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Movimientos sociales y soberanía alimentaria en Barcelona

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Pancarta en el Hortet del Forat |Giuseppe Aricó

por Ana Karina Raña, investigadora visitante en el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà

Una reconocida característica del capitalismo en su expresión neoliberal es la extensión de sus esquemas especulativos inherentes a cada uno de los ámbitos que constituyen la vida social. Así, y desde hace algunas décadas, aquellas cosas que eran entendidas como parte del interés colectivo de las sociedades están ahora gestionadas y resignificadas por la lógica del libre mercado que ocupa más y más espacios. lo que comemos no escapa a esta construcción. Nuestra restringida capacidad de decisión respecto a lo que consumimos se exacerba en las ciudades que dependen, en gran parte, de las cadenas de distribución de alimentos desde los círculos productivos hacía su interior.

Sin embargo este proceso de frenética mercantilización encuentra resistencias desde diferentes flancos. Uno de ellos se da a través de los movimientos sociales, organizaciones y el activismo que se han ido extendiendo y que cuestionan justamente el carácter exterminador del sistema combatiendo desde lo colectivo al individualismo precarizante que el neoliberalismo ha instalado. Estas resistencias generan actitudes, acciones e interacciones que construyen una lógica diferenciada y que encuentran en su práctica cotidiana la reafirmación de sí mismos intentando paralelamente recuperar aquello que la generación de beneficios tiene tan cómodamente secuestrada. Así temas como el acceso a la vivienda o a la educación se propagan globalmente como puntos de oposición a lo que se constituye como un modelo dirigido a la rentabilidad, dentro de esto el ámbito alimentario no es una excepción encontrando también un nicho de acción en Barcelona.

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Ronda de reciclaje alimentario en el Ateneu L’Entrebanc | Ana Karina Raña

De este modo, diversas iniciativas incluyen la alimentación dentro de una interpretación amplia de la sociedad y que vinculan acciones consistentes con esta visión tanto más holística. Estas incorporan el tema alimentario de dos maneras, no mutuamente excluyentes pero que son analíticamente diferenciables. La primera, como parte de una crítica generalizada al capitalismo y al avance de las políticas neoliberales dentro de la producción alimenticia, está vinculada al movimiento por la soberanía alimentaria, concepto que incluye de no sólo una alimentación sana o accesible sino que también toma en cuenta factores medio ambientales, culturales y de justicia social. Esta posición se encuentra enraizada sobre la crítica a la mercantilización de los sistema productivos alimentarios adquiriendo relevancia así el incremento en los procesos de descampesinización en diferentes partes del mundo y las consecuencias que esto tiene en términos demográficos y de desdemocratización incluso en contextos no rurales. La soberanía alimentaria hoy en día se entiende como una postura con gran potencial transformador que instala una alternativa a la economía de mercado y las relaciones desiguales en las que ésta se basa.

Este razonamiento se expresa hoy en día en Barcelona a través de, por ejemplo, la proliferación de huertos urbanos. Sin embargo, la soberanía alimentaria traspasa estos espacios y se establece como una visión crítica entre los activistas que vincula el orden social a lo que comemos. Al mismo tiempo, estas experiencias no se limitan a la crítica a la cadena alimentaria productivista y a su posible sustitución. El caso de los huertos urbanos tiene también otra dimensión que se enlaza con la segunda forma de leer las acciones colectivas que relacionan movimiento social y alimentación.

La incorporación de la comida dentro de la actividad de organizaciones y activistas, no es en absoluto nueva, ha sido una parte importante de la evaluación que el activismo ha hecho históricamente. Los ya mencionados huertos urbanos o también las redes de reciclaje de alimentos, parecen integrar esta idea de la soberanía alimentaria en una representación aún más amplia de soberanía, donde se interpreta este elemento como una parte de la recuperación de espacios de desarrollo colectivo dentro de normas y fronteras establecidas por sus propios miembros. Esta visión antagoniza con el modelo neoliberal y por lo tanto propone una forma alternativa de hacer que la oficialmente estipulada.

Hort de Vallcarca | font pròpia

Pancarta en el Hort de Vallcarca | Giuseppe Aricó

En este sentido los huertos urbanos y las redes de reciclaje tienden a autoconvocarse en un ánimo de recuperación de espacios físicos y simbólicos, enfocándose en la construcción colectiva de los barrios en los que operan, e incluso superándolos creando redes de apoyo que sobreentiende el territorio como un espacio de realización política que no es posible de construir en el aislamiento. La instalación de jardines productivos, no cumple con el rol exclusivo de la provisión de alimentos, es más bien un punto de partida y de ruptura dentro del contexto urbano. Este fin, por cierto, reconoce la importancia de la alimentación pero ya no como una cuestión adosada al ámbito de lo privado si no que encuentra su máxima potencialidad en el integrarlo como un aspecto de la vida colectiva del barrio y de la ciudad. Así mismo, las redes que reciclan alimentos sitúan la recuperación de la comida como un asunto de sobrevivencia en condiciones particulares, pero también apunta a la consolidación de un modelo que fortalece el tejido social principalmente a través del ejercicio de la ayuda mutua, por mencionar algún factor, que viene a revertir el individualismo incitado por la economía de mercado.

Esta distinción que envuelve lo alimentario dentro del movimiento social no implica una homogeneidad de estrategias. Al contrario, la expresión de esto dentro del ejercicio de una soberanía ampliada implica la escenificación de tácticas que sobrevienen desde las particularidades del espacio que ocupan y se construyen, básicamente, en torno a ejercicios de ensayo y error que pulen y adaptan lo que primero es quizás más una intuición pero que su uso va enraizando hasta hacerlas rutinas. Estas dos formas de entender las prácticas enfocadas en la alimentación, la de relevancia de la soberanía alimentaria y la que reconstruye los lazos sociales dentro de los barrios como parte de la práctica política de los mismos, se encuentran entrelazados uno con otro de tal forma que constituyen un discurso unificado y que está permanentemente justificando uno la existencia del otro. Los espacios ganados y defendidos son espacios de lo social en donde pareciera que los elementos que lo componen vuelven a restituir un todo que había estado atomizado. La alimentación tiene un papel dentro de esto así como también lo tiene lo habitacional y el intercambio de bienes, aunque también la entretención y lo educativo.

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Entrada de Can Batlló | Ana Karina Raña

La experiencia que las organizaciones y activistas llevan a cabo hoy en día en Barcelona nos hablan de una construcción paralela que hace evidente y palpable las contradicciones entre lo que sale hacía afuera y lo que sucede de verdad en la ciudad. Ponen de manifiesto como la ciudad está siendo organizada para ciertos usos y actores, y para poner en juego ciertos recursos. La imagen de la ciudad juega en las ligas de las grandes ciudades globales y su realidad es que en la escala nuclear ese mismo modelo que se proyecta es el que se crítica a través de las prácticas de una buena porción de sus habitantes. Es tentador el preguntarse y pronosticar donde estas acciones van y cuáles son los posibles resultados de estas, sin embargo el crédito de esta forma de organizarse no está en su meta, sino más bien es el camino lo que las hace interesantes, profundas y muchas veces conmovedoras.

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15 años en Venus. Claves para entender un conflicto “irresoluble”.

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Particular del bloque Venus | Fuente: Sergi Pujolar (La Directa)

Por Giuseppe Aricó | OACU

El próximo diciembre de 2015, tras 15 años de severas intervenciones urbanísticas y escasas “mejoras sociales”, el controvertido Pla de Transformació del Barri de La Mina (PTBM) llegará a su fin. Durante los últimos meses, la documentalista Mariona Giner y su equipo han estado realizando un trabajo que merece ser conocido y reconocido. Se trata de 15 anys a Venus, un documental que persigue tratar de forma seria el caso del derribo y posterior realojo de los vecinos del bloque Venus, una cuestión aun en suspenso que sigue provocando conflictos entre plataformas vecinales y administraciones. El pasado martes 28 de abril, tuve la oportunidad de participar en dicho documental al ser entrevistado sobre el impacto social del PTBM y las problemáticas relacionadas con éste. He decidido publicar aquí parte de la entrevista, realizada en el histórico Casal Cívic de La Mina, equipamiento fruto de una larga acampada reivindicativa que los vecinos llevaron a cabo a finales del marzo de 1985 en el lugar donde hoy se ubica el propio Casal.

¿De dónde y cuándo surgen las áreas urbanas como la Mina?

Las áreas como La Mina se conciben a partir del Plan Comarcal de 1953, pero se edifican sólo durante el auge del desarrollismo franquista, a caballo entre los ‘60 y ‘70. Se trata de áreas que el lenguaje urbanístico de aquella época definía como “polígonos de absorción”, es decir, su prerrogativa era precisamente la de “absorber” a los habitantes de los denominados núcleos chabolistas de Barcelona. En realidad, la creación de dichas áreas, colocadas sistemáticamente en los márgenes de las metrópolis, no respondía a una necesidad de carácter social, sino exclusivamente a específicas exigencias políticas y económicas del tardofranquismo. La finalidad del régimen no era sino ampliar su reserva de suelo urbano a costa de la clase trabajadora, que desplazaba dónde y cómo mejor le convenía.

¿Qué problemas sociales tiene La Mina en la actualidad?

Si nos ceñimos a las cifras oficiales, todo parece ir de maravilla: el PTBM habría conseguido con éxito y alabanzas internacionales la “transformación” por la cual apostaba. Sin embargo, tras la pantalla de una gran regeneración urbanística se esconde una cruda realidad social donde se reproducen severas problemáticas estructurales. En este sentido, los problemas sociales de La Mina en la actualidad son prácticamente los mismos que se dieron en su origen, y que podemos resumir en una sola y gran cuestión: la falta de una política de vivienda seria, estructurada, coordinada y comprometida desde el principio. Apostaría a que el resto de cuestiones, como el paro, el absentismo y el fracaso escolar, cierto analfabetismo, la desestructuración familiar, el supuesto “incivismo”, las “actividades delictivas”, etc., no son sino el producto directo de esa gran falta o están íntimamente ligadas a ella.

¿Está estigmatizado el barrio de la Mina?

La Mina es un barrio híper-estigmatizado, es decir, sufre una estigmatización transversal que afecta al conjunto de sus habitantes en varios niveles: social, laboral, económico, cultural, territorial, etc. Tanto en los ’70 como hoy, hablar de La Mina provoca irremediablemente una especie de “efecto dominó”, donde toda una serie de estereotipos descontextualizados y despolitizados caen unos tras otros como fichas.

¿Qué ha contribuido a ello?

Las causas que han contribuido a ello son muchas y pertenecen a épocas diferentes, pero por lo general la prensa y las instituciones han jugado, sobre todo en los años 80 y 90, un papel estratégico en la difusión de una verdadera “mitología del miedo”. Fenómenos relacionados tanto con el uso como con la venta de drogas, por ejemplo, que se encontraban repartidos por todo el territorio metropolitano, encontraron en La Mina el chivo expiatorio por excelencia, justamente para permitir toda una serie de actuaciones de carácter urbanístico que generaron jugosos beneficios para la élite política de la supuesta Transición. El proceso de estigmatización de La Mina no puede entenderse sin tomar en consideración, por ejemplo, el denominado caso REGESA de 1988, que preveía, entre otras cosas, el derribo total de La Mina y, por ende, de sus “problemáticas”. Sólo tres años más tarde, con la modificación introducida en 1991 al PGM del 1976, el área alrededor de La Mina tenía que convertirse en la “puerta de entrada a Barcelona por el norte” para acoger a visitantes e inversores de los JJ.OO.

Desde la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina denuncian que en las barracas no había tanto conflicto por el modelo de las viviendas: más precarias pero más abiertas, con mucha vida en la calle. Denuncian que la base del conflicto social es el tamaño de los bloques, con demasiadas familias por bloque. A la vez, el estudio técnico previo al PTBM determinó que la densidad en sí no resulta conflictiva, y se centró más en la diversidad socio-cultural. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Yo diría que el problema no está ni en la densidad ni mucho menos en la diversidad socio-cultural, o cuanto menos no constituyen las causas del conflicto en sí, sino justamente todo lo contrario. Si pensamos en los primeros años de vida del barrio (1975-80), no cabe duda de que precisamente la densidad y la diversidad funcionaran como verdaderos elementos de cohesión y aglutinación vecinal. La gran huelga general del mayo del 77, que paralizó el barrio durante 4 días, es la evidencia más representativa de ello. Ahora bien, en mi opinión el verdadero problema que está y siempre ha estado a la base del “conflicto” en La Mina es, como denuncian los propios vecinos, el modelo de las viviendas. Pero no hablo tanto de su estructura arquitectónica, que de por sí acarrea ya bastantes problemas que inciden profundamente en gravar las causas del conflicto. Me refiero más bien a su organización socio-espacial, es decir, a lo que ha sido definido como el paso de un “barraquismo horizontal” a un “barraquismo vertical”, que ha determinado –cuando no provocado- la asunción casi obligatoria de una nueva forma de reproducción de las relaciones sociales. En este sentido, el hecho de haber elevado la “vivienda en propiedad” a elemento cúspide de la organización vecinal, es decir, doméstica y, por ende, socio-espacial, ha sido el principal factor determinante para que las relaciones entre vecinos se hicieran cada vez más racionalizadas, distanciadas e impersonales.

Nos comentaron que durante los primeros años de existencia del barrio, el Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) movía la gente que podía pagar un poco más a otros barrios, y que aquí traían a la gente más conflictiva. ¿Tienes constancia de esto?

El PMV ha sido no sólo el responsable de la construcción de La Mina en 1969, sino también  de su gestión administrativa por lo menos hasta 1989. Durante estos 20 años, las maniobras del PMV han permitido que La Mina fuera constantemente sujeta a una alta “rotación” vecinal. Cuando se habla del denominado “traslado chabolista” (léase deportación), por ejemplo, se suele pensar que éste se realizó de forma rápida y con todo el seguimiento social que merecía. Pues nada más lejos de la realidad. El traslado del Camp de la Bota tenía que durar 15 días y acabó durando 18 años, desde el 1974 hasta el 1992, cuando se tiró la última barraca justo unos meses antes de la celebración de los JJ.OO. Además, a partir del 82, Xavier Valls y Antoni Messeguer (entonces respectivamente presidente del PMV y alcalde de Sant Adrià) consiguieron que diferentes bloques de La Mina -en particular Venus y Saturno- se configuraran como el lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del entorno metropolitano. En este sentido, no es que se trajera a La Mina la gente “más conflictiva”, sino aquella que se encontraba en una peor posición de desventaja social y económica, y que poseía historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

Según los informes sobre las estructuras arquitectónicas de la Mina, el edificio Venus no tiene problemas estructurales. El motivo para ser derruido era por tener problemas sociales “insolucionables”. ¿Derruir un edificio puede aplacar un problema social, o éste seguiría en otros edificios?

En mi opinión la intervención de derribo prevista para Venus –que nunca sabremos si un día se realizará o no- no resolverá sus problemas por varias razones. Los problemas sociales, siempre y cuando se trate realmente de “problemas”, no pueden solucionarse con intervenciones urbanísticas, ya que su supuesta eficacia social no está ni justificada ni mucho menos demostrada. Lo que sí está demostrado, en cambio, es justamente su contrario: baste con pensar en las dinámicas de pacificación de muchas favelas en Río de Janeiro o en el caso de “le Vele” en el barrio de Scampia, en Nápoles. Para solucionar problemas sociales son necesarias actuaciones de carácter social estructuradas y coordenadas, esto sí, llevadas a cabo con mucha sensibilidad y atención hacia las causas que crean el supuesto problema y no hacia sus efectos. Esto es exactamente lo que ha pasado en el caso de Venus: trabajar en los efectos y no en las causas. Aunque se derribara Venus, los problemas actuales persistirían, pero en otro bloque o quizá en otro barrio.

Se considera, también, que la biblioteca no consigue atraer suficientes jóvenes y usuarios en general. Sin embargo está en el centro del barrio, sus instalaciones son de primera y es atractiva. ¿Qué más se puede hacer?

Nada, ya se ha intervenido demasiado y de una forma amnésica. Casos como el de la biblioteca son paradigmáticos de como las intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en el barrio han producido espacios “de fachada”, es decir, muy bonitos y atractivos, pero en el fondo no consiguen cumplir con el propósito social por el cual habían sido pensados. La razón de ello es que la biblioteca, en realidad, desempeñaría un papel de “contenedor cultural”, socialmente vacío e infrautilizado pero urbanísticamente indispensable para justificar determinadas actuaciones previstas para “adornar” la polémica Rambla de La Mina. Si la gente no viene a la biblioteca, quizás sea porque no se siente identificada en un espacio tan vanguardista concebido por dos “arquitectos estrella” y que ha constado 4,5 millones de euros. Muchos de los vecinos no le dan el mismo valor, sentimental si queremos, que le daban a la vieja Sala Pinòs, la “de toda la vida”, antes que ésta fuera demolida para crear el solar donde surge ahora la nueva biblioteca. Pero hay más. En realidad, la nueva biblioteca no está en “el centro” del barrio, porque su verdadero centro es la Rambla del Camarón, precisamente enfrente del Casal, un espacio del cual todo se puede decir salvo que esté vacío.

Para el PTBM vinieron muchos técnicos expertos para trabajar sobre el terreno, en persona, desde la cercanía. No han conseguido aportar soluciones importantes a nivel social, en las unidades familiares. Entonces ¿tampoco funciona la investigación desde la cercanía?

La investigación desde la cercanía en realidad tendría en éxito potencial, pero su mayor riesgo es caer en el moralismo, el sensacionalismo o el glamour. Esto pasa cuando ese tipo de investigación no viene integrada por un conocimiento histórico y social del barrio en su intimidad. Podemos ser técnicos muy expertos y capaces, pero si no tenemos un mínimo de atención y respecto hacia una realidad social que, al fin y al cabo, desconocemos y que, en cierta medida, no nos pertenece, entonces no servimos para nada. Es más, simplemente estorbamos. A manera de ejemplo sería interesante recordar cuando, a finales de los 90, Josep Antoni Acebillo (entonces director de Barcelona Regional, la agencia que jugó un papel fundamental en determinar los contenidos del PTBM) se obstinaba en convencer a los vecinos de la gran oportunidad que presuponía para La Mina la celebración del Fòrum 2004. La propuesta de Acebillo era, básicamente, que el barrio se pusiera en manos de los promotores y de “los ricos”, que con sus inversiones habrían hecho posible el “verdadero cambio social” del barrio.

Los sistemas que se han utilizado para “transformar” al barrio a nivel social no han sido efectivos. Entendemos, además, que hacen falta varias generaciones para poder percibir grandes avances. Sin embargo, ¿piensas que hay métodos que puedan ser más efectivos en la transformación social de un barrio? ¿Cuáles?

A veces bastaría simplemente que las administraciones escucharan a los vecinos, sin dejarse seducir por los intereses privados del mercado inmobiliario. Si de verdad es cuestión de establecer un método, pues que éste se base en la escucha, el dialogo y la participación real de los vecinos. En La Mina, la participación vecinal que tanto abanderan las instituciones ha quedado reflejada únicamente en los informes necesarios para cumplir con la Ley de Barrios de 2004 o mantener la financiación proveniente de la Comunidad Europea.

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Juliana Marcús, valor del suelo y modos de habitar la ciudad

Entrevista realizada a Juliana Marcus (OACU), en el diario argentino La Nación

Marcús dirige dos proyectos de investigación en el Instituto Gino-Germani, ambos centrados en los usos y la mercantilización del espacio urbano. “Nos interesa señalar tanto el modo en que el poder y el capital producen espacio (lo que Henri Lefebvre llamó el “espacio concebido” por el Estado, los urbanistas y los arquitectos), como también el espacio vivido y practicado por sus habitantes, es decir, la vida urbana”.

Asimismo, cuenta que en los últimos años, juntos con sus equipos de investigación, avanzó en el análisis de modos de habitar y considerar la ciudad vinculados a proyectos de “vaciamiento urbano” y “destrucción creativa” de espacios aparentemente abandonados. “Una de nuestras principales hipótesis es que estos procesos –en los que participan inversores inmobiliarios, planificadores y desarrolladores urbanos, gobiernos local y nacional- regulan y disciplinan el espacio urbano a partir de la supresión de usos considerados ilegítimos para luego “llenarlo” con usos legítimos vinculados con la rentabilidad del suelo”.

Desde su óptica, el concepto mismo de “vacío urbano” es problemático: “Lo interesante de este concepto es que se trata de un vacío que, en efecto, no lo es. Es decir, la retórica urbanística define un lugar vacío en el sentido de vacante y abandonado cuando en realidad se trata de un espacio que tiene su historia y que contiene huellas de su asado, tal como lo hemos observado en nuestro análisis sobre el proceso de urbanización de los ex terrenos ferroviarios del barrio Caballito”.

Hoy, su objeto es “la identificación y el análisis de diversos casos de producción y planificación de la ciudad que sean el resultado del proceso de “vaciar” y “llenar”. En general, se traducen en expulsión de población, gentrificación y revalorización del suelo”.

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La vida en Venus: Efectos colaterales de una fantasmagórica regeneración urbana

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: http://desdelamina.net/drupal/

Detalle del bloque Venus en el barrio de La Mina | Fuente: desdelamina.net

Articulo publicado originariamente en catalán en el dossier  “A voltes amb el conflicte urbà”, La Veu del Carrer, nº 133 (octubre 2014), Barcelona: FAVB, pp. 15-25.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A finales de mayo de 2013, en la edición electrónica de un influyente diario nacional, se abrió una encuesta con el objetivo de recaudar la opinión popular sobre el posible derribo del imponente bloque de la calle Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sobre un total de 121 participantes, los resultados mostraron de forma tajante que el 75% de estos se decantaba por el “sí”, mientras únicamente el 14% apostaba por su mantenimiento y un 11% no tenía una opinión formada. Pero la importancia de esta encuesta no radicaría tanto en los resultados obtenidos -más o menos fieles a la realidad-, sino más bien en su significado en cuanto al modus operandi adoptado por las administraciones respecto a una operación socialmente tan compleja y delicada. Inicialmente programado para el año 2010, el derribo de Venus constituía la operación clave del Plan Especial de Reordenación y Mejora del 2002, es decir, el punto final del proceso de “regeneración urbana” enmarcado en el más amplio Plan de Transformación del Barrio de La Mina (PTBM 2000-2010).

Con un presupuesto inicial de más de 170 millones de euros, el PTBM preveía realizar toda una serie de actuaciones urbanísticas, acompañadas por un potente programa social, dirigidas a poner definitivamente fin a la “histórica conflictividad” del barrio. Hoy en día, el presupuesto general del PTBM ha superado ya los 200 millones, pero sus ambiciones fundamentales –“esponjar el barrio”, “mezclar población”, “erradicar la delincuencia” y “diluir territorialmente los focos de conflictividad”- no han llegado nunca a cumplirse sino, más bien, a encarnar el fracaso clamoroso del proceso de transformación al cual se pretendía someter La Mina. El hecho es que el PTBM había sido estratégicamente enfocado, desde el principio, hacia los intereses privados del mercado inmobiliario, subordinando la esfera social al mero beneficio urbanístico, con la consecuencia de pensar más en las piedras que en las personas. El caso más emblemático de tal subordinación estaría representado por el bloque Venus cuyo hipotético derribo implicaría un impacto social de proporciones considerables, puesto que exige el desalojo de unas 240 familias y su posterior realojo en nuevas viviendas de protección oficial repartidas por el barrio.

Sin embargo, tal operación no estaría explícitamente incluida dentro de las actuaciones de esponjamiento previstas por el PTBM, ni existiría ningún documento oficial que determinara sus reales motivaciones. Pero poco importa todo esto, puesto que Venus representaría la parte degenerada por excelencia del barrio, esto es, el punto cero desde donde abordar la gestión de la conflictividad en toda su complejidad. Su derribo tendría entonces la fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el pasado nefasto del barrio para construir “nuevos modelos de convivencia” y un futuro mejor para todos. En ningún momento se ha puesto en cuestión la relación de la vida social del barrio con su morfología urbanística, los orígenes de la cual se encuentran en plena época de desarrollismo franquista. Nadie ha recordado que la falta originaria de equipamientos y servicios básicos, junto con la concentración espacialmente impuesta desde el principio, podría ser el detonante de la competencia entre vecinos por recursos escasos. Nunca se ha tenido en cuenta que las políticas de vivienda, efectuadas sobre el entorno urbano por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, consiguieron configurar La Mina, y especialmente Venus, como lugar de destino de desalojos provocados por intervenciones urbanísticas en otras zonas del contexto metropolitano. Nadie ha pensado que la generación de conflictos permanentes entre los diferentes sectores de residentes podría tener su origen en el alta rotación del vecindario, con historias de vida y formas de usar el espacio muy diferentes y, a menudo, divergentes.

A pesar de que las administraciones hayan recientemente barajado diferentes alternativas al derribo de Venus, no tenemos igualmente que dejar de preguntarnos cuáles serían las responsabilidades de la administración local y autonómica en el lento – y quizás funcional – proceso de degradación del edificio al no intervenir en su posible rehabilitación e impedir a los vecinos hacer reformas o vender sus pisos en el momento oportuno. En noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Sant Adrià volvió a hacer marcha atrás respecto al derribo de Venus, insinuando la probabilidad –no confirmada- de que finalmente la operación podría no llevarse a cabo. Sin embargo, en ese mismo año, el plazo de ejecución del PTBM fue finalmente pospuesto a finales del 2015 y, con ello, el destino incierto de Venus y de sus vecinos. Posiblemente, a lo largo de las últimas cuatro décadas la percepción y utilización de la Mina en clave preferentemente económica habría funcionado como productor de importantes expectativas de capitalización de rentas mediante su reiterada “regeneración”, con el efecto colateral –digamos- de aislar sus problemáticas y consolidar severos patrones de segregación socio-espacial. Todo esto tendría que obligarnos a repensar la manera en que solemos concebir este barrio y su “conflictividad”, que, en lugar de ser criminalizada y corregida, quizás debería de verse como parte de la estrategia del cómo personas sistemáticamente excluidas de la “ciudadanía” y la “normalidad” siguen insistiendo sobre su inclusión desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir, habitar e, incluso, reivindicar su espacio.

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Festes insolents d’estiu

Article publicat a La Directa el 16/07/14

Festa Major de la Barceloneta - Foto: Arnau Molins

Festa Major de la Barceloneta – Foto: Arnau Molins

per José Mansilla i Giuseppe Aricó (OACU)

Fa unes setmanes, just la tarda abans del dia de Sant Joan, caminava amb un amic pel carrer central d’un barri de la perifèria de Barcelona. El passeig, vorejat per un parell de carrils destinats a la circulació de cotxes i amb una àmplia zona enjardinada en el centre utilitzada habitualment per ciclistes i passejadores de gossos, es trobava aquest dia agitat, gairebé nerviós. Ens dirigíem a una festa de la revetlla, un lloc sol·licitat i aprovat per les instàncies municipals del Districte i on, poc després, es duria a terme la tradicional festa del foc. No obstant això, a l’ambient era possible distingir qualque cosa inusual, gairebé com si una estranya vibració sobrevolés l’atmosfera del barri. De sobte, el meu amic em va fer notar la diferència: el passeig estava poblat de famílies que, de forma espontània, havien ocupat uns bancs habitualment buits i havien muntat la seva pròpia festa de la revetlla. “Això sí que és una apropiació insolent de l’espai urbà”, coincidirem els dos.

L’anècdota pot semblar irrellevant, però per a la realitat urbana que ens envolta, on cadascun dels aspectes de la ciutat –l’arquitectura, l’urbanisme o, fins i tot, els comportaments realitzables en carrers i places– està regulat i normativitzat, suposa tot un desafiament a la forma neoliberal d’entendre la ciutat. Plans Generals, d’Usos, Normes Subsidiàries, Ordenances Cíviques, lleis anti-botelló o la nova Llei de Seguretat Ciutadana disposen les formes, funcions i normes de conducta dins de les ciutats contemporànies. Unes ciutats on el valor de canvi, l’obtenció de plusvàlues o el rendiment econòmic de qualsevol activitat, es troben per sobre d’un valor d’ús que permeti als seus habitants exercir com a usuaris dels seus espais, més que com a possibles clients.

Des d’aquest punt de vista, la reproducció de les relacions socials a la ciutat contemporània apareixeria com un conjunt de dinàmiques d’oposició entre ordres espacials diferents. A un ordre relacional, que es manifesta de forma espontània i informal a l’interior de cada barri, es contraposa un ordre racional imposat des de l’exterior i d’una forma suposadament convencional i ineludible. El carrer, la sala d’estar de la ciutat, es configuraria així com un espai on els ideals ciutadans d’“ordre” i “civisme” han acabat per ser utilitzats com a simples categories d’adscripció sociocultural, portant a terme separacions polítiques i econòmiques entre els individus que no necessàriament són absolutes.

En una ciutat ideal, clara, ordenada i comprensible, és a dir dominable, la festa representa potencialment un moment de ruptura, o millor dit, una excepció respecte a la normalització i dominació del carrer. La importància de la festa com a excepció, o suspensió de les normes cíviques imperants, estaria en el fet de constituir una pràctica col·lectiva que tendeix a resignificar l’espai urbà en formes i maneres que qüestionen el protocol neoliberal d’una estèril reproducció espacial de les relacions socials. Engegant estratègies de simbolització que expressen un sentit col·lectiu d’apropiació del que avui es conceptualitza en termes d’ “espai públic de qualitat”, la celebració de la festa respondria idealment a la fal·làcia d’un urbanisme intrínsecament paradoxal, que s’obstina a prevenir allò que sent urbà és, per definició, imprevisible.

Moltes de les festes majors, alternatives o no, que es duen a terme als Països Catalans, així com en altres parts de l’Estat, complirien de forma tàcita però decidida una funció de desafiament a la consideració de l’espai urbà sota el prisma capitalista. L’apropiació festiva de l’espai públic simbolitzaria doncs una acció contestatària, i insolent, enfront de les retòriques racionalistes d’aquelles elits polítiques i econòmiques que s’obstinen a reglamentar l’espai urbà. Almenys una vegada a l’any, les diferents formes que prenen aquestes insolències –des de carreres populars, cercaviles, cavalcades, concentracions, desfilades o fogueres, etc.– suposen precisament diferents formes d’entendre l’espai on es reprodueix la vida quotidiana. És aquí on els protagonistes del fet urbà escenifiquen, a manera de ritual catàrtic, determinades coreografies simbòliques que permeten, a més, estimular identitats compartides.

L’anàlisi de la festa com un espai físic i humà, del qual emanen diferències i processos de contestació, acaba així per revelar l’exigència col·lectiva de desemmascarar, i fins i tot subvertir, les relacions de poder que donen forma a aquest orde racional espacialment imposat. No obstant això, aquestes formes de reivindicació festiva no són noves en el nostre entorn més immediat. Els primers moviments socials urbans que es van donar en el conjunt de l’Estat a les acaballes del Franquisme, ja van engegar alguns d’aquests desafiaments de forma molt original. L’inici d’algunes de les Associacions de Veïns i Veïnes que poblen avui dia les nostres ciutats –malgrat la seva, en moltes ocasions, posterior institucionalització– va ser precisament el de la contestació i la recuperació de l’espai urbà per a la celebració d’actes de caràcter popular, alguns dels quals havien estat fins i tot prohibits per la Dictadura. La simple decoració dels carrers i les places dels nostres barris ja suposava, de fet, una veritable forma d’insolència en un context on el fet popular no estava únicament segrestat, sinó també injuriat. D’altra banda, molts d’aquests actes es trobaven units de forma indissoluble a reivindicacions de caràcter polític, social o cultural, i on, la reivindicació de llengua, per exemple, ocupava un lloc destacat.

Encara que hagin passat algunes dècades des de llavors, moltes d’aquestes reivindicacions no han canviat. La Festa Major Alternativa de Manresa o la recent recuperació de la Diada del Cooperativisme al Poblenou, a Barcelona, les Festes de Grau, en Castelló o moltes de les festes estivals dels pobles de la Part Forana –aquella que no sol sortir en les guies per visitar Mallorca que porten en les butxaques els visitants de Magaluf–  són alguns exemples de celebracions que enarboren no solament una forma diferent d’entendre la realitat del món en el qual vivim –mitjançant la reivindicació de valors com l’autogestió i l’antifeixisme o la proposta d’alternatives econòmiques i socials com el cooperativisme– sinó que van de la mà d’altres formes d’entendre l’espai urbà.

Tot i que podríem caure en la temptació de contemplar el fet de ressorgir d’aquestes festes populars a la llum de certa evocació nostàlgica d’un passat que no tornarà, ens convé més associar-ho directament a la memòria col·lectiva dels nostres barris i ciutats, uns entorns que no deixen de mostrar una dinàmica convulsa i conflictiva, inherent a tota ciutat.

D’aquesta manera, aquelles famílies que el meu amic i jo contemplàvem poc abans de la revetlla de Sant Joan, lluny d’evocar un passat històric, duien a terme una de les accions més directament contestatàries que es poden realitzar avui dia: l’ocupació insolent del carrer a la ciutat.

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Grandes proyectos en Val Susa, Italia

por Cecilia Vergnano (OACU)

El texto que figura a continuación es el resultado de una intervención pronunciada en una evento sobre violencia de Estado organizado por un grupo de mujeres de la Val Susa, Italia, lugar donde desde hace más de 20 años se prevé la construcción de una línea de tren de alta velocidad, algo que ha provocado fuertes resistencias locales. A lo largo de los años se ha conformado un movimiento de resistencia popular que progresivamente ha ido adquiriendo consciencia sobre la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo económico vigente. La consecuencia ha sido, en los últimos años, la militarización del valle por parte del Estado y la adopción de medidas represivas antiterroristas (incluyendo encarcelamientos de activistas). El evento pretendía conectar la lucha de Val Susa con otras luchas contra la violencia de Estado que se llevan a cabo en otras partes del territorio italiano. Estos conflictos están apareciendo como consecuencia de las retenciones, detenciones o simples operaciones policiales que, ya sea por comisión o por omisión, derivan, en demasiadas ocasiones, en la muerte de los detenidos en manos de las fuerzas del orden. Se trata de Carlo Giuliani, Federico Aldrovanidi, Giuseppe Uva y muchos más. La lista de muertos va alargándose. A la charla estaban invitadas las madres de estos “muertos de Estado” con el objetivo compartir su experiencia con el resto de la población de Val Susa. El clima emotivo era intenso, pesado y delicado al mismo tiempo. En estas circunstancias, le ha tocado a una abogado y a un miembro del OACU intervenir analizando el contexto jurídico-legal, social, cultural y económico en el que se produce esta violencia.

Esta noche no hablaré en calidad de activista sino de investigadora y docente universitaria, en calidad de antropóloga cultural que estudia desde una perspectiva crítica su propia sociedad y las relaciones de poder que la conforman. Para este fin, necesito arrinconar por un momento la emoción, a pesar de que yo también la sienta, para utilizar conceptos que son propios de mi ámbito de investigación, de la antropología urbana, e intentar realizar un análisis crítico. Hay una relación entre represión y crisis…, o bien, sabemos todos que no es una crisis, sería mejor llamarla apropiación violenta de recursos, acumulación y concentración de recursos, públicos y privados, en pocas manos. Hay una relación entre distintos aspectos principales: la configuración y planificación del espacio; la militarización del territorio y el discurso sobre la seguridad; la reconfiguración del capitalismo en un momento de crisis, reajuste y acumulación. El espacio no es sólo el valle, o la ciudad, o el conjunto de calles, barrios, grandes vías de comunicación, paisajes naturales. El espacio es lo que permite, condiciona y contextualiza nuestro sistema de relaciones. Es lo que ya sostenían grandes arquitectos como Le Corbusier. Como antropólogos, estudiosos de la conducta humana en sociedad, sabemos que la configuración del espacio permite ciertos comportamientos e inhibe otros. Es una experiencia que conocemos todos: por ejemplo, en una grande vía del centro de una ciudad extranjera sacamos la cámara para hacer fotos, en un barrio degradado de periferia este mismo gesto lo pensaríamos dos veces antes de hacerlo. Algunos espacios son concebidos como más seguros, otros como más inseguros.

El poder juega un papel fundamental en esta configuración y planificación del espacio. Reprimir una manifestación en una ciudad con amplias calles ordenadas es mucho más fácil que por los callejones de la ciudad vieja o por unos caminos de montaña. El diseño del espacio es uno de los instrumentos de los cuales la política hace uso. El espacio no es sólo una herramienta de control, sino que es también generador de beneficios. Cuando hablamos de grandes proyectos (trenes de alta velocidad, autopistas), de grandes eventos (Expo de Milán, mundiales de fútbol en Río), estamos hablando de rediseñar el espacio de una manera que genere un beneficio económico. O, a escala más pequeña, cuando hablamos de regeneración de un barrio, estamos hablando de lo mismo: rediseñar el espacio de una manera que genere ingresos. Estamos hablando de negocios para el sector inmobiliario con el apoyo de los poderes públicos. Y, consecuentemente, de una forma de violencia indirecta: la expulsión de los habitantes con bajo poder de compra y el ingreso de otros, por decirlo así, mas “pijos”, que producen más, consumen más, etc. Este proceso de expulsión de vecinos pobres de los barrios en nombre de la “regeneración” es conocido como “gentrificación”. Hasta aquí tenemos dos usos que el poder hace del espacio: como herramienta de control (orden, limpieza), y como herramienta para el beneficio (grandes proyectos, grandes eventos, regeneración de los barrios). En Val Susa se ha planteado la hipótesis de que se está dando un proceso similar a la gentrificación: expulsión de los habitantes tradicionales, los cuales deciden dejar un territorio contaminado y cada vez más invivible. Y de hecho el valor de metro cuadrado de las casas en los últimos años va bajando. En este caso, sin embargo, la fuente de beneficios no reside en la futura entrada en el valle de un grupo de habitantes más adinerados, sino en la obra en sí, en la realización del gran proyecto (en este sentido no se puede hablar de gentrificación, estamos en presencia de un nuevo tipo de proceso). Todos estos procesos, de regeneración e implementación de grandes proyectos “estratégicos”, son fuentes de conflictos sociales. Son productos de la misma lógica que es la de la apropiación privada de recursos comunes, que es la lógica del mercado en la época neoliberal, y se desarrolla según elementos idénticos. Uno de estos elementos es la planificación.

La planificación es una de las formas de producción del espacio, la forma dirigida “top-down”, desde arriba hacia abajo. Es la imposición del espacio concebido sobre el espacio vivido por las poblaciones. El espacio vivido es el espacio de cada día, de los intercambios, las relaciones, las estrategias de supervivencia (incluidas las micro-delictivas), las apropiaciones incluso insolentes del espacio, en momentos de convivencia o de manifestación. El espacio concebido es el valle atravesado por el TAV, por los flujos de mercaderías que se desearían ver circular internacionalmente; es la ciudad limpia, ordenada y dócil, la de las cientos de personas que se mueven entre casa y trabajo y, en sus momentos libres, en los locales de ocio y consumo. La intensificación, exasperación del conflicto, cuando la contraposición entre espacio concebido y espacio vivido es demasiado fuerte e irreconciliable, puede llevar a formas de gestión del conflicto cada vez más represivas, hasta llegar a formas de militarización del espacio y de la vida cotidiana.  De hecho en Val Susa, o en Genova en 2011, o en muchos otros contextos, la situación que se puede observar es la de un conflicto militar de media o baja intensidad. En Val Susa este conflicto es visible ya desde hace años, con diferentes intensidades según los diferentes momentos. El proceso de militarización, en Val Susa como en otros sitios, no constituye un salto de calidad sino que se contextualiza en un continuum de transformaciones – políticas, culturales, económicas – por lo que me parece más adecuado concebir la militarización como uno de los eslabones que constituyen la escalada en la gestión del conflicto. Según el geógrafo británico Stephen Graham, la militarización ya es parte de nuestra vida y del paisaje cotidiano lo conforma. Estamos sumergidos en las tecnologías del control ubicuo (muchas de las cuales son productos de la investigación militar, del Departamento de Defensa Americano, luego trasladadas a la vida civil).

Nuestra vida diaria se desarrolla en buena medida a través de tecnologías de este tipo, en un contexto cultural donde el discurso sobre la seguridad tiene cada vez más resonancia.  Se calcula que el 80% del presupuesto de investigación del gobierno estadounidense de los últimos años ha sido destinado a la investigación militar: cuando hablamos de violencia de Estado tenemos que pensar en esto también. Tecnologías de uso común como internet, realidad virtual, jet travel, televisiones de circuito cerrado, control remoto (mandos a distancia), microondas, radar, posicionamiento global (GPS), network informáticos, vigilancia satelital, containerización y logística – sin las cuales actualmente nuestra vida sería radicalmente diferente – son todas tecnologías creadas en la última mitad del siglo XX, muchas en el contexto de la Guerra Fría, como parte de la elaboración de un sistema de control. Nada raro, entonces, si esta militarización se hace más explícita y evidente en determinados lugares, especialmente los más sensibles, los considerados de interés estratégico. Esto quiere decir que todos tenemos experiencia sobre la militarización, sólo que esta experiencia se presenta en la vida civil en formas sutiles y difícilmente reconocibles, para luego “explotar” en contextos más estratégicos. Las tecnologías de la vigilancia, la comunicación y el control se desdibujan en manera cada vez más ubicua, cotidiana, omnipresente, en la sociedad civil. Es así como en un contexto de crisis, uno de los pocos sectores en constante crecimiento – se puede hablar de un verdadero boom – es el complejo industrial convergente que incluye seguridad, vigilancia, tecnología militar, cárceles privadas y dispositivos de entretenimiento electrónico.

El resultado de todo esto es la cultura en la cual vivimos sumergidos, que se puede definir en términos de una verdadera Cultura de la Guerra, o Cultura del Miedo. Sus características principales son tres: el discurso sobre la seguridad (seguridad presentada como un bien de primera necesidad, una necesidad fundamental para la vida de las ciudades – aún antes que la justicia social); el pensamiento maniqueo (la división entre blanco y negro, buenos y malos, “conmigo o contra mí”), y la venta del miedo (boom del complejo industrial seguridad-militar). La Cultura de la Guerra en el actual panorama económico neoliberal tiene por lo tanto características muy claras: es decir que la Cultura de la Guerra, el miedo y la inseguridad se transforma en un negocio para muchos sectores de la industria y los servicios. Tenemos, por lo tanto, dos grandes sectores generadores de ganancias en el actual panorama neoliberal: el espacio, la mercantilización del espacio y de los recursos comunes (para decirlo de manera muy aproximativa, la industria del cemento) por un lado, y la industria militar, el complejo seguridad-militar por otro. La militarización de la vida cotidiana y la mercantilización del espacio se constituyen como procesos paralelos en un contexto de acumulación neoliberal, proceso que puede llegar a ser visible contemporáneamente, de manera muy clara, en el contexto de Val Susa, sobre todo si, como es el caso, el conflicto social creado por la apropiación privada del espacio colectivo es tan grande que la única manera para conquistar este espacio es militarmente. Por lo tanto, no tenemos que caer en esta trampa ideológica, en esta ideología de la seguridad que nos quieren vender. No tenemos que luchar para un Estado más seguro. No es más seguridad lo que necesitamos, sino más justicia social.

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