargo, el clima de fuerte exaltación popular, las duras cargas policiales y el descontento político que seguían creciendo día tras día en el barrio, acabaron agravando el malestar social y económico acumulado en las décadas anteriores. Precisamente a causa de dicho malestar, algunos vecinos del Besòs empezaron a reelaborar una problemática de carácter eminentemente social mediante unos tópicos fuertemente raciales.

Factores como la violencia, la drogadicción y la criminalidad, que estigmatizaban al conjunto de los habitantes La Mina, serían elevados a causas principales del conflicto. Todo ello desembocó en la formación de un movimiento vecinal desvinculado de la A.VV del Besòs y que empezó a reivindicar “el barrio sólo para los del barrio”. Tanto la compleja realidad socio-espacial del Besòs, como la de La Mina, parecían haber quedado definitivamente ocultas tras el conflicto surgido alrededor de los hechos del solar de la palmera, esto es, reducidas simplemente a ello. Pero la realidad, que ninguna institución o medio de comunicación quería ver, era bastante diferente. En el caso del solar de la palmera, lo que realmente se reivindicaba por parte de la gente del Besòs era la utilización exclusiva de un espacio. La motivación, absolutamente legitima, que sustentaba esa acción de protesta se fundaba, de hecho, en antiguos conflictos políticos con el Ayuntamiento de Sant Adrià. En definitiva, las exigencias vecinales por el espacio chocaban con el interés político por el suelo.

Si bien la misma A.VV. del Besòs reclamaba los equipamientos pendientes, nunca había dejado de pedir una solución concreta también para los habitantes de La Mina. Por otra parte, los sectores más activos del movimiento vecinal de La Mina, que conocían de cerca el barrio del Besòs y las razones que estaban en la base del conflicto en curso, ya habían advertido a las administraciones locales respecto del posible problema que implicaría construir allí las viviendas que la Generalitat les había prometido. Desde hacía años, dichos sectores eran partidarios de la construcción de las nuevas viviendas en los terrenos de La Catalana, pero ni ellos ni la población de La Mina en general sabían que dichos terrenos ya habían sido vendidos en 1989 por REGESA a otras promotoras inmobiliarias, dirigidas por Gerard Gómez, un empresario francés atraído por la posibilidad de hacer negocios en el margen derecho del Besòs y que llevaba años en tratos con el alcalde Meseguer.

Los JJ.OO. estaban a punto de celebrarse y los conflictos que persistían en la zona desde finales de los ‘80 se hacían cada vez más ingobernables, lo cual aumentaba la preocupación y, por ende, el descontrol político de las administraciones. En respuesta a tal preocupación, a finales de 1990 el Ayuntamiento de Sant Adrià contractó con toda urgencia a un equipo de arquitectos, al cual encargó la redacción de una propuesta de modificación parcial del PGM de 1976, denominada Pla del Marge Dret del Besòs a Sant Adrià (PMD). Elaborado por los arquitectos Lluís Cantallops, Manuel Ribas y Estanislau Roca, el PMD pretendía reconducir las intervenciones previstas en el margen derecho del Besòs estableciendo que el área alrededor de La Mina se convirtiera en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte”, con el fin de acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

En este sentido, lo más significativo del PMD era su radical cambio de escala en relación a las actuaciones previstas para La Catalana y cuya “nueva centralidad” obligaba “a replantear las hipótesis anteriores y a proponer otras que potenciaran esta calidad en beneficio del propio barrio y de los barrios que lo rodean”. Este aspecto implicaba que también La Mina se considerara como parte de un “contexto territorial más amplio” en fase de transformación. En esta dirección, el PMD preveía el derribo da gran parte de los bloques de la Mina Nova con el objetivo de “acabar con su conflictividad”, pero mantenía totalmente inalteradas las prioridades del consistorio adrianense en La Catalana, así como las de Barcelona, que anhelaba a realizar un puerto deportivo justo al lado de la desembocadura del Besòs. Para garantizar el éxito de esos proyectos, el PMD optaba claramente por una estrecha colaboración entre agentes públicos y privados, algo que respondía a un modelo urbanístico cada vez más en boga en la agenda municipal de la Barcelona olímpica.

Pero las expectativas de negocio de los promotores privados disminuían a medida que se hacía cada vez más claro que el cercano centro comercial de Diagonal Mar, concebido como el verdadero núcleo de la “nueva área de centralidad” emergente, produciría una competencia muy importante si no insostenible. Y había más. La operación de venta de los terrenos de propiedad de REGESA estaba supeditada a la existencia de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 1984, que preveía nuevas viviendas sociales y definía el trazado de la Ronda Litoral y la redistribución de La Catalana. Según el alcalde Meseguer, ese PERI debía ser posteriormente modificado para permitir la construcción de la superficie comercial y residencial que el promotor Gerard Gómez pretendía realizar en La Catalana. Pero, a principios de los ’90, Gómez descubrió que, en realidad, el PERI había sido anulado por el Tribunal Supremo ya en 1987, razón por la cual denunció a Meseguer por falsedad y estafa.

En definitiva, la gran urgencia con la cual se pretendía “revalorar” la zona, en pos del más amplio proceso de transformación urbana del litoral barcelonés, pecaba de una seria y sistemática falta de atención hacia la evaluación no sólo de los costos sociales que este proceso implicaba, sino también de la real viabilidad económica de toda la operación. En efecto, la obstinación del consistorio adrianense en buscar la complicidad del sector privado había provocado que la gestión política y territorial del margen derecho del Besòs quedara a merced de los diferentes intereses en juego en el área. Éstos oscilaban entre los del Ayuntamiento de Sant Adrià, atravesado por una crisis económica y política sin precedentes, y los del Ayuntamiento de Barcelona, que perseguía su gran “sueño olímpico” limitándose a actuar en segundo plano pero manteniendo su papel de deus ex machina. Al mismo tiempo, el Govern de Catalunya intentaba eludir todo tipo de responsabilidad y compromiso, mientras la Administración General del Estado se permitía el lujo de mirarlo todo desde la distancia lavándose las manos.

Finalmente las viviendas del solar de la palmera no se construyeron, los grandes proyectos pensados para La Catalana no llegaron a cumplirse y las problemáticas sociales de La Mina empezaron irremediablemente a enquistarse. Definitivamente, la gran “ocasión olímpica” para promover la supuesta transformación del margen derecho del Besòs, tanto deseada por Meseguer, Maragall y Pujol, había fracasado por completo. Sin embargo, esa frustración urbanística debería considerarse más bien como un fracaso relativo, puesto que tras la tentativa olímpica para “regenerar” ese espacio no se escondía sino la afirmación de la supremacía urbanística de Barcelona y de sus intereses frente a la debilidad de los municipios de su entorno. Un reto, éste, indudablemente alcanzado. Tal vez, las nuevas retoricas político-económicas que acompañaron el nacimiento de un supuesto “urbanismo democrático” consiguieran apropiarse, simbólica y realmente, de las reales motivaciones que estaban en la base de la intifada del Besòs.

Si bien es cierto que los vecinos obtuvieron los equipamientos por los cuales habían luchado, aunque en otro terreno cercano, también es cierto que de aquel legendario solar hoy día sólo quedan unos pocos metros cuadrados convertidos en “área verde” y la palmera sigue aun en pie como tótem de unos hechos casi míticos, que pertenecen únicamente a una memoria colectiva. A parte de una residencia por ancianos, el resto del solar ha sido ocupado por una gran plataforma comercial alemana y, en la parte más contigua a La Mina, una serie de bloques escalonados de viviendas de precio libre, pensados por una clase social más pudiente, marcan la frontera entre ambos barrios.

Al mismo tiempo, las problemáticas estructurales de las viviendas del Besòs siguen agravándose sin ser intervenidas, la tan internacionalmente aclamada “transformación” de La Mina ha fracasado clamorosamente y el barrio de La Catalana ha, literalmente, desaparecido del mapa. Como si ello no bastara, la desocupación, los desalojos, la densidad, la precariedad habitacional y la segregación socioeconómica sufrida por esos barrios, han seguido creciendo de forma directamente proporcional a la especulación urbanística practicada a lo largo y ancho del margen derecho del Besòs. En el fondo, nada o muy poco ha cambiado desde aquel octubre de 1990. Lo único que lo ha hecho, y de forma sensible, es sin duda alguna el valor del suelo.

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Transformem Poblenou. Relato de una mañana lúdico-reivindicativa.

Fuente: Propia

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Por José Mansilla (OACU)

Serían poco más de las doce del mediodía cuando llegamos. Las actividades comenzaban teóricamente a las once, pero por diferentes motivos nos retrasamos más de una hora. Desde  Sant Joan de Malta, a unos 25 metros después de cruzar el futuro Eix Pere IV, se abre una explanada de unos 15 metros de ancho que tiene por fronteras inmediatas el muro protector del arcaico transformador y la fachada principal de la moderna Escola Sant Martí. Sin embargo, estos límites no son perfectos, pues al costado más cercano a la Rambla del Poblenou existen dos oberturas en forma de calles peatonales que desembocan en dicha arteria. La más próxima a Diagonal, el Passatge de Brurull, confluye, detrás del transformador, en la calle Castella, aunque antes de hacerlo contiene un pequeño parque -recién inaugurado con el nombre de Patufet- y dos bares-restaurantes con 10 mesas y 40 sillas uno, y 6 mesas y 24 sillas el otro, en sus respectivas terrazas.

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Justo en medio de la explanada se alzaba un improvisado escenario que, a nuestra llegada, acogía un pequeño concierto de música de cámara infantil y al que un grupo de escasamente 10 individuos -imagino que los padres y madres de los músicos- prestaba atención. El resto de la gente, unas 200 personas entre hombres, mujeres y niños, se arropaban del sol inclemente bajo la pequeña sombra proyectada por la Escola. Justo ahí mismo, dando lugar a una abigarrada mancha, se disponían unas cinco o seis paradetas de lo más dispares: juegos infantiles, ONGs (pude visualizar al Grup Herpetològic Termòfil de Catalunya -GHTC- y a la Protectora de Caballos ADE), junto a los servicios básicos del evento, esto es, la mesa de información y la que vendía los tíquets para las consumiciones. La sensación, sin embargo, era que la explanada estaba medio vacía, pues la zona al sol se encontraba poco frecuentada.

Justo a las 12.36 h.- acabó la música infantil y subieron al escenario tres personas. Dos hombres jóvenes, de entre 30 y 40 años, y un señor mayor, rondando los 70. Uno de los primeros cogió el micrófono y, previo agradecimiento a la concurrencia por su presencia, presentó al otro. Se trataba de Genis Boadella, Presidente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Distrito de Sant Martí y Portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Grupo municipal de Distrito. Un político, vaya. Con un tono distendido, nada formal, recordó el por qué de este #Picnicelèctric: la solicitud vecinal de traslado de un antiguo transformador de FECSA/ENDESA desde aquella ubicación. Supongo que, como estamos en periodo electoral, aprovechó que estaba allí y por eso se atrevió a decir que por fin se había conseguido, previa negociación con la empresa energética, la retirada del transformador -en funcionamiento desde 1964 y con servicio a 8600 viviendas- “al final del mandat”, y que este sería retirado en, como mucho, 24 meses. Envalentonado, continuó relatando los supuestos compromisos electorales que su partido había mantenido y efectuado, como el hecho de “cumplir amb la arribada de la Rambla del Poblenou fins al mar”. No obstante, se le olvidó citar que dichas obras en la Rambla fueron paralizadas por los vecinos justo hace ahora dos años, cuando éstos se enteraron de las características iniciales del proyecto de obra, el cual pretendía, entre otras cosas, dar más espacio a terrazas de bares y restaurantes y aplanar las rotondas, sin considerar prioritario su llegada al mar. Tampoco recordó que dicha paralización dio paso al proceso participativo Fem Rambla, el cual ha acabado por imponer su agenda y modelo de espacio urbano al Distrito, no sin reticencias por parte de este. En fin, un olvido lo tiene cualquiera. Al acabar su parlamento, el hombre que presentó al político convergente agradeció y repitió sus palabras y les impelió a bajar del escenario. El señor mayor no había abierto la boca.

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El desmantelamiento del transformador es una vieja reivindicación vecinal. Puede que en un momento de la historia del barrio fuera necesario y su ubicación no llamara la atención, pero actualmente se encuentra frente a una escuela de primaria que acoge a centenares de niños y niñas en una zona en la que, además, no abundan las áreas de esparcimiento infantil. La Plataforma Transformen, formada entre otros por la AAVV del Poblenou, padres y madres de la Escola Sant Martí y un grupo de vecinos afectados, elaboró hace unas semanas un manifiesto donde reivindicaba, entre otras cuestiones, acabar con el emplazamiento actual del transformador, calificado como zona verde desde el año 1991, y garantizar, además, la seguridad de unas instalaciones que han quedado obsoletas. A finales de abril, el regidor del Distrito, junto a técnicos del Ayuntamiento y representantes del Partido Popular en el barrio (sic!), tras reunirse con miembros de dicha Plataforma, afirmaron que la cuestión estaba solventada. Se había firmado un protocolo con FECSA/ENDESA para eliminar el transformador. El protocolo recogía un presupuesto estimado de 2,6 millones de euros para las obras de infraestructura y otros 1,2 millones para la compra del solar. ¡Ah! Palabra mágica, solar. Según la Revista Poblenou (mayo/junio 2015) el acuerdo se firmaría en 15 días (la publicación online Poblenou.org, con fecha 8 de mayo, aporta una reciente nota de prensa elaborada por el Distrito donde se afirma que dicho derribo está finalmente concertado entre la empresa y el Ayuntamiento), cumpliendo una palabra dada a los vecinos por anteriores gobiernos municipales. La diferencia está, según la administración actual de CiU, en que en esta ocasión ha sido posible llevar a cabo la obra por contar las arcas municipales con dinero suficiente, proveniente éste de la privatización de la empresa municipal (SABA) que gestionaba los aparcamientos de la ciudad. FECSA/ENDESA se ha negado, desde un primer momento, a costear parte de las obras. Es curioso como una operación de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), de privatización de una empresa pública altamente rentable, haya servido para financiar el traslado de un equipamiento obsoleto y contaminante que una gran empresa se negaba a sufragar. Se entiende que tendríamos que estar agradecidos tanto al gobierno convergente por su gestión, como a la empresa por su implicación.

Poco después, a las 12.49 h.-, sube al escenario el dueño de una conocida academia de baile del barrio. Invita a participar a todo el mundo en una coreografía que está a punto de comenzar. Sin embargo, su convocatoria tiene escaso resultado, el sol, cada vez más abrasador, incita a descansar a la sombra.

Justo en la pared del transformador a derrocar, un chico y una chica realizan un grafiti de dimensiones espectaculares. En realidad son tres dibujos distintos. Dos de carácter festivo y realizados con colores pastel, y uno central de un horripilante primate enseñando sus fauces. ¿Qué nos querrán decir? ¿Quizás que FECSA/ENDESA nos seguirá devorando desde otras ubicaciones? Desde luego, da que pensar.

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La sombra ha alcanzado ya casi la mitad de la explanada y la gente se sienta en un par de mesas de plástico, con unas 4-5 sillas, dispuestas irregularmente en medio de la misma. También hay unas hamacas playeras, signo inequívoco del desenfadado estilo de la convocatoria. Justo al lado de estas mesas y hamacas, en la esquina de una de las calles peatonales antes reseñadas, está un restaurante de comida internacional. Cuenta, en su terraza, con 32 sillas y 8 mesas cubiertas con manteles rojos y negros con grandes lunares blancos. En ellas, los clientes, entre atónitos e interesados, miran el discurrir de las actividades. La propietaria del restaurante, aprovechando la ocasión, dispone una nueva mesa con mantel de lunares y vende trozos de pizza a 1 y 1,5 euros. También bebidas a 1 euro, por cierto, más baratas y más frías que las que ofrece la propia organización del evento, como no tardaré en apreciar.

Si finalmente el transformador es derribado y, en su lugar, se dispone un amplio espacio verde, los principales beneficiarios serán, principalmente, las familias de los niños y niñas que estudian en la Escola, los cuales dispondrán de un magnífico lugar de esparcimiento. Sin embargo, no hay que olvidar tanto a las terrazas, que verán incrementado su número potencial de clientes, como a los propietarios de las viviendas cercanas que, al ver revalorizadas sus propiedades, se apropiarán de las plusvalías producidas por una obra pública financiada con presupuesto municipal.

Unos minutos después, unas chicas se atreven con el sol y salen a bailar. Voy a pedir una bebida, fiel a mi compromiso con la Plataforma, a la mesa que vende los tíquets. Veo un cartel que dice: “El diners de les consumicions serà destinat al pagament dels artistes”. En la cola, esperando, aprovecho para preguntar a qué artistas se refiere el cartel. Me indican que a los grafiteros que pintan espeluznantes monos gigantes.

Continúo con mis preguntas:

– “Y ¿qué es lo que quieren hacer aquí?” – me hago el ingenuo – “¿Una zona verde?”

– “Sí, pero ya lo han conseguido, ¿no?” – me responden.

Parece que las palabras del político convergente han calado entre los asistentes, al menos, los de la cola de las bebidas.

Son las 13.36 h.- y las mesas se van quedando vacías. El dueño de la academia de baile aprovecha para hacer algo de publicidad de su negocio antes de finalizar la actividad que ha estado dirigiendo.

El calor arrecia y la gente va abandonando el lugar. Donde antes estaban las paradetas de actividades infantiles, a la sombra, ahora hay motos aparcadas de los clientes de las terrazas. Han aparecido, además, un par de vendedores de pinturas y grabados.

Son las 14.06 h.- y abandono el lugar.

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