Declaración de apoyo a Jaime Palomera, Alpha Mikeliunas y Fran Ortega
Escribimos como antropólogas y antropólogos, tanto del Estado Español como de otros países europeos y americanos, indignados ante de la injusta acusación y enjuiciamiento de nuestro compañero Jaime Palomera por su actividad en defensa del derecho a la vivienda, así como de Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, inquilinos afiliados al Sindicat de Llogaters de Barcelona, del cual Jaime es portavoz.
Después de casi una década de producción científica de elevado nivel sobre la cuestión de la financiarización del mercado de la vivienda, a partir de un trabajo de campo de muchos años en el barrio de Ciutat Meridiana, en Barcelona, el Dr. Palomera cruzó la frontera entre la observación y la puesta en práctica de las teorías, contribuyendo al crecimiento de los movimientos sociales catalanes con la fundación del Sindicat de Llogateres.
La actividad del Sindicat se orienta a suplir a la inacción de las políticas públicas en pos de facilitar un acceso general a la vivienda; una pasividad que no es casualidad, pues parte del crecimiento económico y las dinámicas de acumulación de capital se encuentran fundamentadas en la financiarización del mercado inmobiliario. De esta manera, el Sindicat del que Jaime es parte contribuye activamente a la defensa de los derechos humanos y de los tratados internacionales que el Estado Español ha firmado. Contra su reciente acusación se pronunció incluso la ex relatora de la ONU sobre vivienda, Leilani Farha.
La acusación por la cual Jaime, junto a los dos inquilinos afiliados al sindicato, se enfrentan a una pena de tres años de cárcel cada uno, se refiere a un episodio de octubre de 2018, cuando la organización consiguió que un propietario desistiera de su intento ilegal de desalojar a una pareja y que, en cambio,les hiciera un contrato regular. Después de la firma, la propiedad denunció a Jaime por «coacciones», a pesar de que todos los instrumentos con que se promovió el derecho a la vivienda de los inquilinos fueran pacíficos.
Este caso no es sólo un montaje judicial que utiliza una metodología propia de la extrema derecha, donde los propietarios aparecen como víctimas, mientras la protesta social es estigmatizada, y los activistas, criminalizados. Es también un ataque a la libertad de practicar la disciplina de la antropología, que desde hace muchos años ha entendido que la comprensión de la sociedad no puede ir separada de el proyecto de su transformación.
Frente a unos fenómenos sociales cada vez más violentos e injustos, expresamos toda nuestra solidaridad con el colega investigador que, gracias a su compromiso político, está acrecentando el conocimiento colectivo de las dinámicas inmobiliarias y la explotación que conlleva sobre determinados sectores de la población. Asimismo, condenamos rotundamente el intento de criminalizar la defensa de los derechos básicos de vivienda y la sumisión de los tribunales a los mandatos de la propiedad inmobiliaria, a pesar de los daños provocados al tejido social.
Nos pronunciamos enérgicamente por la anulación del juicio y exigimos que se retiren los cargos contra Jaume Palomera, Fran Ortega y Alpha Mikeliunas, y por el apoyo a su lucha justa, contra la criminalización de la protesta y por el real ejercicio del derecho a la vivienda, en el Estado Español y en todo el mundo.