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De proletarios a propietarios, o los origines de la lógica espacial del urbanismo neoliberal.

por Giuseppe Aricó (OACU)

A principios de los ’70 el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona encargó al fotógrafo santanderino Julio Ubiña la realización de un video que promocionara los entonces vanguardistas “polígonos de absorción”, esto es, conjuntos residenciales alejados del centro y destinados a reabsorber la población chabolista asentada en los cada vez más rentables intersticios de la Ciudad Condal. A pesar de su absoluta –pero comprensible- falta de criticismo, no hay duda de que el vídeo representa una clara evidencia de aquella retórica perversa que caracterizó las lógicas urbanísticas de la época franquista y que, sin embargo, sigue hoy día perpetrando su legado en el actual urbanismo de corte neoliberal.

El hecho es que, a partir de los ’60, la economía española empezó a desarrollar una gran dependencia del sector bancario-inmobiliario, el cual jugó un papel clave en la configuración del espacio económico y, por ende, social del Estado. De ese modo, el crecimiento de las principales metrópolis durante el franquismo implicó una potente expansión del mercado inmobiliario en general, especialmente en el sector constructor y promotor de la vivienda social. Sería precisamente este aspecto el que supuso enormes repercusiones en la reposición del patrimonio inmobiliario del Régimen gracias a una política de vivienda que se basaba en incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía.

En 1959, año que marcaría un verdadero punto de inflexión para la política autárquica del franquismo, el entonces ministro de Vivienda José Luis Arrese ensalzaba el trabajo de los “agentes de la propiedad inmobiliaria” afirmando que “[…] la misión que de una manera concreta está encomendada a vuestro quehacer diario, es la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para ello, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad; y mirad por dónde, repito, os vamos a necesitar cada vez más, porque cada vez más claramente y sin torceduras vamos a fomentar la propiedad privada. […] No queremos, y lo consideramos un mal, aunque a veces sea un mal necesario, que la construcción derive de un modo colectivo hacia el arrendamiento, […] la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad […]. Queremos un país de propietarios, no de proletarios”.

Las palabras del ministro Arrese, renombrado arquitecto falangista, respondían claramente a la necesidad política y económica del Régimen de redistribuir territorialmente los sectores más desfavorecidos de la población en nombre de la hegemonía absoluta de lo que algunos autores definen como la “cultura de la propiedad”. En esta dirección, el objetivo político de las fuerzas dominantes era estimular la propiedad de la vivienda como elemento básico de pertenencia, sobre todo entre las clases proletarias, reforzando así las políticas extremadamente conservadoras y de control social del Régimen. En otras palabras, tal y como señalan investigaciones más recientes, “el desarrollo del capitalismo inmobiliario se ‘incrusta’ profundamente, desde sus inicios, en unas formas de reproducción social muy singulares, caracterizadas entre otras cosas por la elevación de la vivienda en propiedad a elemento cúspide en la organización de la unidad doméstica obrera”.

Es en este contexto social y político, caracterizado por una verdadera lucha institucional contra la renta limitada, donde se enmarcan el Plan de Urgencia Social para Barcelona, presentado en 1958, y el Plan de Supresión del Barraquismo de 1961. Ni tiene que decir que las medidas estratégicamente concebidas y planificadas dentro del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, como los Planes de Desarrollo o los Planes de la Vivienda, fueron ejecutadas a partir precisamente de la década de los ’60, es decir, en un momento crucial para el proceso de estabilización social y política del Segundo Franquismo. En este sentido, la finalidad del Plan de Supresión del Barraquismo no era tanto “dignificar” a los chabolistas mediante la provisión desinteresada de vivienda social, sino más bien acabar rápida y definitivamente con todos los asentamientos de autoconstrucción, sobre todo con los que surgían en espacios particularmente rentables en términos urbanísticos.

Para ello, las instituciones empezaron a planificar el desplazamiento sistemático de numerosos chabolistas hacia las periferias urbanas de las grandes ciudades, ahí donde serían realojados en grandes bloques de viviendas verticales. A finales de los ‘60, el entonces alcalde de Barcelona, Josep María de Porcioles, proclamó que los restos del chabolismo en la capital serían definitivamente erradicados con la construcción de nuevos “polígonos de absorción”, edificados en pos de una vivienda “adecuada”, “digna” y “en propiedad”. En esta dirección, los polígonos de Canyelles, en Nou Barris, y de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, representarían, dentro del marco del Plan de Supresión del Barraquismo, las dos operaciones más emblemáticas efectuadas por el Patronato Municipal de la Vivienda para realojar a numerosas “familias chabolistas” del área metropolitana de Barcelona.

Relegados a la periferia o a áreas rurales cercanas a las ciudades y ubicados en terrenos de escaso valor ambiental, los polígonos de la era porciolista no eran sino una pantalla tras la cual ocultar las causas reales del progresivo aumento de la desigualdad socio-espacial que venía perfilándose sobre todo el territorio nacional. Efectivamente, la alta densidad habitacional que llegaron a registrar esos polígonos, sin buenos transportes y comunicaciones, con escasos o nulos equipamientos, con una mala calidad de construcción y un reducido tamaño de las viviendas, respondían a la absoluta falta de interés del Régimen por comprometerse de verdad con los problemas sociales y económicos de la época.

En definitiva, especialmente durante las “décadas doradas” del desarrollismo, los tecnócratas de Franco no se habrían preocupado por solucionar las condiciones sociales, laborales o de vivienda de la población más desfavorecida, sino por encontrar la manera más rentable de “mejorar” y explotar la capacidad productiva del proletariado. Una estrategia económica, que no una política social, que en cierta medida marcaría los orígenes de la lógica espacial que tan íntimamente caracteriza el actual urbanismo neoliberal, aquel que ya no aspira simplemente a planificar la ciudad y, por ende, la vida y las conductas de sus habitantes, sino que se obstina en convertir los vecinos en clientes.

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Juliana Marcus, Los hoteles pensión son la forma moderna del conventillo

Entrevista realizada a Juliana Marcus (OACU), en el diario argentino Diario Z

La cuestión habitacional es tema de estudio de Juliana Marcús, quien desde 2012 dirige un equipo de trabajo en el Instituto Gino Germani sobre la mercantilización del espacio urbano y la incidencia de usos legítimos e ilegítimos en Buenos Aires. “Tratamos de ver cómo impactan esos usos en la vida cotidiana de los habitantes desde los códigos culturales que tenemos incorporados, cómo reaccionamos ante estos fenómenos urbanos y cómo los vemos desde esa perspectiva”, cuenta esta doctora en Ciencias Sociales de la UBA.

¿Qué hitos se pueden mencionar en política habitacional?
Hay dos políticas importantes. A nivel nacional, el Procrear. A nivel de la Ciudad, el programa Primera Casa. El Procrear se armó de manera interesante, pero sin cubrir la demanda y la emergencia, porque se destinó a un sector medio o medio bajo, con determinadas características socioculturales y cierto nivel de ingresos, usando terrenos ociosos de la Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), no ligados a la centralidad urbana que buscan los sectores medios. Estos sectores quisieran estar cerca del centro y el Procrear les ofrece tierras fiscales en Liniers, por ejemplo. El plan Primera Casa entregó pocas casas. Es un caso curioso, porque se pensó para sectores populares, pero se usa el scoring, y esos sectores no pueden acceder a créditos a los que sí podrían acceder sectores medios. A su vez, esos sectores medios no cumplen los requisitos socioculturales que plantea el crédito. Hay un doble juego de esa ilusión, ninguno se puede beneficiar con el programa.

O sea que no se satisface la demanda.
Así es. Hay un agravante. El último censo determinó que hay cerca de un millón de viviendas y 340 mil están deshabitadas. No hay política para eso, desde ningún lado. Debería haber un impuesto que grabe la vivienda ociosa, cosa que salga al mercado. Más si pensamos que la población está estabilizada en tres millones de habitantes hace décadas y el déficit habitacional sigue creciendo.

¿Cómo evalúa el boom inmobiliario?
Fue muy fuerte en la última década, pero casi no hubo acceso. Torres, countries, edificios inteligentes con amenities y expensas muy altas. Eso incentivó la especulación, gente invirtiendo en ladrillo, comprando departamentos para alquilar que en muchos casos quedaron vacíos. O sea, hay más vivienda, pero no se ocupa por la especulación. El caso extremo es Puerto Madero, el barrio con más viviendas vacías, muy poca densidad de habitantes y el m2 entre cinco y siete mil dólares.

¿Y cuál sería el caso opuesto, en relación a las viviendas ocupadas por barrio?
El contraste podría darse por Caballito y Balvanera, barrios muy poblados, de clase media, donde se hicieron muchas torres, que sí están ocupadas por esa clase media. Claro que eso llevó a situaciones de colapso, como inundaciones o cortes de luz.

¿Hay más inquilinos que propietarios?
En este momento, sí. Es un tema de estudio. Hay jóvenes de entre 25 y 35 años que salen a la busca de su primera vivienda, en la encuesta de hogares urbanos del Indec, vemos que un 70 por ciento de esos jóvenes son inquilinos, apenas un 19 por ciento son propietarios. Lo interesante es que dentro de ese 70 por ciento está el alquiler tanto en el sector formal como en el informal, las villas. Es muy alto.

¿Por qué hay déficit habitacional?
Por la ausencia de una política de vivienda, porque no hay créditos a baja tasa. Los planes cubren una demanda muy pequeña y los sueldos de los jóvenes no alcanzan para acceder a un crédito con tasas altas. Si a eso le sumás la vivienda vacía y la suba en los precios, el acceso es muy difícil. Es preocupante que no estén en agenda la regulación del suelo y la planificación urbana, que esté todo al arbitrio del mercado, y si el Estado no se mete, el acceso a la vivienda seguirá estando lejos.

¿Cómo ves el tema de las villas?
Es complejo. Hubo algunas que crecieron, como las de Barracas y Retiro. La Villa 31 es un caso emblemático, porque está en terrenos de mucho valor y está muy poblada. Se la quiso urbanizar, se la quiso desalojar, mucho manejo de punteros, pero su organización interna impide la expulsión. Crece hacia arriba, al no haber más terreno para la vivienda horizontal, se suman pisos. Termina siendo un mercado paralelo de compra y venta de viviendas. La urbanización sigue siendo un tema pendiente, se precisa voluntad política y presupuesto, y lo que hubo fue subejecución desde el Instituto de la Vivienda.

¿Sería factible hacer un barrio de clase media en donde está la villa de Retiro?
Desde la mercantilización, todo es factible. Donde hay un espacio ocioso los inversores pueden ver rentabilidad en alianza con el Estado. En el caso de Retiro lo veo complicado, pero un entendimiento público privado es algo muy visto en los últimos años.

¿Rivadavia sigue siendo la gran divisoria entre un norte próspero y un sur pobre?
Aún funciona en los mapas mentales esa idea. El pasaje urbano cambia mucho si se camina por Rivadavia. Lo mismo pasa a lo largo de la avenida Pueyrredón, o por Callao y su continuación Entre Ríos. Al caminar por allí se nota la degradación del paisaje urbano desde lo estético. No creo que haya una ciudad dual, norte y sur se articulan. Pensemos en la línea H de subte. O en los tres millones de trabajadores que ingresan por día desde la provincia. El sur necesita una revitalización, desde ya. Los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 exigen mucha inversión en la zona más pobre de la ciudad, en lugar de invertir en la calidad de vida de los vecinos.

¿El conventillo sigue siendo una presencia palpable?
Los hoteles pensión son la forma moderna del conventillo. El problema habitacional es grande, porque tenés la casa tomada y la villa, formas de hábitat popular urbano para 400 mil personas con problemas de vivienda. El hotel pensión funciona en el imaginario como un lugar de paso, pero termina siendo permanente para quienes no pueden salir del circuito hotelero por inestabilidad laboral.

¿El Estado puede hacer algo?
Regular es clave. Quisiera políticas que piensen en el ciudadano, que no haya alianzas con el sector inmobiliario por la especulación en sí. Son alianzas peligrosas para el bienestar ciudadano.

Perfil: Nació en Buenos Aires en 1978. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora en el Conicet y en el Instituto Gino Germani. Dirige un equipo de trabajo focalizado en políticas habitacionales.

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La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (y 2)

Fuente: http://www.casapoundpiemonte.org/

La estructura de social housing de Corso Vigevano, con una pancarta puesta por militantes del movimiento de extrema derecha Casapound. Fuente: http://www.casapoundpiemonte.org/

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la segunda de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. Para ver la primera, pinchar aquí.

Las nuevas viviendas, a las cuales las familias seleccionadas están destinadas, no son de protección oficial, con alquileres a precios accesibles. Una de las cláusulas del proyecto es que éstas tienen que provenir del mercado de vivienda libre. Y es aquí donde aparece esa palabra mágica que se presenta como la moderna solución a todos los problemas de vivienda de la ciudad: la expresión inglesa (que suena más guay) social housing. Como las viviendas de protección oficial son tabú (ya nadie habla de ellas como solución al problema) la novedad es la vivienda social (atención, se pronuncia con acento inglés): pisos de renta libre, gestionados por asociaciones y organizaciones privadas, en los cuales acoger a las familias más “frágiles” que, por otro lado, han de hacer una contribución económica por su parte: el resto lo paga la organización privada, evidentemente no de su bolsillo, sino con el dinero público del cual dispone para la realización del proyecto. Una vez acabado el mismo, la familia, ahora en teoría “incluida” y dotada de medios de sostenimiento autónomos, tiene que abandonar la casa, de la que la organización puede disponer, por otro lado, en caso de renovación del proyecto o para nuevas “emergencias humanitarias”.

La inserción de las familias de Lungo Stura en viviendas fuera del campo se realiza conforme a este modelo. Los edificios y las estructuras a los cuales son transferidos no son evidentemente de lo más acogedor. Hay familias numerosas transferidas a viviendas de una sola habitación, o varias familias obligadas a convivir en el mismo piso. En corso Vigevano hay un edificio que “acoge” a varias familias. Se encuentra situado encima de una discoteca no aislada acústicamente que pone música desde el martes hasta el domingo, vigilado con videocámaras en los pasillos y donde el uso del espacio está sujeto a un reglamento estricto: prohibición de acoger invitados por la noche, prohibición de detenerse en grupo en los pasillos, 2 euros por hacer una lavadora (con tu propio detergente). El “housing” de corso Vigevano está gestionado por una asociación cuya presidenta, en una conversación privada, ha declarado que “Este lugar está bastante cerca del centro, pero es un barrio de miserables, marroquiés, tuinisíes… está bien para los rom.”

El mecanismo que subyace a estas relocalizaciones, y que permite a las asociaciones y al Ayuntamiento hablar de “democraticidad” del proceso y “participación” de las familias, es el así llamado “pacto de emersión”. De hecho, todavía no se ha acabado la larga lista de perversiones institucionales a las cuales las familias del campo han sido sometidas, puesto que todavía no se ha hablado de este dispositivo fundamental, el “pacto de emersión”, que permite justificar todas las perversiones precedentes.

Entre los antropólogos e investigadores interesados en la observación y análisis del proyecto de “La Cittá Possibile”, que yo sepa, nadie ha tenido la ocasión de leer o visionar uno de estos “pactos de emersión”. Sólo se sabe, como dogmas, que existen: su existencia es publicitada por sus promotores (las asociaciones), y confirmada por las familias que han tenido que firmarlos. Se trata de una forma de contrato, cuya validez jurídica y legal habría que demostrar, que vincula las familias y los operadores sociales que las toman a cargo. En dicho contrato, cada una de las partes se compromete a asumir algunas responsabilidades: por ejemplo a las familias se les pide derribar su propia barraca y separar el material de la que está construida para la recogida diferenciada; comprometerse a participar a los gastos para la gestión del proyecto y a los cursos de formación laboral; a aceptar los trabajos eventualmente encontrados por los operadores (a través del mecanismo de la bolsa de trabajo); a aprender italiano y a mandar cada día a los niños a la escuela. En más de una ocasión, de cara al público con poder electoral, se subraya que el proceso de “inserción”, “integración” o “emersión” es un proceso duro y pesado que requiere fuerza de voluntad y determinación por parte de las familias, y que no todas están a la altura de cumplir este esfuerzo o “tienen ganas” de hacerlo. Se intenta lo más posible, en los discursos públicos, disuadir a los electores de pensar que “aquí lo que se está haciendo es dar casas a los rom”. Los rom siguen siendo sujetos estigmatizados que siempre, de alguna manera, tienen que vivir con una espada de Dámocles lista para cortar cabezas al mínimo error, la mayoría de las veces por comportamientos que no serían sancionados y señalados con tanta fuerza si se tratara de otros grupos sociales. Los rom se merecen siempre un castigo o, por lo menos, se tienen que ganar con duros esfuerzos, demostrando que se lo merecen, lo que para otros es simplemente un derecho.

Sin embargo, la firma del pacto es presentada como un mecanismo de participación democrático, subrayando que se trata de un acto totalmente voluntario – y de hecho “hay familias que no lo han firmado, y está bien así, nadie las puede obligar si ellas no quieren” (sic). Como cualquier pacto o contrato entre partes situadas en una estructura de poder y oportunidades fuertemente asimétrica (una de las partes tiene el poder de dispensar prestaciones y servicios, de una manera como se ha visto totalmente arbitraria, la otra solamente de elegir entre la alternativa de adherir al pacto o quedarse en la calle), no se puede hablar de libertad ni, mucho menos, de democraticidad.

Aún admitiendo que el alojamiento en esos pisos sea un alojamiento mejor para las familias respecto a la vida en las barracas a la orilla del río; aún admitiendo que el alojamiento en estas especie de estructuras / instituciones totales, para familias que no tienen ningún problema particular sino el de ser pobres, implique unas pérdidas de libertad respecto a la vida en el campo pero en cambio un aumento de seguridad; aún admitiendo todo esto, queda por averiguar qué pasará con estas familias una vez se haya acabado el proyecto, es decir, una vez que tengan que pagarse ellas mismas los alquileres y los gastos a precio de mercado (considerando que se han ido de Rumanía, donde en muchos casos ya tenían unas casas, justamente porque no podían sostener los gastos para mantenerlas y en Italia no han encontrado fuentes de ingreso que les permitan un estilo de vida muy superior al de las barracas). “En este momento sólo veo una nube oscura”, son las palabras de un operador involucrado en el proyecto, “estoy preocupado por lo que va a pasar de 2016 en adelante. Qué pasará con los núcleos familiares ‘emergidos’ que han ido a vivir a pisos… ¿Podrán pagarse el alquiler?”.

Fuente: googlemaps.com

Fuente: googlemaps.com

En la convocatoria del Concejo del VI Distrito me encuentro con otra operadora. “Sí sí”, me confiesa ella con la máxima sinceridad, “las casas las estamos consiguiendo, con mucho esfuerzo… pero trabajo no.” Queda entonces por descubrir qué tipo de sostenibilidad puede tener un proyecto semejante, donde las familias son mantenidas con dinero público durante un par de años, con la intermediación de las asociaciones, y luego dejadas en las mismas condiciones en las que se encontraban antes.

Gianni, el mismo operador crítico antes mencionado, reflexionó conmigo un día: “Con 5 millones de euros, para gastar en dos años, se podía dar un alojamiento a cuatro veces los rom, no sólo de los campos ilegales, sino también de los autorizados [de toda la ciudad]. Son 2.500.000 al año. En Lungo Stura habrá 200 familias. Entre Lungo Stura y Germagnano [otro asentamiento ilegal], 250 si las cuentas. Pero quedémonos sólo con los campos ilegales, 250 familias. 1.200 / 1.500 personas. Grosso modo, ¿ok? 250 familias, a las cuales das una contribución mensual para el alquiler, 200 euros, el resto lo ponen ellos. Alquileres que están entre los 300, 350 euros… Con 200 euros de contribución, una familia cuesta 2.500 euros al año. 5.000 euros por dos años. Son 1.250.000 euros. Duplica la contribución, ¡le das 400 euros! Llegas a 2.500.000. Porque hay que ser mínimamente científicos con estas cosas. ¿Ok? Con aquel dinero podían arreglar la situación de cuatro veces todos.”

En cambio, en el proyecto elaborado conjuntamente con la Prefectura, los 5.000.000 son empleados de otra manera: no solamente para vaciar el campo de Lungo Stura, sino también para recoger la basura próxima a los campos, o vallar los terrenos desalojados para evitar su reocupación.

En la reunión abierta del VI Distrito, el Asesor a los Servicios Sociales intenta brevemente hacer una síntesis de los trabajos realizados. Falta un año para el término del proyecto, ha pasado un mes desde el término previsto para el vaciamiento completo del campo, pero medio campo queda todavía por desalojar. El Asesor explica que 26 familias han sido alojadas en pisos y 52 en soluciones temporáneas de social housing. Son números muy reducidos respecto a todo el dinero empleado, pero nadie entre los presentes parece preocupado por esto. Las preocupaciones son otras, por ejemplo, el aumento de presencia en otros campos cercanos y el peligro de contaminación por los humos que en los campos se producen. Las autoridades no descartan un desalojo: “no todas las familias están destinadas a ser beneficiarias de este proyecto y yo encuentro que ésta es justamente la fuerza de este proyecto” comenta el Asesor al Orden Público.

La característica más evidente del proyecto, en estricta continuidad con la anterior política de construcción de los campos, es el fuerte conflicto de interés por parte de las organizaciones que gestionan la emergencia; entre los intentos declarados de incluir y el interés material en que se mantengan situaciones de exclusión para la renovación de los proyectos. Es una de las consecuencias del proceso de externalización que sufren, desde hace mucho tiempo, las políticas públicas. Y es por eso que la palabra “futuro” aparece entre mis pensamientos. A lo que estoy asistiendo, a lo que estamos asistiendo, es a un ensayo general sobre la solución de una emergencia habitacional que no está destinada a reducirse. Que sean pobres italianos, que sean pobres comunitarios, que sean pobres extracomunitarios, la vivienda pública ya no parece representar más una solución para los gestores de las emergencias. El recurso a la vivienda libre, gestionada por organizaciones privadas de lo social, parece ser un modelo especialmente compatible con el orden de la modernidad tardía. ¿Quién sabe si nos tocará a nosotros también algún día? ¿Quién sabe si nosotros seremos capaces de defender nuestra libertad y nuestros intereses, con más poder de contratación, respecto a los rom de Lungo Stura? ¿Cómo podemos estar seguros de que toda su experiencia a nosotros no nos afecta?

En un artículo sobre el futuro de las periferias, el ex alcalde de Turín Valentino Castellani, se proclama abiertamente a favor de la solución del social housing. Él no habla de rom, habla de soluciones generales a los problemas de la periferia. Esto nos debería dar que pensar. Si un proyecto como “La Cittá Possibile” es posible, es justamente porque los rom rumanos, en cuanto ciudadanos europeos de segunda categoría -en pocos casos provistos de trabajo regular y fuentes de ingresos legales- son desprovistos del título legal para permanecer en territorio italiano con todos los derechos de plena ciudadanía. Habría que preguntarse qué pasaría a todos los “pobres”, en general, en el contexto actual de progresivo recorte del sistema de derechos y seguridad social.

Quién sabe si la città possibile no sea, en realidad, una horrenda distopia o, mejor dicho, la utopía de unas autoridades paternalistas, que infantilizan a una ciudadanía que después temen, y de unas asociaciones para la defensa de los derechos de los últimos, cooptadas por esas mismas autoridades; unas asociaciones cuya obra se puede definir, como mínimo, como poco valiente. Que el modelo del social housing como forma de gestión de la emergencia para generar consenso, como forma de solucionar los problemas de muchos en provecho de pocos, con gastos públicos irracionales, no se vuelva la normalidad en la política de la vivienda social, depende de nuestras capacidades de solidarizarnos con los últimos y oponernos.

Desafortunadamente, en la sala conciliar del VI Distrito, no somos demasiados los que compartimos esta visión.

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La Città Possibile. La etnificación de un conflicto urbano (1)

Por Cecilia Vergnano (OACU)

El presente texto es la primera de las dos partes que conforman la totalidad del artículo. La siguiente será publicada la semana próxima.

Sentada en la sala conciliar del VI Distrito de Turín, entre el público de una concurrida asamblea abierta del Concejo de Distrito, hay una palabra que me viene a la mente, como una especie de siniestro eureka o distópica premonición: “futuro”. El tema a tratar es una cuestión “candente”: la asamblea ha sido convocada para poner al día a los ciudadanos del barrio sobre el proyecto de “vaciamiento” (ese es el término soft que en la jerga institucional sustituye a la palabra “desalojo”) del más grande asentamiento ilegal de la ciudad, el campo de Lungo Stura Lazio, poblado en su mayoría por rom rumanos. No es la primera vez que el Consejo se reúne para hablar de este tema tras la solicitud de los ciudadanos, ni será la última. La presencia del asentamiento ilegal de Lungo Stura Lazio es fuente de malestar desde hace mucho entre los habitantes del barrio, por temas de higiene, seguridad y orden público.

A los espacios urbanos específicos para la población rom, existentes en todas las ciudades italianas grandes y medias, se les llama campi nomadi o campi rom. Campos rom los hay tanto legales (campi autorizzati, aree soste attrezzate… la fantasía de los administradores es infinita) como ilegales (campi abusivi). Tanto unos como otros suelen estar ubicados en las periferias urbanas, justamente en aquellos lugares donde nadie querría vivir. No es raro encontrar campi nomadi cerca de las carreteras de circulación rápida, vías férreas, aeropuertos o vertederos, según una especie de “aparheid furtivo”, de “urbanismo del desprecio” que caracteriza las relaciones -materiales y simbólicas- entre los poderes hegemónicos y los grupos sociales estigmatizados.

Mientras que los campos legales representan la solución político-administrativa a la presencia de grupos de sinti (italianos) y rom (italianos y extranjeros, sobre todo procedentes de los países de la ex Yugoslavia), la llegada más reciente de grupos rom desde Rumanía no ha sido objeto de ninguna intervención dirigida a su acogida, dando origen al surgimiento de asentamientos ilegales de barracas, algunos de los cuales ha llegado a alcanzar grandes dimensiones. El campo de Lungo Stura Lazio es uno de éstos: situado a la orilla del río Stura, en una zona de elevado riesgo de aluvión, contiene una población que en el 2013 ha alcanzado aproximadamente las 800-1.000 personas.

“Futuro”, decía. Pues sí, el proyecto de “desalojo asistido” de Lungo Stura me hace pensar en el futuro. De repente me encuentro a mi misma reflexionando sobre el hecho de que, después de tantos años de investigación sobre soluciones habitacionales diferenciales para la población rom en Italia, quizás la cuestión no sea tanto la “especificidad” de estas soluciones. Con 4.000 desahucios al año, 1.000 de los cuales efectivamente ejecutados, Turín se ha convertido en una más de las capitales italianas de los desahucios: la “emergenza casa” es una cuestión que está empezando a afectar sectores cada vez más amplios de la población.

El espinosísimo asunto político, en el VI Distrito, es por lo tanto dar una casa a las centenares de familias que viven en barracas de Lungo Stura Lazio, sin hacer enfurecer a los electores, después de años de una praxis político-administrativa que ha sedimentado y reforzado, con la creación misma de los campos legales, la percepción de una profunda y sustancial incompatibilidad entre los grupos rom y la sociedad mayoritaria. El conflicto que divide a los habitantes legales del barrio de los habitantes ilegales se presenta por lo tanto estructurado alrededor de unas categorías de tipo étnico (“italiani” y “rom”) frente a otras representaciones que podrían hacer énfasis sobre características de tipo socioeconómico compartidas por todos los grupos en situación de emergencia habitacional, tanto “nativos” como inmigrantes. En cambio, en el contexto actual de declive de la ciudad industrial, los procesos de estigmatización a los cuales la población de los barrios de la periferia han sido sometidos durante décadas, desembocan en conflictos entre habitantes “legales” e “ilegales”, “formales” e “informales”, “italianos pobres” y “europeos pobres”, en una obstinada e incansable defensa de los privilegios residuales de los “penúltimos” frente a los “últimos”.

El proyecto de desalojo de Lungo Stura se enmarca en el contexto de unas directrices políticas nuevas – tras los numerosos llamamientos de las instituciones europeas – sobre la necesidad de “superación” de los campi nomadi.

Hay que decir que cuando se empezó a hablar de necesidad de “superación” me quedé algo perpleja por el carácter evidentemente ambiguo de la palabra. ¿Qué quiere decir “superación”?

Cuando se lo pregunté a la Presidenta del Distrito, en enero de 2013, ésta me contestó que antes de hacer cualquier cosa, había que separar, en el seno del campo mismo, a los “honestos” de los “delincuentes”, y esto era competencia de las Fuerzas del Orden. Solamente después sería posible realizar alguna intervención para la relocalización de las familias. Recuerdo que en aquel momento me quedé sorprendida. Pensaba, “con tantas familias en lista de espera para la asignación de un piso de protección oficial, ¿dónde van a encontrar casas para estas nuevas familias? Estamos hablando de casi mil personas. Aunque los “delincuentes” sean cien, de todas maneras quedan muchas familias por realojar…”. La Presidenta me hablaba en términos vagos de casas en ruinas que los rom podrían restaurar según la fórmula en boga de la “autorecuperación”. Mientras tanto yo seguía rumiando: “Y además, ¿acaso los delincuentes no tienen una familia, hijos, mujeres que se merecen una casa también? ¿O tienen que pagar estos las culpas de sus padres o sus maridos?”

En realidad estaba cometiendo un error muy básico: olvidaba que la ilegalidad no es una condición dada, sino una construcción social. El umbral de la legalidad o la ilegalidad puede ser desplazado a través de procesos políticos de construcción de la criminalidad. En febrero 2013, por ejemplo, la Provincia de Turín endureció súbitamente las normas para la compra-venta de chatarra: esto quería decir, entre otras cosas, ilegalizar de un día para el otro la actividad de la gran mayoría de los habitantes del campo de Lungo Stura Lazio. Además, las intervenciones policiales en el interior del campo se multiplicaron. Solamente en los cinco meses que van desde enero a mayo de 2013, se efectuaron 298 controles por parte de la autoridad policial (datos de la Prefectura de Turín, la institución equivalente a la Delegación de Gobierno). Estos controles, casi dos al día, supusieron un total de 17 detenciones, 52 denuncias y 29 “alejamientos” (cifras de todas formas muy exiguas respeto a la totalidad de la población del campo). Los controles fueron realizados, en muchos casos, de madrugada, bloqueando las entradas y salidas del campo como si se tratara de operaciones de máxima seguridad, creando un clima de pánico moral (Cohen 2002), recogido y amplificado por unos medios de comunicación que fomentaban implícitamente el alejamiento voluntario de las familias. Frente a cualquier demanda de explicación sobre las razones de los controles, la respuesta era que se trataba de operaciones de censo de la población del campo. Mientras tanto, los periódicos locales publicaban enormes titulares sobre los blitz de la policía, las cantidades de quilos de cobre secuestrados, el cierre de los bares clandestinos en su interior… Es en este contexto que se realizaría el proyecto definitivo de superación del campo: El Ayuntamiento, la Prefectura y las pequeñas organizaciones no gubernamentales turineses del tercer sector (el sector privado de la intervención social) elaborarían el plan de la “superación” para la realización del cual sería contratada, según procedimiento de contratación pública, la misma agrupación de entidades y asociaciones involucradas en la elaboración del proyecto. La cuantía de la asignación para el mismo era de 5.000.000 euros, de los cuales más de dos millones solamente para el “vaciamiento” de Lungo Stura.

El proyecto de vaciamiento toma el nombre de “La Città Possibile”. “Lo hemos decidido todos juntos, en una tarde de verano”, me confiesa candorosamente una de las trabajadoras sociales involucradas. “Nos hemos mirado entre todos, casi todos habíamos estado en Génova en el 2001,  en las protestas contra el G8. El  eslogan en aquel momento era ‘otro mundo es posible’, y así nos ha salido el nombre ‘la ciudad posible’, porque es esto en lo que creemos: otra ciudad posible.”

El proyecto de “inclusión” de las familias de Lungo Stura está basado en una serie de procesos previos de exclusión: en primer lugar, creando un clima de miedo en el campo con controles policiales continuos y fomentando, por lo tanto, la “autoexpulsión” de las familias que, en este clima, se han alejado voluntariamente del campo. Una vez acabada esta fase, intervienen en segundo lugar las asociaciones para realizar la relocalización de las familias. Para dicho proceso, obviamente, sólo son seleccionadas algunas de ellas, las que constan en el censo a disposición del Ufficio Nomadi e Stranieri del Ayuntamiento. Si por alguna razón la familia no estaba presente el día de la realización del censo, queda afuera del proyecto. Me explica Gianni, trabajador de una de las asociaciones que no participan en el proyecto – que consideran vergonzoso –, una de las pocas asociaciones cuya presidenta es una mujer romní:

«Han hecho como cuarenta y cinco censos, con fotoseñalaciones, ¿te acuerdas, no? Huellas, fotografías, ¿cuántas veces? En Lungo Stura, el año pasado, sólo en el primer semestre, casi 300 controles, 300 operaciones policiales. Quiere decir dos operaciones al día. Y cada operación, diez, veinte, treinta personas. Carabinieri, guardias urbanos o policía. Datos publicados en la página web de la Prefectura. Han publicado los del primer semestre y luego no han publicado nada más. Datos oficiales que están ahí. De hecho, han censado y recensado centenares de veces. Han visto – esta es la lectura que se puede dar desde afuera –los datos de los censos, han localizado aquel donde había menos gente, y han dicho “este es el bueno”.»

Los datos del censo a disposición del Ufficio Nomadi hablan de una población de alrededor de 600 personas. De éstas, aproximadamente 100 quedan excluidas de la participación en el proyecto de relocalización por no cumplir con determinados criterios “jurídicos” (como explica el Asesor de los Servicios Sociales: es decir, por tener antecedentes). Las fases de la selección de la población “beneficiaria” del proyecto han sido las siguientes: 1) selección por autoexpulsión, 2) selección por azar (ausencia en el censo finalmente escogido, entre los varios realizados), y 3) selección sobre criterios “jurídicos”. Como se puede observar, la selección de las familias se ha llevado a cabo sobre criterios absolutamente arbitrarios, no trasparentes y no impugnables por parte de los excluidos. La lista de las familias beneficiarias tiene carácter de absoluta arbitrariedad: ¿quien las ha elegido?, ¿en base a qué criterios?, ¿los interesados podían presentar recurso?, ¿quien ha sido excluido podía decir “disculpen, os habéis equivocado?”

Es necesario ilustrar todas esas fases previas del proyecto para entender adecuadamente las lógicas que subyacen al mismo. De esta forma, parece que el principal motor de arranque del proyecto es el miedo de las instituciones: miedo a las reacciones de los ciudadanos que soportan, después de tantos años, la presencia de una pequeña favela ilegal en su barrio y miedo a las reacciones de los mismos ciudadanos frente a la hipótesis de que “les den una casa a los rom, cuando hay tantos italianos que no tienen casa”. Y cuando se actúa movidos por el miedo, fácilmente se adoptan medidas “a medias” e irracionales. De hecho, el eslogan de la “superación” de los campos, “virtuoso” en la teoría, se llena en la práctica de las viejas lógicas que subyacían a la construcción misma de los campos. En primer lugar, la lógica de la ininterpelabilidad de los destinatarios de los proyectos: familias rom totalmente sin poder  y cuya posibilidad de negociación y contratación es, por lo tanto, sistemáticamente negada, como inconcebible a priori. En segundo lugar, la lógica de la emergencia: la asignación de los 5 millones tiene una duración de dos años, en dos años el proyecto tiene que estar acabado. Aquí aparece, una vez más, el dictat de la emergencia que ha caracterizado en muchos casos la construcción de los campos: los operadores sociales de las asociaciones se hallan de repente obligados a buscar, a toda prisa, alojamientos disponibles en el mercado inmobiliario para la cantidad más grande posible de familias, a coste reducidos, preocupados de satisfacer al mismo tiempo a la Prefectura (que suelta el dinero para todo el proyecto) y a las familias del campo (para no perder entre ellas aquel mínimo de credibilidad necesario para llevar adelante el trabajo). Un trabajo de malabarismo impresionante que, evidentemente, deja a todos descontentos: las familias, realojadas en inmuebles y estructuras cuyas características les hacen añorar la vida en el campo, la Prefectura (puesto que la ejecución del proyecto ya se está alargando más de lo previsto), los operadores mismos (“no hay nadie entre nosotros que se sienta a gusto en el proyecto”, me confiesa la misma trabajadora social antes citada). Y una tercera característica del proyecto, consecuencia de la lógica emergencial, es su insostenibilidad: el vaciado del campo en dos años, ¿qué pasará con las familias realojadas? Pero quizás me estoy adelantando demasiado. Procedamos con orden.

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